El documento analiza la evolución del secuestro en Colombia desde 1953, destacando su uso como estrategia de financiamiento por grupos subversivos y delincuenciales a lo largo de las décadas. Se menciona la implementación de políticas estatales, como la seguridad democrática, para combatir el secuestro y proteger a la población. Además, se proponen medidas para mejorar la prevención, seguimiento y evaluación de casos de secuestro.