Este decreto establece el Código Uniforme de Ética para los servidores públicos que trabajan en entidades del gobierno central de Panamá. Describe los principios éticos generales como la probidad, prudencia y justicia que deben guiar la conducta de los servidores públicos. También prohíbe actividades como solicitar o aceptar regalos de particulares, y establece deberes como tratar a todos con igualdad y usar los recursos públicos de forma adecuada.