todo sobre Funcionario y servidor público, ademas reseña , antecedentes y desarrollo de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N°27444

1. FUNCIONARIO Y SERVIDOR
PÚBLICO
LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL
Arequipa – Perú
2012

2. La administración es el órgano de las instituciones,
el órgano que convierte a una multitud en una organización
y a los esfuerzos humanos en acciones”.
Peter Drucker

3. INTRODUCCIÓN
En un Estado democrático las instituciones del
Estado, los funcionarios y servidores públicos
tienen como función garantizar la vigencia de los
derechos fundamentales de las personas que están
garantizadas constitucionalmente, buscando el
bienestar social, siendo su primordial función el
estar al servicio de la comunidad. Por ello los
funcionarios y servidores del estado deben cumplir
sus funciones con el debido profesionalismo y la
ética que embiste el ejercicio de sus funciones.
Los funcionarios públicos deberán realizar sus
actividades de acuerdo a lo establecido según las
normas vigentes como el Código de Ética, seguir los
principios y procedimientos que establece la ley de
Procedimiento Administrativo General, que es materia
de análisis en el presente trabajo. Sin embrago el
desempeño de los servidores y funcionarios
públicos es muy cuestionada en el Perú; como hemos
podido percibir en los medios de comunicación, están
inmersos en múltiples denuncias por corrupción,
además de las quejas por malos tratos o la
excesiva burocratización, el incumplimiento de sus
deberes por negligencia o ineficiencia1.
Es necesario que sepamos en que consiste en la
función administrativa de los funcionarios y
servidores públicos, a fin de que se pueda combatir
esta penosa situación y exigir que los funcionarios y
servidores públicos sean personas idóneas,
honestas y responsables que se necesita.
Uno de los aspectos importantes para saber cómo
funciona la administración pública es saber en qué
1
IPEDEHP 2010 “Rol de los Funcionarios Públicos” pag.1-2

4. consiste la Ley de Procedimiento Administrativo
General, él tiene como uno de sus fines contribuir al
desarrollo de los procedimientos administrativos
garantizando los derechos constitucionales de los
administrados “todos los ciudadanos”, brindando
herramientas que facilitan la actuación eficiente de
las autoridades2.
Esta Ley tiene como contenido la regulación de las
funciones administrativas del Estado y el
procedimiento administrativo, los principios
administrativos de deberán seguir las autoridades
administrativas, así como los derechosy deberes de
los sujetos del procedimiento, establecidos en la
presente Ley3.
2
UPC http://www.upc.edu.pe/0/modulos/TIE/TIE_DetallarProducto.aspx?CAT=329&PRO=434
3
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N°27444

5. FUNCIONARIO PÚBLICO Y SERVIDOR
PÚBLICO
1.- CONCEPTO
Los conceptos de Funcionario Público y Servidor Público desde muchos puntos de vista, como son:
Constitucionalmente según el artículo 39,“son funcionarios y servidores públicos los que están al
servicio de la Nación”. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes
y responsabilidades de los servidores públicos; El problema de la definición constitucional es que
no da más detalles de quienes son en realidad los funcionarios públicos o los servidores públicos.
Según el Código Penal en el artículo 425 “son funcionarios o servidores públicos los que están
comprendidos en la carrera administrativo, que desempeñan cargos políticos o de confianza; que
poseen un régimen laboral independiente, Todo aquel que independientemente del régimen
laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier
naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones
en dichas entidades u organismos”.
Según el Código de Ética de la Función Pública del artículo4 incisos 1 y 2“ se considera funcionario,
servidor o empleado de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe
actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Donde Empleado público. Para tal
efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicio”.
Según legislación Internacional en sus definiciones sobre funcionario y servidor público están en
forma muy general.Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada
por Resolución Legislativa N° 28357 y ratificada por Decreto Supremo N° 075-2004-RE, se señala
que para efectos de dicho instrumento internacional:“Por “funcionario público” se entenderá: i)
toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado
Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea
la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función
pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público,
según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario
público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas
específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario
público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio”.

6. Como nos hemos podido dar cuenta para la correcta administración es necesaria la subordinación,
al igual que la relación entre empresarios y trabajadores, puesto que la función pública no es un
oficio como otro cualquiera, es un servicio, según lo expresa el doctor Roberto Baca Merino4
En forma de conclusión podemos colegir que los Funcionarios y Servidores Públicos son necesarios
para la administración del Estado frente a sus objetivos; donde los Funcionarios y Servidores
Públicos, están al servicio de la comunidad, debiendo actuar con la ética, probidad, eficiencia,
idoneidad,respeto, veracidad, lealtad y obediencia y lealtad al estado de derecho como lo señala el
Código de Ética de la Función Pública en su artículo 6.
2.- DISTINCIÓN ENTRE FUNCIONARIO PÚBLICO Y SERVIDOR PÚBLICO
Los conceptos de función y funcionario público son de Derecho Publica y no de Derecho Privado. El
estado también puede contraer relaciones jurídicas privadas, y por consiguiente tiene empleados
y funcionarios. Las diferencias entre Funcionario y servidor del Estado han sido materia de
discusión, existe muchas opiniones encontradas, pero trataremos de ser los más objetivos.
El Funcionario Público, según la mayoría de conceptos, es uno de los actores más importantes
dentro de la administración y estructura burocrática del Estado; por lo cual tiene condiciones
especiales en su labor. El funcionario público es la persona que presta sus servicios al Estado y en
nombre del Estado, previo nombramiento como el Gerente Regional de Educación del Gobierno
Regional de Arequipa, o elección popular como el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa.
Los funcionarios públicos tienen poder de decisión conferidos por Ley, con la finalidad de
concretar los fines del interés social5.
El Servidor Público“Servidor público” tiene en nuestro ordenamiento legal identidad de significado
con la frase “empleado público”. El Servidor Público no representa al estado el sino trabaja para él
pero no expresa su voluntad; el servidor se relaciona con la administración estatal mediante
contratación; el empleado o servidor público es agente sin mando, que brinda al Estado sus datos
técnicos o profesionales para tareas o misiones de integración y facilitación de la de los
funcionarios públicos. En definitiva un empleado no ejerce función pública y se halla en situación
de subordinación en relación a los funcionarios. Debiendo tenerse en cuenta que el término de
empleado público es idéntico en significado al de servidor público6.
4
Baca Merino, Roberto APUNTES SOBRE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL PERÚ. NATURALEZA DE SU
FUNCIÓN Y FINALIDAD DE LA MISMA EN RELACIÓN AL INTERÉS GENERAL
5
http://trabajadorjudicial.wordpress.com/los-funcionarios-o-servidores-publicos-en-el-codigo-penal/
6
BACACORZO, Gustavo, Tratado de Derecho Administrativo, Lima, Gaceta Jurídica, 1997, T. 1, p. 399

7. 3.- DIFERENCIAS
Como hemos podido observar anterior mente en términos generales el Funcionario realiza sus
funcione en nombre del Estado y el Servidor realizar sus funciones para el Estado.
Funcionario Público
a) Presta sus servicios o realiza el ejercicio de sus funciones para el Estado o a nombre del
Estado, que pueden participación en la formación o ejecución de la voluntad estatal-, en
cualquier nivel o jerarquía, en forma permanente, transitoria o accidental, remunerada u
honoraria, enderezada al cumplimiento de fines públicos, sea cual fuere la forma o el
procedimiento de designación del funcionario.
b) Forman parte de la estructura del estado, de su administración central y descentralizada,
de todas las instituciones de derecho público y/o privada.
c) El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen
a la sociedad. La malversación de fondos y la corrupción son delitos graves que, cometidos
por un servidor público, atentan contra la riqueza de la comunidad.
Servidor Público
a) Presta sus servicios para él Estado y no expresa su voluntad, presta sus servicios en las
instituciones estatales como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad.
b) Brindan al Estado sus datos técnicos o profesionales para tareas o misiones de integración
y facilitación de la de los funcionarios públicos.
c) Según muchos autores los servidores no ejerce función pública y se halla en situación de
subordinación en relación a los funcionarios.
d) Realiza actividades de Utilidad social, son las encargadas de hacer llegar el servicio público
a toda la comunidad.
e) La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas. En
esta última instancia, la Constitución nacional impone las obligaciones de un servidor
público.
f) En cuanto al régimen laboral del servidor público, estos trabajadores suelen contar con
mayores seguridades que los empleados privados, para conferirles independencia frente a
las autoridades de turno y para evitar que los mejores hombres se vayan al sector privado.
Respecto al primer punto, se impide que las nuevas autoridades despidan a los empleados
públicos y contraten a gente de su entorno. En cuanto al segundo aspecto, los servidores
públicos tienen la posibilidad de desarrollar carreras profesionales que, en las empresas
privadas, resultarían mucho más dificultosas de lograr.

8. FUNCIONARIO PUBLICO SERVIDOR PUBLICO
• Por el concepto, el funcionario • Por el concepto, el servidor público
público es un encargado especial tiene un vínculo interno que hace
transmitido en principio por la ley que su titular sólo concurra a la
que crea una relación externa que da formación de la función pública.
al titular en carácter representativo.
• Con respecto a la duración del • Con respecto a la duración del
empleo el funcionario público son empleo el servidor público son de
designados, aunque hay ciertas carácter permanente
excepciones en las que su función es
de carácter permanente
• Con respecto al a retribución el
• Con respecto a la retribución el servidor público es siempre
funcionario público pueden ser remunerado
honoríficos
• De acuerdo a la naturaleza de su
• De acuerdo a la naturaleza de su relación con el Estado, el servidor o
relación con el Estado, del empleado público es de Derecho
funcionario es de Derecho público. privado.
• De acuerdo al poder que poseen, el • De acuerdo al poder que poseen, el
funcionario público tienen poder de servidor público no tienen poder de
decisión y además de poder ordenar; decisión y ni de orden, siendo menos
pero esta noción no siempre se ejecutores
da, puesto que se puede confundir
con autoridades y auxiliares, aunque
los funcionarios son autoridades y
no todas las autoridades son
funcionarios.
• De acuerdo al origen, el funcionario • De acuerdo al origen, el servidor
público además de tener sus público tiene sus facultades
facultades especificada en sus especificada en sus propios
propios reglamentes, tienen reglamentes.
facultades especificas den la
constitución.

9. 4.- CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO O
EMPLEADO PÚBLICO
A pesar de las diferencias entre el funcionario y el empleado público estas se asemejan en sus
características, es porque están íntimamente ligadas a la Administración Pública.
1) La prestación de la actividad en un servicio público.
2) El carácter permanente del cargo.
3) El carácter permanente del funcionario.
4) El Nombramiento por autoridad Pública.
5) El Ingreso voluntario en el servicio.
6) Sueldo
7) La relación del vasallaje.
8) El Objeto intermedio del servicio.
9) El deber de la Finalidad.
10) El Origen legislativo del cargo.
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
5.1.- Desde el punto de vista de la Naturaleza de la relación de servicio
1.- Personal con Relación Unilateral sometida ala Derecho Público, personal sometido al Derecho
del Trabajo, bien de manera total o parcial, personal contratado de Derecho Público y contratado
de Derecho Civil.
2.-Los Funcionarios Públicos se dividen en:
Funcionarios Políticos
Funcionarios Honorarios
Funcionarios Profesionales o de carrera
Funcionarios de empleo, que a su vez se dividen en interinos y eventuales.
5.2.-Desde el Punto de Vista de la Permanencia en el Servicio

10. Personal Inamovible
Personal Seudo – inamovible
Personal Amovible
5.3.- Desde el Punto de Vista de las Normas de Nombramiento
Personal con Nombramiento de Derecho.
Personal con nombramiento de orden ministerial.
Personal con nombramiento mediante formas inferiores o distintas, sobre todo si proceden de
entes públicos menores de cualquier esfera del ordenamiento.
5.4.- Desde el Punto de Vista del Procedimiento Selección
Personal seleccionado mediante oposición pura.
Personal asumido mediante concurso- oposición.
Personal admitido mediante concurso.
Personal admitido mediante pruebas de aptitud.
Personal asumido sin utilizar los procedimientos anteriores.
5.5.- Desde el Punto de Vista de la Formación preconstituida del Personal
Personal al que se le ha exigido título de enseñanza superior, bien general o especifico.
Personal al que se le ha exigido título de grado medio o inferior.
Personal al que se le ha exigido título alguno.
5.6.-Desde el punto de Vista de la Formación Inmediata a la Selección
Personal asumido tras un periodo en escuela especial o en centros de la propia administración.
Personal admitido sin pasar por la escuela especial centros administrativos.
5.7.- Desde el punto de Vista de la Constitución de la Relación al Servicio.
Personal asumido directamente, con o sin prueba de selección y que desempeña el puesto con
plenitud de derechos y obligaciones a él inherente.
Personal asumido en periodo de Prácticas.
Personal asumido en prácticas y, además con un periodo de prueba.

11. Personal Asumido sin periodo de Prácticas, pero sí de prueba.
Personal Aspirante.

12. LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL
I. ANTECEDENTES
1. PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El primer intento para dotar una norma que regule el procedimiento administrativo, surge con la
expedición de la RESOLUCIÓN SUOREMA del 14 de octubre de 1932, encargando al doctor FELIPE
S. PORTOCARRERO, quien fue designado para la elaboración de un proyecto de Código de
Procedimientos Administrativos, para tal efecto debía reunir y concordar las leyes, disposiciones y
procedimientos vigentes con los preceptos de la Constitución que empezaría a regir al año
siguiente.
Terminando su labor en julio de 1935, mediante la presentación de un proyecto en el cual reunió
todos los procedimientos que regían las funciones de la administración pública.
El Proyecto estaba conformado por: Título Preliminar con 4 artículos; dos Libros7, incorporados en
19 Títulos y Cuatro Disposiciones Finales.
José Bartra Cavero dice: “es un trabajo bien concebido y adecuadamente estructurado que
sensiblemente no pudo lograr su conversión en Ley, pero sin embargo previa actualización y
concordancia con el marco jurídico vigente pudo haber servido para que el Perú contará desde
hace mucho tiempo con un Código”8.
En el respectivo proyecto, se contemplaban los aspectos más importantes del procedimiento, tales
como la competencia; la forma en que se resolverían los conflictos que pudieran generarse; los
recursos administrativos de apelación, revisión, entre otros. Posteriormente se aprobó el
Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, cuya vigencia se inició en el
mes de noviembre de 1967.
7
Libro I: Elementos de la Administración Pública con 91 artículos, distribuidos en 8 Títulos.
Libro II: Regulación del Procedimiento Administrativo con 203 artículos
8
BARTRA CAVERO, José, “Ley de Procedimiento Administrativo General”, página 12, Editorial Huallaga, Lima
2007.

13. 2.- DECRETO LEY N° 11363
Tratando de especificar y agrupar la normativa administrativa, en el mes de mayo de 1950 se
promulga este dispositivo, teniendo una peculiaridad, que solo en uno de los quince artículos se
refiere al procedimiento administrativo, disponiendo que en los procesos contencioso
administrativo, así como en los recursos de reconsideración y revisión, será exigible la firma del
letrado.
3.- PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
En el año 1956 surge nuevamente el propósito de contar con un texto orgánico “que uniforme el
régimen de tramitación de expedientes en las Oficinas Públicas a fin de evitar demoras
innecesarias que redundan en perjuicio del público y entorpecen la buena marcha de la
Administración Pública”9. El 17 de noviembre del mismo año se dicta una Resolución Suprema N°
266 encomendando a una Comisión integrada por funcionarios del Estado para que formulen un
Reglamento de Procedimientos Administrativos, que finalmente no se logró.
4. – NORMAS TRANSITORIAS
A propuesta de la anterior Comisión, se promulga el Decreto Supremo N° 183 del 25 de enero de
1957, en el cual se dictan algunas medidas de aplicación, como se manifiesta en la parte
Considerativa, “mecanismos a los que deberán ceñirse las Mesas de Partes para la tramitación de
los expedientes, contenido de las solicitudes y recursos, foliación, registro y numeración de
expedientes”10. En suma, no constituyó mayor aporte para la regulación del procedimiento
administrativo.
5.- REGLAMENTO DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Se aprobó RNGPA El 11 de noviembre del año 1967, en circunstancias en que era Ministro de
Justicia el Dr. Valentín Paniagua Corazao; este reglamento resulto de la Constitución Política del
Estado como del Código Procesal Civil al Derecho Civil y por lo tanto era un instrumento de
organización, jerarquización y de dinamización para toda la administración pública.11
9
BARTRA CAVERO, José, Op. Cit., página 13.
10
SAGASTEGUIURTEAGA, Pedro, “El Proceso Contencioso-Administrativo”, página 397, Gaceta Jurídica, Lima
2000.
11
MANUAL DE DERECHO ADMINISTRAVITO; CERVANTES ANAYA, Dante A.; pagina introductoria.

14. 6.- LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EL RNGPA de 11 de noviembre del año 1967, fue derogado por el Decreto Ley 26111, del 28 de
diciembre de 1992, sin embargo la modificación más importante fue la prevista en el segundo
párrafo del artículo 110, el sentido de que la administración tenía una facultad para declarar la
nulidad de las resoluciones administrativas de un máximo de 6 meses de prescripción, contados a
partir de la fecha que haya quedado consentidas, así mismo se le cambió el nombre de reglamento
a Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
7.- LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 25035
Posteriormente y con las disposiciones pertinentes de la Ley 25035 de Simplificación
Administrativa se dictó el D.S. 02-94-JUS, aprobado el TUO de dicha Ley, con 114 artículos y dos
disposiciones complementarias
8.- LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
Trajo consigo procedimientos de aprobación automática y de calificación previo silencio
administrativo negativo. En este sentido la nueva Ley ha consolidado las bondades de dicha
disposiciones y por lo tanto han quedado también simultáneamente derogadas, conforme a lo
previsto en la SEXTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL DE LA LEY 27444.
9.- LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Nº 27444
Observa novedosamente en el ámbito de aplicación mas extenso de nuestra nueva ley 27444 ,
existe una ampliación de facultades para lo fedatarios, fuente de derecho Administrativo que tiene
el carácter de vinculante, 16 principios procedimentales, un concepto de acto administrativo, así
como procedimientos especiales para sancionar la conducta inapropiada, tanto de
administradores, como de administrados, es decir, se trata de un ordenamiento que va más allá de
nuestro parecer, del contenido limitante de la Constitución Política de 1993.

15. II. MARCO LEGAL
La Ley de Procedimientos Administrativos esta creada por los legisladores que en su afán de
mejorarla y adaptarla a las necesidades de nuestra sociedad la a creado en base al estudio de las
normas antiguas12 hasta llegar a nuestra norma vigente la Ley 2744 la que nos refiere que se
aplicara dicha norma a todas las entidades de Administración Pública13, asi como nos da
mecanismos para la mejor organización ; a la vez que indica a los individuos los recursos que
pueden emplear para la defensa de sus derechos frente a las actuaciones de la Administración
Pública. Que se encuentra asimismo en concordancia de:
1.- LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
2.- LEY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
3.- REGLAMENTO DE LEY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
4.- LEY DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
5.- LEY DELMARCO DE ORGANISMOS REGULADORES
12
1.PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 2.- DECRETO LEY N° 11363; 3.
PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO; 4. NORMAS TRANSITORIAS;
5.REGLAMENTO DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 6. LEY DE NORMAS
GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 7.LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Nº
25035; 8. LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
13
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la
Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de
la Administración Pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos
Descentralizados;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes
confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado,
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso
de ley que las refiera a otro régimen; y
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o
autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

16. 6.- LEY DEL MARCO DE DESCENTRALIZACIÓN
7.- LEY DEL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
8.- REGLAMENTO DE LA LEY DEL MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
9.- LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN
10.- LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES
III. FUNDAMENTOS DE LA LEY 27444
El once de Octubre del año 2001 ha entrado en plena vigencia la Ley 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, norma destinada a introducir significativas modificaciones a como se han
articulado hasta hoy las relaciones entre las diversas instancias de las Administraciones Públicas
de nuestro país y quienes asumen el siempre difícil rol de administrados.
La importancia de esta radica en que fija la organización y determina la competencia de las
autoridades administrativas, a la vez que indica a los individuos los recursos que pueden
emplear para la defensa de sus derechos frente a las actuaciones de la Administración Pública.
Asimismo sin la administración, se carecería del camino indicado para manifestar su voluntad
frente al requerimiento del administrado para que se le reconozca o declare un derecho. Sin el
quedaría el administrado sujeto a la arbitrariedad de las entidades públicas.
Juan Francisco Linares manifiesta que tratándose de los fundamentos del procedimiento
administrativo, se distinguen en dos tipos:14
1.- Fundamento Regular: otorgado por el ordenamiento jurídico, se trata aquí de una
coordinada aplicación de normas fundamentes, por normas fundadas, y que constituye
aspiración básica del Estado de Derecho. Consiste en actos estatales regulares, como la
Constitución, la ley, el reglamento, las ordenanzas; y en actos estatales individuales, como la
sentencia, el acto administrativo o el negocio jurídico.
2.- Fundamento Irregular: conformado por las normas fundamentes, suministra al acto
estatal irregular.
Concluimos con que todos nuestros actos son realizados dentro del aparato estatal, nos
encontramos inmersos en el aparato estatal, día a día realizamos actuaciones que tienen que ver
con la entidades del Estado, con la Administración Pública (la emisión de una simple papeleta ya
14
LINARES, Juan Francisco, “Derecho Administrativo”, página 553, Editorial ASTREA II Reimpresión, 2007.

17. implica un acto administrativo pasivo de ejecución). Esta es la razón por la que se fundamenta el
derecho administrativo el desentrañar, el sistematizar, el ordenar todo los referentes al derecho
que regula la Administración Pública para hacer más sencilla la comprensión de todo lo que
sucede en el País.
¿ CUÁL ES EL SENTIDO DE ESTA LEY Y CUÁLES SON LOS CAMBIOS CUALITATIVAMENTE MAS
SIGNIFICATIVOS INTRODUCIDOS POR ESTA NOVÍSIMA NORMA?
Hablar de Administración pública no es hacer referencia a un tema nuevo en el Perú, más bien es
el resultado de la consolidación de una institucionalidad dentro de la cual la Administración
Pública y su quehacer cotidiano fuesen elementos destinados a asegurar una mayor estabilidad
política y respeto a preceptos constitucionales y valores democráticos. Es más, y aun
circunscribiéndonos al plano estrictamente jurídico, las constataciones que podemos efectuar en
el caso peruano distan mucho de ser las más favorables.
Podríamos decir:
1.- Tanto los administrados como quienes se desempeñan como funcionarios o servidores
públicos, salvo honrosas excepciones, demuestran con su accionar desconocer no solamente
algunas de las instituciones centrales del Procedimiento Administrativo, sino incluso del
Derecho Administrativo General. De ese clima de desconocimiento (o por lo menos, de poca
familiaridad) tampoco se han escapado aquellas instancias encargadas de desempeñar tareas
legisferantes. Prueba patente de ello es la situación de irracionalidad normativa que llegó a
imperar en esta materia. Así es pues como, ello es la situación de irracionalidad normativa que
llegó a imperar en esta materia.
2.- En el Perú convivían normas que muchas veces contenían disposiciones contradictorias
entre si, y que en varias ocasiones todas ellas se proponían regular las mismas circunstancias.
Si a lo expuesto le añadimos una referencia a nuestra experiencia nacional reciente, en la cual
la actuación de buena parte de las diversas reparticiones estatales anduvo muy alejada del
respeto a preceptos constitucionales y valores democráticos, fácilmente podremos comprobar
como en el Perú, y sobre todo en los últimos años, primó la percepción de encontrarnos ante
un escenario de difícil acceso y prácticamente nula tutela de las pretensiones de los
administrados por la Administración, afirmación que no puede hacerse ni escucharse a la
ligera, pues pocas situaciones como la que acabamos de describir ponen en entredicho la

18. credibilidad de cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo. No es pues, como decían
algunos de los que en su momento fungieron de mentores de la Ley de Simplificación
Administrativa, la necesidad de adecuar la actuación de nuestra administración pública a la
nueva dinámica estatal y a los requerimientos de una economía de mercado en un mundo
globalizado la única (o por lo menos, la principal) justificación de una modificación al
tratamiento dado al procedimiento administrativo en nuestro país, sino que más bien en el
fondo dicho cambio debiera estar inspirado en una finalidad esencialmente democratizadora
a la cual nunca conviene perder de vista.
ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS Y RASGOS CENTRALES DE LA LEY 27444
La novísima Ley de Procedimiento Administrativo General está muy lejos de ser una excepción
a la aseveración que acabamos de efectuar. Todo lo contrario: en realidad, no puede
entenderse ya no solamente la dación de la ley 27444, sino también su especial configuración
únicamente si se toma en cuenta la amplia gama de problemas y situaciones a las cuales se
intenta enfrentar. Téngase esto presente entonces para la mejor comprensión de los rasgos
que de inmediato vamos a reseñar.
Un primer rasgo a tomar en cuenta: la vocación didáctica y pedagógica de la Ley 27444.
Así pues, si se ha constatado la poca familiaridad existente con las instituciones del
procedimiento y el Derecho Administrativo, fácilmente puede explicarse el tenor que aquí
denominaremos didáctico y pedagógico de la Ley 27444. Es más, bien puede decirse que en
ocasiones esta norma tiene una redacción bastante más próxima a la de un manual de
Derecho Administrativo, ya que su innegable preocupación por proporcionar a la
Administración y a los administrados múltiples elementos e insumos destinados a facilitar una
cabal interpretación de sus preceptos le ha hecho recoger una explicación detallada sobre una
serie de temas, además de consignar una larga lista de conceptos que en la mayoría de las
normas existentes en el Derecho Comparado no están recogidos expresamente, pues se dan
por conocidos y presupuestos.
Son muchos los ejemplos que incluye la Ley 27444 sobre aquello que acabamos de reseñar. Así
pues en la línea de brindar mayores instrumentos para la interpretación de los preceptos de la

19. ley en comento, y a la vez buscando facilitar insumos para la elaboración de nuevas normas o
la resolución de situaciones no previstas, en el Título Preliminar de la nueva Ley de
Procedimiento Administrativo General encontramos una detallada plasmación de principios
(artículo IV) y fuentes de dicho procedimiento (artículo V) y como si ello no fuese suficiente, se
consignan precisiones adicionales sobre precedentes administrativos (artículo VI) y
disposiciones generales (artículo VII) así como apreciaciones acerca de que es lo que se puede
hacer si las fuentes aquí acogidas no nos otorgasen certeza ni seguridad jurídica posible para
encontrar respuestas vinculantes, objetivas, predecibles y eficaces a los problemas que
pudieran presentarse.15
Finalmente, el cuadro interpretativo proporcionado por el Título Preliminar de la Ley 27444 se
completa con prescripciones en rigor poco frecuentes en el Derecho Comparado sobre el
ámbito de aplicación de la presente Ley, su contenido y su finalidad, tema que nosotros ya
hemos desarrollado anteriormente con detalle.16
Sin embargo, esta lógica didáctico-pedagógica no se agota en el Título Preliminar de la ley que
venimos analizando. La Ley 27444 pasa de inmediato a efectuar un desarrollo
dogmáticamente muy exhaustivo en el ámbito de los actos administrativos. Si recordamos el
tratamiento dado a este tema en el ya derogado Decreto Supremo 02-94-JUS, veremos que allí
no hay tratamiento completo y sistemático sobre el particular. En cambio, la Ley del
Procedimiento Administrativo General dedica todo su primer título a determinar los
caracteres básicos, forma de elaboración, requisitos de validez y eficacia, y causales de
nulidad de los actos administrativos. Todo esto trabajado con gran detenimiento, ya que,
por ejemplo, y a diferencia de lo que ocurre en otros países (el caso argentino paradigmático
al respecto) se consigna en la nueva ley peruana un concepto de acto administrativo acorde
15
Se busca así responder al acuciante problema existente hoy en nuestro país, en donde en los últimos años
se ha dado una pluralidad de centros productores de disposiciones administrativas, algunos de los cuales en
ocasiones buscan superponer sus atribuciones sobre las de otros, con todo lo que ello significa, origina o
genera (artículo VIII del Título Preliminar).
16
Nuestra opinión al respecto está consignada en el trabajo "Principios, ámbito subjetivo de aplicación y
fuentes del Procedimiento Administrativo: en busca de la racionalidad perdida y una protección de
administrado hoy casi inexistente", nuestra contribución al colectivo "Comentarios a la Ley del Procedimiento
Administrativo General". Lima, ARA editores, Julio 2001. Una versión revisada de este texto ha sido incluida
en Revista Jurídica del Perú. Trujillo, Normas Legales, Año LI N° 26, Setiembre 2001. P. IX y ss.

20. con las definiciones más usualmente empleadas por la doctrina administrativa comparada17, y
además, enseguida se distingue a los actos administrativos de otras formas de actuación de la
Administración Pública en nuestro país, como son a saber los actos de la administración y los
hechos administrativos.
IV. CONTENIDO
La ley del 27444 o ley del procedimiento administrativo general va ha encargarse de regular la
función administrativa del estado, pero también los procedimientos especiales teniendo en cuenta
la singularidad de la materia respetando en todo momento los principios ,derechos y deberes de
los administrados; entonces, esto hace referencia a que las instituciones reguladas por la ley son
los poderes del estado, los ministerio y demás organismos públicos, los gobiernos locales y
regionales, los organismos constitucionales autónomos como el consejo nacional de la
magistratura, el jurado nacional de elecciones, el tribunal constitucional, el ministerio público y la
defensoría del pueblo, los cuales se van a encargar de distintas funciones, pero también estamos
hablando de toda entidad, organismo y persona jurídica sujeta al régimen del derecho privado.
El desarrollo del procedimiento administrativo tendrá que desarrollarse respetando siempre el
principio de la legalidad, es decir que tenga que actuarse únicamente en base a la competencia
señalada por la ley, de esta forma llevar a cabo un debido procedimiento en el que se pueda
ofrecer, producir y actuar pruebas que sustenten los argumentos teniendo la autoridad
administrativa que resolver con imparcialidad, es decir, sin hacer ningún tipo de acto
discriminatorio. Para ello será necesario que se lleve a cabo un trámite sencillo donde se exija
únicamente los requisitos esenciales y no aquellos que implique una demora y complicación en las
decisiones, las mismas que se plasmaran en resoluciones que podrán ser objeto de los recursos de
impugnación hasta agotar la vía administrativa y pasar luego a la vía judicial.
17
Palabras más, palabras menos, la definición acogida en el artículo 1.1 de la Ley 27444, la ya clásica
acepción planteada por Zanobini, noción que en líneas generales consideramos correcta, aún cuando
confesamos que nos hubiese gustado más un planteamiento en la línea de la Ley Alemana de Procedimiento
Administrativo, el Provvedimento italiano o la decisión executaire (decisión ejecutiva) francesa. Estas
propuestas insisten, al igual que lo esboza Ramón Parada en España, en dos aspectos suficientemente
explicitados en el caso peruano: en primer lugar, que en estas situaciones la Administración Pública (u otro
poder público) actúa en el ejercicio de potestades, de su función administrativa; en segundo término, no hay
acto administrativo que debe quedar fuera del control de la jurisdicción contencioso-administrativa, tema que
debería explicitarse debidamente.

21. Como se mencionó con anterioridad deberá respetarse en forma estricta los principios que rigen
el procedimiento administrativo, pero también los derechos (como ser tratado con respeto y
consideración, acceso a la información, controlar y supervisar los servicios públicos…) y deberes
(como abstenerse a declarar hechos falsos, afectar el principio de la conducta procedimental,
corroborar la veracidad de los documentos ofrecidos) de los administrados (deben contar con
capacidad jurídica), que vienen a ser las personas que tengan legítimo interés en las decisiones
que se van a adoptar o en todo caso si no tienen legítimo interés, se van a ver afectados por las
decisiones que podada tomarse; pero esto no solo se limita a los administrado sino también a la
forma de actuar de la autoridad administrativa.
La ley regula también los plazos del procedimiento administrativo (que obligan por igual a la
autoridad administrativa y a los administrados, siendo computados a partir del día hábil siguiente
del que se realice la notificación siendo estos improrrogables teniendo un máximo de 30 dias) y las
relaciones de colaboración por parte de los administrados a la autoridad administrativa y también,
en forma supletoria los aspectos no previstos. Esta situación se origina debido a que el régimen
administrativo de toda entidad es diferente al régimen administrativo de otras entidades.
Aun así será necesario que estas cuenten con una organización adecuada (normas como el Texto
Único de Procedimiento Administrativo, Cuadro Analítico Personal, Presupuesto Analítico
Personal, Diagramas y organigramas Institucionales, Reglamento de Organización y Funciones,
Manual de Organización y Funciones…), también el procedimiento administrativo (la instrucción y
la ejecución de la resolución que materializa la decisión de la autoridad administrativa, los
recursos administrativos…) y los recursos que vendrían a ser las personas que trabajan en estas
instituciones.
V. OBJETIVOS Y FINALIDAD
Establecer un régimen jurídico aplicable a la administración púbica, porque se debe cumplir con
tener una organización adecuada con un sistema de información gerencial que implica hablar de la
existencia de normas de carácter sustantivo y adjetivo.

22. Este debe estar sujeto al ordenamiento constitucional y jurídico pesto que hablamos del marco
normativo en el cual debe desarrollarse la administración pública ya que esta no podría
desarrollarse contraviniendo la ley, el orden público (conjunto de normas que van a regular la
existencia, organización y existencia del estado además de conllevar a una convivencia social con
armonía, paz y tranquilidad) o las buenas costumbres (conjunto de normas concordantes con el
término medio de moralidad social) para proteger el interés general de los administrados, es decir
que las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa se realicen utilizando el criterio
discrecional, pensando siempre en privilegia los intereses de la sociedad y no los intereses propios;
las decisiones adoptadas se plasman en resoluciones frente a las que cabe aplicar los recursos de
impugnación cuando no se esté conforme con la decisión adoptada.
El objetivo esencial de la ley es el interés público, que implica satisfacer necesidades de los
administrados (aquellas que quedan fuera del alcance del sector privado, las que escapan a la
competencia de los particulares, las que no generan utilidades y las que requieren de la prestación
de servicios públicos para ser satisfechas).
VI. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Se hallan inmersos en el Título Preliminar de la Ley que venimos analizando, en el Artículo V
siendo 16 incisos, y Principios, los que se desarrollan.
Como versa la ley:
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 18
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas.
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
18
Debidamente consultados de la fuente más actualizada, la página oficial de la PCM:
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2005/Ley_27444_Procedimiento_Administrativo.pdf

23. exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y
fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable
sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de
discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al
procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma
favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o
el interés público.
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción
admite prueba en contrario.
1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.
Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que
ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación
de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar
una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido
procedimiento o vulnere el ordenamiento.
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer
el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya

24. realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no
disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre
las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una
garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar
por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin
que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento
pudiera involucrar también al interés público.
1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos
los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo
aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los
administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar,
mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la
presentación de opinión. 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la
autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria;
es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue
cumplir.
1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos
similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no
serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos
debidamente sustentados.
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados
o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que
a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado
final que se obtendrá.
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el
cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la
información presentada no sea veraz.

25. 2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones
que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la
generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el
ordenamiento administrativo.
La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo
COMENTARIO
Para todo ordenamiento jurídico, la existencia de principios jurídicos entraña la aparición de unos
postulados medulares y rectores emanados lógicamente de su propia esencia, con el objetivo de
servir de guías para toda acción administrativa. Tienen dos características inherentes que les son
inmodificables: a) preeminencia sobre el resto del ordenamiento jurídico al cual se refiere; y, b)
poseer un dinamismo potencial, sobre la base de las cualidades de elasticidad, expansión y
proyección, que le hacen aplicable a cualquier realidad presente o futura para la cual el legislador
no ha previsto una regla expresa a la que sea necesario dar un sentido afirmativo.
No por pertenecer el procedimiento administrativo a la familia de los procesos jurídicos, le
resultan de aplicación todos los principios del Derecho procesal o del proceso judicial. Sin
desconocer la existencia de instituciones comunes a todos los procesos, los principios
administrativos responden con mucha más propiedad al criterio de adecuación a la materia de
gestión pública e incluso, en algunos casos, excluyen a principios aplicables a los procesos
judiciales, atendiendo a la naturaleza y objetivos del procedimiento administrativo.
Los principios del procedimiento administrativo son los elementos que el legislador ha
considerado básicos para encausar, controlar y limitar la actuación de la Administración y de los
administrados en todo procedimiento. Controlan la liberalidad o discrecionalidad de la
administración en la interpretación de las normas existentes, en la integración jurídica para
resolver aquello no regulado, así como para desarrollar las normas administrativas
complementarias. Los 16 principios consagrados por la Ley no tienen una idéntica manera de
vincularse al fenómeno administrativo. Para ello, cabe distinguir los principios fundamentales o
sustanciales de los principios institucionales.
Como bien señala la Gaceta Jurídica19 podemos incluso agrupar los Principios precedentes:
Los principios fundamentales o sustanciales son aquellos que derivan de las bases esenciales del
sistema jurídico, tanto de fuente constitucional como supranacional, y que vinculan directamente
a los sujetos del procedimiento. En verdad, no los origina el legislador de esta norma, y de hecho,
existen y vinculan a la Administración, aun si no estuvieran en este Título Preliminar, sino que se
ha considerado pedagógico incluirlos para que ningún funcionario o servidor puedan considerarse
19
Ley del Procedimiento Administrativo General: Comentarios de la Gaceta Jurídica; p.24-27

26. al margen de tales mandatos constituyentes. Podemos identificar como tales a los principios de
Legalidad, Debido Procedimiento, Razonabilidad, Conducta Procedimental y Participación.
La falta de mención en este Titulo Preliminar de otras pautas medulares que también puedan
vincular a la Administración desde el plano constitucional no significa que no tengan tal mérito,
sino que el legislador ha considerado que no poseen la calidad de principios, sino sólo de
preceptos vinculantes, y serán operativas conforme al artículo VI, 2.1. del Título Preliminar.
Por otro lado, tenemos aquellos principios institucionales, que sí pertenecen a la naturaleza
inherente al ámbito administrativo por explicitar el contenido de los actos y procedimientos
administrativos. Para apreciar su alcance, la doctrina aconseja diferenciar entre aquellos principios
de la actividad administrativa, de los principios del procedimiento administrativo strictu sensu. Por
los primeros, tenemos aquellos que constituyen pautas medulares que proyectan su acción sobre
todas las actuaciones públicas, y que son: los principios de Impulso De Oficio, Imparcialidad,
Uniformidad y Predictibilidad. A su vez, los principios del procedimiento strictu sensu son: los de
Informalismo, Presunción De Veracidad, Celeridad, Eficacia, Verdad Material, Simplicidad, y
Privilegio de controles posteriores.
Cada principio contiene una definición precisa que le da un contenido específico y bien delimitado,
de suerte que ninguno puede ser interpretado en sentido contrario a los propósitos benéficos que
persigue su aplicación al procedimiento administrativo. Debemos tener presente que, muchas
veces, en la práctica se suelen encubrir bajo la forma de aplicación de principios, verdaderos
despropósitos derivados de la cultura burocrática.
Finalmente dejamos constancia que la vinculación de las autoridades administrativas con estos
principios es directa, sin necesidad de regulación adicional, reglamentación, orden superior, o
cualquier acción jurídica intermedia o particularización al caso que se encuentre en trámite.
Constituyen verdaderos deberes (el art. 75.2) por ser operativos directamente, para los
procedimientos comunes especiales.
VII. FUENTES
Al igual que en el punto anterior, sobre los Principios, comenzaremos citando la Ley:
Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo
1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía
respecto de otras ramas del Derecho.
2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
2.1. Las disposiciones constitucionales.

27. 2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así
como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.
2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.
2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten las
posiciones administrativas. 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus
tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de
alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo,
agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para
absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor,
debidamente difundidas.
2.10. Los principios generales del derecho administrativo.
3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el
campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.
COMENTARIO
El maestro Norberto Bobbio, citado en el Manual de Dante A. Cervantes20, señala que las fuentes
del derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace
depender la producción de normas jurídicas.
Como fuente del Procedimiento Administrativo de observancia obligatoria y con carácter de
vinculante, se ha establecido tanto la jurisprudencia de autoridades judiciales como las
resoluciones administrativas de órganos autónomos como Tribunales y Consejos (CONSUCODE,
Tribunal de Aduanas y Fiscal, etc.) el profesor Bacacorzo, citado también en el voluminoso y muy
útil Manual de Cervantes21 señala que son fuentes formales jurisprudenciales: 1. La jurisprudencia
administrativa, que es casi obligatoria, en razón de la presencia legítima de la analogía; 2. La
jurisprudencia judicial; 3. La jurisprudencia constitucional, que la produce exclusivamente el
Tribunal Constitucional.
20
CERVANTES ANAYA, Dante A.: Manual de Derecho Administrativo, p.406
21
Ibid.

28. Garantizan, entonces, al Derecho Administrativo su autonomía. La autoridad administrativa se
informa de las fuentes que se aplicarán al caso concreto y establecer el orden de aplicabilidad de
las normas y preeminencias entre ellas.

29. Conclusiones
I. El Estado al ser un ente organizado necesita de personas que estén a su servicio para
poder administrar y cumplir con sus objetivos como los fines del estado; donde el
funcionario y el servidor o empleado público son indispensables para la función
pública. Fuera de las diferencia entre funcionario y servidor; su función es ayudar a
tener una correcta administración del Estado, la obtención de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Si el servicio al
Estado es profundamente honorable es ante todo porque hace participar en las
responsabilidades más elevadas que pueda haber, las del poder público, a quienes
pertenecen al Estado, pero también porque a través del Estado se sirve de forma
directa y desinteresada a la colectividad humana y nacional.
II. GERSONNNNNNN
III. Grandes cambios han surgido a través de la evolución del derecho administrativo, en
sus inicios se incidió más en el tema de la competencia; la forma en que se resolverían
los conflictos que pudieran generarse, es así como se comienza con el primer intento
para normar el derecho administrativo, así se van modificando y cada vez más
adecuando a la realidad y llegamos hasta nuestra nueva ley 27444 , existe una
ampliación de facultades para los fedatarios, fuente de derecho Administrativo que
tiene el carácter de vinculante, 16 principios procedimentales, un concepto de acto
administrativo, así como procedimientos especiales para sancionar la conducta
inapropiada, tanto de administradores, como de administrados, es decir, se trata de
un ordenamiento que va más allá de nuestro parecer, del contenido limitante de la
Constitución Política de 1993.
IV. La ley del procedimiento administrativo general contiene un conjunto de normas
sustantivas y adjetivas, que van a servir de directrices para que se lleve a cabo un
correcto procedimiento administrativo respetando las garantías para los
administrados y posibilitando que accionen de distintas maneras para que se les
ratifique o reconozca el derecho que pretenden; pero también prevé los deberes y la
responsabilidad que estos podrán asumir el procedimiento. Pero no solo eso, sino que

30. también regula las cuestiones que podrían presentarse teniendo en cuenta que el
derecho admirativo cuenta con una gran cantidad de instituciones y por ende una
gran variedad de procedimientos diversos.
V. Los principios generales del procedimiento administrativo consagrados en el Proyecto
tienen por objeto acentuar el carácter servicial de la Administración Pública a favor de
los ciudadanos, que son los destinatarios beneficiarios de la actividad administrativa,
lo que se manifiesta en las obligaciones y deberes que se le impone a las autoridades
en la tramitación de los procedimientos, pero el Proyecto no obvia el equilibrio que
debe existir en estas actuaciones y así como consagra los derechos de los
administrados, establece así mismo el principio de conducta procedimental que obliga
a los administrados a colaborar y comprometerse lealmente con su Administración.
VI. Respecto a las FUENTES, cabe resaltar su carácter expansivo de la disposición, pues la
presente disposición fue establecida con el claro propósito de convertirse en la
declaración de principio del derecho administrativo acerca de su autonomía, con
respecto a otras ramas del derecho. Conforme a ella, el derecho administrativo
proclama su autonomía técnica, de contenido y de fuentes, que es el tema sobre el
cual versa el artículo, con el cual se va a relegar lo más posible la utilización de normas
de otros ordenamientos vía analogía.

31. Bibliografía
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N°27444
Constitución Política del Estado 1993
Código Penal 1991
Edgardo Alberto DONNA, “El concepto dogmático del funcionario público en el Código
penal peruano”, en Revista Peruana de Ciencias Penales, Año VII-VIII, N° 11, Lima, 2002, p.
268.
BACACORZO, Gustavo, Tratado de Derecho Administrativo, Lima, Gaceta Jurídica, 1997, T.
1, p. 399
CERVANTES ANAYA, Dante A. : Manual de Derecho Administrativo. Editorial Rodhas. 3ra
Edición, 2003
MORÓN URBINA, Juan Carlos: Ley del Procedimiento Administrativo General, comentarios.
Gaceta Jurídica. 2da Edición, 2003.
Ejecutoria Suprema, Exp Nro. 1888-1994 del 23 de septiembre de 1997; Lima ROJAS
VARGAS, Fidel, Jurisprudencia Penal T I, Gaceta Jurídica 1999, p. 625.
Baca Merino, Roberto APUNTES SOBRE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL
PERÚ. NATURALEZA DE SU FUNCIÓN Y FINALIDAD DE LA MISMA EN RELACIÓN AL INTERÉS
GENERAL
IPEDEHP 2010 “Rol de los Funcionarios Públicos”
UPChttp://www.upc.edu.pe/0/modulos/TIE/TIE_DetallarProducto.aspx?CAT=329&PRO=4
34
http://trabajadorjudicial.wordpress.com/los-funcionarios-o-servidores-publicos-en-el-
codigo-penal/
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2005/proyecto_ley_empleo_publico/PyLey
Func-PubyEmpConf.pdf
http://www.gerencie.com/el-servidor-publico.html