La reforma procesal penal en Argentina ha avanzado teóricamente pero no se ha implementado de manera efectiva como una política de Estado. A pesar de los cambios normativos introducidos desde la década de 1990, el sistema judicial sigue siendo ineficaz e insatisfactorio para la sociedad. Se necesita un compromiso sostenido a nivel federal y provincial para lograr una transformación integral que establezca un sistema acusatorio sustentable y con credibilidad.

1. La Reforma Procesal como política de Estado
La instauración del modelo procesal acusatorio lleva un cuarto de siglo en la Argentina, desde la
época en que se iniciaron los trabajos que culminaron con el proyecto Maier y, a pesar del tiempo
transcurrido, continúa siendo materia de reflexiones y discusiones teóricas, proyectos, frustraciones y
demandas sociales.
La reforma constitucional de 1994, si bien sentó las bases de un nuevo paradigma constitucional,
con potencia para desencadenar compromisos auténticos y firmes a favor transformar la compleja
realidad del sistema de justicia penal, lamentablemente no encontró correlato en esfuerzos serios por
cumplir con el mandato constitucional. Como ejemplo, basta señalar que algunos proyectos
perdieron estado parlamentario y que el Anteproyecto de Código Procesal Penal, elaborado en la
órbita del Ministerio de Justicia durante el año pasado, espera indefinidamente su remisión al Poder
Legislativo, para su tratamiento y discusión. Estos hechos, sumados a la extraordinaria lentitud para
transferir las competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestran que en el ámbito
federal es más fácil violar la constitución que vencer la resistencia al cambio.
Si bien algunas de las Provincias han tomado la vanguardia del movimiento reformista, en muchos
casos sólo se limitaron a reemplazar códigos vetustos y a introducir ligeros cambios
organizacionales, sin asumir a cabalidad el desafío de la transformación ni establecer planes de
implementación sustentables. La realidad nos aporta claras muestras de improvisación,
desnaturalización de las ideas y principios que sustentan el modelo acusatorio, escasa productividad
de las organizaciones judiciales y la supervivencia de prácticas inquisitivas.
En síntesis, no se ha asumido la reforma judicial como una auténtica política de Estado, como una
política capaz de proveer justicia a los habitantes e idónea para gestionar los conflictos que atrapa la
ley penal, limitando la violencia y el abuso de poder. En lugar de eso, predomina la simplificación y
el pensamiento mágico, aún aferrado a la errónea idea que el cambio normativo puede desencadenar
por sí solo la conversión una realidad judicial insatisfactoria.
Nuestra organización federal hace más compleja la situación, por la multiplicidad de códigos y
organizaciones policiales que involucra y por la necesidad de respetar las autonomías provinciales;
sin embargo, nada de ello obsta a que el Estado Nacional además de comprometerse con la reforma
en la orbita federal, también asuma una posición proactiva y de cooperación con los Estados
provinciales para cumplir con el modelo que consagra la Constitución Nacional.
A pesar del liderazgo intelectual que ejerció la Argentina durante mucho tiempo en Latinoamérica, es
evidente el desfase entre los avances teóricos y el magro desarrollo institucional logrado. Esto
contrasta con el panorama regional, donde existen experiencias exitosas, desarrolladas en contextos
sociales y económicos mucho más desfavorables que los de nuestro País.
Las Universidades, asociaciones profesionales y la ciencia procesal en general permanecen atrapadas
en una estrategia descriptiva y cuestionadora, pero sin comprometerse activamente con los procesos
de transformación de esa realidad, ni contemplar todas las dimensiones ni la profundidad del
cambio. Por otra parte, en los espacios políticos e institucionales asociados a la Reforma Procesal, es
palpable la improvisación, el facilismo y la discontinuidad de las acciones, muchas veces
dependientes del ritmo y las urgencias electorales.

2. Mientras tanto, reina la insatisfacción y la frustración social originada a raíz de un sistema judicial
ineficaz y con escasa credibilidad. Frente a la ausencia de planteos y propuestas racionales, esa
frustración aporta aire al discurso de mano dura, a las propuestas gatopardistas y a la estrategia del
chivo expiatorio, que terminan agravando los problemas estructurales del sistema de justicia penal,
pues acentúan la selectividad del sistema penal y favorecen el debilitamiento del sistema de garantías.
Los costos sociales y económicos del sistema de justicia penal de la Argentina son inconmensurables
y sorprende la escasa conciencia que se tiene al respecto y la ausencia de trabajos de investigación
empírica.
Todos los días se desarrollan dramáticas historias individuales que interpelan a un sistema judicial
colapsado, atrapado en rutinas insustanciales y con escasa vocación para enfrentar la criminalidad
organizada y el abuso de poder.
La transformación de esta realidad representa una asignatura pendiente y asumir este reto
insoslayable reclama una política estatal sostenida y sustentable.
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