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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Académica Profesional de Medicina
veteranía y zootecnia
CONFLICTOS
MABIENTALES EN EL PERÚ
Cátedra : FILOSOFÍA
Catedrático : Lic. KETTY BETZABE PATIO ROSALES
Integrante : HERRERA LUJAN FABIAN NAHUN
HURTADO CHAMORRO JOEL JULIAN
HUAYANAY MAHURA MARCOS
POMA GAYO OSNEL CHAYAN
MAGÜIÑA JIMENES JHAN CARLO
MEZA HUAMAN ANGHELO
Semestre : IV
Huancayo Perú
2022
2
DEDICATORIA
A Dios ante todo agradecemos, a nuestra
familia, a mis amigos que nos acompañan a lo
largo de nuestras vidas de una manera
incondicional.
A nuestros docentes que nos apoyan en
nuestra carrera profesional.
3
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA ...............................................................................................................2
ÍNDICE GENERAL.........................................................................................................3
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................5
CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL
1.1. Problemas ambientales .......................................................................................6
1.2. Criterios de evaluación de los problemas, para su priorización: ..................7
1.2.1. Relevancia socioeconómica: ..................................................................7
1.2.2 Relevancia política: ....................................................................................7
1.2.3 Extensión: ....................................................................................................7
1.2.4 Complejidad:................................................................................................7
1.2.5. Oportunidades:..........................................................................................8
1.2.6 Atractivo mediático:....................................................................................8
1.3. Problemas evaluados: .........................................................................................8
1.3.1 Caos ambiental urbano: ............................................................................8
1.3.2 Minería ilegal ...............................................................................................9
1.2.3 Minería formal: ............................................................................................9
1.3.4. Deforestación, tala ilegal y mala gestión de bosques: .......................9
1.3.5. Agricultura insostenible: .........................................................................10
1.3.6. Cambio climático: ....................................................................................11
1.3.7. Pobre representación política favorable a una gestión ambiental
responsable: ............................................................................................11
CAPITULO II
CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL PERÚ
2.1. La lideresa Kichwa que defiende su territorio de taladores ilegales y
narcotraficantes en la Amazonía de Perú ......................................................12
2.2. Catoteni: la comunidad ashéninka que defiende a la reserva El Sira de la
tala ilegal y el narcotráfico.................................................................................17
4
2.3. Menonitas en Perú: la historia oculta de la entrega de bosques en
Masisea................................................................................................................22
CONCLUSIONES ........................................................................................................26
RECOMENDACIONES ...............................................................................................27
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA...............................................................................28
5
INTRODUCCIÓN
El año 2021 fue un año difícil para el Perú. No solo se agudizó la violencia
contra los defensores ambientales, sino que también se registró un grave
aumento de la deforestación en el país. La cobertura de Mongabay Latam señaló
el impacto de ambos problemas y mostró cómo las carreteras se han convertido
en vías que abren caminos para las mafias ilegales y el grave impacto de estos
delitos en los territorios indígenas. Además, los reportajes mostraron la debilidad
del aparato estatal para la fiscalización ambiental, así como conflictos fronterizos
que se agravan sin que las autoridades intervengan.
El 2021 fue también un año marcado por distintos proyectos presentados
por congresistas y funcionarios estatales para reactivar la economía después de
crisis generada por la pandemia. Sin embargo, muchas de estas iniciativas eran,
según expertos, bombas de tiempo ambientales.
En cuanto a los conflictos socio ambientales, éstos son generados por la
contraposición de intereses, derechos, perspectivas, racionalidades y lógicas
con relación al manejo del medio natural y los recursos que allí existen.
Los desequilibrios provocados en la naturaleza se dan a causa de la
minería, con lo cual se expresa una infinidad de problemas generados en el
medio ambiente, dichos problemas son de carácter social, económico, cultural y
ambiental, ello ocasiona daños irreparables en la salud, bienestar en la familia,
muerte de los animales, contaminación de flora, fauna y agua.
6
CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL
1.1. Problemas ambientales
Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo,
dotado de un extenso y variado territorio con una enorme cantidad de recursos
naturales. Sin embargo, los recursos naturales no han sido usados para
desarrollar una economía resistente y variada. En lugar de eso, a través de su
historia, ha habido un patrón según el cual un determinado recurso desencadena
un auge económico que es rápidamente seguido por la reducción de los recursos
y el colapso (Castro 2005). Algunos de los recursos que han experimentado
estos ciclos de auge y colapso son el guano de las islas (1850s - 1870s),salitre
(1860s - 1870s),el caucho (1890s - 1910) y la anchoveta (1960s - 1970s). El auge
del sector agro- industrial duró más de siete décadas hasta que finalmente
colapsó cuando se introdujo la Reforma Agraria de 1969 que redistribuyó los
derechos de propiedad de la tierra. Las actividades mineras han permanecido
como el pilar de la economía nacional desde tiempos de la colonia, pero no han
estado libres de problemas, incluyendo una disminución en la producción de
minerales durante el final del siglo 18 que tuvo amplias implicaciones
económicas. Las causas de estos ciclos perniciosos son múltiples pero queda
claro que están incluidas las fallas institucionales y políticas; y también los
indefinidos derechos sobre la propiedad. Desde 1993, el Perú ha tomado pasos
concretos para reducir los impactos negativos sociales y ambientales del sector
minero, que incluyen:
(a) la creación de un marco institucional para armonizar la responsabilidad
institucional y la legislación ambiental;
(b) desarrollando normas ambientales sectoriales;
(c) definiendo estándares ambientales para la calidad del aire, agua y suelo; y
(d) elaborando un inventario de responsabilidades ambientales mineras (Banco
Mundial 2005).
La gestión sectorial ambiental se ha desarrollado de manera desigual
entre sectores. El marco institucional peruano asigna las principales
responsabilidades reguladoras del control de la contaminación y manejo
7
ambiental a las unidades creadas en cada autoridad del sector. El sector Energía
y Minas encabeza estos esfuerzos desarrollando normas sectoriales basadas en
el uso de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Gestión Ambiental y Planes
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs), y Límites Máximos Permisibles
(LMPs) y estableciendo una entidad independiente para reforzar las normas
ambientales en los subsectores de electricidad y de hidrocarburos. También han
sido establecidas unidades ambientales en los Ministerios de Producción, de
Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A
pesar de estos esfuerzos, el acercamiento sectorial del Perú a la gestión
ambiental y al control de la contaminación, ha evidenciado debilidades
significativas, incluyendo una amplia variación a través de sectores en términos
de desarrollar regulaciones apropiadas para salvaguardar el ambiente y una
limitada capacidad institucional para aplicar esas regulaciones efectivamente.
Más aún, la carencia de una coordinación general y de claridad en la aprobación
de procesos ambientales, afectan generalmente la confianza en las inversiones
y debilitan la competitividad del país a largo plazo.
1.2. Criterios de evaluación de los problemas, para su priorización:
1.2.1. Relevancia socioeconómica:
Número de personas afectadas negativamente; impacto económico del
problema.
1.2.2 Relevancia política:
Grado de afectación a la gobernabilidad; potencial de conflictividad.
1.2.3 Extensión:
Amplitud geográfica y temporal de los procesos y sus consecuencias.
1.2.4 Complejidad:
Grado de coordinación inter-sectorial y entre estamentos de la sociedad
requerido para influir en la problemática = Nivel de liderazgo requerido.
8
1.2.5. Oportunidades:
Existencia y grado de maduración de propuestas de solución, grupos de
interés comprometidos con el tema y capacidades (financieras, institucionales,
etc.) para implementar soluciones.
1.2.6 Atractivo mediático:
Hasta qué punto el problema puede ser presentado de manera noticiosa y atraer
opinión pública.” Los criterios elegidos se basaron en la experiencia profesional
de los autores y la consulta con diversos especialistas en la materia.
1.3. Problemas evaluados:
1.3.1 Caos ambiental urbano:
“Contaminación atmosférica relacionada con el sistema de transporte
(defectos y carencias en la red vial urbana, en el transporte público masivo, en
las reglas de tránsito, en la cultura de manejo, en el acceso a combustibles
menos contaminantes, en la promoción del transporte. Los Principales
Problemas Ambientales políticamente relevantes en el Perú. La contaminación
sonora; mala gestión de residuos y efluentes; edificaciónanti-ecológica; carencia
de áreas verdes y espacios públicos; mala gestión de fuentes de agua y del agua
potable. A esto se añade la presión incontenida de invasiones de terrenos para
expansión urbana, que nutre otros problemas, como la destrucción de espacios
silvestres periurbanos y el tráfico de agua que hacen daño a la salud como
potable”.
Que planteamientos ejecutará el gobierno para reducir los problemas
mencionados. Se necesita combustibles ecológicos que resulten menos
contaminantes. En el caso del transporte no motorizado se observa que en
algunos distritos en la ciudad de Lima se promueve el uso de bicicletas para
tramos cortos (Surco y Miraflores) con la instalación de estaciones municipales,
pero resulta necesario que todos los distritos promuevan esta práctica que
favorece al medioambiente y la salud de los usuarios. Los tres ríos que
abastecen de agua a Lima Metropolitana se ven afectados por las descargas
generadas por minería, industrias, actividades agrícolas y desagües domésticos.
Especialmente la cuenca del río Rímac presenta niveles severos de
contaminación.
9
1.3.2 Minería ilegal
“Devastación de bosques amazónicos (más de 50,000 hectáreas) y
humedales altoandinos; contaminación de cuencas y ecosistemas en todas las
regiones del país; altos contenidos de metales pesados en miles de menores de
edad y madres gestantes; invasión de áreas naturales protegidas y parques
arqueológicos; violencia e inseguridad y tráfico de menores”.3 Se puede señalar
que la pobre institucionalidad de la gestión pública que a la fecha permite el
crecimiento de operaciones ilegales.
1.2.3 Minería formal:
“Falta de previsiones ambientales y de interés genuino en la participación
y el bienestar locales; lo cual alimenta y facilita la actuación de agitadores y
oportunistas, en un contexto de escaso entendimiento de los procesos, riesgos
y posibilidades, por parte de los actores relevantes. Carencia o desestimación
de protocolos firmes, liderados por el Estado, de gestión social de proyectos
mineros, que genere gobierno y bienestar y prevenga conflictos”.
“La minería es una de las principales actividades que genera divisas al
país, trabajo directo e indirecto a la población, regalías por las concesiones
otorgadas, canon minero para los Gobiernos Locales y Regionales donde se
desarrolla la actividad minera, sin embargo esto no es suficiente si la población
percibe que la operación minera afectará sus comunidades, sembríos, el agua y
la salud, el Gobierno antes de autorizar una concesión minera debe tener en
claro que no afectará los intereses de la comunidad y tiene que haber
comunicación y transparencia en todas las etapas para evitar conflictos que
puedan paralizar el proyecto y afecte a todos los interesados.”
1.3.4. Deforestación, tala ilegal y mala gestión de bosques:
“Problema presente en más del 60% del territorio continental nacional (el Perú
es un país de bosques). Conlleva pérdidas de diversidad biológica, por sobre-
explotación o desperdicio de recursos forestales y destrucción directa de
bosques, para sustituirlos con agricultura precaria o minería efímera. Es el
principal componente de las emisiones peruanas de gases de efecto
10
invernadero. Las normas emitidas para atender la problemática forestal
contienen un sesgo casi exclusivamente amazónico y maderero; con confusión
de funciones y roles entre instituciones (MINAGRI-MINAM). Pésima relación
costo/beneficio en la explotación de los bosques (generalizada pérdida de
patrimonio vs. < 1% del PBI)”. Nuestra amazonia es considerada el segundo
pulmón del mundo, el 28% de oxigeno del planeta sale de nuestro verde suelo,
sin embargo cada año se deforestan más de 150,000 hectáreas en la amazonia
para expandir la agricultura formal e informal; pero hay más de 10 millones de
hectáreas ya deforestadas en la amazonia peruana. De otro lado, cada hectárea
dedicada a la agricultura produce menos del 20% de lo que podría si fuera más
tecnificada, reduciendo de esta manera la presión sobre los bosques naturales.
La construcción de carreteras en la Amazonía a menudo ha sido acompañada
de quema de bosques, tala ilegal, agricultura de roce y quema, minería
destructiva, desarrollo no planificado y plantaciones que podrían conducir a la
destrucción de cuencas críticas y hábitat silvestres. Resulta recomendable
suspender el proceso de concesiones hasta que las futuras reformas sean
realizadas.
1.3.5. Agricultura insostenible:
“Abuso de agroquímicos; mala gestión del riego y de la irrigación, con
desperdicio de los recursos hídricos y salinización de los suelos agrícolas,
fomentando además intereses especulativos; mala sanidad de productos
agropecuarios de consumo humano (con excesivo contenido de sustancias
tóxicas o biológicamente activas); contaminación de aguas y suelos; expansión
agropecuaria informal en la Amazonía y abuso del fuego como práctica agrícola;
pérdida de andenes, germoplasma nativo (ejm., quinua altoandina, alpacas de
colores)y patrimonio agropecuario en general; intereses creados para el ingreso
de organismos genéticamente modificados; débil o nula promociónde la
agroecología, la agroforestería, la agricultura orgánica y la agrobiodiversidad;
crisis del café orgánico, nuestro principal producto agroecológico. La agricultura
es el segundo componente más importante en las emisiones peruanas de gases
de efecto invernadero”10 Los agroquímicos que se utilizan para el control de
plagas y los fertilizantes y aditivos destinados a maximizar el rendimiento de las
11
cosechas y mejorar la calidad del suelo poseen una marcada incidencia
ambiental y en la salud de las personas y animales.
El mal uso de estos plaguicidas y fertilizantes producen contaminación en
suelos y aguas, tanto superficiales como subterráneos. Por otro lado se debe
optimizar la eficiencia del riego y el ahorro del agua. Una consecuencia de la
salinización del suelo es la pérdida de la fertilidad de la tierra, es necesario
capacitar a los usuarios del agua con prácticas adecuada de riego.
1.3.6. Cambio climático:
“Creciente riesgo de desastres y eventos climáticos extremos; conflictos
por el agua; pérdida de ecosistemas claves y sus servicios (ejm., glaciares);
pérdida generalizada de biodiversidad y recursos naturales renovables”. Resulta
necesario desarrollar una respuesta integrada a los desastres naturales que
enfatice la prevención, analice la vulnerabilidad, y evalúe el riesgo. El Gobierno
debe considerar establecer una agencia autónoma a cargo de medidas no
estructurales para prevenir los desastres naturales. Esta nueva agencia podría
funcionar independientemente de las ya existentes, enfocándose en el alivio de
la emergencia.”
1.3.7. Pobre representación política favorable a una gestión ambiental
responsable:
“Aparejada a una fuerte representación política de grupos de interés
contrarios a una gestión ambiental responsable o vinculados al delito ambiental”.
El MINAM viene realizando programas de inversión pública para el
fortalecimiento de la gestión ambiental y social en Madre de Dios a través de
concursos de planes de econegocios en las tipologías de Manejo Integral de
Residuos Sólidos, Recuperación de Ecosistemas Degradados, Recuperación de
Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica, Recuperación y Puesta en Valor
de Ecosistemas con Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica y Fortalecimiento
de Capacidades para la Gestión Ambiental con la participación de los Gobiernos
Regionales, municipales y dependencias descentralizadas de este
departamento.
12
CAPITULO II
CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL PERÚ
2.1. La lideresa Kichwa que defiende su territorio de taladores ilegales y
narcotraficantes en la Amazonía de Perú
 Marisol García Apagüeño es la primera mujer en asumir un cargo en su
federación indígena (FEPIKECHA)en la región de San Martín y asumió la
difícil tarea de acompañar la lucha por el reconocimiento y titulación de
pueblos kichwa en el Perú.
 La defensora ambiental ha empezado a recibir amenazas luego de dar a
conocer ante organismos internacionales el peligro que viven las
comunidades kichwa donde proliferan actividades ilegales.
“Podrán matar uno, dos, tres de nosotros, pero otros vendrán a defender el
bosque, no nos van a exterminar”, dice Marisol García Apagüeño, lideresa
kichwa del Bajo Huallaga en San Martin, Amazonía de Perú. Es la única
dirigente mujer de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta
Amazonas (Fepikecha) y aunque se siente orgullosa de ocupar ese cargo,
sostiene que no es nada fácil, y se vuelve más complicado y peligroso cuando
eres la voz de 14 comunidades amenazadas por el tráfico de madera, el
narcotráfico y la falta de titulación.
La lideresa indígena tiene el cargo de secretaria de actas en la Fepikecha desde
el 2018, cuando fue elegida para representar a las comunidades indígenas
kichwas del Bajo Huallaga. Desde su comunidad en Chazuta ha impulsado una
campaña para hacer públicos los problemas de los pueblos indígenas y
denunciar sobre todo las actividades ilegales. Cuenta que usa todos sus
conocimientos, entre ellos sus estudios de diseño gráfico y computación, para
lograr este objetivo.
Ella logró también crear la radio comunitaria Voces de la Selva – Fepikecha y
apoyó el lanzamiento de una página de Facebook de la federación. Eso, sin
embargo, le ha traído también advertencias y amenazas indirectas de las mafias
instaladas en la zona.
13
La defensora ambiental kichwa Marisol García en su comunidad de Túpac Amaru.
Foto: Marisol García.
“Sigo tocando puertas, me he presentado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para contar del peligro que estamos viviendo, también nos
hemos reunido con organizaciones de derechos humanos, porque mis hermanos
están amenazados, han secuestrado a defensores indígenas y yo sé lo que es
vivir con miedo, que no puedas salir ni de tu casa porque te pueden matar”, dice
la dirigente kichwa.
Marisol García recuerda muy bien su infancia en Chazuta, hace 30 años, cuando
el Huallaga era conocido como una zona de alta producción de cultivos ilícitos
de hoja de coca y de pasta básica de cocaína. Sin embargo, este panorama
cambió con el despliegue de numerosas campañas de erradicación lideradas
desde el Estado en la década de 1990 y 2000 como señala el estudio titulado El
Modelo de Desarrollo Alternativo de la Región San Martín publicado por la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A partir del
2005, dice la lidereresa indígena, los habitantes de la zona empezaron a
recuperar la tranquilidad y a vivir convencidos de que esa pesadilla se había
terminado. Pero el enemigo otra vez acecha a las comunidades indígenas.
14
“Por eso si puedo hablar, lo haré, porque los problemas solo han crecido
con la pandemia y no nos escuchan, las autoridades no hacen nada”,
asegura Marisol García Apagüeño.
Pobladores de la zona, con los que pudimos hablar para este reportaje,
confirman que las amenazas han vuelto y que al narcotráfico se suma el
crecimiento de otras actividades ilegales como la tala de árboles en territorio
kichwa.
Sin títulos de propiedad
El territorio para los pueblos indígenas es parte de la herencia de sus
antepasados, ocupantes originarios que domesticaron plantas y se adaptaron a
las condiciones ambientales. Marisol García heredó de sus abuelos ese territorio,
así como la técnica para trabajar la cerámica y hacer cántaros que conservan el
agua fría. Heredó también el conocimiento de las plantas, del cultivo de cacao,
el uso de plantas medicinales. Aunque los kichwas han ocupado el Bajo Huallaga
por miles de años, de las comunidades asociadas a Fepikecha ninguna
comunidad de las 14 tienen títulos de propiedad sobre sus tierras y tres de
ellas no están reconocidas como indígenas, a pesar de haber iniciado el
proceso de reconocimiento. Este —aseguran los dirigentes de la federación—
sigue en manos de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional
de San Martín (GORE San Martín).
Madera extraída ilegalmente en territorio de Santa Rosillo de Yanayaku. Foto: Rondas indígenas
del Bajo Huallaga.
15
En el caso de San Martín, Hallazi indica que no se ha avanzado mucho en la
titulación de tierras de comunidades indígenas. El especialista del IBC dice que
el problema está en la superposición de algunos de los territorios indígenas con
áreas protegidas, como es el caso del Área de Conservación Regional Cordillera
Escalera. En total son 8 comunidades de Fepikecha, en el área del Bajo
Huallaga, superpuestas con esta ACR, según informa el presidente de la
federación Wilger Apagüeño Cenepo.
“Sin título de propiedad no podemos reclamar nada, porque cuando vamos al
Gobierno Regional nos preguntan por documentos que no tenemos”, dice
Marisol García.
William Ríos afirma que en el caso de la superposición con el ACR Cordillera
Escalera quien tiene la última palabra es la Autoridad Regional Ambiental. Añade
que ellos han empezado un proceso de mejora de su sistema para titular a las
comunidades y van a revisar el caso de Fepikecha. El especialista Luis Hallazi
insiste en que el Gobierno Nacional ha impulsado áreas de conservación
regionales y privadas sin respetar los límites de los territorios indígenas.
Para Hallazi existe una relación directa entre las actividades ilegales y la falta de
titulación, pues sin un documento legal que avale la propiedad de sus territorios,
no solo no pueden reclamarle al Estado por invasiones, sino que se les niega
sus propios derechos. Explica que, en San Martín y en la Amazonía en general,
grupos de colonos suelen asentarse en los territorios de las comunidades,
deforestan, venden madera y empiezan a sembrar coca. Cuando están
instalados, ya es difícil sacarlos de las tierras, y los peligros se vuelven latentes.
16
Zonas deforestadas de la comunidad Anak Kurutuyacu donde se ha encontrado madera extraída.
Foto: Rondas indígenas del Bajo Huallaga.
Marisol García afirma que este el caso de dos de las comunidades que más
apoyo le han solicitado, Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu, cuyos
problemas por deforestación y la invasión de terrenos para cultivos ilícitos
de coca se han agravado en los últimos cuatro años. “Es tan grave que no
pueden salir, se encuentran como secuestrados por las mafias, los siguen, están
al tanto de todos sus movimientos”, afirma.
Para la lideresa kichwa, si las comunidades tuvieran un título de propiedad
podrían presionar para desalojar a los invasores. “Pero nos discriminan
constantemente, nos piden explicaciones de que somos realmente indígenas,
nos cuestionan si somos originarios”, asegura en alusión a las palabras del
alcalde Geyner Silva Macedo. Añade que ya no saben qué hacer ante el aumento
del tráfico de madera y el narcotráfico en el contexto de la pandemia.
Los comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu cuentan que las invasiones en su
territorio comenzaron con concesiones privadas otorgadas en los que consideran
17
bosques ancestrales. En zonas cercanas a estos linderos aparecieron taladores
de madera que empezaron a destruir bosque primario. Otra forma de invasión
que sufren las comunidades es con la llegada de colonos, afirma Luis Hallazi.
Son ellos quienes invaden, lotizan y convierten el bosque en áreas de cultivo,
que luego usan para actividades ilegales. Algunos comunidades de Fepikecha,
por otro lado, también han optado por alquilar sus tierras a terceros para tener
un ingreso y estos han terminado talando sus árboles. “Personas extrañas llegan
—comentan los dirigentes de Fepikecha—, se empiezan a asentar y como el
cultivo que más dinero da es la coca, empiezan a producir”.
2.2. Catoteni: la comunidad ashéninka que defiende a la reserva El Sira
de la tala ilegal y el narcotráfico
 En medio de una de las zonas con mayor deforestación de Ucayali, la
comunidad indígena de Catoteni lucha contra las actividades ilegales que
causan deforestación en la provincia de Atalaya y en la zona sur de El Sira.
 La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental señala que los principales
delitos que se registran dentro de las comunidades indígenas de esta
provincia son la tala ilegal y los cultivos ilegales de hojas de coca. Más de
30 de las 54 pistas clandestinas usadas para el narcotráfico en la región
Ucayali se ubican en Atalaya y diez de ellas dentro de las comunidades.
 Pese a este panorama, la Reserva Comunal El Sira se mantiene en un
estado alto de conservación. Para el Sernanp, las comunidades indígenas
como Catoteni funcionan como una barrera frente a las potenciales
amenazas al área protegida.
Zacarías Huaroco, de 65 años, no olvida la primera vez que conoció un árbol
de cedro. Tenía siete años de edad y fue una de las primeras veces en la que su
padre Delfín le permitió que lo siga por las colinas de un territorio habitado por
los ashéninkas, la misma etnia a la que pertenecen él y toda su familia.
Recuerda que los cedros, a su corta edad, lucían como árboles interminables,
que se imponían en medio del bosque espeso de esta zona de la provincia de
Atalaya, en Ucayali. Cuarenta años más tarde, esas tierras de la Amazonía de
Perú se convertirían en la Reserva Comunal El Sira.
18
Cuando la reserva estaba a punto de ser creada, hace poco más de 20 años,
“los madereros ya habían arrasado con gran parte del bosque, habían
entrado con máquinas que ahuyentaron a los animales”, cuenta Huaroco, líder
ashéninka de la Comunidad Nativa de Catoteni. Por eso la caminata que
emprendió con su hijo para mostrarle los mismos árboles que vio de pequeño les
tomó mucho más tiempo.
Catoteni
consiguió su titulación en 1986. Fue una de las primeras comunidades en la zona en obtener
estos derechos sobre su territorio.
Foto: Christian Ugarte / Mongabay Latam.
Zacaría Huaroco cuenta que lo más triste de todo fue descubrir que quizás sus
nietos no llegarían a conocer uno de esos árboles magistrales. “¿Qué otros
árboles o animales seguirán desapareciendo si no hacemos algo al
respecto?”, se pregunta el líder ashéninka.
La historia de Huaroco es también la de Catoteni, una de las 69 comunidades
indígenas que se encuentran alrededor de la Reserva Comunal El Sira. En
Catoteni, ubicada al sur del área protegida, en la provincia de Atalaya, cerca de
100 familias luchan contra la tala ilegal de los pocos árboles que quedan en pie
como la moena (Aniba amazonica), la capirona (Calycophyllum spruceanum) y
hasta el shihuahuaco (Dipteryx micrantha), especies que sufren una alta
presión por la deforestación. De hecho, los habitantes de esta comunidad han
19
evitado que en sus tierras se expandan los cultivos ilegales de hoja de coca.
Ellos se han convertido en una barrera contra la ilegalidad que los acecha. La
historia de Catoteni se resume entonces en una palabra: resistencia.
El café es el principal motor de economía en Catoteni.
Foto: Christian Ugarte / Mongabay Latam.
Una provincia presionada por el narcotráfico
Al ver el mapa de deforestación de los últimos once años en la región Ucayali
aparecen dos grandes territorios devastados: uno en el norte, en la provincia de
Padre Abad, y el otra en la provincia de Atalaya, justo alrededor de la Reserva
Comunal El Sira. La presión es tal en Padre Abad que el último ataque a un
defensor indígena sucedió ahí este último fin de semana: el comunero
cacataibo Merino Odicio, quien patrulla su comunidad, en Mariscal
Cáceres, para frenar el posible ingreso de cocaleros a su territorio, fue
gravemente herido.
La lucha de Catoteni sucede en la provincia de Atalaya, la que concentra la
mayor cantidad de comunidades indígenas de la región, tanto tituladas como en
espera de titulación; donde en los últimos dos años se han registrado la mayoría
de pistas ilegales para el narcotráfico y la que ocupa el segundo lugar en
deforestación en Ucayali.
20
El mapa muestra el avance de la deforestación y la presencia de pistas
clandestinas en la región Ucayali.
Imagen: Alejandra Olguín.
En Atalaya, la pérdida de bosque desde el 2001 hasta el 2017 ha sido de más
de 74 mil hectáreas, como señala la Estrategia Regional de Cambio Climático
en Ucayali, realizado por el gobierno regional. Los testimonios recogidos por
Mongabay Latam en Atalaya señalan que el pico de deforestación creció desde
2011, cuando se terminó de construir la carretera Puerto Ocopa (Junín)-Atalaya
(Ucayali).
Atalaya está conformada por cuatro distritos: Tahuanía, Yurua, Sepahua y
Raymondi. En Tahuania y Raymondi es donde se encuentran las comunidades
ubicadas en la zona de amortiguamiento de El Sira y es en Raymondi donde se
ubica Catoteni. Son esos dos los distritos donde Raúl Huaroc, fiscal provincial de
21
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya, señala que
se concentran la mayor cantidad de denuncias que ha recibido en los últimos
dos años.
“El problema comienza con la extracción de la madera. Una vez que se sacan
los árboles importantes, se habilitan los espacios para el sembrío de cultivos
ilegales”, comenta Huaroc a Mongabay Latam. Estas dos actividades ilícitas son
los principales delitos que suceden dentro de las comunidades indígenas de
Atalaya, según refiere el fiscal. Pero en Raymondí el mayor problema es la tala
ilegal, mientras que en Tahuania se concentran los casos de denuncias de
cultivos como la hoja de coca para el narcotráfico.
En el mapa se observa cómo la Reserva Comunal El Sira se mantiene en buen estado de
conservación en comparación con la zona de amortiguamiento. Los puntos rosados en la imagen
marcan las alertas de deforestación solo durante la pandemia.
Imagen: Global Forest Watch.
La evidencia de narcotráfico en la provincia radica en las denuncias que recibe
la FEMA Atalaya, los testimonios de los pobladores en la provincia y los estudios
realizados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp) sobre las amenazas alrededor del área protegida de El Sira. Aunque
la prueba más reciente ha sido publicada este mes por el mismo Gobierno
Regional de Ucayali: la detección de 54 pistas clandestinas utilizadas para el
narcotráfico, entre 2020 y 2021, en la región.
22
Según este análisis, 31 de las 54 pistas están en Atalaya. Si hablamos solo de
las nueve nuevas pistas encontradas en Ucayali este año, cuatro están ubicadas
en esta provincia. Además, 10 de las 31 pistas en Atalaya se ubican dentro
de ocho comunidades nativas: cinco de la etnia asháninka, dos ashéninkas y
una amahuaca. Tanto Raymondi, Tahuanía como Sepahua tienen presencia de
pistas. Solo en el distrito de Yurua aún no han sido detectadas.
2.3. Menonitas en Perú: la historia oculta de la entrega de bosques en
Masisea
 Un sistema de titulación de predios de manera irregular está detrás de las
tierras que ahora ocupa la colonia menonita en Masisea.
 Más de 40 fichas catastrales fueron elaboradas en el 2015 con
información falsa para titular bosques como si fueran áreas de cultivo.
 Este mecanismo irregular, usado en varios lugares de la región Ucayali,
no solo permitió que se deforesten alrededor de 1000 hectáreas de
bosques del Estado en Masisea, sino también dentro de comunidades
nativas.
En setiembre de 2015, un grupo de trabajadores de la Dirección Regional
Sectorial Agricultura de Ucayali (Drsau) llegó al distrito de Masisea con un fin:
hacer un catastro rural en un área de bosque situada al borde de la carretera
Masisea-Imiría, vía que recorre un tramo de la Amazonía peruana.
Ese fue el inicio de un intrincado sistema de entrega irregular de terrenos que
tiempo después acabaron en manos de la colonia menonita, establecida en ese
distrito del departamento de Ucayali.
En este proceso participaron autoridades del Gobierno Regional de Ucayali —
algunas de ellas hoy investigadas y con prisión domiciliaria— que utilizaron sus
cargos para entregar bosques de manera ilegal. Esta historia es un buen ejemplo
de cómo en el Perú, algunos bosques se talan primero en papel y luego en
el campo.
El Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, explica que
esta es una modalidad más del tráfico de tierras, en la que la adjudicación de
terrenos en papel parece legal, pero que en realidad se sustenta en información
23
fraudulenta. “Es lo que pasa en la Amazonia y lo que pasa en Ucayali, es decir,
personas que sirven de testaferros para que reciban los predios y después los
venden. En esta búsqueda nos vamos a encontrar con actos de corrupción de
los gobiernos regionales, que no es un secreto. Se sabe que los gobiernos
regionales han utilizado los títulos agrarios para sanear propiedad del Estado
que tenía bosques primarios”.
Los bosques en la carretera Masisea Imiría son ahora campos de cultivo en manos de la colonia
menonita de Masisea.
Foto: Sebastian Castañeda.
Más de 1000 hectáreas de bosques, ubicados en la ruta que va desde la
pequeña ciudad de Masisea hasta los territorios de las comunidades nativas
Caimito y Buenos Aires, fueron demarcadas como predios individuales y luego
inscritas a nombre de personas que ahora no recuerdan en qué momento se
convirtieron en propietarios.
Mongabay Latam accedió a 47 de esas fichas catastrales elaboradas en el
2015 por el equipo de la Drsau que llegó hasta Masisea, una localidad ubicada
a unas tres horas de navegación por el río Ucayali desde la ciudad de Pucallpa.
Los números de estas fichas catastrales figuran en la lista de los 64 predios que
la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha incluido en su
investigación por delitos contra los bosques y formaciones boscosas en contra
de la colonia menonita.
24
Imagen satelital de la plataforma ArcMap que muestra los predios con los números de las fichas
catastrales entregadas en el 2015.
Fuente: ArcMap / Sandra Ríos (IBC).
Además, en la búsqueda de las 47 fichas en el Sistema Catastral para Predios
Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (SICAR) —base de datos
oficial que muestra información de los predios rurales de Perú— pudimos
establecer que 29 de esos predios se superponen con los territorios de dos
comunidades del pueblo shipibo-konibo: cuatro con la comunidad nativa Caimito
y 25 con la comunidad nativa Buenos Aires.
“Eso fue un negocio muy grande. Los mismos trabajadores de agricultura tienen
la culpa. El que era director de Agricultura, [Isaac] Huamán ha dado los predios
a esas personas. Lo hicieron en coordinación con la municipalidad. El alcalde de
Masisea hacía reunión con los trabajadores explicando que iban a titular los
predios”, dice Adán Sánchez, presidente de la Federación Fronteriza de las
Comunidades Nativas del Lago Imiria y Chauya Masisea (Feconalicm), en una
entrevista telefónica con Mongabay Latam.
25
Deforestación en papel
Esta historia comienza con un grupo de funcionarios en campo rellenando
decenas de fichas catastrales con lo que iban observando supuestamente en
ese momento. Un terreno, por ejemplo, se distribuía entre un 20 % de maíz, 20
% de plátano, 10 % de yuca, 20 % más de cacao y 30 % de purma —como
se llama a la vegetación que crece cuando se deja descansar la tierra. Así fue
como los técnicos de la Drsau fueron elaborando cada uno de los documentos
catastrales, según la versión de un extrabajador del Gobierno Regional de
Ucayali, de quien mantenemos su nombre en reserva por seguridad.
26
CONCLUSIONES
 Las cuestiones medioambientales habían comenzado a ser consideradas
hace ya varias décadas, pero es sólo en los últimos años cuando estas
materias han comenzado a constituir una fuente de preocupación para los
gobiernos y las poblaciones en general y se han intensificado las acciones
de sensibilización para la defensa del medio ambiente y se han tomado las
diligencias oportunas para solucionar los problemas surgidos en esta área.
 En el país con la distracción con los conflictos ambientales el Gobierno se
ha descuidado del impacto ambiental de la actividad industrial: la promoción
de la producción limpia y la remediación ambiental. La Amazonía peruana es
el segundo pulmón del mundo y es la mayor reserva biológica natural del
mundo y en su tupida vegetación hay de todo.
 La Amazonía es vida y se debe encontrar los mecanismos necesarios para
protegerla y no seguir deforestándola. Las causas de estos ciclos
perniciosos son múltiples pero queda claro que están incluidas las fallas
institucionales y políticas; y también los indefinidos derechos sobre la
propiedad.
 Los más importantes retos ambientales en el Perú son reducir la frecuencia
de males transmitidos por el agua, enfermedades causadas por la
contaminación atmosférica urbana y en locales cerrados, y minimizar la
vulnerabilidad a los desastres naturales. La falta de capacidad gerencial,
constituye un reto fundamental en términos de implementar planes y
regulaciones ambientales. La mayoría de las entidades debe arreglárselas
con fondos insuficientes o con recursos variables proporcionados por la
comunidad de donantes.
27
RECOMENDACIONES
Corto Plazo: Reforma institucional
 Desarrollar un mecanismo de fijación de prioridades basado en:
(a) los impactos de la degradación ambiental en los más pobres y otros
grupos vulnerables,
(b) las necesidades más urgentes percibidas por la población y
(c) los mayores costos públicos y privados y los riesgos que la
degradación ambiental infringe en la sociedad en conjunto. (Costo: bajo)
 Establecer un proceso de planeamiento para alinear el gasto ambiental
con las prioridades. (Costo: bajo)
 Fortalecer la capacidad de CONAM para coordinar y fomentar el consenso
entre sectores. (Costo: modesto)
 Emitir regulaciones para la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
(Costo: bajo)
 Establecer una agencia de saneamiento ambiental en el Ministerio de
Salud para regular los parámetros de calidad ambiental que afectan a la
salud, incluyendo: (i) emisión de PM2.5, plomo , contaminantes tóxicos;
(ii) calidad en combustibles para afrontar la calidad del aire; (iii)
parámetros de la calidad del agua, tal como calidad bacteriológica,
Órganos Contaminantes Persistentes, Compuestos Orgánicos Volátiles y
metales pesados. Implementar reformas propuestas por el gobierno, tal
como establecimiento de un ente regulador del ambiente (Procuraduría
Ambiental), para dirigir la aplicación de la norma en todos los sectores
productivos. (Costo: moderado)
 Establecer una agencia autónoma responsable de las medidas no
estructurales para prevenir los desastres naturales. (Costo: moderado).
28
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
Añi Ugaz, Carlos (2008). “Estudio que busca desarrollar la auditoria del medio
ambiente por el profesional contable” Revista El Contador Público
2008. Lima: UNMSM.
Melseldzic, Ziavara (2005). Contaminaciónambiental en que vivimosen América
Latina.
Alcover, C. (2005). La mediación como estrategia para la resolución de
conflictos: una perspectiva psicosocial área de psicología social.
(S/E). Madrid.
Aranguren, L. (2005). La participación ciudadana posibilidades y retos.
(S/E).España
Arévalo, J. (2007). La tradición, el patrimonio y la identidad, frente a la restrictiva
y tradicional noción de tradición. (S/E). Paris –Francia.
Bayón, Morejón. (2005) cultura ambiental y la construcción de entornos de
reproducción social en cuba: un reto para el siglo 21 Autores, (S/E) La
Abana – Cuba
Bebbington. Humphreys. (2009). Actores y ambientalismos: conflictos
socioambientales en el Perú” (S/E). Perú
Carpio y Meneses; (2006) Guía para el manejo de conflictos especialmente
socioambientales, E.D. Fraga. Quito - Ecuador
Echave, J. Diez, A. Huber, L. Revesz, X. Lanata, R. Tanaka, M. (2009). Minería
y conflicto social. E.D. CBC, CIPCA, CIES, IEP. Lima.
Harnecker. (2005). Herramientas para la participación., (S/E). Cuba.
Hernandez F. (2007). La participación ciudadana en los conflictos ambientales.
(S/E). Santiago
Huamaní, Macassi, Alegría, Rojas T. (2012). Hacia una mejor gestión de los
conflictos socio-ambientales en el Perú, (S/E) Lima.

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  • 1. 1 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Escuela Académica Profesional de Medicina veteranía y zootecnia CONFLICTOS MABIENTALES EN EL PERÚ Cátedra : FILOSOFÍA Catedrático : Lic. KETTY BETZABE PATIO ROSALES Integrante : HERRERA LUJAN FABIAN NAHUN HURTADO CHAMORRO JOEL JULIAN HUAYANAY MAHURA MARCOS POMA GAYO OSNEL CHAYAN MAGÜIÑA JIMENES JHAN CARLO MEZA HUAMAN ANGHELO Semestre : IV Huancayo Perú 2022
  • 2. 2 DEDICATORIA A Dios ante todo agradecemos, a nuestra familia, a mis amigos que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas de una manera incondicional. A nuestros docentes que nos apoyan en nuestra carrera profesional.
  • 3. 3 ÍNDICE GENERAL DEDICATORIA ...............................................................................................................2 ÍNDICE GENERAL.........................................................................................................3 INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................5 CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 1.1. Problemas ambientales .......................................................................................6 1.2. Criterios de evaluación de los problemas, para su priorización: ..................7 1.2.1. Relevancia socioeconómica: ..................................................................7 1.2.2 Relevancia política: ....................................................................................7 1.2.3 Extensión: ....................................................................................................7 1.2.4 Complejidad:................................................................................................7 1.2.5. Oportunidades:..........................................................................................8 1.2.6 Atractivo mediático:....................................................................................8 1.3. Problemas evaluados: .........................................................................................8 1.3.1 Caos ambiental urbano: ............................................................................8 1.3.2 Minería ilegal ...............................................................................................9 1.2.3 Minería formal: ............................................................................................9 1.3.4. Deforestación, tala ilegal y mala gestión de bosques: .......................9 1.3.5. Agricultura insostenible: .........................................................................10 1.3.6. Cambio climático: ....................................................................................11 1.3.7. Pobre representación política favorable a una gestión ambiental responsable: ............................................................................................11 CAPITULO II CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL PERÚ 2.1. La lideresa Kichwa que defiende su territorio de taladores ilegales y narcotraficantes en la Amazonía de Perú ......................................................12 2.2. Catoteni: la comunidad ashéninka que defiende a la reserva El Sira de la tala ilegal y el narcotráfico.................................................................................17
  • 4. 4 2.3. Menonitas en Perú: la historia oculta de la entrega de bosques en Masisea................................................................................................................22 CONCLUSIONES ........................................................................................................26 RECOMENDACIONES ...............................................................................................27 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA...............................................................................28
  • 5. 5 INTRODUCCIÓN El año 2021 fue un año difícil para el Perú. No solo se agudizó la violencia contra los defensores ambientales, sino que también se registró un grave aumento de la deforestación en el país. La cobertura de Mongabay Latam señaló el impacto de ambos problemas y mostró cómo las carreteras se han convertido en vías que abren caminos para las mafias ilegales y el grave impacto de estos delitos en los territorios indígenas. Además, los reportajes mostraron la debilidad del aparato estatal para la fiscalización ambiental, así como conflictos fronterizos que se agravan sin que las autoridades intervengan. El 2021 fue también un año marcado por distintos proyectos presentados por congresistas y funcionarios estatales para reactivar la economía después de crisis generada por la pandemia. Sin embargo, muchas de estas iniciativas eran, según expertos, bombas de tiempo ambientales. En cuanto a los conflictos socio ambientales, éstos son generados por la contraposición de intereses, derechos, perspectivas, racionalidades y lógicas con relación al manejo del medio natural y los recursos que allí existen. Los desequilibrios provocados en la naturaleza se dan a causa de la minería, con lo cual se expresa una infinidad de problemas generados en el medio ambiente, dichos problemas son de carácter social, económico, cultural y ambiental, ello ocasiona daños irreparables en la salud, bienestar en la familia, muerte de los animales, contaminación de flora, fauna y agua.
  • 6. 6 CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 1.1. Problemas ambientales Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo, dotado de un extenso y variado territorio con una enorme cantidad de recursos naturales. Sin embargo, los recursos naturales no han sido usados para desarrollar una economía resistente y variada. En lugar de eso, a través de su historia, ha habido un patrón según el cual un determinado recurso desencadena un auge económico que es rápidamente seguido por la reducción de los recursos y el colapso (Castro 2005). Algunos de los recursos que han experimentado estos ciclos de auge y colapso son el guano de las islas (1850s - 1870s),salitre (1860s - 1870s),el caucho (1890s - 1910) y la anchoveta (1960s - 1970s). El auge del sector agro- industrial duró más de siete décadas hasta que finalmente colapsó cuando se introdujo la Reforma Agraria de 1969 que redistribuyó los derechos de propiedad de la tierra. Las actividades mineras han permanecido como el pilar de la economía nacional desde tiempos de la colonia, pero no han estado libres de problemas, incluyendo una disminución en la producción de minerales durante el final del siglo 18 que tuvo amplias implicaciones económicas. Las causas de estos ciclos perniciosos son múltiples pero queda claro que están incluidas las fallas institucionales y políticas; y también los indefinidos derechos sobre la propiedad. Desde 1993, el Perú ha tomado pasos concretos para reducir los impactos negativos sociales y ambientales del sector minero, que incluyen: (a) la creación de un marco institucional para armonizar la responsabilidad institucional y la legislación ambiental; (b) desarrollando normas ambientales sectoriales; (c) definiendo estándares ambientales para la calidad del aire, agua y suelo; y (d) elaborando un inventario de responsabilidades ambientales mineras (Banco Mundial 2005). La gestión sectorial ambiental se ha desarrollado de manera desigual entre sectores. El marco institucional peruano asigna las principales responsabilidades reguladoras del control de la contaminación y manejo
  • 7. 7 ambiental a las unidades creadas en cada autoridad del sector. El sector Energía y Minas encabeza estos esfuerzos desarrollando normas sectoriales basadas en el uso de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Gestión Ambiental y Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs), y Límites Máximos Permisibles (LMPs) y estableciendo una entidad independiente para reforzar las normas ambientales en los subsectores de electricidad y de hidrocarburos. También han sido establecidas unidades ambientales en los Ministerios de Producción, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A pesar de estos esfuerzos, el acercamiento sectorial del Perú a la gestión ambiental y al control de la contaminación, ha evidenciado debilidades significativas, incluyendo una amplia variación a través de sectores en términos de desarrollar regulaciones apropiadas para salvaguardar el ambiente y una limitada capacidad institucional para aplicar esas regulaciones efectivamente. Más aún, la carencia de una coordinación general y de claridad en la aprobación de procesos ambientales, afectan generalmente la confianza en las inversiones y debilitan la competitividad del país a largo plazo. 1.2. Criterios de evaluación de los problemas, para su priorización: 1.2.1. Relevancia socioeconómica: Número de personas afectadas negativamente; impacto económico del problema. 1.2.2 Relevancia política: Grado de afectación a la gobernabilidad; potencial de conflictividad. 1.2.3 Extensión: Amplitud geográfica y temporal de los procesos y sus consecuencias. 1.2.4 Complejidad: Grado de coordinación inter-sectorial y entre estamentos de la sociedad requerido para influir en la problemática = Nivel de liderazgo requerido.
  • 8. 8 1.2.5. Oportunidades: Existencia y grado de maduración de propuestas de solución, grupos de interés comprometidos con el tema y capacidades (financieras, institucionales, etc.) para implementar soluciones. 1.2.6 Atractivo mediático: Hasta qué punto el problema puede ser presentado de manera noticiosa y atraer opinión pública.” Los criterios elegidos se basaron en la experiencia profesional de los autores y la consulta con diversos especialistas en la materia. 1.3. Problemas evaluados: 1.3.1 Caos ambiental urbano: “Contaminación atmosférica relacionada con el sistema de transporte (defectos y carencias en la red vial urbana, en el transporte público masivo, en las reglas de tránsito, en la cultura de manejo, en el acceso a combustibles menos contaminantes, en la promoción del transporte. Los Principales Problemas Ambientales políticamente relevantes en el Perú. La contaminación sonora; mala gestión de residuos y efluentes; edificaciónanti-ecológica; carencia de áreas verdes y espacios públicos; mala gestión de fuentes de agua y del agua potable. A esto se añade la presión incontenida de invasiones de terrenos para expansión urbana, que nutre otros problemas, como la destrucción de espacios silvestres periurbanos y el tráfico de agua que hacen daño a la salud como potable”. Que planteamientos ejecutará el gobierno para reducir los problemas mencionados. Se necesita combustibles ecológicos que resulten menos contaminantes. En el caso del transporte no motorizado se observa que en algunos distritos en la ciudad de Lima se promueve el uso de bicicletas para tramos cortos (Surco y Miraflores) con la instalación de estaciones municipales, pero resulta necesario que todos los distritos promuevan esta práctica que favorece al medioambiente y la salud de los usuarios. Los tres ríos que abastecen de agua a Lima Metropolitana se ven afectados por las descargas generadas por minería, industrias, actividades agrícolas y desagües domésticos. Especialmente la cuenca del río Rímac presenta niveles severos de contaminación.
  • 9. 9 1.3.2 Minería ilegal “Devastación de bosques amazónicos (más de 50,000 hectáreas) y humedales altoandinos; contaminación de cuencas y ecosistemas en todas las regiones del país; altos contenidos de metales pesados en miles de menores de edad y madres gestantes; invasión de áreas naturales protegidas y parques arqueológicos; violencia e inseguridad y tráfico de menores”.3 Se puede señalar que la pobre institucionalidad de la gestión pública que a la fecha permite el crecimiento de operaciones ilegales. 1.2.3 Minería formal: “Falta de previsiones ambientales y de interés genuino en la participación y el bienestar locales; lo cual alimenta y facilita la actuación de agitadores y oportunistas, en un contexto de escaso entendimiento de los procesos, riesgos y posibilidades, por parte de los actores relevantes. Carencia o desestimación de protocolos firmes, liderados por el Estado, de gestión social de proyectos mineros, que genere gobierno y bienestar y prevenga conflictos”. “La minería es una de las principales actividades que genera divisas al país, trabajo directo e indirecto a la población, regalías por las concesiones otorgadas, canon minero para los Gobiernos Locales y Regionales donde se desarrolla la actividad minera, sin embargo esto no es suficiente si la población percibe que la operación minera afectará sus comunidades, sembríos, el agua y la salud, el Gobierno antes de autorizar una concesión minera debe tener en claro que no afectará los intereses de la comunidad y tiene que haber comunicación y transparencia en todas las etapas para evitar conflictos que puedan paralizar el proyecto y afecte a todos los interesados.” 1.3.4. Deforestación, tala ilegal y mala gestión de bosques: “Problema presente en más del 60% del territorio continental nacional (el Perú es un país de bosques). Conlleva pérdidas de diversidad biológica, por sobre- explotación o desperdicio de recursos forestales y destrucción directa de bosques, para sustituirlos con agricultura precaria o minería efímera. Es el principal componente de las emisiones peruanas de gases de efecto
  • 10. 10 invernadero. Las normas emitidas para atender la problemática forestal contienen un sesgo casi exclusivamente amazónico y maderero; con confusión de funciones y roles entre instituciones (MINAGRI-MINAM). Pésima relación costo/beneficio en la explotación de los bosques (generalizada pérdida de patrimonio vs. < 1% del PBI)”. Nuestra amazonia es considerada el segundo pulmón del mundo, el 28% de oxigeno del planeta sale de nuestro verde suelo, sin embargo cada año se deforestan más de 150,000 hectáreas en la amazonia para expandir la agricultura formal e informal; pero hay más de 10 millones de hectáreas ya deforestadas en la amazonia peruana. De otro lado, cada hectárea dedicada a la agricultura produce menos del 20% de lo que podría si fuera más tecnificada, reduciendo de esta manera la presión sobre los bosques naturales. La construcción de carreteras en la Amazonía a menudo ha sido acompañada de quema de bosques, tala ilegal, agricultura de roce y quema, minería destructiva, desarrollo no planificado y plantaciones que podrían conducir a la destrucción de cuencas críticas y hábitat silvestres. Resulta recomendable suspender el proceso de concesiones hasta que las futuras reformas sean realizadas. 1.3.5. Agricultura insostenible: “Abuso de agroquímicos; mala gestión del riego y de la irrigación, con desperdicio de los recursos hídricos y salinización de los suelos agrícolas, fomentando además intereses especulativos; mala sanidad de productos agropecuarios de consumo humano (con excesivo contenido de sustancias tóxicas o biológicamente activas); contaminación de aguas y suelos; expansión agropecuaria informal en la Amazonía y abuso del fuego como práctica agrícola; pérdida de andenes, germoplasma nativo (ejm., quinua altoandina, alpacas de colores)y patrimonio agropecuario en general; intereses creados para el ingreso de organismos genéticamente modificados; débil o nula promociónde la agroecología, la agroforestería, la agricultura orgánica y la agrobiodiversidad; crisis del café orgánico, nuestro principal producto agroecológico. La agricultura es el segundo componente más importante en las emisiones peruanas de gases de efecto invernadero”10 Los agroquímicos que se utilizan para el control de plagas y los fertilizantes y aditivos destinados a maximizar el rendimiento de las
  • 11. 11 cosechas y mejorar la calidad del suelo poseen una marcada incidencia ambiental y en la salud de las personas y animales. El mal uso de estos plaguicidas y fertilizantes producen contaminación en suelos y aguas, tanto superficiales como subterráneos. Por otro lado se debe optimizar la eficiencia del riego y el ahorro del agua. Una consecuencia de la salinización del suelo es la pérdida de la fertilidad de la tierra, es necesario capacitar a los usuarios del agua con prácticas adecuada de riego. 1.3.6. Cambio climático: “Creciente riesgo de desastres y eventos climáticos extremos; conflictos por el agua; pérdida de ecosistemas claves y sus servicios (ejm., glaciares); pérdida generalizada de biodiversidad y recursos naturales renovables”. Resulta necesario desarrollar una respuesta integrada a los desastres naturales que enfatice la prevención, analice la vulnerabilidad, y evalúe el riesgo. El Gobierno debe considerar establecer una agencia autónoma a cargo de medidas no estructurales para prevenir los desastres naturales. Esta nueva agencia podría funcionar independientemente de las ya existentes, enfocándose en el alivio de la emergencia.” 1.3.7. Pobre representación política favorable a una gestión ambiental responsable: “Aparejada a una fuerte representación política de grupos de interés contrarios a una gestión ambiental responsable o vinculados al delito ambiental”. El MINAM viene realizando programas de inversión pública para el fortalecimiento de la gestión ambiental y social en Madre de Dios a través de concursos de planes de econegocios en las tipologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Recuperación de Ecosistemas Degradados, Recuperación de Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica, Recuperación y Puesta en Valor de Ecosistemas con Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica y Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Ambiental con la participación de los Gobiernos Regionales, municipales y dependencias descentralizadas de este departamento.
  • 12. 12 CAPITULO II CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL PERÚ 2.1. La lideresa Kichwa que defiende su territorio de taladores ilegales y narcotraficantes en la Amazonía de Perú  Marisol García Apagüeño es la primera mujer en asumir un cargo en su federación indígena (FEPIKECHA)en la región de San Martín y asumió la difícil tarea de acompañar la lucha por el reconocimiento y titulación de pueblos kichwa en el Perú.  La defensora ambiental ha empezado a recibir amenazas luego de dar a conocer ante organismos internacionales el peligro que viven las comunidades kichwa donde proliferan actividades ilegales. “Podrán matar uno, dos, tres de nosotros, pero otros vendrán a defender el bosque, no nos van a exterminar”, dice Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa del Bajo Huallaga en San Martin, Amazonía de Perú. Es la única dirigente mujer de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha) y aunque se siente orgullosa de ocupar ese cargo, sostiene que no es nada fácil, y se vuelve más complicado y peligroso cuando eres la voz de 14 comunidades amenazadas por el tráfico de madera, el narcotráfico y la falta de titulación. La lideresa indígena tiene el cargo de secretaria de actas en la Fepikecha desde el 2018, cuando fue elegida para representar a las comunidades indígenas kichwas del Bajo Huallaga. Desde su comunidad en Chazuta ha impulsado una campaña para hacer públicos los problemas de los pueblos indígenas y denunciar sobre todo las actividades ilegales. Cuenta que usa todos sus conocimientos, entre ellos sus estudios de diseño gráfico y computación, para lograr este objetivo. Ella logró también crear la radio comunitaria Voces de la Selva – Fepikecha y apoyó el lanzamiento de una página de Facebook de la federación. Eso, sin embargo, le ha traído también advertencias y amenazas indirectas de las mafias instaladas en la zona.
  • 13. 13 La defensora ambiental kichwa Marisol García en su comunidad de Túpac Amaru. Foto: Marisol García. “Sigo tocando puertas, me he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar del peligro que estamos viviendo, también nos hemos reunido con organizaciones de derechos humanos, porque mis hermanos están amenazados, han secuestrado a defensores indígenas y yo sé lo que es vivir con miedo, que no puedas salir ni de tu casa porque te pueden matar”, dice la dirigente kichwa. Marisol García recuerda muy bien su infancia en Chazuta, hace 30 años, cuando el Huallaga era conocido como una zona de alta producción de cultivos ilícitos de hoja de coca y de pasta básica de cocaína. Sin embargo, este panorama cambió con el despliegue de numerosas campañas de erradicación lideradas desde el Estado en la década de 1990 y 2000 como señala el estudio titulado El Modelo de Desarrollo Alternativo de la Región San Martín publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A partir del 2005, dice la lidereresa indígena, los habitantes de la zona empezaron a recuperar la tranquilidad y a vivir convencidos de que esa pesadilla se había terminado. Pero el enemigo otra vez acecha a las comunidades indígenas.
  • 14. 14 “Por eso si puedo hablar, lo haré, porque los problemas solo han crecido con la pandemia y no nos escuchan, las autoridades no hacen nada”, asegura Marisol García Apagüeño. Pobladores de la zona, con los que pudimos hablar para este reportaje, confirman que las amenazas han vuelto y que al narcotráfico se suma el crecimiento de otras actividades ilegales como la tala de árboles en territorio kichwa. Sin títulos de propiedad El territorio para los pueblos indígenas es parte de la herencia de sus antepasados, ocupantes originarios que domesticaron plantas y se adaptaron a las condiciones ambientales. Marisol García heredó de sus abuelos ese territorio, así como la técnica para trabajar la cerámica y hacer cántaros que conservan el agua fría. Heredó también el conocimiento de las plantas, del cultivo de cacao, el uso de plantas medicinales. Aunque los kichwas han ocupado el Bajo Huallaga por miles de años, de las comunidades asociadas a Fepikecha ninguna comunidad de las 14 tienen títulos de propiedad sobre sus tierras y tres de ellas no están reconocidas como indígenas, a pesar de haber iniciado el proceso de reconocimiento. Este —aseguran los dirigentes de la federación— sigue en manos de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín (GORE San Martín). Madera extraída ilegalmente en territorio de Santa Rosillo de Yanayaku. Foto: Rondas indígenas del Bajo Huallaga.
  • 15. 15 En el caso de San Martín, Hallazi indica que no se ha avanzado mucho en la titulación de tierras de comunidades indígenas. El especialista del IBC dice que el problema está en la superposición de algunos de los territorios indígenas con áreas protegidas, como es el caso del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En total son 8 comunidades de Fepikecha, en el área del Bajo Huallaga, superpuestas con esta ACR, según informa el presidente de la federación Wilger Apagüeño Cenepo. “Sin título de propiedad no podemos reclamar nada, porque cuando vamos al Gobierno Regional nos preguntan por documentos que no tenemos”, dice Marisol García. William Ríos afirma que en el caso de la superposición con el ACR Cordillera Escalera quien tiene la última palabra es la Autoridad Regional Ambiental. Añade que ellos han empezado un proceso de mejora de su sistema para titular a las comunidades y van a revisar el caso de Fepikecha. El especialista Luis Hallazi insiste en que el Gobierno Nacional ha impulsado áreas de conservación regionales y privadas sin respetar los límites de los territorios indígenas. Para Hallazi existe una relación directa entre las actividades ilegales y la falta de titulación, pues sin un documento legal que avale la propiedad de sus territorios, no solo no pueden reclamarle al Estado por invasiones, sino que se les niega sus propios derechos. Explica que, en San Martín y en la Amazonía en general, grupos de colonos suelen asentarse en los territorios de las comunidades, deforestan, venden madera y empiezan a sembrar coca. Cuando están instalados, ya es difícil sacarlos de las tierras, y los peligros se vuelven latentes.
  • 16. 16 Zonas deforestadas de la comunidad Anak Kurutuyacu donde se ha encontrado madera extraída. Foto: Rondas indígenas del Bajo Huallaga. Marisol García afirma que este el caso de dos de las comunidades que más apoyo le han solicitado, Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu, cuyos problemas por deforestación y la invasión de terrenos para cultivos ilícitos de coca se han agravado en los últimos cuatro años. “Es tan grave que no pueden salir, se encuentran como secuestrados por las mafias, los siguen, están al tanto de todos sus movimientos”, afirma. Para la lideresa kichwa, si las comunidades tuvieran un título de propiedad podrían presionar para desalojar a los invasores. “Pero nos discriminan constantemente, nos piden explicaciones de que somos realmente indígenas, nos cuestionan si somos originarios”, asegura en alusión a las palabras del alcalde Geyner Silva Macedo. Añade que ya no saben qué hacer ante el aumento del tráfico de madera y el narcotráfico en el contexto de la pandemia. Los comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu cuentan que las invasiones en su territorio comenzaron con concesiones privadas otorgadas en los que consideran
  • 17. 17 bosques ancestrales. En zonas cercanas a estos linderos aparecieron taladores de madera que empezaron a destruir bosque primario. Otra forma de invasión que sufren las comunidades es con la llegada de colonos, afirma Luis Hallazi. Son ellos quienes invaden, lotizan y convierten el bosque en áreas de cultivo, que luego usan para actividades ilegales. Algunos comunidades de Fepikecha, por otro lado, también han optado por alquilar sus tierras a terceros para tener un ingreso y estos han terminado talando sus árboles. “Personas extrañas llegan —comentan los dirigentes de Fepikecha—, se empiezan a asentar y como el cultivo que más dinero da es la coca, empiezan a producir”. 2.2. Catoteni: la comunidad ashéninka que defiende a la reserva El Sira de la tala ilegal y el narcotráfico  En medio de una de las zonas con mayor deforestación de Ucayali, la comunidad indígena de Catoteni lucha contra las actividades ilegales que causan deforestación en la provincia de Atalaya y en la zona sur de El Sira.  La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental señala que los principales delitos que se registran dentro de las comunidades indígenas de esta provincia son la tala ilegal y los cultivos ilegales de hojas de coca. Más de 30 de las 54 pistas clandestinas usadas para el narcotráfico en la región Ucayali se ubican en Atalaya y diez de ellas dentro de las comunidades.  Pese a este panorama, la Reserva Comunal El Sira se mantiene en un estado alto de conservación. Para el Sernanp, las comunidades indígenas como Catoteni funcionan como una barrera frente a las potenciales amenazas al área protegida. Zacarías Huaroco, de 65 años, no olvida la primera vez que conoció un árbol de cedro. Tenía siete años de edad y fue una de las primeras veces en la que su padre Delfín le permitió que lo siga por las colinas de un territorio habitado por los ashéninkas, la misma etnia a la que pertenecen él y toda su familia. Recuerda que los cedros, a su corta edad, lucían como árboles interminables, que se imponían en medio del bosque espeso de esta zona de la provincia de Atalaya, en Ucayali. Cuarenta años más tarde, esas tierras de la Amazonía de Perú se convertirían en la Reserva Comunal El Sira.
  • 18. 18 Cuando la reserva estaba a punto de ser creada, hace poco más de 20 años, “los madereros ya habían arrasado con gran parte del bosque, habían entrado con máquinas que ahuyentaron a los animales”, cuenta Huaroco, líder ashéninka de la Comunidad Nativa de Catoteni. Por eso la caminata que emprendió con su hijo para mostrarle los mismos árboles que vio de pequeño les tomó mucho más tiempo. Catoteni consiguió su titulación en 1986. Fue una de las primeras comunidades en la zona en obtener estos derechos sobre su territorio. Foto: Christian Ugarte / Mongabay Latam. Zacaría Huaroco cuenta que lo más triste de todo fue descubrir que quizás sus nietos no llegarían a conocer uno de esos árboles magistrales. “¿Qué otros árboles o animales seguirán desapareciendo si no hacemos algo al respecto?”, se pregunta el líder ashéninka. La historia de Huaroco es también la de Catoteni, una de las 69 comunidades indígenas que se encuentran alrededor de la Reserva Comunal El Sira. En Catoteni, ubicada al sur del área protegida, en la provincia de Atalaya, cerca de 100 familias luchan contra la tala ilegal de los pocos árboles que quedan en pie como la moena (Aniba amazonica), la capirona (Calycophyllum spruceanum) y hasta el shihuahuaco (Dipteryx micrantha), especies que sufren una alta presión por la deforestación. De hecho, los habitantes de esta comunidad han
  • 19. 19 evitado que en sus tierras se expandan los cultivos ilegales de hoja de coca. Ellos se han convertido en una barrera contra la ilegalidad que los acecha. La historia de Catoteni se resume entonces en una palabra: resistencia. El café es el principal motor de economía en Catoteni. Foto: Christian Ugarte / Mongabay Latam. Una provincia presionada por el narcotráfico Al ver el mapa de deforestación de los últimos once años en la región Ucayali aparecen dos grandes territorios devastados: uno en el norte, en la provincia de Padre Abad, y el otra en la provincia de Atalaya, justo alrededor de la Reserva Comunal El Sira. La presión es tal en Padre Abad que el último ataque a un defensor indígena sucedió ahí este último fin de semana: el comunero cacataibo Merino Odicio, quien patrulla su comunidad, en Mariscal Cáceres, para frenar el posible ingreso de cocaleros a su territorio, fue gravemente herido. La lucha de Catoteni sucede en la provincia de Atalaya, la que concentra la mayor cantidad de comunidades indígenas de la región, tanto tituladas como en espera de titulación; donde en los últimos dos años se han registrado la mayoría de pistas ilegales para el narcotráfico y la que ocupa el segundo lugar en deforestación en Ucayali.
  • 20. 20 El mapa muestra el avance de la deforestación y la presencia de pistas clandestinas en la región Ucayali. Imagen: Alejandra Olguín. En Atalaya, la pérdida de bosque desde el 2001 hasta el 2017 ha sido de más de 74 mil hectáreas, como señala la Estrategia Regional de Cambio Climático en Ucayali, realizado por el gobierno regional. Los testimonios recogidos por Mongabay Latam en Atalaya señalan que el pico de deforestación creció desde 2011, cuando se terminó de construir la carretera Puerto Ocopa (Junín)-Atalaya (Ucayali). Atalaya está conformada por cuatro distritos: Tahuanía, Yurua, Sepahua y Raymondi. En Tahuania y Raymondi es donde se encuentran las comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de El Sira y es en Raymondi donde se ubica Catoteni. Son esos dos los distritos donde Raúl Huaroc, fiscal provincial de
  • 21. 21 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya, señala que se concentran la mayor cantidad de denuncias que ha recibido en los últimos dos años. “El problema comienza con la extracción de la madera. Una vez que se sacan los árboles importantes, se habilitan los espacios para el sembrío de cultivos ilegales”, comenta Huaroc a Mongabay Latam. Estas dos actividades ilícitas son los principales delitos que suceden dentro de las comunidades indígenas de Atalaya, según refiere el fiscal. Pero en Raymondí el mayor problema es la tala ilegal, mientras que en Tahuania se concentran los casos de denuncias de cultivos como la hoja de coca para el narcotráfico. En el mapa se observa cómo la Reserva Comunal El Sira se mantiene en buen estado de conservación en comparación con la zona de amortiguamiento. Los puntos rosados en la imagen marcan las alertas de deforestación solo durante la pandemia. Imagen: Global Forest Watch. La evidencia de narcotráfico en la provincia radica en las denuncias que recibe la FEMA Atalaya, los testimonios de los pobladores en la provincia y los estudios realizados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) sobre las amenazas alrededor del área protegida de El Sira. Aunque la prueba más reciente ha sido publicada este mes por el mismo Gobierno Regional de Ucayali: la detección de 54 pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico, entre 2020 y 2021, en la región.
  • 22. 22 Según este análisis, 31 de las 54 pistas están en Atalaya. Si hablamos solo de las nueve nuevas pistas encontradas en Ucayali este año, cuatro están ubicadas en esta provincia. Además, 10 de las 31 pistas en Atalaya se ubican dentro de ocho comunidades nativas: cinco de la etnia asháninka, dos ashéninkas y una amahuaca. Tanto Raymondi, Tahuanía como Sepahua tienen presencia de pistas. Solo en el distrito de Yurua aún no han sido detectadas. 2.3. Menonitas en Perú: la historia oculta de la entrega de bosques en Masisea  Un sistema de titulación de predios de manera irregular está detrás de las tierras que ahora ocupa la colonia menonita en Masisea.  Más de 40 fichas catastrales fueron elaboradas en el 2015 con información falsa para titular bosques como si fueran áreas de cultivo.  Este mecanismo irregular, usado en varios lugares de la región Ucayali, no solo permitió que se deforesten alrededor de 1000 hectáreas de bosques del Estado en Masisea, sino también dentro de comunidades nativas. En setiembre de 2015, un grupo de trabajadores de la Dirección Regional Sectorial Agricultura de Ucayali (Drsau) llegó al distrito de Masisea con un fin: hacer un catastro rural en un área de bosque situada al borde de la carretera Masisea-Imiría, vía que recorre un tramo de la Amazonía peruana. Ese fue el inicio de un intrincado sistema de entrega irregular de terrenos que tiempo después acabaron en manos de la colonia menonita, establecida en ese distrito del departamento de Ucayali. En este proceso participaron autoridades del Gobierno Regional de Ucayali — algunas de ellas hoy investigadas y con prisión domiciliaria— que utilizaron sus cargos para entregar bosques de manera ilegal. Esta historia es un buen ejemplo de cómo en el Perú, algunos bosques se talan primero en papel y luego en el campo. El Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, explica que esta es una modalidad más del tráfico de tierras, en la que la adjudicación de terrenos en papel parece legal, pero que en realidad se sustenta en información
  • 23. 23 fraudulenta. “Es lo que pasa en la Amazonia y lo que pasa en Ucayali, es decir, personas que sirven de testaferros para que reciban los predios y después los venden. En esta búsqueda nos vamos a encontrar con actos de corrupción de los gobiernos regionales, que no es un secreto. Se sabe que los gobiernos regionales han utilizado los títulos agrarios para sanear propiedad del Estado que tenía bosques primarios”. Los bosques en la carretera Masisea Imiría son ahora campos de cultivo en manos de la colonia menonita de Masisea. Foto: Sebastian Castañeda. Más de 1000 hectáreas de bosques, ubicados en la ruta que va desde la pequeña ciudad de Masisea hasta los territorios de las comunidades nativas Caimito y Buenos Aires, fueron demarcadas como predios individuales y luego inscritas a nombre de personas que ahora no recuerdan en qué momento se convirtieron en propietarios. Mongabay Latam accedió a 47 de esas fichas catastrales elaboradas en el 2015 por el equipo de la Drsau que llegó hasta Masisea, una localidad ubicada a unas tres horas de navegación por el río Ucayali desde la ciudad de Pucallpa. Los números de estas fichas catastrales figuran en la lista de los 64 predios que la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha incluido en su investigación por delitos contra los bosques y formaciones boscosas en contra de la colonia menonita.
  • 24. 24 Imagen satelital de la plataforma ArcMap que muestra los predios con los números de las fichas catastrales entregadas en el 2015. Fuente: ArcMap / Sandra Ríos (IBC). Además, en la búsqueda de las 47 fichas en el Sistema Catastral para Predios Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (SICAR) —base de datos oficial que muestra información de los predios rurales de Perú— pudimos establecer que 29 de esos predios se superponen con los territorios de dos comunidades del pueblo shipibo-konibo: cuatro con la comunidad nativa Caimito y 25 con la comunidad nativa Buenos Aires. “Eso fue un negocio muy grande. Los mismos trabajadores de agricultura tienen la culpa. El que era director de Agricultura, [Isaac] Huamán ha dado los predios a esas personas. Lo hicieron en coordinación con la municipalidad. El alcalde de Masisea hacía reunión con los trabajadores explicando que iban a titular los predios”, dice Adán Sánchez, presidente de la Federación Fronteriza de las Comunidades Nativas del Lago Imiria y Chauya Masisea (Feconalicm), en una entrevista telefónica con Mongabay Latam.
  • 25. 25 Deforestación en papel Esta historia comienza con un grupo de funcionarios en campo rellenando decenas de fichas catastrales con lo que iban observando supuestamente en ese momento. Un terreno, por ejemplo, se distribuía entre un 20 % de maíz, 20 % de plátano, 10 % de yuca, 20 % más de cacao y 30 % de purma —como se llama a la vegetación que crece cuando se deja descansar la tierra. Así fue como los técnicos de la Drsau fueron elaborando cada uno de los documentos catastrales, según la versión de un extrabajador del Gobierno Regional de Ucayali, de quien mantenemos su nombre en reserva por seguridad.
  • 26. 26 CONCLUSIONES  Las cuestiones medioambientales habían comenzado a ser consideradas hace ya varias décadas, pero es sólo en los últimos años cuando estas materias han comenzado a constituir una fuente de preocupación para los gobiernos y las poblaciones en general y se han intensificado las acciones de sensibilización para la defensa del medio ambiente y se han tomado las diligencias oportunas para solucionar los problemas surgidos en esta área.  En el país con la distracción con los conflictos ambientales el Gobierno se ha descuidado del impacto ambiental de la actividad industrial: la promoción de la producción limpia y la remediación ambiental. La Amazonía peruana es el segundo pulmón del mundo y es la mayor reserva biológica natural del mundo y en su tupida vegetación hay de todo.  La Amazonía es vida y se debe encontrar los mecanismos necesarios para protegerla y no seguir deforestándola. Las causas de estos ciclos perniciosos son múltiples pero queda claro que están incluidas las fallas institucionales y políticas; y también los indefinidos derechos sobre la propiedad.  Los más importantes retos ambientales en el Perú son reducir la frecuencia de males transmitidos por el agua, enfermedades causadas por la contaminación atmosférica urbana y en locales cerrados, y minimizar la vulnerabilidad a los desastres naturales. La falta de capacidad gerencial, constituye un reto fundamental en términos de implementar planes y regulaciones ambientales. La mayoría de las entidades debe arreglárselas con fondos insuficientes o con recursos variables proporcionados por la comunidad de donantes.
  • 27. 27 RECOMENDACIONES Corto Plazo: Reforma institucional  Desarrollar un mecanismo de fijación de prioridades basado en: (a) los impactos de la degradación ambiental en los más pobres y otros grupos vulnerables, (b) las necesidades más urgentes percibidas por la población y (c) los mayores costos públicos y privados y los riesgos que la degradación ambiental infringe en la sociedad en conjunto. (Costo: bajo)  Establecer un proceso de planeamiento para alinear el gasto ambiental con las prioridades. (Costo: bajo)  Fortalecer la capacidad de CONAM para coordinar y fomentar el consenso entre sectores. (Costo: modesto)  Emitir regulaciones para la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. (Costo: bajo)  Establecer una agencia de saneamiento ambiental en el Ministerio de Salud para regular los parámetros de calidad ambiental que afectan a la salud, incluyendo: (i) emisión de PM2.5, plomo , contaminantes tóxicos; (ii) calidad en combustibles para afrontar la calidad del aire; (iii) parámetros de la calidad del agua, tal como calidad bacteriológica, Órganos Contaminantes Persistentes, Compuestos Orgánicos Volátiles y metales pesados. Implementar reformas propuestas por el gobierno, tal como establecimiento de un ente regulador del ambiente (Procuraduría Ambiental), para dirigir la aplicación de la norma en todos los sectores productivos. (Costo: moderado)  Establecer una agencia autónoma responsable de las medidas no estructurales para prevenir los desastres naturales. (Costo: moderado).
  • 28. 28 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA Añi Ugaz, Carlos (2008). “Estudio que busca desarrollar la auditoria del medio ambiente por el profesional contable” Revista El Contador Público 2008. Lima: UNMSM. Melseldzic, Ziavara (2005). Contaminaciónambiental en que vivimosen América Latina. Alcover, C. (2005). La mediación como estrategia para la resolución de conflictos: una perspectiva psicosocial área de psicología social. (S/E). Madrid. Aranguren, L. (2005). La participación ciudadana posibilidades y retos. (S/E).España Arévalo, J. (2007). La tradición, el patrimonio y la identidad, frente a la restrictiva y tradicional noción de tradición. (S/E). Paris –Francia. Bayón, Morejón. (2005) cultura ambiental y la construcción de entornos de reproducción social en cuba: un reto para el siglo 21 Autores, (S/E) La Abana – Cuba Bebbington. Humphreys. (2009). Actores y ambientalismos: conflictos socioambientales en el Perú” (S/E). Perú Carpio y Meneses; (2006) Guía para el manejo de conflictos especialmente socioambientales, E.D. Fraga. Quito - Ecuador Echave, J. Diez, A. Huber, L. Revesz, X. Lanata, R. Tanaka, M. (2009). Minería y conflicto social. E.D. CBC, CIPCA, CIES, IEP. Lima. Harnecker. (2005). Herramientas para la participación., (S/E). Cuba. Hernandez F. (2007). La participación ciudadana en los conflictos ambientales. (S/E). Santiago Huamaní, Macassi, Alegría, Rojas T. (2012). Hacia una mejor gestión de los conflictos socio-ambientales en el Perú, (S/E) Lima.