Este pronunciamiento es histórico. Se comprueba que dos candidatos de Morena infringieron la ley y deben ser sancionados... Falta ahora que el Presidente y su partido se sometan al imperio de la ley y a las reglas de la democracia. Esto lo veremos a partir de mañana...

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Intervención en el acatamiento sobre Guerrero
Ciro Murayama, 13 de abril de 2021.
Hoy estamos aquí para acatar determinaciones del Tribunal Electoral, para
hacer valer la Constitución y la ley.
La sentencia del Tribunal sobre la fiscalización de las precampañas en el
estado de Guerrero aporta, a mi consideración, cinco conclusiones muy
relevantes, que deben guiar nuestra decisión.
En primer lugar, la Sala Superior determinó que sí hubo precampañas del
partido Morena en Guerrero para definir su candidatura a gobernador. Era
verdad evidente y hoy es verdad jurídica.
Dos. Hubo precampaña y existieron precandidatos. El Tribunal confirmó
lo que el INE vio y documentó: que distintos ciudadanos aspiraron a la
nominación partidista y realizaron actividad política.
Tres. A pesar de tener un proceso interno de competencia por la
nominación a la gubernatura y a pesar de tener precandidatos, el partido y los
ciudadanos incumplieron con su obligación de rendir cuentas. Es ya un hecho
jurídico irrevocable que Morena no presentó, como tampoco hicieron sus
precandidatos, los informes de ingresos y gastos de precampaña. Y el Tribunal
desmontó la pretensión de que, una vez concluida la fiscalización e incluso
agotado el procedimiento oficioso, se vale enviar a última hora supuestos
informes para eludir responsabilidades ante el ocultamiento del uso de recursos.
Cuatro. El INE se apegó al debido proceso y dio derecho de audiencia. El
INE emplazó al partido y a los candidatos y, como dicen los abogados, los
venció en juicio. Hay faltas y las faltas merecen ser sancionadas, de eso no deja
duda el Tribunal Electoral.
Cinco. La sanción estipulada en el artículo 229 párrafo tercero de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales es constitucional y, por

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tanto, es válido aplicarla. El Tribunal Electoral, como instancia jurisdiccional
para interpretar y hacer valer la Constitución tiene la facultad de expulsar de
nuestro marco jurídico fracciones de la ley que atenten contra la Constitución,
es decir, contra los derechos fundamentales, pero en su sentencia el Tribunal
confirma que la cancelación de una candidatura por incumplir con la rendición
de cuentas de un precandidato no es una sanción excesiva ni lesiva de derechos.
Punto.
En congruencia, hoy nos toca valorar qué sanción imponer a cada una de
las personas que infringieron la ley. La sanción a Morena ya no es parte de este
acatamiento, porque el Tribunal la confirmó: el partido ocultó sus precampañas,
no registró ante el INE a sus precandidatos ni sus gastos. Dirigentes y
representantes partidistas ante el INE quisieron ocultar la realidad, falsearon
declaraciones al decir que no tuvieron contienda interna y fueron sancionados
de forma justa. Eso dice el Tribunal y la multa impuesta por el INE a Morena
por más de seis millones y medio de pesos es tan firme como irrevocable. Hasta
ahí los hechos.
¿Cómo valorar, ahora, la sanción que corresponde a quien se constituyó
como precandidato, a quien hizo precampaña y no rindió cuentas de sus ingresos
y gastos, a quien al ser emplazado por la autoridad fiscalizadora negó ser
precandidato, a quien vulneró la ley y, además, mintió? Creo yo que con la única
y expresa sanción que prevé la ley. Sin atenuantes, sin titubeos. Dado que el
Tribunal Electoral confirmó todos los hallazgos de la fiscalización del INE,
nosotros no debemos sino confirmar la sanción impuesta, porque la conducta
fue grave. Eludir la rendición de cuentas, financiarse de manera opaca, querer
engañar a la autoridad diciendo que no hubo precampañas cuando existieron,
tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las que la ley contempla. Nada más,
pero nada menos.

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Por supuesto que Morena tiene derecho a participar en las elecciones en
Guerrero. Y tiene derecho a ganar si la ciudadanía así lo decide. Qué duda cabe.
Lo que no tiene derecho es a imponer candidatos que violan la ley. A Morena
le consta que hubo miles de precandidatos que entregaron sus informes de
ingresos y gastos de precampañas y que, por tanto, fueron avalados por esta
autoridad. El INE fiscalizó a 6,494 precandidatos en todo el país, de todos los
partidos. Precandidatos a gobernador hubo 73, de los cuales 9 fueron de
Morena. Y se detectó, sólo, a omisos en Guerrero y Michoacán. Todos los
demás, pudieron ser registrados y mantener su candidatura no por deferencia
del INE, sino porque cumplieron la ley. Ahí están, en campaña, Alfonso Durazo,
Layda Sansores, Indira Vizcaino, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha, Celia
Maya, Clara Luz Flores, Juan Carlos Loera y David Monreal, todos candidatos
de Morena a gubernaturas que presentaron en tiempo y forma sus informes de
ingresos y gastos de precampañas o no hicieron precampañas. Eso demuestra
que el INE no le tiene animadversión a Morena, ni a ningún otro partido, pero
tampoco tiene temor para aplicar la ley. La falta no es de quien la ve y la
sanciona, sino de quien la comete. Y, por supuesto, no ha lugar a que se amenace
con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las
pretensiones de quien infligió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno.
Con mi voto a favor del proyecto, acato lo que me ordena el Tribunal.
Hasta aquí dejaría mi intervención si no fuera necesario explicar, como lo es, lo
que pienso, como integrante de un órgano constitucional autónomo, de los
intentos de presión de que hemos sido objeto en los últimos días.
Reivindico el derecho de los partidos y de los políticos a inconformarse
ante las decisiones del INE. No somos infalibles y menos aún somos
omnipotentes. Bienvenida la crítica y las impugnaciones. Defiendo, también,
todos los derechos políticos, como la libertad de expresión y manifestación.

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Pero me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación. Y la mejor
manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas.
El partido del gobierno, el partido en el gobierno, nada más y nada menos,
ha usado su poder para descalificar a la institución electoral y a sus integrantes.
Primero fue contra dos consejeros; luego sumaron sus dardos contra una
consejera más y ahora ya se dice que a los siete que votamos por imponer la
sanción que contempla la ley, a cuatro consejeras y a tres consejeros, se les hará
un juicio político.
Además de esa votación, como todos saben, se dio una previa para evitar
la sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados, y la
votación fue nueve a dos. Se trata de mayorías tan públicas como rotundas y,
ciertamente, incómodas. Pero no estamos aquí para complacer al poder, sino
para hacer valer la Constitución, la ley y garantizar los derechos políticos de la
ciudadanía.
El actual Consejo General se integra por cinco consejeras y seis
consejeros designados no por una, ni dos, sino por el consenso de tres
legislaturas distintas de la Cámara de Diputados. Este Consejo nació con el
respaldo calificado de todos, insisto, de todos los actores políticos. Apenas el
año pasado se nombró a dos consejeras y dos consejeros, y de esa designación
también hay votos a favor de las determinaciones del INE que le han hecho
objeto de ataques y amenazas. Pero, a pesar del intento de chantaje, el árbitro,
sereno, marca las faltas y no permite la inclinación de la cancha a favor de nadie.
Se los digo de manera diáfana. Al INE como institución no lo lograron
cooptar. Tampoco lo pudieron doblegar. Ahora, así sea tarde, les toca
aprenderlo a respetar si son demócratas.
Muchas gracias.