El documento argumenta que se necesitan reformas constitucionales y leyes para garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica en Venezuela. Propone que los cargos del poder judicial y otros organismos sean elegidos por voto popular en lugar del congreso, y que se requieran exámenes médicos y psiquiátricos para los candidatos presidenciales. También aboga por regular con más claridad cuestiones como los permisos presidenciales y el papel del vicepresidente. El objetivo final es dar a cada quien lo que le corresponde y lograr