El documento critica duramente al Equipo Jurídico boliviano y al gobierno por vender falsas promesas sobre el caso marítimo ante la Corte Internacional de Justicia. Afirma que el Equipo Jurídico, que costó más de $75 millones, le dijo repetidamente al pueblo boliviano que la victoria estaba garantizada, pero la CIJ rechazó todos los argumentos bolivianos en su fallo. El autor argumenta que las autoridades bolivianas cayeron en los engaños de los abogados internacionales y usaron a Bolivia como un "