El gobierno de Peña Nieto planea aprobar una nueva reforma energética que permita una mayor privatización de la industria petrolera mexicana. Esto incluye permitir más contratos privados para la extracción de petróleo y gas, así como la inversión privada en refinación y transporte. También busca abrir el sector al desarrollo del gas y petróleo no convencional. Sin embargo, la Constitución mexicana establece claramente que los recursos petroleros pertenecen a la nación.