Este documento resume los principales puntos de un código deontológico para profesionales de la información y la documentación. Aborda cuestiones como la propiedad intelectual, los derechos de autor, el acceso a la información, y la protección de datos. Explica que estos profesionales deben equilibrar el acceso a la información con los derechos de los autores. También resume la normativa aplicable en Baleares relacionada con bibliotecas, archivos y patrimonio histórico.

1. Fesabid 2009
XI Jornadas Españolas de Documentación
TALLER 9 .- Los códigos deontológicos profesionales.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
(BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y DOCUMENTALISTAS):
Propiedad intelectual, Derecho de autor, Protección de datos
Por Araceli García Ros, Abogada
1) INTRODUCCIÓN
Con carácter general, un código deontológico se configura como un compendio
o conjunto, más o menos amplio y ordenado, de criterios, normas y valores que
formulan y asumen quienes llevan a cabo una determinada actividad
profesional. La finalidad primordial es reglamentar, ya sea de forma estricta o a
modo de orientación, las cuestiones relativas al “deber” de los miembros de
una determinada profesión, para guiar el ejercicio de la misma desde una
perspectiva ética. Para ello, se nutre, por un lado, del marco jurídico y, por otro,
del marco moral.
En el sector de los Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas, la existencia
de un Código deontológico resulta del todo necesaria y justificada por cuanto
nos hallamos ante una profesión cuyo ejercicio puede plantear y plantea
riesgos éticos. La propiedad intelectual, en relación con los derechos de autor,
la protección en el tratamiento de datos de carácter personal, el derecho de
acceso a la información y la problemática que plantea la obra en formato digital
(obras bajo licencia), son sólo algunos de los aspectos que deben tenerse en
cuenta en la elaboración del código deontológico.
Bibliotecas, centros de documentación y archivos ocupan actualmente una
posición crítica en su tarea de asegurar el acceso a la información,
especialmente en relación con aquellas obras que están protegidas por los
derechos de autor.
La presente exposición únicamente pretende servir de esbozo, de punto de
partida, de los principales puntos de análisis que deben ser tenidos en cuenta
en un estudio más exhaustivo que pueda culminar en la redacción de un código
deontológico que regule la actividad profesional de los bibliotecarios,
documentalistas y archiveros de las Illes Balears.
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2. 2) Ámbitos de actuación – Principales conceptos
• Propiedad intelectual
• Derecho de autor
 Acceso
 Preservación
• Protección de datos
§ Propiedad intelectual y derechos de autor
La propiedad intelectual se configura como un elemento esencial para la
gestión de las bibliotecas, servicios de documentación y archivos. Sirve de
fundamento del ejercicio de la profesión el respeto a la libertad intelectual y la
defensa del derecho de expresión.
La propiedad intelectual es reflejo del delicado equilibrio de intereses que el
legislador intenta aunar para conseguir el doble objetivo de proteger y
promover la creación cultural.
En general en el ámbito de bibliotecarios y documentalistas, destaca en el
ámbito de sus funciones:
- Velar por el equilibrio entre los derechos de autor y el derecho de acceso
a la cultura y la información de los ciudadanos.
- La objetividad.
- El principio de no – discriminación.
- La protección de datos, en la medida que el tratamiento o uso de los
datos personales está sometido al secreto profesional. Medidas para
garantizar la protección y confidencialidad de estas informaciones (los
datos personales únicamente pueden ser difundidos previa autorización
expresa de la persona afectada y en los supuestos en que la ley así lo
prevea).
- Fomento del acceso libre y gratuito a la información (especialmente, en
los casos de servicios financiados con fondos públicos).
Por su parte, en el ámbito de los archiveros:
- Asegurar y posibilitar la utilización de los documentos de archivo y de la
información que contienen con finalidades jurídicas, administrativas,
informativas, culturales y científicas.
- La salvaguarda de los derechos y deberes de las personas que
contienen los documentos.
- La preservación de la memoria colectiva.
- Hacer posible la investigación científica y la difusión de la cultura.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando a su
vez su cumplimiento.
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3. - La conservación y difusión del patrimonio documental, garantizando la
preservación de la memoria colectiva.
- El respeto a los derechos de autor, manteniendo el “justo” equilibrio con
respeto al derecho a la información y el derecho de acceso; todo ello,
con la observancia y cumplimiento necesario de la normativa relativa a la
protección de datos de carácter personal (no vulneración del derecho a
la intimidad personal y familiar)
- Garantizar el derecho a la información, como principio fundamental.
Cuestión distinta es la problemática que plantea el cumplimiento de estos
objetivos o principios y su plasmación real en la práctica diaria.
Cuestiones a plantear:
A) Derechos de autor: facultades de explotación y facultades morales.
B) Con la nueva redacción dada por la Ley 23/2006, se modifica el límite
que contempla la posibilidad de que museos, archivos, bibliotecas,
hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a
entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin
ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo
español realicen reproducciones con fines de investigación. Se amparan
también bajo este límite las tareas de conservación que realicen estas
instituciones.
C) El acceso con finalidades de investigación.
D) Entre los aspectos jurídicos del acceso libre, destacar las posibles vías
de acceso a los artículos científicos y la problemática que las mismas pueden
plantear:
- Acuerdos de publicación que cada autor firme individualmente con el
editor.
- Condiciones de la institución que financia o para la que trabaja el
investigador.
- Establecimiento de condiciones legales.
- El anonimato como método para asegurar el libre acceso.
§ Derechos de autor y bibliotecas
.- La legislación sobre los derechos de autor puede colisionar con el
derecho de acceso a la información ya que incide en la mayor parte de las
tareas que realizan las bibliotecas. Las Bibliotecas llevan a cabo un papel
crítico y fundamental a la vez, para garantizar el acceso a la información,
incluyendo las obras protegidas por derecho de autor.
.- La IFLA ha proclamado el derecho fundamental de los seres humanos
a acceder y expresar la información sin ningún tipo de restricción.
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4. .- Destacar el necesario equilibrio entre:
- Derecho de propiedad intelectual y Derecho de acceso a la información.
- Derechos de los creadores y derechos de los lectores e investigadores.
El bibliotecario será el encargado de equilibrar la necesidad de acceso a la
información de los usuarios y el derecho de los autores y titulares de la
propiedad intelectual.
.- Cuestiones que pueda plantear el préstamo en las Bibliotecas: la
exención de pago por el préstamo público como principio consustancial al
carácter de derecho público y su compatibilidad con el respeto al derecho de
propiedad intelectual
.- Responsabilidad de los bibliotecarios:
- Brindar acceso a la información y comunicación de calidad.
- Capacitar a los usuarios para la evaluación y selección de información
en Internet.
- Promover el acceso responsable.
- Respetar la privacidad.
- Promover el acceso gratuito a Internet en las Bibliotecas.
§ Protección de datos
Cuestiones a destacar:
- Identificación de los tratamientos de información.
- Inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
- Adopción de las medidas de seguridad conforme a la legislación
vigente.
- Información y obtención del consentimiento a los titulares, a los que
al mismos tiempo hay que respetarles el ejercicio de sus derechos.
- Confidencialidad de los datos recogidos.
- Deber de colaboración con la Agencia de Protección de Datos.
• El punto de partida de la LOPDPC es que la misma será de
aplicación a los datos de carácter personal registrados en
soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los
sectores público y privado.
• Supuesto de hecho:
1-. Existencia de un tratamiento de datos:
.- Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,
que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación,
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5. bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
.- Organización de los datos: ficheros (usuarios de bibliotecas y
empleados).
.- Interpretación restrictiva del concepto “tratamiento de datos”.
.- Tratamiento manual de datos.
2-. Datos de carácter personal:
.- Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
inidentificables.
.- Protección de las personas físicas, especialmente su honor e intimidad
personal y familiar.
.- Personas físicas identificadas o identificables.
3-. El daño:
.- El objetivo de la ley LOPDCP es garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor
e intimidad personal y familiar.
.- Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo
dispuesto en la Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran
daño o lesión en sus bienes o derechos, tendrán derecho a ser indemnizados.
• Los protegidos por la LOPDCP: personas físicas.
• Los excluidos por la LOPDCP: las personas jurídicas (y entes
sin personalidad) y la cuestión de las personas fallecidas.
• El agente del daño:
3.1. El responsable del tratamiento.
-. Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
-. Poder de decisión e imputación de conductas.
3.2. El encargado del tratamiento.
.- Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento.
.- Relación entre el responsable y el encargado de tratamiento, y cuestiones
relativas a la conducta excesiva.
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6. 3.3. El representante del responsable del tratamiento.
.- Establece la Ley que cuando el responsable del tratamiento no esté
establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de
datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales
medios se utilicen con fines de trámite, un representante en España, sin
perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio
responsable del tratamiento.
• Principios:
-. Derecho de información.
-. Calidad de los datos.
-. Datos especialmente protegidos.
-. Seguridad de los datos.
-. Deber de secreto.
-. Comunicación de datos a terceros.
.- Comunicación de la cesión de los datos.
.- Derecho de acceso, rectificación y cancelación.
.- Oposición.
.- Transferencias internacionales.
3) NORMATIVA
A continuación se resumen las principales normas de aplicación en relación a
las cuestiones planteadas.
- Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las
Illes Balears.
- Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental
de las Illes Balears.
- Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes
Balears, modificada por:
• Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de función pública.
• Ley 1/2005, de 3 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de
21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.
• Ley 2/2006, de 10 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de
Patrimonio Histórico de las Illes Balears.
• Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un
desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears.
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7. - Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de
les Illes Balears; actualizada por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.
En materia de propiedad intelectual, destacar:
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
• Ley 5/1998, de 6 marzo, de incorporación al Derecho español
de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica
de las bases de datos.
• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
• STS de 9 de febrero de 2000, Sala Tercera, recurso
contencioso – administrativo nº 486/1996.
• STS de 1 de marzo de 2001, Sala Tercera.
• Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
• Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y
se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de
diversos reglamentos comunitarios.
• Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
• Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas.
• Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de
participación en beneficio del autor de una obra de arte
original.
En materia de protección de datos, destacar:
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal.
- Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el
plazo para implementar Medidas de Seguridad de los Ficheros
Automatizados previstas por el Reglamento aprobado por el R.D.
994/1999, de 11 de junio.
- Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan
algunos preceptos de la Ley Orgánica.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal.
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8. Además de la legislación especial, debe ser tenida en cuenta la
regulación contenida en el Código civil y en el Código penal.
Zaragoza, 22 de mayo de 2009.
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