Posicionamiento del resumen de las actividades de la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"; de la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.

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POSICIONAMIENTO SOBRE EL RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON LOS HECHOS OCURRIDOS EN IGUALA, GUERRERO,
A ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA "RAÚL
ISIDRO BURGOS", DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS - LXII LEGISLATURA
La respuesta y el manejo que se ha dado a la actual crisis con relación a la
desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa,
ocurrida en el municipio de Iguala, así como la ejecución extrajudicial de 22
personas en Tlatlaya, Estado de México, ponen al descubierto la ausencia de
protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a derechos
humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político
mexicano.
No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como estas, y la
realidad indica que a 19 años de distancia, las graves masacres a cargo de
agentes del Estado siguen sin ser atendidas como se debe, y las víctimas no
reciben justicia, ni reparación.
La larga historia diplomática de México, que ha brindado figuras de derecho
internacional importantísimas y que hasta la fecha se aplican en la materia, se ve
pisoteada en el propio suelo mexicano, en donde no existe tratado internacional
que se cumpla a cabalidad, mucho menos en lo que se refiere a los derechos
humanos.
Aquí la justicia se imparte por amiguismo, aquí el botín político de unos es la ruina
de otros, la sanción es casi siempre una destitución para los personajes
incómodos, y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias.
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En 1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la secretaría de Gobernación,
ante la falta de acciones contundentes y la presión social, por lo sucedido en la
masacre de Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Y no sucedió nada
más.
En 1996, el entonces gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa
Alcocer, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas
Blancas del año anterior. Y no sucedió nada más.
El gobierno actual ha puesto en bandeja de plata la cabeza de otro gobernador,
pretendiendo con ello silenciar a la sociedad que clama la aparición con vida de
los 43 estudiantes y no ha sucedido nada más.
Aún con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido
nada más, porque la exigencia principal, el motivo de la lucha de familias y amigos
sigue existiendo: una desaparición forzada que no es responsabilidad de nadie
más que del propio Estado, que ha atentado por años en contra de las normales
rurales y su cuerpo estudiantil.
La polarización social que actualmente se vive, en la que un sector recibe todos
los privilegios, mientras que la amplia mayoría sufre las consecuencias de la
pobreza, el desempleo, la discriminación, la violencia criminal, la falta de servicios
de seguridad social, la falta de educación y muchos otros, agrava las profundas
heridas que ha causado la desaparición de estos 43 estudiantes, que en sí
mismos representan la lucha por vencer todos los retos que el propio sistema le
impone a la clase más pobre de nuestro país.
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Sin dejar de lado la gravedad del caso Tlatlaya, me centraré en lo sucedido en
Iguala, debido a que es el epicentro de los trabajos de la Comisión Especial, pero
además ha marcado el patrón de las violaciones a derechos humanos que se
cometen en el país.
En este caso, el Estado mexicano ha manifestado su compromiso con una
investigación en el ámbito de la justicia civil de manera diligente, objetiva e
imparcial para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantizar la
atención a las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos
que representan sus intereses, sin embargo, hay un cambio constante de
narrativa, pero nunca de realidad.
A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa,
queda claro que Peña Nieto encabeza un gobierno que miente, y no sólo eso,
maquilla los hechos.
Lejos han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas
que lo colocaron mediáticamente como un gran hombre de Estado porque, ¿cómo
puede serlo, cuando los jóvenes de su país son la principal víctima del crimen
organizado, y no puede responder por su seguridad o un trato digno para sus
familias?
¿Cómo puede ser un gran estadista cuando en México existe una violación
sistemática de los derechos humanos, que no sólo se focaliza en un grupo, sino
en todos los grupos sociales, en mayor o menor medida? Nadie queda a salvo de
esta barbarie, sólo un minúsculo grupo cercano al poder, que es intocable.
El fracaso de la política de combate al crimen organizado es evidente, el único
resultado que ha tenido hasta ahora es la generación de cientos de miles de
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víctimas: niñas, niños y adolescentes huérfanos o incorporados a las filas del
crimen organizado, fami lias destrozadas, y una cantidad incierta de personas
desaparecidas.
Ante ello, se ha creado una Ley General de Víctimas, que le da un pretexto
perfecto al gobierno para argumentar que existe diálogo, cooperación y contacto
con los familiares, cuando en la realidad la lucha por un presupuesto digno para la
comisión encargada de que dicha Ley tenga una aplicación real, ha sido una
batalla constante en el congreso.
Ante ello, y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes
autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo
sucedido en Ayotzinapa y, como siempre, los grupos más vulnerables son los que
reciben la peor parte.
Y, como si no fuera poco para las familias de los desaparecidos, ahora se acusa a
los jóvenes de estudiar en una normal rural, en donde presumen que el crimen
organizado ha infiltrado la estructura, por lo que presumen que ellos
desaparecieron como consecuencia de sus actividades, revictimizando a las
familias.
Las palabras “ustedes se lo buscaron”, que según los testimonios de los jóvenes
fueron pronunciadas por militares, hablan del nivel de violencia y crueldad con la
que los jóvenes fueron tratados.
Hasta ahora, la búsqueda se ha centrado en la tierra, en buscar muertos, y la
misma tierra arroja datos crueles: ¿de quién son hijas e hijos las personas que
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están siendo encontradas en las fosas clandestinas? ¿Por qué están ahí? ¿Desde
cuándo? ¿Quién les asesinó?
Permitieron que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda, sin que el
gobierno federal tomara en serio el caso y sin que siquiera el Procurador Jesús
Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de una desaparición
forzada, negándose así a reconocer el delito que se debía perseguir desde un
inicio.
Fue hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes
sociales la Segob anunciara que se estaban concluyendo diligencias para
acreditar el delito de desaparición forzada, mismo que, repito, se tipifica en un
plazo máximo de 72 horas.
Por su parte, Peña Nieto actuó con incomprensible indiferencia y negligencia: se
tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones; se ha
negado a realizar una sola conferencia de prensa o una entrevista con un
periodista independiente, no ha respondido a una sola pregunta sobre el tema; y
tuvieron que pasar 33 días para reunirse con los padres de los estudiantes
desaparecidos.
Diputadas y diputados, México está en una crisis humanitaria. Nos encontramos
en una situación en donde existe una amenaza contra la vida de las personas
esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad y la capacidad mínima de
subsistencia de individuos y comunidades.
La realidad está afuera, en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en
los municipios indígenas de Oaxaca, en las cientos de mujeres asesinadas en el
Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato… Nuestro país enfrenta una
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ola de salvajismo como nunca antes, y hoy nos explota tras pisar la mina sobre la
que nos balanceamos durante años.
Iguala se ha convertido en un caso extremo que ha causado indignación y hervir
de sangre en nuestro país y a nivel internacional, un país que ha dejado al joven
presidente sin el apoyo de los jóvenes, sin el apoyo de los campesinos, de los
electricistas, del magisterio, del sector obrero.
Ayotzinapa revive la masacre de San Fernando, y nos recuerda que no se ha
hecho nada por los migrantes. Revive el caso Acteal y nos recuerda que tampoco
se ha hecho nada por los campesinos. Revive Atenco y nos recuerda que no se ha
hecho nada por detener el abusivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas
policiacas, ni se ha hecho nada por impedir que la tortura sea parte integrante de
los procedimientos policiacos y de investigación.
Ayotzinapa es además una omisión viva del Ejército, que negó ayuda a los
jóvenes que pidieron auxilio en el vigésimo séptimo batallón, que no se encuentra
a más de 400 metros del lugar donde fueron vistos por última vez los jóvenes.
Nicolás Andrés Juan, padre de Edgar Andrés Vargas, uno de los lesionados por
los sucesos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, ha denunciado públicamente
que su hijo casi muere asfixiado, tras ser herido en el segundo ataque.
Después de que sus compañeros lograran resguardarlo en una clínica a la que
entraron apoyados por el personal que ahí laboraba, lugar al que posteriormente
entraran mi litares a golpearlos, acusándolos de allanamiento de morada,
golpeándolos salvajemente, incluido el estudiante lesionado, impidiendo que se le
atendiera a tiempo hasta que finalmente se alejaron del lugar.
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¿Qué dice la Sedena sobre esto? Porque hasta el 21 de octubre de 2014, ni la
CNDH, ni la Comisión estatal, ni ninguna autoridad había mencionado siquiera una
investigación relacionada con los integrantes del Ejército que en el mejor de los
casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes al momento
desconocidos, y en el peor de los casos se sumaron al tiroteo, asesinato de
personas y posterior desaparición forzada de 43 estudiantes.
De los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) celebrado el año pasado,
México aceptó 166 de 176 recomendaciones hechas por los Estados y justamente
entre las 10 recomendaciones de las que sólo tomó nota, es decir que en la
práctica quedan rechazadas, se encuentra no reconocer la competencia del
Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales,
argumentando que México se encuentra en vías de instaurar sus propios
mecanismos. Ayotzinapa confirma que tal hecho no sólo fue grave, sino
profundamente falso.
En la minuta firmada por Peña Nieto después de su “diálogo” con los padres, el
gobierno eliminó del documento el delito de “desaparición forzada”, que los padres
exigieron reconocer.
¿Sería a caso porque sus mismos secretarios rechazaron la jurisdicción
internacional en materia de desapariciones forzadas? ¿O porque no quiere abrir la
puerta a la Corte Penal Internacional conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de
nuestra Constitución?
Para Naciones Unidas “lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e
inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún
menos en un Estado de Derecho [...] Pedimos asimismo que se castigue a los
responsables y que se proteja a los familiares de las víctimas y todos los que
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están investigando o apoyando los esfuerzos para determinar la suerte y el
paradero de las víctimas”.
La extrema gravedad de los hechos –agregó–, ligada a la desaparición de tantas
personas, “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos
recientes y nos compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su
poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y la vida de los
jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible su
paradero”, indicó la ONU en un comunicado.
Mientras que para la Organización de Estados Americanos (OEA), los hechos
representan “un crimen inhumano y absurdo”, a la vez que solicitó a México
realizar una investigación completa y transparente.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las siguientes
medidas dirigidas al gobierno mexicano, por lo que se dio un plazo de diez días (a
partir del 3 de octubre) para que el Estado respondiera sobre el avance de la
aplicación de las mismas:
A) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el
paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger
sus derechos a la vida y a la integridad personal;
B) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad
personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente
procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital;
C) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus
representantes; y
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D) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que
dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.
Amnistía Internacional, por su parte, ha sido incisiva y firme al sostener que
México no cuenta ni siquiera con los elementos periciales para extraer cuerpos e
investigar las zonas de hallazgos como es debido, y que las autoridades están
más interesadas en brindar información a los medios, que a las familias, quienes
se enteran de más hallazgos de cuerpos por la prensa y a radio
Y ni siquiera estas recomendaciones se han cumplido a cabalidad.
Recomendaciones de organismos internacionales, especializados en materia de
derechos humanos, que Peña Nieto, su gobierno, y los gobiernos locales, todos,
se han negado a implementar y defender a cabalidad.
Hemos propuesto que conforme al artículo 4º de la Ley General de Víctimas, se
considere como víctimas a toda la comunidad estudiantil de la Normal Rural de
Ayotzinapa; así como a sus familias, pues han sido excluidas y perseguidas por
gobiernos locales y federales que buscan la desaparición de esa escuela y las
normales rurales, como la de El Mexe, Hidalgo, que fue cerrada cuando Osorio
Chong fue gobernador de la entidad.
El total general de los hechos nos habla de una responsabilidad absoluta del
Estado, las contradicciones entre las versiones de las autoridades de los tres
niveles de gobierno así lo manifiestan, las recomendaciones de los organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos lo confirman, y el desamparo
en el que se encuentran las víctimas, y la desaparición de los estudiantes
sentencia que así es.
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La comisión sigue trabajando, arduamente, procurando que las tareas se realicen
de manera imparcial y expedita, quedan pendientes las reuniones con el secretario
de Defensa, con estudiantes normalistas y con familiares de las víctimas. En
Movimiento Ciudadano nos comprometemos a no permitir que los tintes políticos o
intereses proteccionistas se interpongan en el camino de nuestra colaboración a
lograr justicia para las víctimas.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
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