El documento presenta un programa de entrenamiento para consejeros regionales enfocado en la formulación de normas regionales, mencionando criterios como constitucionalidad, legalidad y competencia. Se destacan la necesidad de considerar el interés público, la articulación de políticas, y la recolección de información pertinente al contexto real. También se subraya la importancia de realizar análisis de costo-beneficio, de género y cultural para garantizar la efectividad de las normas en la administración pública.