La nueva Ley de Delitos Informáticos en Perú ha causado controversia por su redacción demasiado amplia y general, lo que podría convertir en delitos actividades como borrar archivos ajenos o hackeo ético. Además, la ley no sigue el acuerdo internacional de Budapest sobre cibercriminalidad y podría ser declarada inconstitucional debido a que sus ambigüedades afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión.