El documento discute la posible privatización del sector energético en México, actualmente controlado por las empresas estatales PEMEX y CFE. Algunos argumentan que la privatización podría atraer inversiones necesarias para mejorar la eficiencia del sector, mientras que otros se oponen argumentando que la privatización sería inconstitucional y priorizaría los intereses corporativos sobre los del estado mexicano. Adicionalmente, el documento señala que la corrupción y mala administración han contribuido a los problemas de PEMEX.