El documento describe las competencias de las administraciones públicas en materia de seguridad y salud laboral, incluyendo la coordinación entre ellas y con las administraciones sanitarias. También describe la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, un órgano asesor integrado por representantes gubernamentales y sindicales encargado de proponer políticas y supervisar las actuaciones de las administraciones.