El gobierno aprobó un decreto ley que reduce los sueldos de los funcionarios un 5% y congela las pensiones de la Seguridad Social, ahorrando 1500 millones de euros. Los sindicatos se oponen y han convocado una huelga general de funcionarios porque afecta a los más desfavorecidos. La oposición cree que los recortes se podrían hacer en otras partidas como ministerios, altos cargos y subvenciones.