El gobierno aprobó un decreto ley que reduce los sueldos de los funcionarios un 5% y congela las pensiones de la Seguridad Social, ahorrando 1500 millones de euros. Los sindicatos se oponen y han convocado una huelga general de funcionarios, mientras que la oposición cree que los recortes deberían hacerse en otros gastos como ministerios y subvenciones.