El documento resume los principales cambios introducidos por la Ley de Contrataciones del Estado de Perú, incluyendo una ampliación de los supuestos de inaplicación de la normativa, la adición de nuevos principios como la promoción del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental, y una delimitación de las facultades no delegables y las responsabilidades de los funcionarios públicos en materia de contrataciones estatales.