El impuesto sobre actividades económicas se remonta a la Edad Media cuando los señores feudales otorgaban permisos a sus súbditos para realizar actividades comerciales e industriales a cambio de un pago. A partir de 1999, la Constitución cambió el nombre de este impuesto de "Patente de Industria y Comercio" a "Impuesto sobre actividades económicas". La ley también establece que esta relación tributaria genera obligaciones para los individuos de pagar el impuesto y declarar sus ingresos basados en el poder de imposición

1. Impuesto sobre las actividades económicas, comerciales:
El impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o
de índole similar en la Constitución de 1999 (antes denominado impuesto a la
patente de Industria y Comercio) se remota en la época medieval, cuando los
señores feudales o soberanos entregaban una carta - patente a sus súbditos,
que era una autorización para que el súbdito ejerciera una determinada
actividad ya sea industrial, comercial o un oficio y era considerada una
verdadera tasa, que era la contraprestación de un servicio que prestaba el
soberano al permitir que el vasallo realizara sus actividades. A partir de la
entrada en vigencia de la Constitución de 1999, deja de denominarse Patente
de Industria y Comercio, y adquiere el nombre de Impuesto sobre actividades
económicas, de industria, comercio, servicios o de índole similar.
La Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, consagra este gravamen con el
nombre de impuesto sobre actividades económicas, aunque existen
ordenanzas que mantienen la denominación de Patente de Industria y
Comercio.
Determinar los cálculos de la relación Jurídico Tributaria:
Según Blumenstein, (citado por Moya), la relación jurídica tributaria es
determinante de las obligaciones del individuo sometido al poder de imposición,
que da lugar, por una parte, a una prestación jurídica patrimonial (relación de
deuda tributaria) y, por otra, a un determinado procedimiento para la fijación del
impuesto (relación de determinación), con lo cual queda establecido el carácter
paralelo de ambos deberes. En cuanto a la obligación que se imponen a
terceras personas respecto al procedimiento de determinación, se trata de un
“deber cívico especial establecido en interés de la comunidad y de la
conservación del orden publico”.
Luqui (citado en Moya, 2009), se refiere a obligación tributaria, en lugar de
relación tributaria, no por desconocer su existencia, sino porque la obligación

2. tributaria es la suma del vínculo jurídico, y las otras obligaciones nacen por
causa de ella, o son consecuencia. (p.171).
Moya, (ob. cit.), comparte ese criterio expuesto por Luqui, por cuanto considera
que la relación jurídica tributaria es una obligación de dar (pagar el tributo) y de
hacer (declarar una renta o impuesto), y basada en el poder de imposición del
Estado. Toda obligación jurídica nace de una relación jurídica, sea esta
contractual o extracontractual.