1. A la opinión pública.
A los medios masivos de comunicación
En los 20 meses transcurridos desde la destrucción de Luz y Fuerza del Centro, organismo
público descentralizado propiedad de la nación, el Ejecutivo federal se ha gastado, solo en
anuncios televisivos, más de 30 mil millones de pesos del dinero de todos para difundir la
versión, de que fue destruido por su gobierno para acabar con la corrupción y los privilegios
de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. En todo este tiempo, el
poder público federal ha ocultado información sobre la situación de la paraestatal y sobre los
elementos en que se basó para acabar con ella. El ejecutivo federal, por medio de la secretaria
de Energía, Georgina Kessel, ha rechazado incluso requerimientos del Instituto Federal de
Acceso a la Información, IFAI, para hacer público el diagnóstico de la empresa pública.
A pesar de esa opacidad, la opinión pública se ha dado cuenta de que la motivación principal
para acabar con Luz y Fuerza del Centro era el designio de entregar los mil cien kilómetros de
fibra óptica instalada por los trabajadores electricistas con nuestros impuestos, a la voracidad
del duopolio televisivo.
La fibra óptica instalada en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro representa 27 mil
273 usuarios por kilómetro; mientras que, la correspondiente a la zona de atención de la
Comisión Federal de Electricidad solo significa 2 mil 961 usuarios por kilómetro.
La ambición por el gran negocio del “triple play” (televisión, Internet y telefonía) es una de las
verdaderas razones de la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del
Centro. A mediados de 2009, el SME había presentado una solicitud a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para crear una filial que proporcionara el servicio de video,
datos y voz a un precio accesible para el pueblo mexicano y de manera gratuita a escuelas y
universidades públicas.
El 11 de octubre de 2009, Felipe Calderón Hinojosa apareció en las pantallas de televisión
explicando los motivos del decreto de extinción de Luz y Fuerza y entre sus argumentos
mencionaba que:
“…a través de los impuestos de los mexicanos teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil
millones de pesos”
“Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de
los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que

2. fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto
se agravaba año con año.”
En el cuaderno 4 de la evaluación a la Cuenta Pública 2009 elaborada por la Auditoria Superior
de la Federación y dada a conocer por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de
Diputados, podemos encontrar la verdad histórica de la extinción de Luz y Fuerza. En la misma
señalan:
“En 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el KWh (kilowatt hora)
entregado a CFE a 93 centavos y CFE lo transfirió a LFC a 1.50 pesos y la SHCP obligó al
organismo liquidado a vender al usuario a 1.18 pesos. Ello originó que los costos de
explotación de CFE fueran absorbidos por LFC, generando un sobreprecio de cerca de 13 mil
millones de pesos en 2009.”
¿Qué empresa puede ser rentable si es obligada a vender más barato de lo que compra? Es
claro que el quebranto financiero de Luz y Fuerza del Centro fue creado artificialmente por la
política neoliberal del gobierno para justificar, con mentiras, su desaparición. El informe
continúa, señalando que:
“ Los altos costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de los PEE (Productores Externos
de Energía) fueron transferidos a la propia LFC deteriorando aún más su difícil situación
financiera.”
“Otros costos adicionales, que impactaron negativamente en las finanzas del organismo,
fueron(…); los adeudos de los gobiernos estatales de Hidalgo, México, Morelos y Puebla por
la venta de energía eléctrica que a junio de 2009 ascendieron a 7.4 miles de millones de
pesos; el deficiente cobro a grandes empresas, a las que se les mantiene el servicio, y cuyos
adeudos ascienden a 2.4 miles de millones de pesos(…); los salarios y prestaciones al
personal solo representaron 6.3% de los costos y gastos de explotación.”
¿Dónde quedan los argumentos del ejecutivo federal que decía que los 42 mil millones de
pesos iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral?
Calderón afirmaba, en su mensaje a la Nación que:
“Para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente
las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos.”
Cabe recordar que en enero de 2010 subió el IVA al 16 por ciento, los costos de la gasolina han
ido subiendo mes con mes en detrimento de la economía popular. Y qué decir de las tarifas
eléctricas, con aumentos tan desproporcionados que han causado un conflicto social en
muchas regiones del país, llevado a comunidades enteras a dejar de pagar la luz a la CFE e
incluso en otras regiones, a optar por formar sus propios técnicos electricistas, ante la
ineficiencia de la CFE, que se suma a los altos cobros de electricidad. Calderón prometió bajar

3. las tarifas cuando extinguió LFC pero sólo redujo las tarifas industriales y comerciales y
aumentó las tarifas domésticas. Por su parte Vicente Fox asestó un duro golpe a nuestra
economía al crear la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). De hecho, las políticas
neoliberales de los dos gobiernos panistas, han impactado en la economía familiar al subir las
tarifas eléctricas ordinarias entre 2001 y 2008, en un 111 %, mientras que las DAC subieron
casi 400 %.
El decreto de extinción sustentado con mentiras y con el propósito de avanzar en la
privatización del servicio público ha tenido por consecuencia una serie de agravios a los
usuarios que mencionamos a continuación:
 Fallas constantes y prolongadas en el servicio, variaciones de voltaje e impericia por
parte de las empresas contratistas privadas para resolverlas, que provocan daño
patrimonial a las familias y a pequeños negocios.
 Daño patrimonial al pueblo de México por el robo de infraestructura, como es el cable
de cobre y por otra parte por los recursos del erario mexicano que se han entregado a
empresas privadas contratistas para el desmantelamiento de las instalaciones.
 Daño ambiental por la operación (de quien las puede pagar) de plantas eléctricas de
emergencia que funcionan con diesel como combustible, provocando aumentos en los
índices de contaminación. Por la geografía del valle de México, esta demarcación ha sido
una de las más afectadas.
 En la delegación Álvaro Obregón, una persona ya perdió la vida debido a que
integrantes de la CFE sin llevar a cabo una investigación, cortaron la luz a un domicilio
en donde un hombre tenía conectado un aparato de oxígeno.
 Una indiscriminada poda de árboles realizada por personal de CFE que, bajo el
argumento de podar árboles para evitar apagones por la caída de ramas en las líneas,
realizan talas salvajes a la ya de por sí escasa vegetación del DF, sin que las autoridades
en materia ambiental les pongan ningún freno.
Por lo anterior el grupo de trabajo promotor de la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica
en la Delegación Tlalpan se pronuncia por:
 La defensa irrestricta de la industria eléctrica nacional, y por
 La exigencia de que el Gobierno respete la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que en el artículo 27 párrafo sexto señala: “Corresponde exclusivamente a
la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán

4. concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales
que se requieran para dichos fines.”
 Se manifiesta en contra del proceso privatizador que de manera tramposa y con leyes
secundarias que contradicen a la Constitución, ha permitido que ahora el 50 por ciento
de la energía eléctrica que se genera en nuestro país, se encuentre en manos privadas
transnacionales y además contraviniendo expresamente esa parte del mandato
constitucional que dice que “la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que
se requieran para dichos fines.” Cabe señalar que estas plantas de generación privadas
utilizan gas natural como combustible, insumo en el que nuestro país es deficitario, lo
que obliga a adquirirlo a empresas extranjeras, lo que, a su vez, repercute directamente
en el incremento de las tarifas.
 Se pronuncia por la creación de una TARIFA SOCIAL en beneficio del pueblo de México
dado que la energía eléctrica no debe considerarse una mercancía, sino un derecho
humano y motor de desarrollo de nuestra sociedad.
 Se manifiesta en contra de la instalación de los medidores “inteligentes” de prepago en
nuestra delegación, porque con ello está demostrado que se incrementarían
considerablemente las tarifas y se dejaría al usuario en un estado de indefensión al estar
diseñados para cortar el suministro de manera automática, haciendo un cobro por
adelantado de un servicio público.
Por si no bastara la lista de agravios, en los últimos días personal de la CFE está empezando a
llegar a los domicilios de habitantes de la zona central del país, a entregar avisos de “inicio de
campaña de corte”, que carecen de todo fundamento legal. Se trata de una burda campaña
que intenta detener nuestra organización e intimidar nuestra movilización, pero no nos van a
detener, ni nos vamos a intimidar. Y por eso también estamos aquí, en el marco de una
Jornada de Solidaridad y Resistencia de Usuarios de Energía Eléctrica con el SME.
Demandamos la reinstalación en un organismo público de los 16599 electricistas en
resistencia, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos hablando de una de
las organizaciones sindicales más antiguas y arraigadas del país que ha defendido las
conquistas de sus agremiados, los derechos laborales en general y causas fundamentales
para toda la población, como el estatuto nacional y público del complejo petro-eléctrico, a
pesar del empeño de los gobiernos neoliberales por ponerlo en manos de la oligarquía
internacional. Es un sector de la clase trabajadora que ha sobrevivido a los embates
gubernamentales y empresariales contra todos los asalariados del país. El Sindicato Mexicano
de Electricistas representa, además, un capital humano irrenunciable, con conocimientos
esenciales transmitidos de generación en generación durante más de cien años, que no debe
ser destruido.

5. Conozcamos y revitalicemos nuestra Historia. Los integrantes del SME son herederos de la
alianza de usuarios y trabajadores del sector eléctrico, que en la primera mitad del siglo
pasado llevaron esa lucha histórica a la Nacionalización de la Industria Eléctrica el 27 de
septiembre de 1960. Esa conquista no fue una graciosa concesión del gobierno en turno, sino
el resultado de la organización del pueblo, desde abajo.
Hoy en día, los compañeros y las compañeras del SME han venido apoyando a los usuarios
ante la corrupción y los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La solidaridad con ellos
es, pues, una tarea de interés social básica.
Exigimos de las autoridades locales (Jefe Delegacional y Asambleístas) así como de las
federales (diputados de la demarcación), se definan públicamente, señalando si están de
acuerdo o no con la privatización del sector eléctrico, que aclaren su postura respecto de los
agravios a los ciudadanos de la demarcación, de los medidores de prepago;
Dado que los legisladores federales son los únicos facultados para legislar en materia eléctrica
de acuerdo al artículo 73 fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, les exigimos que se definan sobre la creación de un nuevo Organismo Público
Descentralizado de generación y distribución de electricidad, con los trabajadores en
resistencia de Sindicato Mexicano de Electricistas.
Agradecemos a todos los asistentes por escuchar este pronunciamiento de los usuarios de
energía eléctrica,
Agradecemos a los representantes de los medios masivos de comunicación que están
presentes, la cobertura amplia y objetiva a esta Asamblea.
Tlalpan, D.F., a 11 de junio de 2011