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Introducción
En los diarios de circulación local y nacional podemos observar noticias
relacionadas al aumento de la violencia en nuestra sociedad, reportándose también
casos de crímenes a mujeres. Su incremento y características así como,
El feminicidio es el crimen contra las mujeres por razones de género. Es un acto
que no responde a una coyuntura ni actores específicos, las mujeres victima son
posee un perfil único de rango de edad ni de condición socioeconómico. Sin
embargo existe mayor incidencia de la violacion en mujeres de edad reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a una especificada ya que estos
actos pueden ser realizados por personas con quienes la victima mantiene un
vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo, familiares, pareja o
enamorados.
La violencia contra la mujer se contempla varios planos que confluyen la violencia
física, sexual y psicológica, las cuales pueden desarrollarse en la esfera pública y
en la esfera privada. El feminicidio es la consecuencia irreparable del ejercicio de
dicha violencia. La violencia contra la mujer, así como su magnitud nos revela que
este es un problema como un objeto desechable, prueba de ello es que las múltiples
situaciones y acciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres.
El feminicidio es un tema que intenta inscribirse en el discurso criminalistics para
evidenciar acciones humanas cuyos móviles responden a una racionalidad colectiva
que discrimina y valora a la mujer como objeto de “uso” y “abuso” y no como sujeto
semejante y digno de ejercer sus derechos.
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Justificación de la Importancia del Tema de Investigación.
La violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias son un tema que
concierne al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que ha cobrado
mayor relevancia en la agenda de los organismos internacionales después de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.
Actualmente esta violencia es reconocida en diversos instrumentos internacionales
como una trasgresión a los derechos humanos de las mujeres. En nuestro
continente se presenta en todos los ámbitos tanto en el público como en el privado
y lejos de erradicarla, ésta va en aumento. Sobresale aquélla que se ha
desencadenado de manera constante en España, Guatemala y México, y que
representa una violación de los derechos humanos fundamentales, considerados
como de primera generación: la violencia feminicida. En nuestro país merece
especial atención el feminicidio como una respuesta al machismo y la misoginia. Al
hacer un análisis de la violación del derecho humano a la integridad personal se
vislumbró que bajo ciertas circunstancias la violencia sexual puede configurarse
como tortura. Este derecho no es respetado ni garantizado en Ciudad Juárez en
favor de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas, de los supuestos
responsables de los homicidios sexuales y de los familiares de las víctimas. El
concepto de feminicidio. Derivado de la antropología social, este término es usado
a menudo por la sociedad en general y las feministas en particular para referirse a
la serie de homicidios de mujeres que ocurre en Ciudad Juárez. Sin embargo, tiene
una construcción teórica alejada de su empleo coloquial, pues el feminicidio no sólo
se reduce al homicidio de una mujer en esta ciudad. El uso desviado de esta
expresión puede explicarse en razón de que su conceptualización es reciente en el
contexto mexicano, y que su entendimiento está focalizado a quienes nos hemos
interesado en escudriñar el acontecer social a través de la perspectiva de género.
En México se ha pulido su definición al incluir en ella la intervención del Estado. El
feminicidio se ubica como la expresión máxima de un continuum de violencia de
género contra las mujeres y las niñas que implica violaciones de los derechos
humanos básicos, que no han sido respetados ni garantizados por agentes
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estatales. Algunos órganos de supervisión de los derechos humanos en el ámbito
internacional reconocen estas violaciones como feminicidios. En nuestro país existe
una iniciativa de ley para incluir esta violencia y tipificar el delito de feminicidio.
Es cierto que el fenómeno es complejo y se agrava por la ausencia de cierta
información, su contexto, la falta de medidas eficaces para disminuir y erradicar el
feminicidio, y por la manera poco práctica o efectiva en la que se han estructurado
las instituciones encargadas de erradicar esta violencia. Algunas de ellas han
cambiado de nombre y de competencia, otras se han creado de manera temporal o
han rotado personal, lo que resulta en la falta de una coordinación genuina y una
comprensión nítida de las funciones que les competen a cada una. Como
consecuencia de esto, existe descontrol, confusión y desperdicio o ausencia de
esfuerzos en las acciones gubernamentales.
Existen graves deficiencias en cada una de las obligaciones genéricas, y muy en
especial en la procuración e impartición de justicia. Podemos decir que quienes
aplican la perspectiva de género desde diferentes niveles de gobierno como un
intento de erradicar la violencia genérica, han fracasado. En primer lugar, debido a
que la capacitación de las personas que intentan emplearla es reciente. Por otro
lado, no basta con proclamar los crímenes de odio contra mujeres por ser mujeres
si se reducen a un espacio de discusión donde no se canaliza el problema a través
del Poder Judicial. Adicionalmente, la labor realizada por las Comisiones de
Derechos Humanos no ha sido idónea.
Un indicador efectivo de la ausencia de seriedad y eficacia de las autoridades es
que en diciembre de 2005 el número de asesinadas sumaba 32, y la mayoría
presentó el mismo patrón de violencia sexual; incluso algunas aparecieron en
lugares públicos, una de ellas de manera ignominiosa a unos cuantos metros de la
Agencia Mixta.
Tal como lo establece el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la protección internacional es coadyuvante o complementaria a la
ofrecida por el derecho interno de los Estados americanos. Por lo tanto, es
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necesario que la protección interamericana coadyuve al mejor resguardo de los
derechos humanos de las mujeres y niñas que viven en nuestro país, y recomiende
en primer grado, la reparación del daño a las víctimas de las violaciones de estos
derechos.
El feminicidio ha sido evidenciado por los familiares de las víctimas, por
organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Sin embargo,
hasta el momento son pocos los casos que se encuentran en instancias
internacionales. A nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, órgano encargado de proteger los derechos humanos en las Américas,
ha estado vinculada desde 2003 a las violaciones graves y sistemáticas.
Las madres de las víctimas han acudido con gran esperanza a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, de las más de trescientas
mujeres asesinadas, esta Comisión únicamente ha admitido tres peticiones
individuales, las cuales corresponden al conjunto de casos conocidos como “Casos
del Campo Algodonero”. Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados
los cuerpos de ocho mujeres y niñas en un terreno que se utilizaba para sembrar
algodón.
Después de ocho años de haber ocurrido los primeros homicidios, este hallazgo
resultó ser un parteaguas en la historia del feminicidio. Estos casos se han
considerado paradigmáticos, pues la mayoría de los informes internacionales y de
las investigaciones periodísticas han hecho referencia a estos sucesos. La forma en
que fueron encontrados los cuerpos, el maltrato a los familiares de las víctimas por
parte de las autoridades, la falta de una investigación seria por el personal de la
FEIHM, la fabricación de culpables por parte del Ministerio Público y los jueces, el
homicidio de los abogados defensores de uno de los probables responsables, la
atracción de los casos por parte de la Federación debido a una supuesta línea de
investigación que involucraba el tráfico de órganos, la ausencia de una plena
identificación de las víctimas, y la falta de sanción del(los) verdadero(s)
responsable(s) de los homicidios y violaciones de las ocho mujeres y niñas, son
hechos que constituyen un panorama que nos puede ayudar a comprender el
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incumplimiento del Estado Mexicano de salvaguardar los derechos humanos y
aclarar los casos que ha catalogado como “resueltos”. Para el año 2005 estos casos
aún se presentaban como emblemáticos debido a la ferocidad y atrocidad de los
homicidios, y a la exacerbada negligencia y omisión de los funcionarios públicos
involucrados.
Finalmente, la decisión con respecto a la emisión del Informe del artículo 50 de la
Convención Americana o bien el sometimiento de los casos a la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta ser un proceso largo y
costoso, y queda en manos de la Comisión Interamericana la pronta y efectiva
tramitación de los mismos.
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El feminicidio en México se visibilizó a partir de 1993, cuando diversas
organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas formadas por las familiares
de las víctimas comenzaron a asociarse y unir sus voces para ejercer su derecho a
la justicia. No obstante, es necesario desmitificar algunas ideas que se han hecho
de dominio público, (y lo más grave, de aceptación masiva) formando poco a poco
una ideología que no concuerda con la realidad.
Los medios de comunicación han jugado un papel central en la difusión de estas
teorías. Los crímenes de mujeres inicialmente sólo aparecían en las notas rojas de
diversos periódicos, en el radio y televisión a través de programas de un corte
predominantemente amarillista, alimentando con estos datos a la opinión pública.
Por otro lado, la creciente confrontación por las cifras de mujeres desaparecidas y/o
asesinadas y el constante maltrato, indiferencia e impunidad por parte de las
autoridades estatales a los casos; obligaron a las organizaciones no
gubernamentales a recurrir a foros y mecanismos internacionales y así el gobierno
de México accedió a la visita de relatoras y relatores internacionales para que
investigaran lo acontecido.
A través de diversas recomendaciones hechas al gobierno de México, se delinearon
acciones para crear una plataforma para enfrentar la violencia contra las mujeres,
esclarecer los crímenes y aplicar justicia.
De esta manera, comenzó la investigación científica del problema. Saliendo de la
nota roja para iniciarse con el rigor teórico, a través de los organismos
internacionales y en las instancias de gobierno federales.
Analizar el fenómeno desde esta perspectiva, ayuda a salir de los mitos y entrar a
las verdades. La investigación arroja que en Ciudad Juárez no existe un “asesino
serial”, que los seriales son las víctimas. Ya que aunque no todas las mujeres
asesinadas eran, jóvenes trabajadoras de la maquila, morenas, guapas, de cabello
oscuro hasta la cintura, sin excepción han sido mujeres, pobres, y en una
desigualdad histórica.
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La desigualdad histórica y la desvalorización de las mujeres en el mundo, en
América Latina, en México, en Ciudad Juárez, no es un tema nuevo; pero sí es un
tema que comienza a visibilizarse, a nombrarse y eso es muy importante porque
sólo nombrando a las cosas, pueden resolverse.
Así, encontramos uno de los hilos conductores del fenómeno: la violencia de género.
La creciente desvalorización de las mujeres en Ciudad Juárez y el contradictorio
desarrollo económico e independencia del otro género, del segundo sexo, fungió
como catalizador de un sistema patriarcal existente y las mujeres empezaron a
padecer los costos de la violencia sexista; y muchas más, en su mayoría migrantes
los de la triple opresión: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.
Posteriormente, se crearon una serie de instituciones con el fin de esclarecer los
crímenes, como por ejemplo la Fiscalía por parte de la Procuraduría General de la
República, la Comisión para la Prevención de la violencia, por parte de la Secretaría
de Gobernación y una serie de procedimientos que incluye la investigación.
En otro tenor, el gobierno mexicano reaccionó positivamente ante el señalamiento
internacional. A su vez, la presión de las organizaciones no gubernamentales
integradas en su mayoría por familiares de las víctimas, jugó un papel
importantísimo insistiendo de manera incansable para que el gobierno tomara parte
del asunto.
La historia de Ciudad Juárez está llena de conflicto y contradicciones a la par del
crecimiento económico, existe una brecha cada vez más amplia entre pobreza y
riqueza, por lo tanto, existe una incertidumbre social e incapacidad gubernamental
para controlar la situación.
Estamos convencidos de que en una sociedad profundamente descompuesta, es la
incubadora perfecta para cobijar los asesinatos y desapariciones de mujeres, así
como fomentar la impunidad en las investigaciones.
Pero insisto en que el feminicidio en México tiene más aristas, el tema es complejo
y es necesario desmontar mitos y analizar verdades para saber que ocurre. El
feminicidio, no es producto de un solo hecho, es producto de una serie de
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condiciones sociales, históricas, culturales, económicas y políticas dando pie a que
la sociedad sea permisible ante el hecho de que parte de la población sea agredida
sin ningún castigo.
Es decir, un gobierno que no realiza las investigaciones, que se niega a recoger las
pruebas, que las desecha y que además cuenta con titulares de alto y bajo nivel
misóginos, sin tomar en cuenta la tendencia a fabricar culpables; es un gobierno
que no tiene un control por razones geográficas, sino por la indiferencia que es
evidente.
La omisión de las autoridades estatales y federales hasta fechas recientes fue
creciente. Hasta el 2003, el FBI no había sido requerido ni para asistencia técnica,
ni para cooperación bilateral en la resolución de los casos. Eso nos habla de la
negligencia absoluta. Por lo tanto, las condiciones fronterizas de la ciudad marcan
la desigualdad genérica, pero no son decisivas para la ineficacia en la resolución de
los casos.
Las acciones gubernamentales han sido claramente insuficientes, si bien es cierto
que la reacción del gobierno mexicano ante la presión internacional fue pronta, hay
serias deficiencias metodológicas, logísticas y de presupuesto. En la investigación
sobre el funcionamiento de dichas instituciones, una serie de contradicciones se
observan. Es notable la diferencia entre el discurso y la realidad.
Fundamentalmente, los indicadores sugieren que no hay voluntad política suficiente
para sensibilizar a la población (ya no digamos para resolver los casos) respecto a
la violencia de género.
En este orden, surgieron más y más organizaciones, no siempre coordinadas entre
sí, pero sirvieron para llamar la atención de otras ONG nacionales e internacionales
y mejor organizadas. Así, lo que empezó como grupos de madres molestas y
dolidas, se convirtió en una asociación con recursos técnicos, teóricos y
económicos. Aunque el tema de financiamiento es poco claro y no hay transparencia
para conocer el origen de sus recursos. Aunque, se debe reconocer que las ONG´s
formadas de la nada, lograron posicionar el tema en importantes organismos
internacionales. Los miembros de dichas organizaciones han viajado por diversos
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países del mundo informando sobre la creciente impunidad y el clima de violencia
contra las mujeres que se vive en México.
El feminicidio es producto del contexto sociocultural machista y misoginia en su
mayoría y violento. Los crímenes son asesinatos de género, sumado a la impunidad
e indiferencia de las autoridades. El feminicidio se visibiliza cada vez más en otras
partes de la República Mexicana, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México
ocupan los primeros lugares de violencia feminicida. Ciudad Juárez ha puesto en
manifiesto que la violencia de género existe en toda la República y que es parte de
un sistema patriarcal machista fomentando la completa desvalorización de las
mujeres.
Éstas condiciones no sólo existen en México, sino cada vez más se visibilizan en
distintos países de nuestro continente, cómo Guatemala, Costa Rica, Uruguay,
Chile, Argentina y en todo el mundo, ni siquiera los países más desarrollados, como
Noruega, se escapan de casos de mujeres asesinadas por razones de género.
El feminicidio en Ciudad Juárez ha marcado un hito a escala mundial, ya que otros
países a través de sus gobiernos, o de la sociedad civil, o de las organizaciones han
volteado hacia Ciudad Juárez y después, hacia ellos mismos. Creemos firmemente
que el estudio científico del tema es de vital importancia para los derechos humanos
de las mujeres en el mundo. Invitamos a continuar con el estudio de los temas de
género, ya que la trascendencia de las investigaciones sobre los derechos de las
mujeres y cuestiones de género es enorme, tocar estos temas de manera integral y
científica, significa denunciar, defender y trabajar por los derechos humanos de las
mujeres y de hombres en todo el mundo.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
El objetivo de la Fiscalía fue conocer cuántas víctimas existen desde 1993. Señalan
que crearon el Registro Nacional de Víctimas del Delito para casos de homicidios
de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. Toda esa información, ha sido
recabada por la Procuraduría General del Estado de Chihuahua.381
En el marco de este programa, se creó un Banco de Datos en Genética Forense,
mismo que ayudaría a la localización de los familiares y de las víctimas
desaparecidas. Estas acciones, en el marco de dar cumplimiento a los marcos
normativos federales así como de los estados, respetando en todo momento el
ámbito de competencia de cada instancia.
Comenzó el proyecto de reparación del daño, que generó una gran polémica por los
criterios de repartición del dinero. El fondo económico está sujeto a ciertas
condiciones; solamente es sancionado por un juez competente, que haya
sentenciado a un presunto responsable382, pero la mayoría de los asesinos no han
sido ni capturados, lo que representa un grave problema. Por otro lado, muchas
mujeres están desaparecidas o sin identificar, así que, la división del dinero es
inequitativa.
Según el tercer informe de la Fiscalía, el fideicomiso público contaría con 25
millones de pesos. El mismo fue autorizado por Vicente Fox Quesada y aprobado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para la repartición del dinero, se
aprobó un Consejo Asesor integrado por servidores públicos de la Procuraduría.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A DENUNCIAS DE MUJERES
DESAPARECIDAS
Este programa tiene como propósito fundamental, obtener las instituciones públicas
y privadas, así como de organizaciones civiles, es decir, que las mismas
proporcionen la información a la Fiscalía con la finalidad de depurar los expedientes
de desapariciones.
La integración de los expedientes, así como la búsqueda de las mujeres, fue
apoyada en algunos casos por el Federal Bureau of Investigation (FBI), por solicitud
expresa de la Procuraduría General de Justicia, cabe señalar que ningún tratado se
realizó o se aprovechó, la asistencia técnica y material del FBI sólo para casos
concretos.
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Conclusión
Pese a las medidas tomadas por los órganos del gobierno para combatir el
feminicidio y en si la ola de violencia que se ha presentado a las mujeres, la solución
a dicha problemática no se ha logrado puesto que el resultado ha sido en aumento
lamentablemente.
Necesitamos un giro radical que nos ayude a combatir el problema si bien es sabido
la mayoría de las veces el delito de feminicidio no se configura como tal porque le
faltan elementos.
A pesar de tener planes de acción, políticas, públicas, programas e instó de ayuda
y apoyo para las mujeres que sufren violencia están reinadas por el miedo y por ello
no hablan y no acuden a alguien que las pueda orientar o les haga saber que no
están solas.
Puede ser que sea por la educación que reciben las personas ya que todo se crea
cuando son pequeños, debemos tener en claro que se educa en casa y se aprende
en la escuela de esta manera al estar en equilibrio podríamos encontrar la solución