La corrupción en las elecciones mexicanas ha sido un problema grave durante mucho tiempo. Los políticos a menudo compran votos ofreciendo dinero u otros beneficios a los votantes pobres o falsificando actas electorales. Esto socava la democracia y reduce la confianza del público en el proceso electoral. A pesar de que existen leyes contra el fraude electoral, la corrupción persiste debido a la impunidad de los políticos corruptos. Se necesitan marcos legales más estrictos y su aplicación para combatir la corrupción electoral en México.

1. FACULTAD DE DERECHO.
Materia: Habilidades Para La Comunicación De Ideas.
ENSAYO: Corrupción de fraudes
electorales en México.
Mtra. Irma Matilde Colín Guevara
Alumna: Aleyda Andrea Parra Salado
1er sem. Grupo: 102 T.M.
Chilpancingo Gro. Noviembre 2021

2. Aleyda Andrea Parra Salado 102 T.M.
INTRODUCCIÓN. La corrupción en México no es un problema nuevo, desde años
atrás se ha venido dando esta controversia en partidos políticos que solo buscan el
bienestar propio y no el beneficio de la ciudadanía. En esta época que estamos
viviendo, la corrupción aumenta en toda la extensión de la palabra, ya que cada día,
nuestros representantes y líderes nos demuestran que tan importante es el poder y
dinero para ellos, sin importarles las carencias que está sufriendo el pueblo
mexicano.
En pleno siglo XXI, cada jornada electoral, en que se elige a un nuevo gobernante;
desde meses o años antes se puede notar como los actores políticos hacen lo
imposible por quedar en el poder a tal grado de comprar no solo votos, sino también
la Institución Nacional Electoral. Este ha sido uno de los conflictos con más
controversia, puesto que el país de México es uno de los más corruptos que existe.
Estos eventos afectan la calidad de vida de las personas, economía de cada familia,
el desarrollo y que dejemos de creer en el gobierno
Una de las prácticas corruptas que más dañan a México, a su democracia y a sus
instituciones es el clientelismo electoral cuyo objetivo final es comprar el voto de
aquellas personas que se encuentran en condiciones de pobreza, así como el
reparto de despensas llegándose incluso a que se falsifiquen actas en los cómputos.
Sin embargo, en los años recientes, el tema se ha convertido en uno de los
problemas que más agravian a la población mexicana, solo después de la violencia
e inseguridad que, por cierto, se perciben como arropados por funcionarios públicos
corruptos. El propósito de este trabajo es mostrar cómo en México, la corrupción
en las campañas electorales se ha convertido en el foco de atención y ha colocado
a la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones y asegurar la
integridad del voto, si bien es cierto que el INE no es el encargado, como la
responsable por los flujos de dinero público en la política, aunque no sea su
responsabilidad perseguir los delitos derivados de tales actos ilegales, cierto es, que
es uno de los órganos constitucionales autónomos de México que se encarga de
regular los procesos irregulares, de participación ciudadana.

3. FRAUDES ELECTORALES EN MÉXICO.
Hay una línea muy delgada entre el fraude y la presión política. Por citar un ejemplo
particularmente palmario, los terratenientes no son culpables de fraude electoral
cuando todos sus peones y criados votan por su partido.
Más allá de la posibilidad de que se haya engañado a los campesinos para que
votaran a favor del partido del terrateniente o que su motivación haya sido evitar las
represalias por votar en contra de su empleador, estos actos no son fraudulentos,
aunque sean moralmente reprobables.
Aun cuando pudiera demostrarse que los peones y criados votaron en contra de sus
propios intereses, el hecho no podría calificarse como fraudulento a menos que se
haya violado una ley.
La historia de México demuestra que los políticos no se caracterizan por ser
personas cultas que se distingan por el amor a los libros o al conocimiento. La gran
mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases
a lo largo de la historia, fueron dejadas como herencia de la gran élite política para
la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor.
La jerarquización se volvió la norma hacia dentro y fuera del partido, en el que se
volvió común el que los políticos, servidores públicos y/o amigos de estos
designaran al sucesor que más les conviniera en el cargo por medio del "Dedazo".
Los procedimientos oficiales deben ser confiables. A los votantes se les debe
asegurar que solo aquellos que cumplen con todos los requisitos legales han
votado, que se les ha dado la oportunidad de emitir su voto bajo circunstancias
que garantizan su absoluta libertad para hacerlo sin presiones y que sus votos
hayan sido registrados debidamente.
Un primer problema consiste en diseñar un sistema preciso para el registro de
votantes - un registro que permita incluir a todos los electores habilitados y excluir
a los que han fallecido o a quienes se encuentran descalificados de alguna otra

4. forma. Debe haber mecanismos para evitar la suplantación de electores - quienes
se presentan en las mesas de votación deben ser quienes dicen ser.
Las prácticas corruptas electorales incluyen el soborno de votantes, la obtención
de fondos de campaña mediante promesas de beneficios ilegales (tales como
contratos favorables con el gobierno) como recompensa a los donadores, sobornar
a los candidatos opositores para que se retiren de la contienda y (donde existen
límites legales a los gastos de campaña) un manejo encubierto de los gastos de
campaña para poder exceder los límites.
Tales prácticas fueron comunes en Gran Bretaña hasta finales del siglo XIX. El
voto secreto es el principal dispositivo para restringir la compra de votos. Si los
electores emiten sus votos en secreto, no hay forma de que los partidos o
candidatos puedan tener la certeza de que aquellos a los que se les ofreció un
soborno votaron conforme a lo convenido.
Sin embargo, en algunas comunidades se ha comprobado que el voto secreto es
insuficiente para acabar con la compra masiva de votos.
En cada proceso electoral, individuos con recursos monetarios apuestan miles o
millones de pesos a la campaña de algún candidato a cambio de algún beneficio
futuro (licencias, “triunfos” en concursos o licitaciones, puestos en la burocracia,
etc.), sin que ese dinero sea reportado a las autoridades electorales o que estas
puedan fiscalizarlo con lo cual se genera inequidad en la contienda y distorsiona el
resultado electoral que debe ser producto de la voluntad de la mayoría ciudadana.
Lo mismo ocurre con servidores públicos que tienen un cargo de elección popular o
se encuentran en la parte alta de la jerarquía de los diferentes órdenes de gobierno:
delegados federales, gobernadores, senadores, diputados, presidentes
municipales, secretarios del gabinete, entre otros.
Así como el fraude electoral y la corrupción son claramente indeseables e ilegales,
las prácticas "injustas" o "inequitativas" son más difíciles de definir y más
controversiales. Lo que es "injusto" o "inequitativo" para algunos es simplemente
"lucha intensa" o "campaña negativa" para otros.

5. Por supuesto, los candidatos tienen un incentivo para presentar a sus oponentes
de la peor forma posible.
Todos ellos constituyen las principales fuentes de financiamiento y recursos ilegales
con los que operan los “movilizadores” quienes entran en contacto directo con
amplios grupos de electores cuya característica principal es la precariedad
económica en la que viven y estos a su vez, en no pocos casos, ofrecen su
credencial de elector como prenda en garantía de que en las próximas elecciones
votarán por quien el operador o movilizador les diga, o peor aún el operador evita
que el votante acuda a las urnas a emitir su voto. Eso ocurre en cada jornada
electoral en muchas zonas marginadas del país.
Esas maquinarias clientelistas no son exclusivas de ningún partido político. Antes y
durante los comicios electorales, se venden al mejor postor, cobran y “operan” hoy
para un gobierno, partido o candidato y mañana para los opositores.
Los grandes escándalos generados en la opinión pública por la publicación de
vídeos en el que se exhiben a personas ligadas a gobiernos, partidos o candidatos
recibiendo maletas o bolsas con fajos de billetes, son solamente un eslabón de toda
una cadena de complicidades cuyos actos de corrupción vulneran la legitimidad de
origen de quienes ganan elecciones a través de este tipo de prácticas ilegales y
lastiman la confianza en los procesos electorales y en las instituciones que soportan
nuestra República democrática.
Con la llegada de la democracia y los avances en materia de transparencia y
protección de los derechos humanos, la corrupción ganó visibilidad y hoy la
sociedad está indignada con ella y con su otra cara, la impunidad. Los grandes
escándalos de corrupción en los ámbitos federales y locales se vinculan a las
campañas políticas y aunque hay investigaciones penales en curso en manos de la
Fiscalía para Delitos Electorales, FEPADE, siguen sin aplicar las sanciones que la
ley establece para ese tipo de delitos.
Por ello, la demanda social en contra de la corrupción en campañas políticas se ha
enfocado al instituto Nacional Electoral, (INE), que es la autoridad que organiza los

6. comicios y fiscaliza el dinero de los partidos. El INE carece de las herramientas
técnicas y de inteligencia financiera para investigar y sancionar actos de corrupción
en elecciones y ello ha provocado desconfianza en la organización electoral,
poniendo en riesgo la credibilidad de los resultados de la elección de este año.
El repudio social a la corrupción y la presunción de que uno de sus móviles centrales
es el financiamiento paralelo y oculto de las campañas políticas ha gravitado
alrededor del trabajo de fiscalización de los recursos de los partidos que realiza el
INE.
La paradoja es que, habiendo autoridades gubernamentales encargadas de
perseguir los delitos de corrupción, no es a ellas a quienes se les exige que los
combatan en el terreno de la política, sino a la autoridad electoral. Es una buena
forma de despojarse de la responsabilidad.
Entendemos, pues, que la desigualdad política en la competencia entre partidos
tiene su origen en una desigualdad económica y social permeada de altas dosis de
corrupción.
Ésta proviene de aquellos que utilizan los recursos de empresas, sindicatos,
corporaciones, o del mismo gobierno para financiar de manera ilegal las campañas
de ciertos candidatos con fines e intereses particulares.
Desigualdad y corrupción se vuelven un círculo vicioso. Llegado este punto, una
alimenta a la otra. La desigualdad socioeconómica es motor de movimiento de las
estructuras clientelares de los partidos políticos.
Sobre todo, el intercambio del voto por dinero, por un servicio, porque les
condicionan programas sociales o por cualquier dádiva, lleva a los votantes más
vulnerables a dejar de ejercer sus derechos políticos y consecuencia de esto, no se
construye una democracia efectiva.
Estas consideraciones generales indican que el fraude electoral es común y
corriente en los más diversos sistemas políticos. Además, existen muchas formas

7. clandestinas de incrementar los totales de los votos, desde las violaciones de
procedimiento hasta la coerción abierta durante la jornada electoral.
También señala que los tipos de fraude flagrante (incluido el uso de la intimidación
o el robo de urnas) no constituyen la mayoría de los actos fraudulentos.
La mayoría de los esfuerzos para fabricar votos es ramplona: implica intentos
subrepticios por incrementar los totales de los votos.
Uno de los detonantes de los actos corruptos en este sentido, y más concretamente
de la elevada tasa de reiteración por parte de los trabajadores que alguna vez
cometen este tipo de irregularidades, es precisamente un sentimiento fortalecido de
impunidad. La decisión de ejercer de forma corrupta en una determinada situación
tiene sin duda un gran aspecto probabilístico.
Así, el corrupto tiene generalmente la impresión de estar por encima de las leyes,
las instituciones, y el resto de elementos de control del estado; piensa, en otras
palabras, que su destino económico y penal depende únicamente de él mismo y del
resto de personas de su círculo corrupto, a quienes concibe con un poder superior
a cualquier organismo público.
Muchos tipos de fraude electoral se prohíben en las legislaciones electorales, pero
otros están en infracción con leyes generales, como las que prohíben el asalto, el
hostigamiento y la difamación.
Aunque técnicamente el término cubre solo aquellos actos que son ilegales, a veces
también se usa para describir actos que son legales, pero que son considerados
moralmente inaceptables, fuera del espíritu de una elección o que violan los
principios de la democracia.
Las elecciones show, de solo un candidato, a veces son clasificadas como fraude
electoral, aunque pueden estar en cumplimiento de la ley y son presentadas más
bien como referéndums.
En elecciones nacionales un fraude electoral exitoso puede tener el efecto de un
golpe de estado o el de una democracia corrupta. En una elección reñida, una

8. pequeña cantidad de fraude puede ser suficiente para cambiar el resultado, e
incluso si el resultado no es afectado, la revelación de que hubo fraude puede tener
un efecto dañino si no es castigado, porque puede reducir la confianza de los
votantes en la democracia.
Por último, se sugiere que el fraude electoral indigna a los partidos y a los
ciudadanos; tiene una dimensión normativa que lo convierte en algo que va más allá
de las meras violaciones a la ley electoral. En muchos países, la acusación de
fraude se ha transformado en parte del discurso de los movimientos democráticos,
una acusación que hace referencia a la profanación de las libertades civiles y de los
principios democráticos liberales.
La fortaleza del marco normativo en el que actúa la corrupción es un factor esencial
para conseguir la erradicación de la misma de la Administración Pública en general
y de los contratos públicos en particular. Y en este sentido, es evidente que las
prácticas corruptas tienden a desarrollarse en mayor número y con mayor facilidad
en aquellos sistemas legislativos que regulan de manera laxa e indefinida aquellas
situaciones que son consideradas como actos de corrupción.
Un sistema normativo débilmente construido posibilita, e incluso favorece, los
comportamientos irregulares. Por ello, un marco normativo que sancione y tipifique
claramente los actos de corrupción es esencial para tratar de erradicar la corrupción,
generando un ambiente preventivo adecuado con determinadas medidas concretas.
Y es que, en efecto, las prácticas corruptas proliferan en los ambientes
institucionalmente débiles, vulnerables a los vaivenes políticos y que dificultan el
control de las actuaciones públicas en materia de contratación pública. No obstante,
es requisito indispensable asegurarse que la fortaleza institucional es real y no un
mero simbolismo político.
Existen diversas técnicas practicadas para ejecutarlo, a continuación, se mencionan
algunas:
• Suplantación del elector, consiste en que otra persona vota en lugar del
elector, por ejemplo, personas que han fallecido.

9. • Quema de Urnas, lo que impide computar la elección, quedando nula.
• Coacción o presión al elector para impedirle que libremente elija el
candidato o una opción propuesta. Una forma es el acarreo de votantes,
o traslado de personas, por parte de dirigentes políticos, al colegio
electoral con el fin de que depositen el voto a su partido.
• Compra de votos.
• Sustracción de ánforas con cédulas o paquetes de actas electorales
antes de que fueran debidamente computados.
• Adulteración de las actas de elección modificando las cantidades de sus
resultados auténticos.
• Sustitución de paquetes electorales, actas, etc.
• «Embarazo de urnas», es decir, introducción de fajos de boletas
previamente votadas en las urnas para inflar la votación de una
candidatura, partido u opción electoral.
• Caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión
pública y manipular los resultados electrónicamente.
• Utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y
obtener ventaja ilegal en la publicidad.
• Complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las
evidencias del fraude electoral.
• Intervención del Gobierno, para favorecer a un candidato, partido o
propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras
concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer
de manera fraudulenta.
• Control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los
electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo.
• Concentración de medios informativos e información sesgada y favorable
a los grupos de poder con los que trabajan dichos medios.
• Uso de la fuerza pública contra los inconformes.
• Manipulación de los sistemas de cómputo.

10. • Soborno de las personas que cuentan los votos.
• Elecciones en Guinea Ecuatorial, todas las provincias a favor de Obiang
• Voto cadena. Permite la compra de votos, el primero que entra a votar,
pone otro sobre (no el autorizado, sino uno cualquiera) probablemente
ese voto quedará impugnado, pero se lleva consigo el sobre válido. Luego
introduce en él una boleta de su partido y lo cierra bien, luego puede
organizar una cadena de votos asegurándose que son a su favor, aunque
haya cuarto oscuro. A cada persona, le ofrece alguna recompensa, si trae
el sobre vacío a cambio de llevarse el sobre lleno. De utilización frecuente
en zonas de bajos recursos donde punteros políticos organizan la
cadena.
• Falsificación de firmas a favor de inexistentes y sellado etiquetado de sus
DNI, lo que facilitará trámites judiciales y financieros y afectará el rubro
de votos viciados y en blanco.
• Apagón electrónico, es decir desconexión total del sistema de votación,
mientras se manipula las actas ingresadas y escaneadas, cuando el
sistema se reactiva, el sistema muestra los resultados manipulados y las
actas escaneadas cambiadas, validan esos resultados.
Este sentimiento de impunidad se da con una mayor frecuencia en aquellos
entornos en los que la corrupción está notablemente extendida, pues los controles,
sanciones y detenciones en estos casos son menos comunes, y sin embargo el
problema es menos habitual en aquellos otros contextos en los que la corrupción es
un fenómeno aislado, en los que la percepción de peligro al realizar un acto corrupto
aumenta.
La sensación de impunidad puede ser alimentada por diversos factores legales,
entre los que se encuentra, además de la falta de control efectivo y trabas previas
a la corrupción, situaciones como la no restitución de los fondos o bienes extraídos
a través de corrupción, la confirmación o no anulación de los efectos jurídicos
derivados de los actos inmersos en corrupción, etc.

11. Existen diferentes tipos de fraudes, y aquí dejaré unos ejemplos.
• Fraude electrónico: corrupción en los sistemas informáticos que cuentan los
votos.
• Fraude mediático: no en las urnas, sino durante la campaña.
• Desequilibrar las campañas de los candidatos en los medios
• favorecer a un candidato, generalmente del partido gobernante
• Desacreditar a un candidato, generalmente de la oposición.
• Fraude en las urnas: el más común en el mundo, se da cuando de alguna
manera un candidato se hace de votos falsos, pero avalados por una boleta,
se puede encontrar en las famosas casillas zapatos, el carrusel loco, etc.,
también se la llama "embarazar una urna" si ésta ya tiene votos indebidos al
momento de comenzar los votantes a depositar su voto o quema de urnas
por parte de personas afines para destruir preferencias contrarias.
Otros mecanismos de defensa contra el fraude electoral consisten en la creación de
órganos y tribunales electorales integrados con funcionarios no seleccionados por
el poder ejecutivo y se han tipificado un buen número de delitos para castigar a los
instigadores, colaboradores, beneficiarios y ejecutores de cada una de las prácticas
del fraude electoral, sin embargo aún falta mucho por hacer ya que ninguna
legislación contempla el fraude mediático, aunque en algunos países se prohíbe
muy convenientemente que los partidos se promuevan en la televisión por medio de
anuncios, lo tienen que hacer en espacios específicamente diseñados para eso.
Para evitar el fraude electoral, las sociedades que lo han sufrido de manera
sistemática, elaboran complicadas leyes destinadas a impedirlo. En este orden de
ideas se han creado:
• Urnas transparentes para ver que no contengan votos previos
• Padrones y listados de electores, esto ha dado problemas en países
como México, que aprovechan el listado (con datos personales del
ciudadano) para fines de convencimiento electoral

12. • Credenciales electorales con hologramas y fotografía del votante
registrado
• Manchón con tinta indeleble en uno de los dedos del elector que ya votó
(para que no vuelva a hacerlo), este ha sido uno de los mejores métodos
ya que impide en efecto que el elector vote más de una vez, aunque se
ha dado algunos casos de tinta defectuosa
• Selección aleatoria, de entre los ciudadanos, de los funcionarios de la
casilla, esta medida sin embargo tiene sus defectos, al no ser obligatoria,
los ciudadanos no siempre aceptan serlo, por lo que se tiene que volver
a sortear hasta que haya uno dispuesto a serlo, eso lleva a la posibilidad
de que los funcionarios de casilla puedan ser los mismos de siempre, ya
que ellos fueron los únicos dispuestos a ser funcionarios
• Prohibición a los partidos de que realicen actos de proselitismo el día de
las elecciones.
• Control y auditoría del costo de las campañas políticas, esto no se ha
podido extender a las precampañas
• Financiamiento público para partidos (para evitar "compromisos" del
candidato hacia patrocinadores privados), sin embargo, esta medida lleva
a la creación no de uno, sino de numerosos partidos de estado, además
de corrupción de organizaciones que se registran solo para apropiarse de
las sumas que da el gobierno, y aún sin embargo la acción de capital de
patrocinadores privados no ha sido prohibida
• Revisión y mejora de las formas para contar las papeletas.
• Una forma efectiva de evitar el carrusel, que consiste en que un elector,
previamente instruido, no deposita una de las boletas electorales, de una
de las elecciones, y la lleva a un lugar preestablecido, en el que se cruza
por uno de los candidatos y otro elector la lleva a la casilla y la deposita,
llevando su propia boleta al mismo lugar, para continuar el proceso, hasta
que el último no la regresa, por lo que una de las elecciones puede
resultar con menos votos que las otras, en el caso de que haya más de
un puesto de elección popular en juego. Así, el uso de lámparas

13. translúcidas, no opacas, podría ser un poderoso inhibidor de este
procedimiento de fraude, pues el elector en el momento de emitir su voto,
sería observado, en su silueta, si se introduce una boleta en sus ropas,
que es, en México, un delito penado con cárcel.
• El Uso de boletas únicas de papel.
• El Sistema de Boleta Única Electrónica previene casos de fraude como
el voto cadena o voto hormiga. Sin embargo, este sistema ha traído
nuevas formas de fraude, como la posibilidad de que un elector realice
múltiples votos.
En los términos del artículo 41 constitucional los principios que deben orientar al
proceso electoral federal son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
y objetividad.
Desde el momento mismo en que las formas democráticas permiten a los
ciudadanos intervenir y participar en la organización política de los pueblos a través
del ejercicio del voto, aparecen también las conductas punibles en materia electoral,
que restan sinceridad al sufragio y corrompen el régimen representativo.
En términos generales, se llama delito a la realización de una conducta no permitida
por la ley, pues vulnera los derechos de los demás o los afecta en su persona, lo
que trae como consecuencia la aplicación de un castigo o sanción previsto por la
ley penal federal El Código Penal Federal, prevé y sanciona los delitos en que puede
incurrir cualquier persona con motivo del proceso electoral federal.
Los delitos electorales federales son las conductas, sancionadas por el Código
Penal que lesionen o ponen en peligro la función electoral federal y,
específicamente, el sufragio en cualquiera de sus características de ser universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible.
El Código Penal, en su artículo 403 prohíbe a cualquier persona las siguientes
conductas:

14. • Votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;
• Votar más de una vez en una misma elección;
• Votar o pretender votar en una misma elección.
• Hacer proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada
electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados
los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;
• Intencionalmente obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones,
el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación
electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;
• Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar
de los ciudadanos;
• Solicitar votos en favor de un candidato o de un partido, por pago, dádiva, promesa
de dinero u otra recompensa durante la campaña y la jornada electorales;
• Violar de cualquier manera, durante la jornada electoral, el derecho del ciudadano
a emitir su voto en secreto;
• Votar o pretender votar con una credencial para votar de la que no sea titular;
• Llevar a cabo el día de la jornada electoral, el transporte de votantes, coartando o
pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto;
• Introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se
apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida
de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes;

15. • Solicitar u obtener declaración firmada del elector acerca de su intención o el
sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva,
comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato;
• Impedir en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente
cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la
casilla;
• Publicar o difundir por cualquier medio, durante los ocho días previos a la elección
y hasta la hora del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de usos
horarios más occidentales del territorio nacional, los resultados de encuestas o
sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.
A quienes incurran en alguna de las conductas anteriormente descritas, el Juez
Penal les podrá imponer tanto una sanción pecuniaria, como una sanción privativa
de libertad y que estas penas pueden comprender de diez a cien multas y de seis
meses a tres años de prisión.
El bien jurídico tutelado por el artículo 403, es el derecho al voto, toda vez que este
derecho tiene una significación política sumamente rica, ya que, a través del mismo,
el ciudadano no sólo elige a sus representantes, sino también elige un programa
político con apego al cual se debe gobernar al país y, además se reitera, actualiza
y confirma su decisión de que la democracia debe ser la norma básica de gobierno.
El artículo 41 Constitucional, establece que la organización de las elecciones
federales es una función estatal que se realiza con la participación de los partidos
políticos nacionales y los ciudadanos, en cuyo ejercicio la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad constituyen principios rectores.
En el proceso y la jornada electorales participan ciudadanos con el carácter de
funcionarios electorales; esto es, forman parte de los órganos que cumplen con las

16. funciones electorales en los términos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Los funcionarios electorales, en el desempeño de sus funciones, deberán actuar
con estricta observancia de los principios constitucionales antes enunciados,
evitando incurrir en conductas que puedan constituir delitos de naturaleza electoral.
Dentro del Sistema Político Mexicano y de conformidad con el artículo 128
Constitucional, todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar
posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes
que de ella emanen.
Ahora bien, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 401 del Código
Penal, se entiende por servidor público a las personas que se encuentren dentro de
los supuestos establecidos por el artículo 212 del referido Código, que dispone: “es
servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la
Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos,
en el Congreso de la Unión o en los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito
Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones
contenidas en el presente Título, son aplicables a los gobernadores de los Estados,
a los diputados, a las legislaturas locales y a los Magistrados de los Tribunales de
Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título en materia
federal”.
Todo servidor público debe actuar con estricto apego a la Constitución y a las leyes
que de ella emanan, y a efecto de evitar que puedan hacer un uso indebido de sus
funciones con propósitos partidistas, el artículo 407 del Código Penal Federal
establece que incurre en delito electoral el servidor público que:
• Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad
o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

17. • Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o
la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del
sufragio en favor de un partido político o candidato;
• Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición
en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un
partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder
por el delito de peculado;
• Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus
candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus
labores, de manera ilegal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.
Para alcanzar sus fines, los partidos políticos cuentan con afiliados, y de entre ellos
designan a los que deben fungir como sus dirigentes y como sus representantes
ante los órganos electorales. También les corresponde a los partidos políticos, en
los términos de la legislación federal electoral, postular y registrar, en los tiempos
que marca la ley, a sus candidatos para cargos de elección popular.
Ahora bien, la organización de las elecciones en cualquiera de dichos ámbitos no
se agota en un acto, ni en un momento, sino que es todo un proceso, es decir, un
conjunto de actos concatenados que tienen por objeto la renovación periódica de
los integrantes de los órganos de representación política, los cuales son, en el
ámbito federal, el Presidente de la República, los diputados federales y los
senadores; en el ámbito del Distrito Federal, el jefe de gobierno, los miembros de la
Asamblea Legislativa y los responsables de las demarcaciones territoriales que lo
conforman (delegados), y en los ámbitos estatales se deben organizar sendos

18. procesos electorales para elegir, por una parte, a los gobernadores y diputados
locales y, por otra, a los integrantes de los ayuntamientos, como es el caso de los
presidentes municipales, síndicos y regidores, ya que el municipio es la base de la
organización política y jurídica estatal.
Debido a que el registro electoral es un área donde es posible manipular los
resultados electorales, hay que prestar especial atención para asegurar que el
padrón sea preciso y confiable. Un padrón confiable implica que todos los votantes
estén registrados, que sólo aparezcan una vez y que sólo se incluya a las personas
elegibles.
Crear y mantener un padrón electoral preciso requiere supervisión constante y
múltiples revisiones, que incluyen actualizar los registros, eliminar la duplicación y
quitar a los votantes que ya no residen en ese distrito electoral. También es
importante aplicar las leyes contra el fraude y de registro electoral, ya que
disminuyen futuros fraudes a la vez que aseguran que las personas que han roto
la ley sufran las consecuencias de sus actos.
Se supone que la educación electoral tiene el objetivo de promover la participación
de una ciudadanía informada y responsable. Los electores necesitan comprender
sus derechos y responsabilidades bajo la ley constitucional y electoral a fin de que
puedan cumplir con sus obligaciones de manera informada.
De acuerdo con Civitas, la educación electoral también debe "fomentar la
participación libre y competente. Dicha participación implica más que un intento
de influir en las políticas públicas. La participación competente y responsable debe
basarse en la deliberación moral, el conocimiento y la reflexión."
Las campañas electorales son esfuerzos competitivos hechos por los candidatos
y los partidos políticos para ganar el apoyo de los electores en el periodo que
precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para
atraer votantes, desde comparecencias en público y mítines hasta el uso de
publicidad en los medios masivos de comunicación.

19. La campaña para ocupar un cargo público dura más que el periodo de campaña
"oficial" especificado en el calendario electoral, cuando los candidatos pueden
recibir trato especial, normalmente en forma de acceso a los medios públicos de
comunicación o a los fondos públicos para efectos de campaña.
Las campañas en la era actual de los medios pueden costar cantidades enormes
de dinero, lo cual despierta dudas sobre la integridad con respecto a la
recaudación y gasto de fondos y hace pensar que quienes ganan las elecciones
son los candidatos que gastan la mayor cantidad de dinero. Estas cuestiones se
discuten en Financiamiento de las Campañas.
Durante la campaña los candidatos buscan hacer llegar su mensaje y motivar a
los electores para que voten por ellos o por su partido. Hay varias cuestiones de
campaña que afectan la libertad y la equidad de la elección. Éstas incluyen la
duración de la campaña, la capacidad para hacer una campaña libremente, la
neutralidad de los funcionarios electorales durante la campaña, la seguridad de
los participantes, y Acceso a los Medios.
Debido a estas cuestiones de integridad, la mayoría de los sistemas reglamenta
ciertos aspectos del proceso de la campaña. Sin embargo, algunos sistemas, tales
como el danés, sólo establecen directrices para el acceso equitativo con los
medios y no han establecido reglas para limitar la cantidad de dinero o el tiempo
que tengan que emplear en las campañas electorales.
La capacidad de participar libremente en la campaña electoral es una cuestión
clave en la integridad de la elección. Los candidatos deben poder circular
libremente entre sus simpatizantes y hacer públicas sus plataformas políticas.
Los electores deben poder asistir a los mítines y a otros eventos políticos sin
interferencia y sin miedo. Deben contar con libre acceso a la información política
para que puedan tomar una decisión informada cuando voten. Una campaña libre
y justa depende de la libertad de prensa, de discurso, de reunión y de asociación.

20. La libertad de asociarse con fines políticos es un requisito básico para la
integridad. Los electores deben poder reunirse para discutir sobre los candidatos
y otros temas electorales. Los partidos políticos deben poderse reunir y planear
sus campañas electorales con sus simpatizantes. El derecho de asociación no
está restringido salvo para las reuniones organizadas con fines ilegales, tales
como promover disturbios públicos para alterar o manipular el proceso.
La libertad para hacer campaña también se refiere a la libertad de movimiento. Los
candidatos deben poder hacer campaña en cualquier lugar del país. En países con
problemas de seguridad, esto puede significar un conflicto para la aplicación de la
ley. Sin embargo, hay que evitar las restricciones arbitrarias del movimiento de los
candidatos y sus simpatizantes que pudieran interferir con su capacidad legal para
hacer una campaña.
La libre circulación de la información es otro factor básico de la integridad. La
prensa debe poder publicar y distribuir información sin censura o manipulación de
su cobertura. La prensa que abusa de sus derechos al publicar información
difamatoria o falsa debe rendir cuentas por esta conducta inadecuada. En la
mayoría de los países esto se lleva a cabo en un tribunal, después de publicar la
información.
Proteger el libre flujo de información es responsabilidad del gobierno, que tiene la
opción de aprobar leyes que protejan la libertad de expresión, hacer esfuerzos
especiales para investigar las amenazas contra los medios y hacer comparecer a
los responsables ante la justicia. Una prensa libre no se siente intimidada cuando
cubre una elección ni tiene que autocensurarse debido al miedo.
Durante la campaña, el sistema público de radiodifusión tiene la responsabilidad
de asegurar que se brinde una cobertura equitativa y justa del proceso. Artículo
19, una ONG encargada de asegurar la libertad de expresión, ha desarrollado
lineamientos para la transmisión de la cobertura de las campañas electorales en
democracias en transición. Estas directrices incluyen:
▪ Informar a los electores sobre cuestiones electorales relevantes,
incluyendo la distribución de la información de educación electoral;
▪ Brindar cobertura electoral imparcial y equilibrada;

21. ▪ No censurar artículos y materiales electorales a menos que
constituyan un incentivo claro y directo para la violencia o el odio;
▪ Ofrecer cobertura noticiosa imparcial, exacta y equilibrada, así
como programación de temas actuales;
▪ Ofrecer a los partidos y candidatos tiempo al aire para que tengan
programas de acceso directo sobre una base libre y no
discriminatoria;
▪ Brindar tiempos iguales a ambas partes en un voto de referéndum.
Los partidos políticos, los candidatos y los medios de comunicación usan las
encuestas de opinión pública como parámetro para medir el apoyo electoral para
cada candidato, partido y postura. Sirven también para definir el curso de las
campañas y para elaborar mensajes para los electores. En la mayoría de los
sistemas, se permite llevar a cabo estas encuestas sin interferencia política y sin
restricciones irracionales.
Cuando se publican los resultados, también se especifica la metodología
empleada para que los usuarios puedan determinar la precisión de los datos. Esto
incluye normalmente el margen de error, el tamaño de la muestra y la información
demográfica de quienes respondieron (edad, ubicación, género, ocupación, etc).
El momento en que se hace pública la información de la encuesta puede ser un
conflicto potencial de integridad porque puede afectar el resultado de la elección.
Los resultados pueden influenciar a los electores indecisos y fomentar la simpatía
por ciertos candidatos o posturas.
Un elector puede pensar que la elección ya está decidida, por lo cual no tiene
sentido votar, o votar contra lo que piensa la mayoría. En países con gran cantidad
de zonas horarias se puede predecir al ganador de una elección presidencial antes
de que se desarrolle la encuesta en algunas regiones, lo cual puede incidir
negativamente en la cantidad de votantes que van a las urnas y en las elecciones
electorales en las últimas áreas de votación.

22. Debido al funcionamiento del sistema de colegio electoral, la victoria en Florida
era crucial para obtener el voto del colegio electoral. Además, sus proyecciones
fueron inexactas y después las alteraron pocos minutos antes de que se cerraran
las mesas de votación en el oeste.
A fin de abordar estas cuestiones, algunos sistemas prohíben la publicación de las
encuestas hacia el final. Estas reglamentaciones varían desde México, donde es
un delito publicar información que prediga quién ganará la elección desde los 8
días precedentes a la elección hasta la jornada electoral, hasta Sudáfrica, donde
no se permite la publicación de los resultados de las encuestas sino hasta después
de que hayan cerrado las mesas de votación, o hasta Dinamarca, donde no hay
restricciones a este respecto.
La capacidad de hacer campaña en una atmósfera libre de miedo e intimidación
es otro componente esencial de una elección libre y justa. Los candidatos deben
poder desplazarse libremente y reunirse con los electores sin temer por su
seguridad física o por la de sus simpatizantes.
Los votantes deben poder desplazarse y asistir a los mítines de campaña sin
temor. Los monitores, los observadores y la prensa necesitan poder cubrir el
proceso y publicar sus informes sin temor a la intimidación o a las posibles
represalias.
El ambiente de la seguridad afecta los resultados electorales. Según John
Sanderson y Michael Maley, "Si la actividad de los partidos de la oposición se
reprime debido a un clima de miedo - si estos partidos no se pueden reclutar,
organizarse, establecer oficinas y dialogar con los electores, o sólo pueden hacerlo
en periodos limitados o en ciertas partes del país, la consecuencia inevitable será
un ambiente electoral prejuiciado a favor del grupo en el poder, a consecuencia de
lo cual lo más probable es que disminuya la cantidad de votos a favor de la
oposición".
Hay inquietudes con respecto a la seguridad en muchos países. En diciembre de
1999, el presidente de Sri Lanka resultó lastimado durante un ataque bomba

23. suicida en un mitin de campaña. Catorce personas murieron y más de 105
resultaron heridas. Ese mismo día, una segunda explosión mató a siete y lastimó
a cuarenta en un mitin del principal partido de la oposición.
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en
peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las
características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e
intransferible.
Cualquier persona, funcionarios electorales o partidistas, precandidatos,
candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto
religioso pueden cometer este tipo de ilícitos contenidos en la Ley General en
Materia de Delitos Electorales.
La reforma electoral de 1996, porque además de dotar de autonomía constitucional
al IFE, le dio facultades para hacer más robusta la fiscalización de los recursos de
los partidos, en buena medida porque se incrementó significativamente el
financiamiento público como medida para equilibrar las brechas económicas que
existían entre ellos y para cerrar la puerta a la tentación de allegarse de dinero ilícito.
De hecho en 1997, el financiamiento público de los partidos solo en el ámbito federal
ascendió a 2.111.493.862 pesos ($1.055 millones de dólares en cifras actuales),
pero esa cifra se ha incrementado elección tras elección, pues en 2000 llegó a
3.064.092.232 millones de pesos ($1.532 millones de dólares y para este 2018
alcanza los 6.573.389.866 millones de pesos ($3.286 millones de dólares) (INE,
2018).
El elevado monto de financiamiento público y la distribución equitativa de los
recursos entre los partidos (70% proporcional a su votación previa y 30% igualitaria)
permitió que todos tuvieran dinero suficiente para disputarse los cargos de elección.

24. La competitividad que se ha instalado en México ha mostrado que dicha fórmula de
financiamiento fue útil para lograr su cometido, aunque hoy en día se cuestiona lo
elevado de los montos, justo por la centralidad de la corrupción en la política.
Una vez concluida la transición a la democracia, con la alternancia en la Presidencia
de la República en 2000, la siguiente demanda social en materia democrática fue el
derecho de acceso a la información pública y la transparencia de la gestión
gubernamental.
La reglamentación de la transparencia pública que arrancó en el 2002 se intersectó
con la relativa al fortalecimiento de los mecanismos legales e institucionales del
control y vigilancia del dinero que se le encargó a la autoridad electoral.
El asunto de la corrupción no fue el blanco de los afanes de la fiscalización, pero,
tampoco lo fue de la FEPADE, pues, aunque todos sabían que existían mecanismos
clientelares arraigados como el uso de programas sociales para favorecer al partido
en el gobierno, la atención estaba en lograr la alternancia y sacar al PRi del
gobierno.
Como en muchos otros lugares del mundo, y en especial en América Latina, uno de
los móviles más socorridos para desviar dinero público ha sido el financiamiento de
campañas políticas, utilizando recursos gubernamentales y los esquemas son cada
vez más sofisticados, como el de las “empresas fachadas” para triangular recursos
y opacar tanto sus orígenes como sus destinatarios.
Los grandes escándalos en Italia, Alemania, o España, al igual que en países
latinoamericanos (Brasil, Perú, Colombia, o México), han revelado que los actos de
corrupción no solo implican el enriquecimiento ilícito de algunos políticos, sino la
inyección de recursos para la promoción de candidatos y partidos en el poder.
En los procesos electorales se dirimen una serie de cuestiones importantes:
ciudadanía, representación, organización política, gobernabilidad; en esencia, las
características del régimen político y sus formas concretas.

25. Los procesos electorales, por otra parte, son una peculiaridad básica de las
democracias modernas, aun cuando también podemos encontrar elecciones en
sistemas totalitarios, las cuales, en sentido estricto, no son precisamente
elecciones, debido a que no se elige, sino que sólo se “aprueba” a candidatos
predeterminados en postulaciones restringidas.
Cualquiera que sea la idea que tengamos de democracia, los sistemas políticos que
reciben ese nombre, en la actualidad son poliarquías que se caracterizan por cinco
instituciones fundamentales: cargos públicos elegidos por los ciudadanos;
elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; acceso de los
ciudadanos a fuentes alternativas de información; asociaciones autónomas y
relativamente independientes del poder gubernamental.
Cualquiera sea el criterio que adoptemos, parece evidente que los procesos
electorales ocupan una posición central en las dinámicas de la democracia. En los
procesos electorales se determinan una serie de condiciones y se verifican un
conjunto de dinámicas esenciales al funcionamiento democrático: la ciudadanía, los
mecanismos específicos del sufragio, la representatividad, las candidaturas, las
condiciones legales que regulan esos procesos, todo ello envuelto en tradiciones
electorales que se generan y transforman históricamente y con inevitables conflictos
más o menos abiertos y más o menos solucionables y solucionados.
Todos éstos están interrelacionados, afectándose mutuamente de manera más o
menos directa.
La ciudadanía, de todas maneras, debe traducirse en un sistema de registro
eficiente; el padrón electoral se convierte así en un indicador más de la
democratización.
También tienen que ver con el mecanismo de voto el tipo de boletas o registro
material; en los últimos tiempos se han fabricado ciertas máquinas que registran los
votos de manera electrónica, las que no gozan todavía de confianza por parte de
electores, con razones para ello. En muchos países las boletas para los distintos
cargos a elegir están separadas, pero todavía hay casos en que se trata de una

26. boleta única (aunque con posibilidades de cruzar el voto, cortándolas, como en
Argentina). Las mesas electorales y las actas o registros también tienen distinto
formato y diferentes requisitos para su llenado, con sus consecuencias sobre los
resultados.
El hecho de que las elecciones se realicen bajo el sistema de circunscripciones
unipersonales, por mayoría o bajo alguna fórmula de representación proporcional,
también afecta las candidaturas, el estilo y forma de las campañas.
Las circunscripciones unipersonales, a su vez, permiten una relativa mayor
independencia en las propuestas programáticas de los candidatos -ajustadas a
veces a condiciones locales y prescindentes de los entornos nacional e
internacional-, mientras que los sistemas de proporcionalidad obligan, por su propia
naturaleza, a la presentación de programas compartidos y, por lo tanto, de alguna
manera consensados; en el primer caso, votamos teóricamente por personas y en
el segundo, por agrupaciones políticas.
En todos los procesos políticos, incluidos los electorales, es imposible evitar la
aparición de conflictos. Lo importante, por otro lado, no es que surjan sino cuáles
son los mecanismos puestos en acción por los agentes para encontrarles solución,
para lo cual no tenemos recetas o prevenciones posibles. En los procesos
electorales podemos encontrar conflictos en los tiempos previos a la jornada
electoral, conflictos en la misma jornada y conflictos posteriores; cada uno de los
tiempos marca diferencias en el tipo de conflictos.
En los previos se trata de enfrentamientos entre los candidatos y/o entre sus
partidarios, a través de ataques verbales o de acciones de agresión física, en los
cuales pueden intervenir diversos grados de mentiras o calumnias; otros pueden
derivarse de maniobras para registrar o impedir el registro en el padrón de quienes
son considerados favorables o enemigos; el ataque a oficinas que apoyan a un
candidato y el robo o rotura de material propagandístico.
Otros aspectos se refieren a la aceptación y cumplimiento de las normas vigentes,
en especial las relacionadas con los apoyos que pueden recibirse, como donaciones

27. económicas o las distintas formas en que un grupo gobernante puede apoyar a sus
candidatos.
En la jornada electoral, los conflictos se derivan de maniobras para impedir a ciertas
personas o grupos el derecho a votar o el uso de formas de manipulación de los
electores y de las autoridades electorales.
El robo o destrucción de urnas o el ataque físico a personas o grupos también está
en el panorama de los conflictos. Debe tenerse en cuenta que en ocasiones son los
mecanismos de elección los que pueden propiciar la aparición de manifestaciones
de manipulación o de violencia.
Este problema se ha establecido en la agenda informativa de los medios y en una
de las preocupaciones de la sociedad. Las administraciones han proclamado sus
intenciones de atajar el fraude en las instituciones públicas, pero todavía hay que
formular y aplicar medidas efectivas para lograrlo.
La organización Transparencia Internacional que trabaja para eliminar la corrupción
en todos los niveles de la administración desde todas las partes del mundo, ha
establecido las medidas más importantes para acabar con el saqueo. A través de
estos pasos los ciudadanos y gobiernos pueden dar un paso en el progreso hacia
sociedades más justas y con las cuentas claras.
• Fin de la impunidad. La organización apuesta por el refuerzo de la
Justicia mediante modificaciones legislativas para que este tipo de delitos no
queden impunes. Aunque estas medidas son competencia de los gobiernos,
la sociedad civil también tiene a su alcance herramientas para dejar evidencia
de los casos de corrupción que conocen y pueden probar. Mediante el
portal Unmask The Corrupt los ciudadanos pueden conocer de una manera
interactiva todos los casos de corrupción que se han publicado en todas las
partes del mundo.

28. • Reforma de la administración. Un aumento en el control de la distribución de
los fondos derivados de los presupuestos de cada ejercicio puede favorecer
la eficiencia y claridad de este proceso en el que cobrarían una gran
importancia las auditorías públicas.
• Mayor transparencia. Mejorar la transparencia en todos los niveles deja más
expuestos los posibles delitos cometidos por lo que el riesgo de que salgan
a la luz es más elevado. Una buena accesibilidad a la información transmite
más confianza a los ciudadanos.
• Poder ciudadano. La concienciación de la sociedad de que la corrupción es
un problema endémico que se elimina con la colaboración de todos los
ciudadanos. Una mayor concepción de estos delitos permite un progreso más
acelerado en su erradicación.
• Control financiero internacional. El capital defraudado va a parar
habitualmente ha paraísos fiscales o cuentas en el extranjero donde los
defraudadores conservan impunemente y con total libertad el dinero que han
acumulado de forma ilícita. Un control exhaustivo de estas vías de evasión
acortaría el cerco a la corrupción.
Sabemos que es posible terminar con la corrupción dentro de las empresas,
siempre y cuando exista la disponibilidad de los directivos para emprender acciones
que generen verdaderos resultados y con la participación los colaboradores que
contribuyan a la conformación de una relación laboral armónica y sustentable.
Hacen falta mecanismos en los congresos que aseguren la representatividad de los
grupos más vulnerables. Candados que no permitan la cooptación ni de los partidos,
ni del Estado mismo. Eliminar esta desigualdad política lleva al fortalecimiento de la
democracia, al mismo tiempo que se combate a la corrupción.
Pero para abatir el problema, no basta solo con hablar de él. La corrupción es un
mal hábito, un rasgo cultural que, desde hace muchos años, se ha expandido de
manera orgánica en prácticamente todas las estructuras sociales de nuestro país.

29. Por esta razón, requiere ser atendido de una forma más efectiva que la que se ha
hecho hasta el momento.
Es necesario encontrar mecanismos, puntos de inflexión, incentivos, “botones” o
“palancas” que tengan el potencial de reducir los altos índices de corrupción e
impunidad que caracterizan al sistema político mexicano, a los funcionarios públicos
y a la relación entre gobernantes y los gobernados. En este documento exponemos
diversas propuestas que parten de investigaciones, análisis y discusiones más
amplias y que, consideramos, deben ponerse sobre la mesa de cara a un proceso
de transformación efectiva para atacar el problema.
Para combatir la corrupción se necesita la participación de todos y no solamente de
los gobernantes porque es común que las personas se quejen y reclamen sus
derechos a éstos sin exigirse nada a sí mismos. Debemos tomarnos muy en serio
este tema desde el seno familiar inculcando valores y difundiendo la honestidad y
responsabilidad.

30. CONCLUSIÓN
En este trabajo se muestra como es que la corrupción ha sido un problema desde
hace mucho tiempo, y que gracias a los servidores públicos que solo buscan su
comodidad personal es que esto no ha terminado, y de que hay herramientas
necesarias para terminar con la corrupción electoral la hay, solo que el pueblo no
se une para quitar a las mismas personas del poder, al contrario, unas que otras
personas se venden y es por eso que esta controversia nunca podrá terminar.
Quizás en un futuro lleguen personas que realmente amen nuestro país y se
enfoquen en satisfacer las necesidades que el pueblo mexicano necesita, de igual
forma que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia y pongamos de nuestra
parte para que algún día la corrupción electoral termine.
No solo es culpa de los funcionarios públicos, ni del INE, al igual es culpa de la
gente que logra venderse, así que el problema de alguna forma viene de la
concientización de uno como ser humano.
Ojalá las nuevas generaciones cambien la forma que nuestros antepasados han
dejado en nuestro entorno social, para que se cambien todas las cosas que
anteriormente se han hecho mal.