El documento aborda la problemática de la corrupción en el sector público, definiéndola como acciones ilícitas que afectan intereses colectivos y la ética, y destacando el papel de la impunidad en su proliferación. Se mencionan esfuerzos internacionales y locales para combatir la corrupción, así como la creación de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción en Quito, destinada a promover la participación ciudadana y la transparencia. La ordenanza busca actualizar esta comisión para mejorar su eficacia y adaptabilidad frente a nuevos desafíos en la lucha contra la corrupción.