El documento aprueba un reglamento que regula las políticas nacionales bajo la competencia del poder ejecutivo en Perú, estableciendo normas para su diseño, implementación y seguimiento por parte de los ministerios y gobiernos regionales y locales. Se enfatiza la obligación de estos organismos de alinear sus políticas con las directrices nacionales para garantizar su cumplimiento en todos los niveles de gobierno. La implementación de este reglamento se financiará con los presupuestos institucionales sin requerir recursos adicionales del tesoro público.