La Senadora Piedad Zuccardi reitera a la opinión pública su interés en ayudar a las poblaciones más vulnerables del país con proyectos como la legalización de tierras de Zonas de Reserva Forestal y Reservas Campesinas. Piedad Zuccardi Piedad Zuccardi de Garcia

1. Hacia una Política Integral de Ordenamiento y Desarrollo Integral para
la Protección Ambiental y el Aprovechamiento Económico Sustentable
de la Zona de Reserva Forestal de La Magdalena
D E B A T E
P I E D A D Z U C C A R D I
Senadora

2. Origen de este debate
En diferentes oportunidades y distintos escenarios, hemos manifestado nuestra
preocupación por la problemática que afecta a los municipios del departamento de
Bolívar ubicados en la Zona Reserva Forestal de la Magdalena.
Fue así como desde el año 2010, a través de diferentes comunicaciones, le
manifestamos a los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, de Minas, del Interior, al
Incoder, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Gobernador de Bolívar,
nuestro interés en la política de tierras que viene impulsando el Gobierno del Presidente
Santos y su componente de formalizar predios rurales que hoy no tienen títulos y
suman más de 6 millones de hectáreas en todo el país.
Igualmente, expresamos nuestro interés en que se promueva el PROYECTO PILOTO
DE SUSTRACCIÓN Y TITULACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR dada las limitaciones que para el progreso del mismo y sus municipios
impone la declaratoria de esta zona de reserva de la Magdalena, la cual fue creada por
la ley 2ª de 1959, ya que incide en 1.141.547 hectáreas localizados en la Serranía de
San Lucas, su área de influencia y algunos municipios de los departamentos de
Antioquia, Cesar, Sucre, Boyacá, Santander y Norte de Santander.

3. -Es necesario que al interior del Gobierno Nacional haya una adecuada
coordinación y articulación entre las distintas dependencias del nivel
central y descentralizado que de una u otra manera ejercen competencias
decisionales relacionadas con el manejo de los recursos ambientales del país.
Se observa cierta desarticulación entre los Ministerios del Medio Ambiente, el
de Minas y Energía y el de Agricultura, generada a su vez por intereses
institucionales muchas veces contrapuestos, que
suelen producir frecuentes choques de trenes.
El por qué de este debate
AGRICULTURA
M
INAS
Y
ENERGÍA
AMBIENT
E

4. en un país donde el 70% de la población era
rural y sólo el 30% urbano.
No obstante, esta ley ,así como el art. 209 del
Decreto 2811 de 19974 (Código de Recursos
Naturales) hoy le niegan a millones de
colombianos pobres el derecho al acceso a la
tierra, a la titulación de sus predios urbanos y
rurales, a ser sujetos de crédito y a beneficiarse
-Es evidente la vetustez, inocuidad e inoperancia de
algunas normas que regulan el sector ambiental del país,
como la Ley 2ª de 1959, que creó y reguló siete (7) zonas de
reserva forestal con las que en ese momento se pretendió
fomentar la industria maderera nacional a la vez que
proteger nuestros recursos naturales renovables,
de las inversiones sociales del Estado, mientras en cambio, no
ha servido para impedir la entrega de miles de hectáreas de las zonas de
reserva forestal para la explotación minera, tan necesaria como la actividad

5. -Millones de colombianos que habitan cientos de centros poblados (urbanos y
rurales) ubicados al interior de las Zonas de Reserva Forestal del país tienen
vulnerados su derecho constitucional a la PROPIEDAD (artículos 58 y 60
Constitucionales), porque la ley 2ª de 1959 y el art. 209 del Decreto 2811 de 1974
imposibilitan titularles sus viviendas y parcelas y garantizarles el acceso con cobertura
y calidad a los servicios sociales de educación, salud, deporte, recreación, agua
potable y saneamiento básico, entre otros, por la prohibición que hace de permitir
cualquier tipo de intervención en estas zonas.
-En el Sur de Bolívar, 283.146 colombianos que habitan en los 15 municipios de la
ZRF de la Magdalena tienen vulnerados estos derechos, de los cuales 116.419
habitan las cabeceras municipales y 166.727 los centros poblados rurales.

6. -Mientras a esos colombianos que habitan las ZRF se les niega el derecho a la
titulación de las tierras y viviendas que por muchos años han poseído,
alegándoseles la condición de INADJUDICABLE (ley 2ª de 1959), el Ministerio de
Minas y Energía ha otorgado cientos de títulos de concesiones mineras
desconociendo la prohibición de dicha ley. Sólo a partir de la Ley 1382 de 2010 se
exige para la iniciación de las actividades de exploración y explotación minera, la
sustracción previa de los predios concesionados.

7. -No obstante que las resoluciones 0763 de Julio de 2004 y otras que la
complementan, expedida por el Ministerio de Ambiente permiten sustraer las
cabeceras municipales de las ZRF, el trámite para la sustracción implica altos
costos para los municipios que les son imposibles de financiar por sus limitados
recursos, igual que para las entidades como el IGAC e INCODER, lo que explica la
inoperancia de esta medida. Además, no permite sustraer los centros poblados
rurales, que en el caso del Sur de Bolívar alojan al 60% de la población, ni sus
respectivas zonas suburbanas y rurales adyacentes de donde obtienen su seguridad
alimentaria.

8. -Si el Gobierno Nacional en
buena hora ha anunciado la
creación de nuevas Zonas de
Reservas Campesinas en el país
(EJ: Montes de María) como
mecanismo de sustracción y
adjudicación de baldíos a
campesinos, afrodescendientes e
indígenas ¿por qué más el 70%
de las tierras baldías de la ZRC
de Morales-Arenal y el 100% de
las de la ZRC de Cimitarra no
han sido adjudicadas?

9. -A pesar de estar ubicados en una zona privilegiada por su riqueza
forestal, agropecuaria y minera, la población que habita las ZRF del
país, especialmente de La Magdalena, registran los mayores índices de
miseria y pobreza. Adicionalmente, por muchos años, han sido víctimas
del conflicto armado.

10. -Por la ineficacia de la política de SUSTRACCIÓN DE TIERRAS de las
ZRF, los municipios del país que quedan ubicados en ellas, por demás los
más pobres, tienen una base tributaria muy precaria: su catastro inmobiliario
es muy reducido y por tanto poco reciben por el recaudo del impuesto
predial. La falta de titulación de sus tierras urbanas, suburbanas y rurales
impide también la diversificación de su base productiva y el recaudo de otros
impuestos como el de Industria y Comercio.