El documento aborda una resolución de la magistrada sobre la extradición de Ibar Pérez Corradi, cuestionando la urgencia expresada por un juzgado federal de San Isidro para su entrega a autoridades extranjeras, a pesar de la falta de comunicación de plazos procesales por parte de dichas autoridades. Se destaca la preocupación sobre el impacto negativo que podría tener esta decisión en el proceso judicial local y la necesidad de priorizar la declaración indagatoria del imputado antes de cualquier entrega. Finalmente, se resalta la intención de notificar a la Cancillería sobre las dificultades que podría acarrear esta acción.