Este documento presenta los antecedentes de dos causas (No 29.151 y 29.152) relacionadas con Carlos Alberto Carrascosa. En la causa 29.151, el fiscal solicita casar el veredicto absolutorio a favor de Carrascosa por homicidio calificado por el vínculo. Alega que hubo una errónea valoración de la prueba y falta de motivación, señalando contradicciones en testimonios y el tiempo que Carrascosa estuvo en la escena del crimen. En la causa 29.152, la defensa de

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación int.
Fiscal de Juicio” y
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación”
En la Ciudad de La Plata a los .......... días del
mes de ............del año dos mil nueve reunidos en
Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala
Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia
de Buenos Aires, doctores Carlos Angel Natiello,
Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués,
bajo la presidencia del primero de los nombrados, para
resolver los recursos de casación en causas Nº 29.151
caratulada: "CARRASCOSA, Carlos Alberto s/ Recurso de
Casación interpuesto por Fiscal de Juicio” y su
acollarada N° 29.152 caratulada: “CARRASCOSA, Carlos
Alberto s/ Recurso de Casación”, interpuesto este
último por la Defensa del nombrado Carlos Alberto
Carrascosa; practicado el sorteo de ley, resultó que en
la votación debía observarse el orden siguiente:
NATIELLO - SAL LLARGUES - PIOMBO, procediendo los
mencionados magistrados al estudio de los siguientes
A N T E C E D E N T E S
I.- Se inicia la causa n° 29.151 de referencia por
recurso de casación interpuesto por el Sr. Agente

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación int.
Fiscal de Juicio” y
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación”
Fiscal Dr. Diego Molina Pico, quien solicita se case el
veredicto absolutorio dictado a favor de Carlos Alberto
Carrascosa en causa 1.537 del Tribunal en lo Criminal
Nº 6 del Departamento Judicial San Isidro, respecto del
delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80
inc. 1° del CP).
Centra el agravio en la absurda valoración de la
prueba efectuada por el Tribunal de juicio a la hora de
determinar la autoría responsable del encartado en el
evento.
Sostiene que la principal falencia que se observa
en el tratamiento de la cuestión segunda del veredicto
que impugna, radica en la falta de fundamentación de
ciertas afirmaciones utilizadas para descartar dicha
autoría, lo cual conlleva al absurdo valorativo en
punto a la apreciación de la coartada de Carrascosa con
la cual éste intenta desincriminarse. Entiende, que
ello surge del errado razonamiento que fundamenta el
fallo.
Asigna gran importancia a la llamada telefónica de
las 19:07:58 hs.; a las contradicciones en los dichos
de Carrascosa y de Bártoli y a la declaración de la
“masajista” Michelini. Sostiene que una adecuada

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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valoración de estos elementos, permitiría afirmar con
certeza que quienes se encontraban a la hora de los
hechos en ese lugar, fueron el imputado Carrascosa y
por lo menos otras dos personas.
El señor agente fiscal, otorga a esas
circunstancias suficiente entidad para fundamentar la
imputación que le enrostra al encartado pues, a su
criterio, siguiendo los lineamientos de la teoría de la
coautoría funcional, aunque el dominio completo del
hecho resida en manos de varias personas, cada uno es
coautor del todo, teniendo cada una de ellas en sus
manos el destino del mismo.
Entiende que, en línea con esa idea, el
interviniente no puede ejecutar nada solo. Únicamente
si el cómplice o los cómplices cooperan, funciona el
plan, el cual sólo puede ser llevado adelante si actúan
conjuntamente.
Afirma que eso es lo que ocurrió en este caso. A
su juicio, hubo distribución de tareas, pues cada uno
de los intervinientes tuvo algo más que el dominio
sobre su porción del hecho y todo hubiese tenido un
final diferente con la sola intención de uno sólo de
los partícipes, de impedir el resultado mortal.

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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Manifiesta que ello no sucedió, sino que por el
contrario, existió cooperación funcional en el plan
homicida entre Carrascosa y los demás ejecutantes pues
todos habrían actuado en la especie libremente y sin
coacciones.
Alega, por lo tanto, errónea apreciación de la
prueba y defecto de motivación en el acto
jurisdiccional puesto en crisis, lo que se ha dado en
llamar “absurdo notorio”.
Entiende que, si bien el “a quo” ha enumerado
largamente la prueba incorporada a la investigación y
al debate, no puede sólo limitarse a ello y a la
afirmación de que a través de las mismas se llegara al
convencimiento, sino que debió explicar en forma clara
y de acuerdo a las reglas de la lógica y la
experiencia, de qué manera se produjo esa operación
intelectual o nexo racional entre las premisas y las
conclusiones a las que arribara, y cómo se apoyan éstas
en la prueba producida.
Se agravia de que el “a quo” optara, respecto de
la coartada de Carrascosa, por la prueba
desincriminante en desmedro de la incriminante
separándose de datos objetivos, sobre la base de una

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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apreciación subjetiva carente de toda verificación
empírica, pues el fallo llegó a tal conclusión
apontocado en el testimonio del “vigilador” Ortiz en
oposición de la llamada telefónica de las 19:07:58 hs.
Pretende demostrar la mendacidad del mentado Ortiz
sobre la base de que este “vigilador” no se encontraba
a las 19:00 hs. en la casa de Carrascosa sino que
habría arribado al lugar pasadas las 19:13 hs.,
manifestando que por tal razón hubo de solicitar que
fuera investigado por encubrimiento, al relatar una
versión diferente a la real, es decir, presentar las
cosas como ocurridas de otra manera.
El agraviodicente también destaca una seria
contradicción en el razonamiento empleado por los
sentenciantes que –a su juicio- amerita la casación del
fallo, y es el relativo a la hora en la que el
encartado Carrascosa se habría encontrado en la escena
del crimen.
Manifiesta que, si se sostiene que Carrascosa no
estaba en la casa a la hora 19:00 no se puede afirmar
luego que empleó el lapso mal justificado (entre las
18:20 y las 19:00 hs.) para alterar los rastros en la
escena del crimen, pues –esto último- supone la

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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presencia del encartado en el lugar del hecho ilícito a
la hora en que éste se cometiera, con lo cual el propio
juzgador no llega lógicamente a explicar la exclusión
de Carrascosa de dicha escena en el horario en el cual
éste aconteciera.
En mérito a ello impetra se case el fallo
recurrido y asumiendo competencia positiva, se condene
al encartado a la pena de prisión perpetua, como
coautor del delito de homicidio calificado por el
vínculo (art. 80 inc. 1° del CP).
II.- Bajo el n° 29.152, obra el recurso de
casación interpuesto por los Sres. Defensores
particulares del encartado, Dres. Hernán Diego Ferrari
y Alberto Néstor Cafetzóglus, contra el veredicto y
sentencia dictado el 11 de julio de 2007 en causa 1.537
del Tribunal en lo Criminal N° 6 del Departamento
Judicial San Isidro que condenara a Carlos Alberto
Carrascosa a la pena de cinco años y seis meses de
prisión, accesorias legales y costas, por el delito de
encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente
de un delito especialmente grave (arts. 12, 19, 29 inc.
3, 45 y 277 incs. 1° b) y 3°a), este último en función
del art. 79 del Código Penal.).

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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La defensa centra sus motivos de agravio en los
siguientes puntos, a saber:
a) Obtención de prueba de modo ilegal, violándose
el principio que prohíbe que se obligue a un ciudadano
a declarar contra sí mismo y la garantía de defensa en
juicio.
b) Impedimento de convocar a testigos que contaban
con información para decidir el caso.
c) Nulidad de la acusación alternativa por hechos
que se excluyen entre sí, como posibilidad de reproche
estatal.
d) Errónea aplicación del derecho que utilizó el
tribunal para solucionar el caso: omisión de la excusa
absolutoria del art. 277 del CP.
e) Violación del principio de legalidad, al
condenar por hechos no típicos.
f) Arbitrariedad de la sentencia por incoherencia
en la interpretación de los hechos y deficiente
valoración de la prueba.
g) Desproporción de la pena aplicada por el hecho
atribuido.
También se agravia por la –a su juicio- absurda
valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a la

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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hora de determinar la autoría responsable del encartado
en el evento por inobservancia y errónea aplicación de
preceptos legales (arts. 210 y 373 del CPP),
solicitando en consecuencia se anule la sentencia y se
dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho, el que
deberá ser absolutorio en su parecer.
III.- A fojas 467, se incorporó el recurso de
casación interpuesto por Carlos Alberto Carrascosa por
derecho propio, con el patrocinio letrado de los
defensores ut supra mencionados. Este recurso
esencialmente reproduce los agravios antes enumerados.
De tal forma esto resulta así, que los resúmenes de
ambos recursos (fs. 425 y 468) son notoriamente
similares.
IV.- A fs. 475/480 obra acta de la audiencia
prevista en el art. 456 del CPP para el informe oral,
oportunidad en la cual el señor Fiscal ante esta
Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, mantuvo en todas
sus partes el remedio propiciado por el Sr. Fiscal de
Juicio, Dr. Diego Molina Pico.
Postula, en esencia, que en caso de acreditarse
que el imputado se encontró efectivamente en el lugar
del hecho al momento de la muerte de su esposa, se lo

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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condene por el delito de homicidio calificado.
En respuesta al recurso Fiscal, la Defensa de
Carlos Alberto Carrascosa contestó esos agravios,
planteando como cuestión previa a resolver, que la
principal falencia que se observa en la sentencia que
condenara a su pupilo, es que se formuló una acusación
condicional. Por un lado, una en orden al delito de
homicidio calificado y por el otro, una en relación al
delito de encubrimiento calificado.
Entiende que -más allá de que se haya interpuesto
un recurso-, el Fiscal habría perdido el derecho a
proseguir la acción pública respecto al delito de
homicidio, habiendo quedado firme la sentencia a ese
respecto, no pudiendo por ello el Fiscal de Casación
proseguir la acción.
Agregó el co-defensor doctor Ferrari, que la
impugnación del Fiscal de Juicio fue sobre cuestiones
de horarios y lugares en los que se encontró el
imputado, y que la nueva Investigación Penal
Preparatoria suplementaria abierta en Pilar, haría caer
la pretensión original, toda vez que varios testigos
rectificaron sus dichos sobre los movimientos de
Carrascosa aquel día.

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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En uso de la palabra, el doctor Cafetzóglus expuso
sus argumentos en punto a sostener el recurso de
Casación N° 29.152 interpuesto por su parte,
ratificando el remedio incoado originariamente.
Con cita en doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, adujo que los hechos y el
derecho deben ser razonados, y que cuando esto no
ocurre, la sentencia es arbitraria, afirmando que es la
mera expresión del poder por el poder mismo, y que
estas arbitrariedades señaladas las ha encontrado a
través de toda la sentencia, por lo que el
pronunciamiento atacado viola el principio de
congruencia, ya que la acusación originaria fue sólo
por dos hechos, incorporándose luego siete hechos más.
Subsiguientemente, critica la utilización para
acreditar la materialidad infraccionaria, de prueba
indirecta, advirtiendo irregularidades en la sentencia.
Menciona al respecto el art. 26 (sic) de la
Constitución Nacional.
Asimismo, señala la desproporción de la pena
aplicada, ya que por seis meses no se le impuso a su
asistido el máximo de la sanción amenazada.
Considera que se aplicó inconstitucionalmente el

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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art. 41 del CP, pues no se pudo acreditar el móvil,
siendo ésta una norma sustancial que se encuentra por
encima de cualquier normativa procesal.
Menciona la imposibilidad que tuvo Carrascosa de
alegar la excusa absolutoria prevista en el art. 277
inc. 4° del CP.
A su turno, el doctor Ferrari ratifica todos los
argumentos expuestos en ambos recursos, manteniendo las
cuestiones federales planteadas y peticionando se
declare la nulidad de la sentencia, apoyándose en la
doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso “Mathei”,
por la cual no se puede volver a juzgar a un ciudadano
por errores de los órganos del Estado.
Retomando la palabra el doctor Cafetzóglus,
solicita que este Tribunal case la sentencia,
absolviendo a Carlos Alberto Carrascosa.
En la misma audiencia, y contestando los agravios
de la Defensa, el Sr. Fiscal ante esta Casación Dr.
Altuve, replicó los embates defensistas relativos a la
admisibilidad de una acusación principal por homicidio
y otra alternativa o subsidiaria respecto de
encubrimiento. Del mismo modo respondió en punto a los
agravios de la defensa respecto de la condena traída,

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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solicitando -en subsidio del resultado que pueda recaer
en el remedio planteado por la Fiscalía de Juicio, que
oportunamente sostuviera-, que se confirme el veredicto
y sentencia condenatorios en orden al delito de
encubrimiento agravado. Sostiene que el remedio
casatorio interpuesto por la Defensa, resulta
improcedente, pues el “a-quo” dio una suficiente
explicación –apoyada en prueba sustanciada en el
debate- acerca de cómo encontrara acreditada la acción
ilícita endilgada.
V.- Hallándose la causa en estado de dictar
sentencia, se decidió plantear y resolver las
siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación n°
29.151 interpuesto por el Sr. Fiscal Dr. Molina Pico
respecto del veredicto absolutorio recaído en orden a
la acusación principal por homicidio calificado por el
vínculo?
2da.) ¿Resulta admisible el presentado por la
defensa del encartado Carrascosa respecto del hecho

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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tratado en la acusación alternativa por encubrimiento
agravado por tratarse el hecho precedente de un delito
especialmente grave?
3ra.) ¿Se han verificado las violaciones a
principios constitucionales y procesales alegadas por
la Defensa?
4ta.) En mérito a lo resuelto en las cuestiones
precedentes: ¿Resulta fundado el recurso fiscal?
5ta.)¿Lo es el presentado por la defensa?
6ta) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez
doctor Natiello dijo:
El presente es un recurso interpuesto contra un
veredicto absolutorio, supuesto expresamente previsto
en el art. 452 del CPP, habiéndose expresado asimismo
los motivos del art. 448 de ese digesto e interpuesto
en tiempo y forma (art. 451 del CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada, el señor
Juez doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en

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igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada, el señor
Juez doctor Piombo dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes,
expidiéndome en igual sentido y por los mismos
fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez
doctor Natiello dijo:
Del mismo modo, es admisible el remedio incoado
por la Defensa, desde que la interposición del recurso
de casación respecto de sentencias definitivas en orden
a lo que refiere el art. 450 del ritual, procede cuando
se cumplimenten con la totalidad de los extremos
procesales vigentes (arts. 448, 450, 451 y 454 inc. 1°
del CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada, el señor
Juez doctor Sal Llargués dijo:

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Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en
igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada, el señor
Juez doctor Piombo dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes,
expidiéndome en igual sentido y por los mismos
fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez
doctor Natiello dijo:
I.- En mérito al cuestionamiento efectuado por la
Defensa respecto de la viabilidad de una acusación
“principal” y otra “alternativa” por homicidio
calificado por el vínculo y encubrimiento agravado,
respectivamente, desgranaré dos palabras convalidantes
del procedimiento de la Fiscalía de Juicio, atento la
lógica incidencia que tiene el pedido efectuado, sobre
el fondo del asunto.
Se alegó que tal proceder no sólo importa la
nulidad de la acusación, sino que implica directamente,

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su ilegalidad.
Se sostuvo que el fiscal está solicitando pena por
un delito (el encubrimiento) que, según su criterio y
planteo principal (la acusación por homicidio) no
podría ser atribuido pues “nadie puede ser condenado
por encubrir su propio crimen” (en rigor debió decirse
que “nadie puede ser condenado por encubrir el crimen
que se le imputa haber cometido”).
Entiende la Defensa que “nadie puede ser autor de
encubrimiento, si a su vez es considerado autor del
hecho principal”, pues pretender una condena en esas
condiciones, conllevaría una clara violación al
principio de legalidad (art. 18 de la CN).
Refiere, asimismo, que se viola el principio de
inocencia (art. 18 de la CN) desde que si alguien no
puede ser autor del delito de encubrimiento, pues el
requerimiento fiscal lo considera autor del homicidio,
resulta evidente que está proponiendo, y logrando, que
se castigue al acusado por un hecho del cual es
inocente.
Con ser ciertos esos principios generales, no debe
confundirse esa hipótesis con la actividad desarrollada
por la Fiscalía del Juicio en el presente caso.

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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En efecto, para endilgarle a un sujeto el
encubrimiento de un homicidio no hace falta tener
certeza de que el mismo no participó de ese homicidio,
sino que simplemente y en virtud de lo establecido por
el legislador en el Código Penal, si alguien es
condenado por homicidio, no podrá a su vez, ser
condenado por encubrir ese delito, desde que el
autoencubrimiento no es punible y resulta atípico.
Ahora bien, sin perjuicio de ese breve comentario,
acertadamente sostuvo el Dr. Altuve que el
cuestionamiento que en este punto realiza la defensa ya
había sido formulado por esa parte en oportunidad de
desarrollar su alegato durante el transcurso del
debate, y ha tenido debido tratamiento por parte del
Tribunal de Mérito, no ensayándose ante esta sede
nuevas argumentaciones o razones diversas a las ya
expuestas que alcancen a desvirtuar lo decidido por el
“a quo” al respecto, deviniendo, por ende la reedición
del tema ante esta instancia claramente infructuosa.
No obstante ello, considero conveniente aclarar
que la acusación alternativa, introducida al Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en su
artículo 335 tercer párrafo por ley 13.260, en modo

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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alguno vulnera el derecho de defensa en juicio del
imputado.
Por el contrario entiendo, como lo ha afirmado
Nicolás Guzmán en su artículo “La acusación fiscal
alternativa o subsidiaria”, en el que reflexiona en
torno a la validez lógica y jurídica del citado
instituto (publicado en la Revista de Derecho Penal y
Procesal Penal del mes de octubre del año 2006, pág.
1877-1886) y del cual se han reseñado algunas
consideraciones, en punto a que si la acusación
alternativa resulta correctamente formulada, constituye
una garantía del adecuado ejercicio del derecho de
defensa.
Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha avalado la formulación de este tipo de acusaciones
en un mismo proceso, y ha descartado que tal forma de
proceder pueda constituir una violación a la garantía
de defensa el juicio. Ello ocurrió en el fallo “Luque,
Guillermo” (fallos 325:3181) del 26/11/2002.
Es justamente el principio de contradicción, tal
vez el corolario más importante de la garantía de
defensa, pues representa el derecho a contradecir, es
decir, el derecho a cuestionar preventivamente todo

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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aquello que pueda influir en la decisión final. Por lo
tanto parece no sólo correcta sino auspiciable la
formulación de acusaciones alternativas o subsidiarias,
pues tal modo de proceder evita que el proceso vuelva a
una etapa anterior para que se reformule la
requisitoria fiscal y, tal vez, el auto de elevación a
juicio, en violación, precisamente, de los principios
de preclusión y progresividad, así como de la garantía
del “ne bis in idem”.
Maier, señala que una acusación alternativa o
subsidiaria que cuide de precisar los hechos imputados
y de señalar cuál es la tesis principal y cuál o cuáles
las subsidiarias o alternativas, permite la respuesta
defensiva, la prueba y la decisión. Se observa cómo
ella es el pilar fundamental que permite el ejercicio
idóneo del derecho de defensa. (Maier, Julio B.J.
“Derecho procesal Penal” p. 574).
Coincido con el “a quo”, en que este tipo de
acusaciones no viola la garantía del “ne bis in ídem”
sino que la protege, pues se hace cargo de la exigencia
que reclama que la identidad del hecho sea comprendida
del modo más amplio posible y que la garantía funcione
“en aquellos casos en los que se ha ejercido el poder

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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penal con suficiente intensidad y, además, ha existido
la posibilidad de completar adecuadamente la
descripción del hecho”.
Considero, en línea con lo antedicho, que la
acusación alternativa o subsidiaria es aquella en la
cual se ponen en juego las hipótesis posibles, cuidando
de descubrir todas las circunstancias necesarias para
que puedan ser verificadas en la sentencia. Ello, sin
perjuicio de ordenar el escrito de manera que permita
entender cuál es la tesis principal y cuáles las
subsidiarias o alternativas.
Una acusación es precisamente una hipótesis, esto
es, una conjetura formulada en un enunciado que afirma
que pudo haber ocurrido un determinado hecho con
significancia penal, y ese enunciado será sometido a
confirmación y refutación, es decir: a la crítica por
parte de los sujetos intervinientes en el proceso.
El acusador podrá tal vez creer -con una cierta
convicción- en la verdad de su conjetura, pero su
creencia particular será irrelevante, desde que los
enunciados de la acusación no son equiparables a los
enunciados contenidos en la sentencia, que es la única
de la cual puede predicarse la verdad procesal.

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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De la sentencia se exigen aserciones que afirmen
la existencia o inexistencia de un hecho y que
explicite las razones que sustentan esas afirmaciones.
Diversamente, de la acusación sólo puede exigirse
la formulación de una conjetura y que explicite los
indicios que la hacen plausible.
No debe perderse de vista que es muy distinto el
status que el Estado asigna al enunciado que contiene
la acusación, que el que asigna a la afirmación
contenida en una sentencia. A esta última la inviste de
autoridad y lo que ella dice es la “verdad”. Esa verdad
procesal es inmutable en el mundo del derecho y las
discusiones que mantengamos en torno a ella serán
irrelevantes una vez que la sentencia haya adquirido
firmeza y exista cosa juzgada.
En cambio, más allá de la pretensión de verdad que
la acusación pueda contener, ella no pasa de ser una
hipótesis, una conjetura. Esto es lo realmente
importante, el Estado no la considera de otra manera,
sólo a la sentencia le asigna valor de verdad.
Por lo expuesto, parece claro que no existe
ninguna inconsistencia lógica ni jurídica, en atribuir
al imputado la comisión de un hecho y alternativa o

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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subsidiariamente la comisión de otro, por más que las
hipótesis fácticas en juego fueran excluyentes entre
sí, como sucede en autos.
En el presente caso, creo firmemente que la
acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal al
endilgar al incuso la coautoría en el homicidio de su
esposa y, alternativamente, el encubrimiento de ese
homicidio, eventualmente cometido por un autor ignorado
o por parte de otra u otras personas, no resulta ser un
acto incoherente y contradictorio.
Distinto ocurriría si se tratase de una acusación
-y mucho más una sentencia- que afirmare que se han
cometido los dos delitos por la misma persona, pues
como señalara precedentemente, el Estado asigna un
valor de verdad a las afirmaciones de la sentencia, y
no sería admisible que a través de ella se declarara
que una persona cometió un homicidio y que esa misma
persona encubrió “su propio delito”, porque ello sí
resultaría una situación inaceptable, desde que, para
afirmar lo segundo debería contradecirse y señalar que
el homicidio fue cometido por un tercero.
Pero no es incoherente que el Estado -en
principio- afirme a través de su brazo acusador que

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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pudo ocurrir una cosa o la otra. No es contradictorio
precisamente porque se trata de conjeturas distintas.
El Estado no afirma, al momento de acusar al
incuso, que sea verdad que ambos hechos ocurrieron.
Sólo sostiene hipotéticamente que alguno de los dos
hechos pudo haber sido cometido por esa persona. Y la
prueba más clara, y tal vez más a la vista que esto es
así, lo constituye el nexo disyuntivo –y no conjuntivo-
que se utiliza generalmente en la pieza acusatoria:
“mató” o “encubrió el delito de otro”.
Se trata de una disyunción excluyente, donde sólo
una de las proposiciones puede ser verdadera.
Si las acusaciones alternativas o subsidiarias
describen concretamente los supuestos fácticos que se
imputan, las normas en que resultan encuadrables y los
indicios en que se sustentan, ellas son perfectamente
válidas pues permiten un correcto ejercicio del derecho
de defensa en juicio.
Este derecho constitucional no se ve afectado por
el hecho de que existan dos acusaciones –una principal
y otra alternativa o subsidiaria-. Por el contrario, en
la medida en que la formulación de estas acusaciones
sea precisa, la persona imputada podrá defenderse de

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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Fiscal de Juicio” y
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ambas eficazmente y obtener luego, eventualmente, una
sentencia absolutoria por una o ambas acusaciones.
Las hipótesis acusatorias subsidiarias no son
meros caprichos del acusador. No representan una manera
de llevar una persona a juicio “por si acaso”, sino que
son conjeturas construidas a partir de ciertos indicios
que las hacen plausibles.
Esto significa que cuando son formuladas, cuentan
con una cierta expectativa de ser confirmada al menos
una de ellas.
Es que las hipótesis acusatorias tienen –o deben
tener- una base racional y apoyarse en ciertas pruebas.
Y si estas pruebas permiten construir dos hipótesis,
como en este caso, no hay explicación para la exigencia
de tener que elegir por alguna de ellas de manera
prácticamente azarosa, cuando ninguna norma lo requiere
y ello no constituye ninguna inconsistencia lógica.
Esta prieta referencia al tema en tratamiento
sella la suerte del reeditado reclamo al respecto.
II.- Denuncia asimismo la Defensa violación a la
garantía de defensa en juicio mediante la obtención de
prueba ilegal. En esencia, sostiene que se utilizaron
en forma cargosa elementos probatorios obtenidos

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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gracias a las declaraciones testimoniales de
Constantino y Juan Hurtig y de Horacio García Belsunce
(hijo). Concretamente, se refiere al resto de la bala
encontrada bajo el cuerpo de la víctima.
El planteo resulta ser idéntico al sostenido en su
alegato y materia de responde por parte del Tribunal en
la cuestión previa del veredicto, sin que el recurrente
llegue a conmover los fundamentos esgrimidos por el
Juzgador, deviniendo por ende insuficiente (ver fs. 231
vta./232 de la presente).
No obstante ello, considero pertinente reseñar
que, más allá de que los testimonios en calidad de
testigos oportunamente brindados no tuvieron como
finalidad determinar la responsabilidad penal de los
declarantes en los hechos criminosos, los mentados
reiteraron sus dichos al respecto al momento de la
declaración prevista en el art. 308 del rito, con lo
que se hubiera arribado al mismo resultado, esto es, el
hallazgo de la pieza probatoria conocida ahora
públicamente como “pituto” (ver fs. 773/777 vta. y
827/836 de la causa principal; 270 vta./272 de la
presente).
Amén de ello, cabe destacar que el “a quo” sólo

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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valoró estos últimos testimonios, en los cuales los ya
coimputados declararon con todas las formalidades y
garantías previstas en la ley.
Por último, no puede soslayarse que similares
datos surgen de las declaraciones testimoniales de
Horacio Zarracán, Balbino Ongay, Graciela Del Cioppo de
Ongay y Ernesto Otamendi (fs. 272/273 vta. de la
presente).
Sobre el punto habré de referirme detalladamente
al responder la cuestión siguiente.
III.- Alega el recurrente que el art. 18 de la CN
se ha visto conculcado al no haber el Tribunal de grado
permitido la declaración en juicio de los coimputados
por el delito de encubrimiento.
Ahora bien, nuevamente la Defensa reedita un
planteo ya efectuado en su alegato y debidamente
contestado por el Tribunal en la cuestión previa del
veredicto (fs. 230 y vta. del presente recurso),
desentendiéndose del mismo.
A su vez, el Juzgador ya había resuelto la
incidencia respectiva al momento de haberse efectuado
la solicitud de que declararen los coencausados (fs.
3/5 vta. de autos).

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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Allí se sostuvo, acertadamente, que la única forma
prevista en la ley para prestar testimonio en juicio es
en calidad de testigo o de imputado.
Habiéndose elevado a juicio la causa sólo respecto
del aquí imputado, ante las apelaciones de los demás
coencartados, no resultaba legalmente posible que estos
últimos declararen en él.
Los Jueces sostuvieron que no podrían brindar
testimonio como imputados porque no eran ellos los
jueces naturales, ni los otros revestían la calidad de
acusados, pero tampoco podían declarar
juramentadamente.
Considero que asiste razón al Tribunal de Juicio.
Los coimputados no podían recibir el trato legal de
acusados, esto es, prestar declaración injurada, pero
tampoco era posible que declararan bajo juramento, sin
menoscabar seriamente sus derechos.
No obstante ello, resulta oportuno aclarar que sí
fueron incorporadas por lectura, sin oposición alguna,
las declaraciones de todos los encausados en los
términos del art. 308 del CPP (fs. 13 vta./14 vta. del
presente recurso).
IV.- Sostiene la Defensa la nulidad de la

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sentencia en crisis por haberse, a su entender, acusado
a personas que no pudieron defenderse en juicio. Afirma
que ello implicó violación a la prohibición de
juzgamiento en ausencia y, también, que dichas personas
no tuvieron oportunidad de oponer defensas que hubieran
podido ser usadas en beneficio de su asistido.
El planteo no resiste el menor análisis y cae por
su palmaria insuficiencia. Idéntica queja fue
argumentada en su alegato y recibido sólida respuesta
por parte del Juzgador en la cuestión previa del
veredicto (fs. 230 y vta. de la presente), sin que el
impugnante, aunque sólo fuera por una cuestión formal,
intente refutar los fundamentos allí esgrimidos.
En primer término, nadie fue juzgado en ausencia.
Esto, más allá de que no se especifica en este recurso
a quiénes se refiere.
Tampoco explica, siquiera mínimamente, la razón
por la cual los datos que eventualmente hubieran
aportado esas personas habrían, también
hipotéticamente, beneficiado a su defendido.
Mucho menos aclara de qué forma se relacionaría
esto último con el supuesto de juzgamiento en ausencia.
V.- Sintéticamente habré de referirme a la última

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causal de nulidad esgrimida por la Defensa, esto es, la
supuesta indeterminación de la conducta atribuida al
imputado y su repercusión en la sentencia condenatoria.
Ello así pues, tal como ha sido planteada, aún
cuando coincidiera en la existencia de violación al
principio de congruencia, la nulidad sólo alcanzaría a
la condena por encubrimiento agravado (acusación
subsidiaria), mas no a la absolución por el delito de
homicidio calificado por el vínculo (acusación
principal), la cual tampoco se encuentra firme atento
el recurso interpuesto al respecto por el Sr. Fiscal de
Juicio, no siendo necesario un nuevo debate (Conf.
Causa N° 5264 “Romero”, Sala II, voto del Dr. Mancini).
Sentado lo anterior, debo decir que no advierto se
verifique la nulidad que se reclama.
Por el contrario, tal como sostiene el Tribunal de
mérito, el imputado y su Defensa conocieron los hechos
enrostrados y ejercieron plenamente sus derechos.
La circunstancia alegada relativa a que algunas de
las conductas reprochadas fueron relacionadas con el
homicidio y no con el encubrimiento, no tiene
incidencia en la congruencia de la sentencia.
Al respecto ilustra Maier que “todo aquello que,

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en la sentencia, signifique una sorpresa para quien se
defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia
en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se
pudieren expedir, cuestionarlo y enfrentarlo
probatoriamente, lesiona el principio acusatorio”.
Ahora bien, la Defensa no puede sostener
válidamente que no se expidió, cuestionó y enfrentó
cada una de las acciones incriminadas por el Fiscal. De
ello da cuenta el extenso debate producido. El hecho de
que el titular de la acción las relacionara con la
acusación principal y no con la subsidiaria, sólo
implica que era la primera la calificación jurídica de
las conductas endilgadas que pretendía el Fiscal –por
ello, principal-. Habiendo el Tribunal finalmente
absuelto por el homicidio calificado y decidido por el
encubrimiento agravado (encuadre típico que tampoco
sorprendió a la Defensa atento la acusación alternativa
efectuada), la sentencia no resulta violatoria del
principio de congruencia, íntimamente ligado con el
acusatorio.
No habré de adentrarme en profundidad respecto de
este agravio traído, tal como adelantara supra, en
virtud de lo que expondré en la cuestión siguiente.

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Voto por la negativa.
A la misma tercera cuestión planteada, el señor
Juez doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en
igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la misma tercera cuestión planteada, el señor
Juez doctor Piombo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello.
Sin perjuicio de la concurrencia hacia el sufragio
líder, con referencia específica al punto V de ese
parecer, recuerdo, y hago hincapié, que el principio
de congruencia siempre atañe a hechos (Sala II, sent.
del 26/12/02 en causa 5638, “Castro”), y no a
encuadramiento jurídico.
En el caso, el hecho central es siempre el mismo:
la muerte de la señora García Belsunce de Carrascosa.
La problemática finca en los cortes temporales. Si se
realiza uno a partir de la muerte de la víctima
tomando la responsabilidad penal del inculpado desde
ese momento, considerándolo ajeno a la actividad
homicida, los actos de ocultamiento pasan a ser delito

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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independiente, con otro bien jurídico agredido. Si se
toma la responsabilidad penal del inculpado desde un
corte temporal inmediatamente anterior, fijado en el
momento en que comenzaron las maniobras tendientes a
quitarle la vida mediante el uso de un revolver, esos
mismos actos de ocultamiento no son otra cosa que un
hacer penalmente irrelevante para el autor, toda vez
que sólo concretarían la aspiración natural a obtener
la impunidad que, si lo fuera para otro ilícito,
agravaría el homicidio mismo. Todo esto sin perjuicio
de la acriminación del hacer de otros que, sin promesa
previa al ilícito, ayudaran en ese cometido de
difuminación de la responsabilidad irrogada por el
hacer homicida.
En otras palabras, no se trata de cosas extrañas,
no miscibles entre si, sino de un continuo temporal y
de conducta que siempre reclama, a partir un enfoque
ontológico, unidad. De ahí que desecho de plano
contradicciones u oposiciones, dando paso a una
conceptuación separada dictada por el sistema de
punición por “recortes” de conducta -y no por
acriminaciones genéricas- que perfilan el sistema de
Derecho penal liberal vigente en tierra argentina.

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Por último, esta Sala ha dicho que:
"En el marco del tipo subjetivo del artículo 79
del Código Penal, el dolo no requiere ni
motivación ni finalidad específicas” (Sala I,
sent. del 2/11/04 en causa 3113, “Issia”).
Voto por la negativa.
A la cuarta cuestión planteada, el señor Juez
doctor Natiello dijo:
En el recurso de casación interpuesto por el Sr.
Agente Fiscal Dr. Diego Molina Pico, que corre bajo el
n° 29.151, éste solicita se case el veredicto
absolutorio dictado en favor de Carlos Alberto
Carrascosa en causa 1.537 del Tribunal en lo Criminal
N° 6 del Departamento Judicial San Isidro, respecto del
delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80
inc. 1° del C.P.).
En él han sido alegados vicios en la sentencia
dictada en el sub-lite, en lo que hace a la coherencia
interna de la decisión que, finalmente, dispusiera la
absolución del nombrado Carrascosa, como coautor en el
hecho que victimizara a su legítima esposa María Marta
García Belsunce, en la acusación principal sometida a

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debate y posterior resolución definitiva.
Asiste razón al Sr. Fiscal ante esta Sede Dr.
Altuve cuando acompaña al Dr. Diego Molina Pico en sus
reclamos casatorios.
Sabido es que para la valoración de la prueba se
exige la expresión de la convicción sincera sobre la
realidad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito
de las razones que llevan a aquella convicción,
conforme a las reglas de la lógica, la psicología y la
experiencia común.
Es que no es suficiente la impugnación que se basa
en la mera discrepancia del recurrente con el alcance
que el juzgador ha dado a distintos elementos
probatorios de cargo (Sent. del 8/9/99 en causa 185,
Sala I, "Benítez, Carlos") pero, en el caso -como se
dijo-, el “a-quo” ha engarzado distintos datos para
sostener un juicio de valor realmente discutible y por
demás contradictorio, que -aunque pudiera resultar
fruto de su sincera convicción- no es suficiente para
que no sea tachado de absurdo.
Tengo dicho antes de ahora que si no se alegan y
prueban notorios apartamientos de las reglas de la sana
crítica y de la lógica, la valoración del juez sobre

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dichas circunstancias fácticas resulta materia ajena a
la casación. Empero, a la luz de la jurisprudencia de
este Tribunal, imperante incluso antes del sonado fallo
“Casal”, existen en el “sub lite” motivos más que
suficientes para adentrarnos al tratamiento de las
cuestiones traídas.
En mi sentir, adelanto que al analizar los
elementos colectados en autos, el juzgador relativizó
el nutrido plexo de cargo que vinculara –y
comprometiera- a Carrascosa en el hecho motivo de
acusación principal, sustancialmente al no tener por
acreditada la presencia del encausado en el lugar del
hecho a la hora en la que éste acaeciera, circunstancia
sobre la que gira el meollo de la queja de la Fiscalía.
Ese importante indicio de oportunidad -por el
contrario-, no aparece afeblecido por los elementos que
se invocaran para contrarrestarlo.
Acertadamente el Sr. Fiscal de Juicio ha
presentado los elementos objetivos que apuntalan su
versión incriminante, y de ellos doy cuenta para
fundamentar mi decisorio.
Comparto con la acusadora que con la llamada
telefónica de las 19:07:58 hs. en la que se solicitara

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la ambulancia a OSDE, las contradicciones en los dichos
de Carlos Carrascosa y de Guillermo Bártoli; y la
declaración de Beatriz Michelini, se puede saber a
ciencia cierta que, quienes se encontraban a la hora
del hecho y en ese lugar, fueron el imputado Carrascosa
y al menos otras dos personas, no siendo una de ellas
la nombrada Michelini.
Dice el sentenciante –bien que para respaldar una
evidente circunstancia de hecho relativa a la
incriminación dirigida a Carlos Alberto Carrascosa,
incluso antes de definir su eventual participación en
el hecho materia de acusación principal- que “...al
tener que rendir cuentas de su accionar, el imputado
inventó una historia cuya credibilidad ha sido
derrumbada...” (fs. 347 vta. de la presente).
Asimismo, afirma que uniendo ese “faltar a la
verdad” con otros indicios referidos a que “no resulta
creíble que Carrascosa hubiera encontrado a su mujer en
las condiciones que alude y que mostrara a los que se
presentaron en su domicilio”, utilizó ese tiempo “mal
justificado” en alterar los rastros del crimen (fs. 348
de autos).
En mi sentir, tal circunstancia viabiliza –por lo

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menos respecto de Carrascosa, que resulta ser la
persona destinataria de este acto jurisdiccional- la
imputación que le asigna la Fiscalía de juicio como
acusación principal. Ello así pues, siguiendo los
lineamientos de la teoría de la coautoría funcional del
dominio del hecho, cada uno de los intervinientes en un
hecho ilícito es coautor del todo, aunque el dominio
completo del mismo resida en manos de varias personas,
quienes actuando de manera conjunta, tienen cada una de
ellas en sus manos el destino del acontecer dañoso.
Coincido con el acusador que, en esa idea, el
interviniente no puede ejecutar nada solo. Es decir,
que no le es posible llevar adelante el plan si no
actúa en forma conjunta.
Cada uno por separado puede anular “el plan
conjunto” con solo retirar su aportación, dado que
“...para el hacer concluir, se requiere la cooperación
de todos; pero para impedir el desenlace, basta uno
solo...”. (reproduzco su cita de Claus Roxin, “Autoría
y Dominio del Hecho en el Derecho Penal”, 7ª. Edición,
Marcial Pons; Barcelona; 2000; págs. 308 y siguientes).
Asiste razón al Dr. Molina Pico cuando sostiene
que, en este caso, “hubo distribución de tareas, pues

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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cada uno de los intervinientes tuvo algo más que el
dominio sobre su porción del hecho, y todo hubiese
tenido un final diferente con la sola intención de uno
sólo de los partícipes, de impedir la muerte” (fs. 426
vta. de autos). Entiendo también que ello no ocurrió, y
que por el contrario, existió cooperación funcional en
el plan homicida entre Carrascosa y por lo menos otras
dos personas, los que habrían actuado en la especie
libremente y sin coacciones.
¿Cómo puede sostenerse –sin que resista el
absurdo- que las innumerables maniobras de ocultamiento
respecto del hecho ilícito que se había perpetrado en
la persona de María Marta García Belsunce de
Carrascosa, y de las que dan cuenta la nutrida prueba
rendida, lo incorporado por lectura, lo que surge del
acta de debate, y lo que incluso se desprende de la
propia sentencia, (aunque interpretado en diferente
sentido al asignado por el Juzgador), en las que sin
lugar a dudas como se lleva dicho interviniera el
encartado y por lo menos otras dos personas -restando
aún esclarecerse si fueron o no de su reducido entorno-
no hayan acaecido con el fin de hacer desaparecer los
rastros del delito, evitando y entorpeciendo la

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“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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investigación de tan aberrante episodio?.
De ningún modo se pretende reprochar a Carlos
Alberto Carrascosa el hecho de “encubrir” u ocultar su
propio hecho homicida, o el suceso en el cual se
consideraría que habría participado, pues en nuestro
Derecho Penal, el “auto-encubrimiento” no es delito.
Lo que se hace es destacar las maniobras –si se
quiere lógicas y naturales, y propias del instinto de
supervivencia- que realizara, ordenara o cooperara a
realizar, tendientes a evitar ser descubierto y
posteriormente condenado por el crimen en el cual
participara.
La actitud de Carrascosa fue por demás errática
desde que, si bien “la confesión es la tentación del
culpable”, nadie pretende que cuando se conocieron los
hechos y a escasos minutos de que tomen conocimiento de
él diversas personas (entre las que se encontraba la
“masajista” Beatriz Michelini que llegaba en esos
momentos a brindar sus servicios a la dueña de casa,
como sistemáticamente hacía los domingos) un individuo
en esas circunstancias, confiese o se rinda a su suerte
(y a las evidencias inculpatorias) o se siente en un
sillón esperando ser aprehendido (máxime si no se

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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encontraba solo en esa encrucijada). La mentada y
“errática actitud” no es lo que la lógica aconsejaría
en el caso de haberse encontrado –como dijo- frente a
un accidente doméstico en el cual, precisamente, la
víctima era su propia esposa.
Para nada se pretende que esas serias
circunstancias, de por sí y en soledad, se transformen
en los únicos indicios incriminantes, desde que, como
se destacara, la salvaguarda de la propia integridad -o
de su libertad personal seriamente puesta en crisis-
es, si se quiere, el lógico derecho natural de todo
individuo.
Pero tampoco debemos relativizar esa legítima
actividad precautoria, frente al claro indicio de
oportunidad que, obviamente, queda evidenciado de esos
actos propios.
Resulta evidente –por ilegítimo- que esa actividad
(que volvemos a denominar “precautoria” o de
“salvaguardia”) no puede ser utilizada como serios
indicios para tener alguna incidencia en la
acriminación o el reproche del “encubrimiento” de su
propio hecho delictual, pues –como se dijo- si se
quiere, resultan ser mecanismos de autodefensa y

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Causas Nº 29.151 y 29.152
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Fiscal de Juicio” y
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autoayuda oxigenantes para lograr la impunidad querida.
Pero ello no quiere decir que -si corresponde- no
puedan ser utilizados en comunidad con otros elementos
y en especial con el indicio de oportunidad y los que
lógicamente se desprenden de él, para conformar un
plexo de cargo a fin de acreditar -y reprochar
penalmente- el propio homicidio que se intenta ocultar.
Porque el impedimento legal para utilizar esos
ingredientes como elementos incriminantes respecto de
un ilícito preservado de persecución punitiva
(encubrimiento de su “propio hecho” delictual), de
manera alguna me impide conformar un cuadro de
situación que apontoque razonablemente la real idea
central de la investigación, consistente en la legítima
intención del interesado de ocultar los pormenores y
rastros de un hecho ilícito que termina de cometer,
para evitar ser descubierto.
Esa actividad tendiente a ocultar lo que realmente
ocurrió, aparece diáfanamente exteriorizada no sólo
cuando se fraguara el certificado de defunción -tan
burdamente motivado en lo que hace a la causal del
óbito-, o cuando a pocos minutos de haberse
“descubierto” el cadáver de un familiar tan dilecto,

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“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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uno de los principales involucrados –sin duda alguna el
Sr. Carrascosa- comenzara por negar un hecho evidente,
instalando la idea de un accidente doméstico, y a urdir
maniobras escalofriantes para “encubrir” el supuesto
accionar de un “ignoto delincuente” en la autoría de un
hecho tan aberrante.
Esas maniobras fueron las de ubicar el cuerpo de
la víctima en la bañera de la planta alta; sumergir la
cabeza en la misma para diluir la sangre que manaba de
las heridas; borrar los rastros de la sangre derramada
en otros ámbitos; desechar ropas y otros elementos
ensangrentados; realizar gestiones para bloquear la
presencia de la autoridad policial; acomodar el cadáver
disimulando las heridas; impedir el acercamiento al
cuerpo de la víctima y al escenario de los hechos a
ciertos allegados; evitar que los empleados de la
empresa funeraria manipulen y acicalen el cadáver.
Capítulo aparte merece el tema de arrojar al
inodoro envuelto en papel higiénico, el plomo hallado
debajo del cuerpo de la infortunada víctima –también
burdamente denominado “pituto”-, intentando asimilarlo
a un “seguro o sostén de estante de biblioteca o
placard”. La excusa me parece no sólo burda sino

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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Fiscal de Juicio” y
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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infantil.
No me cabe duda alguna que a ese tipo de
adminículo, en un sinnúmero de veces, la totalidad de
los que presenciaran ese episodio, pudieron haber
accedido a través de sus sentidos, habida cuenta sus
calidades personales y profesionales. Con mayor
claridad: más de una vez tanto Carrascosa como los
restantes, habrán asegurado –o visto asegurar- un
estante de placard o biblioteca, reponiendo en su
lugar, ante un desperfecto o caída de uno de ellos el
mentado “sostén de bronce”.
Como esbozara en la cuestión anterior, el tema del
hallazgo y posterior descarte del mencionado elemento
encontrado debajo del cuerpo de la victima, surgen
debidamente acreditados de las manifestaciones de
Horacio García Belsunce –hijo-, Juan Carlos Hurtig, y
Constantino Hurtig, en oportunidad de prestar
declaración en los términos del artículo 308 del CPP,
(declaraciones brindadas con todas las formalidades y
garantías previstas por la ley) –fs. ya citadas-.
Estas concordantes deposiciones, fueron
incorporadas por lectura al debate con anuencia de las
partes, -según surge del acta respectiva-, y las mismas

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Fiscal de Juicio” y
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación”
se adunan al testimonio aportado durante ese debate
oral por Horacio Ricardo Zarracán, cuñado de la
víctima, quien confirmó lo expuesto por los anteriores
“en cuanto al hallazgo de una pieza metálica, que le
fue mostrada”; señalando la presencia en la citada
oportunidad de Horacio García Belsunce (h), Juan
Hurtig, Constantino Hurtig y Carlos Carrascosa (fs. 272
vta. y 368 de autos).
El mencionado testimonio de Zarracán, que resulta
absolutamente válido, ha sido a su vez corroborado por
las deposiciones prestadas en debate por Balbino Ongay
quien recordó haber conversado con Constantino Hurtig
en el baño de la planta alta de la casa del imputado,
el que le comentó que debajo del cuerpo de María Marta
habían encontrado un “casquillo” o “esquirla”, un
objeto metálico raro, transmitiéndole esto el deponente
a Ernesto Carlos Otamendi al emprender el viaje de
vuelta del velorio de la víctima y, mucho tiempo
después, a su esposa, Graciela Lucía Del Cioppo (fs.
272 vta./273 vta.).
La existencia del llamado “pituto” fue también
referenciada por el doctor Romero Victorica en su
declaración injurada atípica, donde informara al

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Causas Nº 29.151 y 29.152
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
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Fiscal de Juicio” y
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación”
Tribunal que Horacio García Belsunce (h) le había
comentado que hallaron una especie de plomo que se
asemejaba a los sostenedores de estantes de bibliotecas
o, en todo caso, a una perilla que se usa para abrir
cajones, manchado de sangre (este dato de la sangre es
destacable) que estaba en el suelo y, ante preguntas
suyas respecto al destino que le dieron al mencionado
objeto, aquél le señaló que lo habían tirado –aclaro,
al inodoro y no al recipiente de residuos que estaba en
el baño- (fs. 263/265 de la causa principal; 305 vta.
de la presente).
Tal y como puede comprobarse, las declaraciones
prestadas por los mencionados Juan Hurtig, Constantino
Hurtig y Horacio García Belsunce (hijo), han sido
aportadas en oportunidad de efectuar su descargo a
tenor del art. 308 del rito, pero sin perjuicio de
ello, y aún omitiendo considerar las mismas, los datos
respecto al “plomo” hallado debajo del cuerpo de la
occisa y que fuera arrojado al inodoro -circunstancias
relatadas-, surgen de modo independiente de las
declaraciones testimoniales, legítimas y válidas, de
Horacio Zarracán y Balbino Ongay, que fueran
ratificadas tanto por Graciela del Cioppo como por

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Fiscal de Juicio” y
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Ernesto Otamendi.
Por lo que se lleva dicho –y por lo que más
adelante se explicitará- la apreciación valorativa, que
fuera el que motivara la significación jurídica que
otorgara el a-quo” al acontecer dañoso sometido a su
juzgamiento, no resiste el más mínimo análisis, por su
notorio absurdo.
Refuerza dicha afirmación la ausencia de
fundamentación lógica en la segunda cuestión del
veredicto respecto de los argumentos utilizados para
excluir a Carrascosa en el capítulo de la autoría en el
hecho principal, dando cabida a la débil e
inconsistente coartada del encartado cuando intenta
ubicarse fuera del radio álgido en el momento del
hecho.
En punto a la valoración del “a-quo” de la
coartada en cuestión, no encuentro razonable que optara
por la prueba desincriminante antes que acudir a la
incriminante, desde que, tal como afirma el acusador,
lo hace separándose de datos objetivos, respaldando su
convicción en una apreciación subjetiva, carente de
toda verificación empírica, y ello, de por sí, ya es
motivo determinante para la casación del fallo.

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s/ Recurso de Casación”
Como sostiene el quejoso, el sentenciante llega a
tal conclusión sobre la base del testimonio del
“vigilador” José Ortiz, en desmedro de la mentada
llamada telefónica de las 19:07:58 hs. en la que se
solicitara una ambulancia a la obra social OSDE,
corroborada por los testimonios de los “vigiladores”.
En especial, Diego Rivero dijo haber escuchado una
comunicación radial pasadas las 19:00 hs. en la que se
solicitaba que uno de ellos fuese hasta la casa de
Carrascosa.
Ocurren en apoyo de la tesis expuesta, el
testimonio de la “masajista” Michelini, lo que surge
del VAIC y la llamada telefónica de las 19:13 hs., en
la que se escucha un parlamento que -atribuible al
imputado- consiste en decir “ya viene la guardia para
acá” (sic).
Otra circunstancia palmaria que valida la postura
relativa a que el “vigilador” Ortiz no llegó a la casa
de Carrascosa a las 19:00 hs. –como se indica en el
fallo que se impugna-, es el hecho acreditado de que
Michelini se encontraba en la guardia del Carmel desde
por lo menos las 18:55 hs. (ver planilla de fs. 23,
incorporada por lectura, reconocida por el “vigilador”

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Juan Páez -fs. 46-), hasta segundos antes de las 18:59
hs. -según el dato objetivo que se desprende de las
fotografías obtenidas obrantes a fs. 3510/3512-, y que
por lo menos hasta las 18:58 hs. continuaba esperando
en la guardia-, o sea a escaso un minuto de la
cuestionada –e improbable- llegada de Ortiz, a la hora
señalada, a dicha casa.
Tal como sostiene el recurrente, no “darían los
tiempos para ello”, porque a esa hora se estaba
efectuando “el primer llamado telefónico desde la
guardia a la casa del imputado”, llamado que –según el
VAIC- no fuera atendido; y el hecho indubitado referido
a “todas las actividades que se tuvieron que realizar
antes del efectivo ingreso de Michelini al Carmel”
(relativas al procedimiento habitual cuando una visita
llegaba al country, según dan cuenta los testimonios de
Claudio Maciel, Eduardo Vera y Juan Páez), las que
deberían haber insumido como mínimo casi cinco minutos,
cosa que nunca habría podido suceder en el escaso
minuto mentado.
Por otra parte, la llamada de las 19:13 hs., que
fuera atendida por el imputado desde el teléfono que
estaba en la barra de la planta baja –desde donde,

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según datos referenciales, se podría apreciar y
visualizar a las personas que se acercaran a la
vivienda- tuvo una duración de 82 segundos, y asiste
razón a la Fiscalía de Juicio en cuanto a que la frase
de Carrascosa referida a la llegada del “vigilador” –
Ortiz- se escucha pasada la mitad de la duración de la
misma, lo cual indicaría que el mencionado empleado de
vigilancia llegó a las 19:14 hs. a la vivienda y no
antes.
Esta circunstancia coincidiría también con los
testimonios de los nombrados Vera, Maciel y Páez que
sostienen que Michelini estuvo esperando entre 15 y 20
minutos en la guardia del Carmel antes de ingresar
efectivamente a la casa –fs. 330 vta.-, (recordemos que
la “masajista” Michelini se encontraba en la guardia
del Carmel desde por lo menos las 18:55 hs, según se
desprende de la planilla de fs. 23 reconocida por el
mencionado Páez, hasta segundos antes de las 18:59 hs.,
según las mentadas fotografías de fs. 3510/3512 y que
por lo menos hasta las 18:58 hs. continuaba esperando
en la guardia), y que las ambulancias llegaron unos
diez minutos después de su arribo a la vivienda,
momentos en que “aparecieron los médicos” (ver imágenes

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captadas por las cámaras de seguridad -fs.3535- que
muestran el arribo de la primera de ellas a las
19:24:41 hs. -foto 1-, y la segunda a las 19:47:19 hs.
-foto 2-), retirándose ambas a las 20:42:47 hs. y
20:43:20 hs. respectivamente (ver fotos obrantes a fs.
3536), y que antes había subido el joven Diego Piazza.
Si no hay dudas de que la primer ambulancia llegó
a la hora señalada (19:24:41) a la guardia del Carmel,
y tardó unos seis minutos en llegar a la casa (tiempo -
que se dice- fuera cronometrado oportunamente por el
Tribunal) existen palmarias coincidencias respecto de
la hora de llegada de la “masajista”, cosa que
desmerece aún más la versión del arribo de Ortiz a la
hora mencionada en la sentencia.
Todo ello me lleva a tener por acreditado –por vía
de comprobación directa- que el “vigilador” Ortiz no se
encontraba a las 19:00 hs. en la casa de Carrascosa
(como se indica en el fallo), ni antes de las 19:13
hs., sino que habría arribado al lugar pasadas las
19:13 hs., (cuanto menos a las 19:14 hs.), y por tal
razón me apartaré de sus dichos para quitarle validez a
la coartada del encartado.
Se aduna a lo manifestado el llamado efectuado a

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OSDE desde la casa del matrimonio Carrascosa-García
Belsunce a las 19:07:58 –según VAIC-, ya que conforme
surge del informe pericial n° 45.918 de la Dirección de
Policía Científica de Gendarmería Nacional –fs. 104 del
mismo- Carrascosa se encontraba en ese momento junto a
por lo menos otras dos personas, un hombre y una mujer,
a quienes puede escuchárselos pronunciar las palabras
“Tenela”, “Tocala”, “Cerrá la puer…”, etc (ver fs.
100/103 del citado informe). A su vez, y como
adelantara, la voz femenina –aún sin identificar- no
pertenece obviamente a Beatriz Michelini, pues ésta se
encontraba esperando en la guardia la autorización para
ingresar.
Por último, la tercer voz en cuestión corresponde
a Guillermo Bártoli (fs. 337 de la presente),
afirmación no sólo no controvertida sino corroborada
por la Defensa, pero que además se desprende del
registro de la voz de Carrascosa refiriéndose a una de
las personas con las que se encontraba llamándolo
“...llermo” (fs. 103 del mencionado informe; 352/353 de
autos).
Por lo expuesto, desgranando cada uno de los
elementos probatorios analizados global y

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armónicamente, debo arribar a una respuesta positiva
respecto de que, según surge de las pruebas
incorporadas, de las cuales destaco la que emerge de
los registros horarios de las llamadas telefónicas y de
las cámaras de vigilancia, e incluso de la declaración
del propio imputado, él fue el primero en arribar a la
escena del crimen.
Lo apuntado afeblece la postura de Carrascosa
exteriorizada en su cuestionada coartada, acreditándose
dicha circunstancia con el testimonio de la empleada
doméstica del matrimonio Bártoli-Hurtig, de nombre
Catalina Vargas, quien afirmara que luego de finalizar
el partido de fútbol –a las 18:07 hs. según surge del
informe de la AFA de fs. 194- limpió el living de la
casa, recogió la vajilla del té, que ya no había nadie
en el lugar y que el televisor estaba apagado (fs.
37/37 vta. y 345 vta./346 de autos).
También ocurren en respaldo de lo anteriormente
destacado, lo manifestado por el personal del Club
House, en especial la señora Alba Máxima Benítez, quien
en la audiencia afirmó la circunstancia de haber
conversado con Carrascosa mientras tomaba éste un café
y un lemoncello; el testimonio de Gerardo Oberndorfer

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(ver careo con el encartado de fs. 1666/1671 –no
reeditado en la audiencia- donde mantiene sus dichos,
al igual que en su declaración en la audiencia de
debate); o la declaración de Javier Ezequiel Castro,
ayudante de cocina de Club, quien dijo haber encontrado
ese día a Carrascosa en dicho lugar y a hora
compatible, tomando un café con Alba Benitez (fs. 339
vta./343 vta.).
Todos ellos afirman la presencia del encartado
Carrascosa durante unos quince minutos entre las 18 y
las 19 hs. de ese día en el mencionado “Club House”,
cuando él asegura haberse encontrado en la casa de su
cuñado Bártoli.
Este cúmulo de circunstancias, absolutamente
convincentes, concordantes y coincidentes, sin que
presenten ingredientes que afecten su credibilidad,
contradicen los dichos de Carrascosa, los que se
presentan como al menos cuestionables, cuando
manifiesta “que permanecieron todos juntos en el
domicilio de Bártoli mirando el segundo partido de
fútbol hasta casi las 19:00 hs”, o “que se retiró de la
casa de Bártoli diez minutos después del gol de
Independiente (el que se produjera a las 18:47 hs.

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según el informe de la AFA de fs. 197) –casi a las
siete-, y que pasó por el domicilio de la familia
Taylor, sin bajar porque no había ningún auto
estacionado, y al arribar a su domicilio vio al guardia
que estaba tocando timbre para que autorizara a la
masajista a entrar, lo que así hizo” (ver su primera
declaración a tenor del art. 308 del CPP).
Por otra parte, resulta también cuestionable la
versión del encartado relativa a la posición en la que
refirió haber encontrado a la víctima, con el cuerpo
semi-sumergido en la bañera, pues la mancha de sangre
de considerables dimensiones que numerosos testigos –
Michelini, Bártoli, Gauvry Gordon, Piazza, entre otros-
y el propio imputado reconocieron haber visto entre el
inodoro y el bidet, es un fuerte indicio de que allí
pudo haber quedado tendido el cadáver.
Aún bajo las circunstancias en las cuales el
acusado dijo haber encontrado el cuerpo de su esposa,
escaleras arriba, el hecho de haber sido el primero que
apreciara la escena del crimen, en un lugar de pequeñas
dimensiones, con sus ventanas cerradas –según lo
admitiera el propio Carrascosa-, y el no haber
percibido el olor que produjera la deflagración de

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pólvora de seis disparos de arma de fuego,
(circunstancia que, según el criterio que el Profesor
Raffo exteriorizara en la audiencia, “tuvo que haber
quedado” en el ambiente, y resultaría de fácil
percepción por quien lo hubiera olido anteriormente),
brinda a la versión otorgada singulares
particularidades que amerita sea descartada.
Evidentemente la escena no era propia de un
accidente hogareño producto del golpe de la cabeza de
María Marta con “un grifo de la bañera”, pues había
manchas de sangre en varios lugares distintos –
especialmente entre el inodoro y el bidet-, surgiendo
dicha circunstancia debidamente acreditada por los
testigos oportunamente reseñados (fs. 355), al igual
que del hecho de que la víctima perdía sangre en gran
cantidad y las heridas que presentaba no eran
compatibles con un golpe de esas características, ello
atento lo mencionara el médico autopsiante quien
refiriera que “ninguno de los elementos que se hallaban
a su alrededor tenía la entidad para ocasionar
semejante daño” (fs. 264 y 355 vta.)
Por otra parte, las deponentes Mirta Molina y Ema
Benítez, empleadas domésticas de la familia Carrascosa,

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reconocieron que al limpiar el baño, en lugares
distintos a la bañera (debajo de los artefactos y en la
escalinata de la misma) había manchas de sangre que
limpiaron, y que se utilizaron gran cantidad de toallas
y toallones para frenar el sangrado de la víctima (fs.
355/vta.).
También resulta significativo el hallazgo de
manchas hemáticas arriba y detrás del cuadro existente
en la antesala (ver informe de fs. 138/139 y
fotografías de fs. 141/143), observadas algunas a
“simple vista” por un experto, y otras luego de haber
sido sometidas a reactivos químicos, y que según
asociara el perito de parte Raúl Torre, tendrían
relación con salpicaduras de sangre producto de heridas
propias de un disparo de arma de fuego (fs. 355/355
vta.).
Sin embargo el imputado apeló a la idea del
accidente hogareño y se la transmitió a los demás (ver
punto 153 del acta de fs. 5), cuando incluso, hasta los
operadores de los servicios de emergencias dudaban de
la mecánica del accidente y se preguntaban si había
existido intencionalidad (ver testimonio de Víctor
Eduardo Siwulec; Alicia Rolero, Guillermo Luis

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Piermattei, Raul Gustavo Salazar -fs. 261/263 vta.-).
Para desvirtuar la veracidad de la idea instalada,
valoro el testimonio del funcionario policial Cristian
Javier Magnoli quien recordó que Carlos Alberto
Carrascosa les explicó de manera clara y precisa cómo
habían sido los hechos, señalando que la occisa se
había golpeado la cabeza con un tirante del techo y
luego con la grifería del baño, marcándoles con la mano
dónde se había pegado y señaló además el testigo que el
esposo de la víctima (Carrascosa) justificó el golpe
diciendo que su mujer era “muy torpe” y que no era la
primera vez que le ocurría (fs. 356 vta./357).
Esto último se contrapone a lo manifestado por los
testigos Inés Ongay y Horacio García Belsunce (h)
quienes afirmaron que la víctima no era nada torpe, por
el contrario era deportista y ágil en sus movimientos
(fs. 359 vta.).
Es decir que la idea de que lo ocurrido había sido
un accidente fue instaurada y animada por el señor
Carrascosa. Esto resulta irrefutable máxime si se
considera que él mismo lo reconoció según así señalara
Alberto Enrique White (fs. 357/357 vta.).
Esto es sin duda ocultamiento. Ocultamiento de la

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realidad de los acontecimientos, es decir de la
existencia de un hecho violento, pues no resulta
creíble –como tampoco le resultara al “a quo”- que la
escena descripta por Carrascosa haya sido la que
realmente se presentara.
Resulta palmario que el propio acusado fue uno de
los que acomodara y limpiara superficialmente la
escena, sumergiendo además la cabeza de María Marta en
la bañera con la torpe intención de justificar un
traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica
por un golpe en la grifería (esto lo considero,
obviamente atribuyendo a estas frases que gloso de la
Dra. Etcheverry, una significación jurídica muy
distinta).
Sumo a ello el hecho acreditado de que el
encartado Carrascosa, a escasos minutos del fatídico
hecho, no se encontraba siquiera conmocionado, siendo
prueba de ello las dos comunicaciones telefónicas que
mantuvo con el servicio de asistencia médica, de las
cuales surge que el nombrado se encontraba, sereno y
coherente, detallando –incluso- el recorrido que debía
hacer la ambulancia para llegar al country (fs. 359).
Respecto a la omisión de dar aviso a la autoridad,

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y sin perjuicio de lo afirmado inicialmente en el
sentido de tratarse de maniobras de “autoprotección”,
“precautorias” o de “salvaguarda” utilizadas con la
legítima finalidad de evitar ser involucrado en el
hecho, dicha circunstancia surge en forma prístina del
testimonio de Antonio Daniel Cachi, chofer de la
ambulancia, cuando expresara que: “mientras estaba
recogiendo su material para retirarse, vio a los
médicos hablar con el señor Carrascosa y escuchó que le
decían que tenía que llamar a la policía” (fs. 362).
Por su parte la testigo Vázquez Mansilla recordó el
episodio en el que el señor Binello se comunicaba con
Enrique White señalándole que había que “parar” a la
policía (fs. 362). Esto último fue ratificado por el
propio White en su declaración (fs. 75 vta.).
También, resulta un elemento altamente cargoso –en
el sentido inicialmente destacado- el que se desprende
del testimonio de Inés Ongay, en cuanto relata que la
señora Nora Burgués de Taylor le dijo que Carrascosa
“no quería la autopsia”, es decir que habría dado
directivas que –obviamente- en nada ayudaba al
esclarecimiento de la verdadera causal de muerte de su
esposa (fs. 363).

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Del mismo modo, ha sido debidamente acreditada la
intervención del imputado en la decisión de desechar el
resto de plomo que apareció en el lugar de los hechos.
Ello surge de lo declarado por Constantino Hurtig
cuando manifestara que Carrascosa refirió que el citado
objeto podría pertenecer al material utilizado por los
médicos que habían atendido a la víctima.
Llamativamente, arrojaron el elemento al inodoro
fundamentando que no había “tacho”, cuando de hecho,
dicho recipiente se encontraba a su lado, en el mismo
baño.
Por otra parte, al encontrar el objeto,
Constantino Hurtig, Juan Hurtig, Carrascosa, Zarracán y
Horacio García Belsunce (hijo) hablaban de “bala”,
“esquirla” o “casquillo” y que este último lo sostuvo
con un papel a fin de evitar que sus manos tomaran
contacto con la citada pieza con el evidente fin de
preservarlo –obviamente- ante una eventual pericia.
A esta circunstancia debe sumarse el testimonio de
Rafael Carlos Grigera y el informe de la Armada
Argentina que dan cuenta que el imputado tuvo
instrucción militar, y por mínima que haya sido, debió
haberle dado cierta noción de lo que era un proyectil

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(fs. 100 vta./101 de la presente y 517 de la causa
principal).
En mi sentir resulta también certeramente
acreditada la responsabilidad de encausado en la
decisión de impedir el acceso al lugar del hecho a
ciertas personas. Así surge de conformidad con la
prueba testimonial recibida, en especial los dichos de
Manuel Nôlting –quien sostuvo que Carrascosa rechazó su
ayuda impidiéndole el ingreso-, Marcos Pablo Carranza
Vélez -que ratificara los dichos del anterior y
señalara que “estaban limpiando el lugar”- y Enriqueta
Vázquez Mansilla, quien, a su vez, manifestara que
quiso ver el cadáver y Carrascosa le dijo que había que
esperar a que llegue la casa fúnebre o el forense (fs.
57 vta.; 66 y 368 vta./369 vta.)
También tengo por demostrada la anuencia del
encartado en la obtención del certificado de defunción
apócrifo –alterado en cuanto a la referencia de la
causa del deceso– (falsedad acreditada judicialmente en
el ámbito nacional), intentando evitar de este modo que
se hiciera la correspondiente autopsia para ocultar que
se trató en verdad de una muerte traumática.
Así, Nora “Pichi” Taylor aseguró en su declaración

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que la decisión del sepelio la tomó Carrascosa y el
testigo White recordó que hablando con Bártoli éste le
dijo que en relación al certificado de defunción lo
había hecho para devolverle un favor al “Gordo”,
sabiendo que esto último era algo que no debió haber
realizado (fs. 370 vta.).
Por otra parte, también resulta acreditado que el
cadáver sangraba en cantidad. Ello surge del testimonio
de los empleados de la funeraria Roberto Daniel Di Feo
y Yolanda Silvia Cardozo (fs. 277/279), así como de los
testigos que fueron al velatorio y dieron incluso
detalles de que Irene Hurtig cambiaba continuamente las
toallas debajo de la oreja de María Marta (ver
testimonio de Ema Ramona Benítez –fs. 90/vta.-).
Estos indicios de carácter unívocos, graves
precisos y concordantes, que contradicen las
afirmaciones del encartado Carrascosa tanto respecto de
la cuestión horaria, como de la visita al “Club House”,
demuestran su activa coparticipación funcional en los
hechos que fueran oportunamente materia de acusación
principal. Ello así pues, analizadas las conductas
desplegadas por el nombrado, en las circunstancias
particulares apuntadas –supuesto “hallazgo” del cuerpo,

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escena de los acontecimientos en las condiciones
descriptas, certificado de defunción apócrifo, intento
de evitar la intervención policial, etc.-, resultan
indiscutiblemente ser actos punibles tendientes al
ocultamiento del propio hecho doloso cuyo encuadre
legal cae dentro de las previsiones del artículo 80
inc.1° del Código Penal, y no el mero encubrimiento del
accionar ilícito de un “ignorado” tercero a quien se
pretendiera preservar, obstaculizando de tal manera el
esclarecimiento de un homicidio del cual había
resultado víctima justamente su esposa.
Lo cierto e indubitable es que la conducta
desarrollada por Carlos Alberto Carrascosa ameritaba
que al tiempo de asignar la significación jurídica al
evento, se optara por la otra hipótesis planteada,
mucho más probable que aquella del encubrimiento.
Ello así pues, parece claro que dicho accionar,
resulta harto suficiente como para poner en cabeza de
Carlos Alberto Carrascosa la coautoría funcional en el
hecho materia de acusación principal.
No cabe duda alguna que la actividad del Juzgador,
resultó de una libre -pero absurda- apreciación
subjetiva de la prueba producida, apartándose de

64. 64
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parámetros objetivos que racionalmente lo hubieran
conducido a una situación diversa. Así, la actividad
que el Tribunal que integro toma en la especie, resulta
materia propia y no ajena a su intervención, al haberse
dado el caso de ese absurdo o arbitrariedad, divorciado
-en lo que hace al apego o nexo racional- de los
elementos de prueba utilizados para alcanzar las
razones de su convencimiento.
En el caso en tratamiento, el acusador recurrente
ha logrado demostrar cabalmente que el sentenciante se
ha apartado groseramente del plexo probatorio examinado
y de la descripción del hecho realizada, y ello da
clara pauta de que las conclusiones a las que hubo
arribado para extrapolar la conducta reprochada fuera
de los alcances del art. 80 inc. 1° del C.Penal, no
fueron el fruto del análisis racional de esas pruebas.
Resulta cuestionable el veredicto absolutorio
venido en casación desde que, acreditado como ha sido,
que el encartado Carrascosa estaba presente en el lugar
y a la hora del hecho criminoso, el cúmulo de elementos
reseñados unidos al indicio de oportunidad mencionado,
conforman un nutrido plexo de cargo que revelan que
esas maniobras de ocultamiento -realizadas por el

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Fiscal de Juicio” y
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encartado con el evidente fin de hacer desaparecer los
rastros del delito, así como evitar y entorpecer la
investigación-, fueron valoradas erróneamente por el
“a-quo” al tiempo de efectuar la subsunción jurídica de
la conducta desplegada por el encausado, fundamentando
que la misma quedaba tan sólo atrapada en la figura de
encubrimiento.
El juzgador relativizó la idea de que dichas
circunstancias pudieran constituir fuertes indicios de
un delito más severamente penado, el cual –demás está
destacarlo- es el que fuera motivo de la acusación
principal.
Lo expuesto valida el agravio Fiscal en pos de una
condena en cabeza del encartado respecto de su
coautoría funcional en el homicidio calificado
endilgado como principal acusación.
Por lo tanto, entiendo que el pronunciamiento hoy
cuestionado ha afectado el debido proceso, violando el
principio constitucional de razonabilidad de los Actos
de Gobierno (Art. 1° de la Constitución Nacional), y ha
conculcado la razonabilidad republicana.
Todo ello me lleva, asumiendo competencia
positiva, y luego de un exhaustivo y profundo examen de

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cada una de las probanzas rendidas, en punto a la
coautoría funcional que le cupo al imputado en el
evento, a tenerlo como coautor penalmente responsable
del hecho que se le enrostra en la acusación principal.
Lo dicho afianza la suerte del remedio presentado
por el Sr. Agente Fiscal de Juicio.
Voto por la afirmativa.
A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez
doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en
igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma cuarta cuestión planteada, el señor
Juez doctor Piombo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello.
No obstante, tanto con relación a lo fáctico como
con relación a la calificación, quiero subrayar algunos
prenotados.
Conocida es la frase que algunos atribuyen al
filósofo Ortega y Gasset y otros al neurólogo Ramón y
Cajal de que “no hay temas agotados sino hombres

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agotados en los temas”. El hecho sub judice ofrece mil
y un escorzos para meditar en la medida que se trata de
una serie de actos provenientes del hombre, donde
confluyen conducta, valoraciones, intenciones, etc.
Mucho es lo que podría decirse. Empero, circunscripto
el examen al marco delimitador de la apreciación
jurídica, entiendo que mis colegas han dejado poco por
analizar desde el sitial de un Tribunal de revisión con
competencia para decir el Derecho, amplificada en la
especie por la concurrencia de recursos de la acusación
y defensa. Digo esto porque tal extremo permite avanzar
bidireccionalmente sin temor de ofender la prohibición
de la “reformatio in pejus” en cuanto al derecho, y
también para evaluar nuevamente los hechos, aunque esto
de una manera más restricta en la medida que los jueces
de Casación no han sido espectadores del debate y, por
ende, no han podido forjarse una impresión personal de
la prueba producida en audiencia.
Sentado lo anterior, el temperamento adoptado en
el voto líder se acopla a la apreciación probatoria
efectuada por la mayoría del Tribunal en lo Criminal
actuante, en función de que le asigna sentido
integrador de prueba cargosa a similares elementos de

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juicio, aunque difiriendo en el alcance que cabe
atribuir a cada miembro de la ecuación articuladora del
decisorio y, sobre todo, subrayando y articulando el
plexo con conexiones de sentido.
Frente a esto, más que las tesis de la defensa, se
yergue la interpretación vertida por la minoría del
órgano de grado, personificada por el vocal de segundo
voto. Y sobre la construcción por éste elaborada cabe
formular dos reflexiones enraizadas en la perspectiva
metodológica de la elaboración de conclusiones,
particular crítica que a este sitial le ha abierto el
precedente “Casal” emergente de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este orden
de ideas tengo como pauta directriz que:
La reciente jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia (“in re”: C. 1757. XL.
Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en
grado de tentativa, sent. del 20/9/2005)
permite ir, en el marco del sistema de casación
“impura” vigente en el ámbito bonaerense, más
allá del examen enderezado a examinar la
razonabilidad del análisis probatorio –o sea
referido a la verificación de la existencia de

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absurdo descalificante del pronunciamiento-,
para abarcar también la metodología utilizada
para examinar la prueba, contribuyendo de esa
manera a que el Tribunal regido por la ley
11.982 actúe como una segunda instancia “cuasi-
material” (Sala I, sent. del 9/3/06 en causa
20.700, “Gueker”).
A la luz de lo asentado luce que si bien el
estudio avaluatorio efectuado por el Dr. Rizzi se
perfila como formalmente articulado, configura
“razonamiento aparente” en el sentido que a esta
locución da la Corte Federal, en la medida que omite
apreciar la prueba indiciaria –cuyo significado y
alcance ha sido destacado por la mayoría del Tribunal
de grado- tal como prevé la doctrina legal de la
Suprema Corte local y la jurisprudencia de esta
Casación. Y es ésta la que prescribe que:
Tratándose de elementos probatorios
calificables de indicios —id est: indicadores
de un camino—, su análisis debe ser hecho en
forma integral y armónica y nunca de manera
parcial o aislada, puesto que toda evaluación

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incompleta conduciría a desvirtuar su sentido
(Sala I, sent. del 3/8/2000 en causa 776,
“Suárez”; ídem del 1º/10/1999 en causa 479,
“Córdoba”, ampliación de fundamentos de los
magistrados de segundo y tercer voto; ídem del
1/6/04 en causa 3542, “Elicabe”). Por
consiguiente, el análisis parcial y aislado de
los elementos de juicio obrantes en la causa,
sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en
su conjunto, configura:
..... vicio descalificante del acto
jurisdiccional (Sala I, sent. del 23/9/1999 en
causa 30, “Ruiz”).
..... deformación que si bien puede
justificarse en aras del "sagrado e inviolable"
derecho del art. 18 de la C. N., no cambia ni
altera el sentido con que debe apreciarse el
acto jurisdiccional (Sala I, sent. del 1/6/04
en causa 3542, “Elicabe”).
Consiguientemente, no resulta hábil para
conmover el fallo asentado sobre prueba de
presunciones, la crítica enderezada a
cuestionar uno a uno los elementos considerados

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por el tribunal de grado, cuando el medio
probatorio de esta laya lo constituyen,
precisamente, indicios que deben ser apreciados
globalmente y no en particular (Sala I, sent.
del 1/7/04 en causa 6915, “Labonia”).
El vocal de segunda nominación ha hecho esto:
desmenuzar para extraer conclusiones parciales y no
captar en su sentido final una pluralidad de detalles,
de por si no esenciales; pero que, ensamblados,
conforman un todo coherente.
Igualmente, y esto en segundo lugar, ha pasado un
rasero nivelador sobre todos los elementos convictivos,
sin atender a una jerarquización –o particular poder
significativo- que dimanaba de algunos. Pruebas al
canto: la mendacidad del inculpado, en cuanto a su
presencia en el Club House, archiprobada en el sub-
examine, resulta esencial para la correcta composición
temporal del homicidio, como también lo acaecido en la
vivienda de sus parientes –acreditado por el
convincente parlamento de la persona que realizaba allí
quehaceres domésticos- en el lapso inmediatamente
precedente a la hora en que arribara la masajista de
quien fuera la víctima.

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En tercer lugar, ha despreciado lo sugestivo de
las manchas de sangre en la pared contigua al baño, en
especial las salpicaduras y la mano resbalando,
particular visible y que descartaba de plano y desde el
inicio cualquier hipótesis de accidente o de caída como
la sostenida por el entorno familiar de la occisa.
Sentado lo anterior, pierde interés si hubo
motivación aparente o no la hubo; si el cadáver fue
maquillado o no; o si se rechazó o no la inspección del
cuerpo por un médico vecino. En cambio, adquiere
relieve mayor el extraño tratamiento del tema con las
empresas funerarias y, por cierto, el falso certificado
de defunción obtenido.
Todo conduce, en mi modesto entender, hacia un
punto de imputación que asentado en datos tales como el
hecho de que no existiera violencia sobre los
cerramientos de la vivienda, o que no se haya
verificado el desapoderamiento de elemento alguno,
asume, al compás del todo examinado en el sufragio que
lleva la voz cantante, particular relevancia
persuasiva.
En cuanto al enfoque jurídico, reparo que la
presencia del encartado en el momento de la muerte en

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el recinto cerrado donde la conducta homicida se
produjo, pone de manifiesto, al menos un codominio de
todo hacer homicida allí sucedido. Y también basta la
cooperación espiritual. “El inculpado (que) ha apoyado
el comportamiento … de los otros con su presencia … y
en cooperación consciente y querida … lo ha querido
como propio”… el juez (en cada caso) debe en cierto
modo continuar mentalmente la idea del dominio del
hecho funcional sobre la base de las circunstancias
individuales” del caso. (Claus Roxin, “Autoría y
dominio del hecho en Derecho penal”, M. Pons,
Barcelona, 1998, ps. 310 y 312). En definitiva, al
decir de Welzel, la coparticipación en el dominio final
del hecho estriba en que cada uno, al llevar a cabo su
acto parcial, no sólo ejecuta su voluntad en el hecho,
sino al mismo tiempo también la de los demás. Es decir
que sólo puede realizarse el plan actuando
conjuntamente; pero cada uno por separado puede anular
el plan conjunto retirando su aportación. Es en esta
medida que cada uno tiene el hecho en sus manos (Roxin,
supra cit., pág. 306 y 307). En el caso, este retiro de
aporte no existió, por lo que me expido por la
afirmativa.

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Es mi voto.
A la quinta cuestión planteada, el señor Juez
doctor Natiello dijo:
Vista la forma en que han quedado resueltas las
cuestiones tercera y cuarta, considero no coorresponde
este Tribunal se avoque al tratamiento de los restantes
agravios traídos por los señores Defensores
particulares del encartado Carlos Alberto Carrascosa,
en orden a la condena dictada contra el nombrado como
coautor penalmente responsable del delito de
encubrimiento agravado.
Así lo voto.
A la misma quinta cuestión planteada, el señor
Juez doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en
igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma quinta cuestión planteada, el señor
Juez doctor Piombo dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes,
expidiéndome en igual sentido y por los mismos

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fundamentos.
Así lo voto.
A la sexta cuestión planteada, el señor juez
doctor Natiello dijo:
Atento lo resuelto en las cuestiones que
anteceden, propongo al Acuerdo: 1) declarar admisible
el recurso interpuesto por el señor Fiscal de Juicio
Dr. Diego Molina Pico contra el veredicto absolutorio
dictado respecto de Carlos Alberto Carrascosa en orden
al delito de homicidio agravado por el vínculo; 2)
declarar admisible el recurso interpuesto por la
Defensa del encartado respecto de la sentencia que
condena al encartado Carlos Alberto Carrascosa como
coautor penalmente responsable del delito de
encubrimiento agravado; 3) hacer lugar, por los motivos
expuestos, al recurso de casación interpuesto por el
Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Diego Molina Pico, sostenido
por el de esta Casación provincial, Dr. Carlos Arturo
Altuve, respecto del veredicto absolutorio dictado a
favor de Carlos Alberto Carrascosa, y asumiendo
competencia positiva, condenar al nombrado imputado a
la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y

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las costas del proceso, por resultar coautor penalmente
responsable del delito de homicidio calificado por el
vínculo; 4) rechazar, conforme los fundamentos dados,
el recurso de casación interpuesto por los Sres.
defensores particulares, Dres. Hernán Diego Ferrari y
Alberto Néstor Cafetzóglus en favor de Carlos Alberto
Carrascosa, con costas (Arts. 45 y 80 inc. 1° del CP,
20 inc. 1°, 210, 335 in fine, 373, 421, 448, 451, 452
inc. 1°, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 531 y 532 del
CPP); 5) remitir copia de la presente a la Unidad
Funcional de Instrucción pertinente para que –en caso
que a la fecha no se encuentre en curso- se investigue
la eventual participación y coautoría funcional de al
menos otras dos personas en el hecho investigado y
materia de acusación principal; 6) regular los
honorarios profesionales a los letrados intervinientes,
Dr. Hernán Diego Ferrari (T. XXIV F. 353 C.A.S.I.) en
la cantidad de cincuenta (50) unidades ius y al Dr.
Alberto Néstor Cafetzóglus (T. II F. 195 C.A.S.I.) en
la cantidad de cincuenta (50) unidades ius, por la
labor desplegada en esta sede, con más los aportes de
ley (artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9,
16, 31, 33 y 51 de la ley 8904; 1 y 12 inciso a) de la

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ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922-
debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de
la ley N° 6716, modificado por el artículo 12 de la ley
N° 10.268).
Así lo voto.
A la misma sexta cuestión planteada, el señor Juez
doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en
igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma sexta cuestión planteada, el señor Juez
doctor Piombo dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes,
expidiéndome en igual sentido y por los mismos
fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente
S E N T E N C I A

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Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el
Tribunal resuelve:
I.- Declarar admisible el recurso interpuesto por
el señor Fiscal de Juicio Dr. Diego Molina Pico contra
el veredicto absolutorio dictado respecto de Carlos
Alberto Carrascosa en orden al delito de homicidio
agravado por el vínculo.
II.- Declarar admisible el recurso interpuesto por
la Defensa del encartado respecto de la sentencia que
condena al encartado Carlos Alberto Carrascosa como
coautor penalmente responsable del delito de
encubrimiento agravado.
III.- Hacer lugar, por los motivos expuestos, al
recurso de Casación interpuesto por el Sr. Fiscal de
Juicio Dr. Diego Molina Pico, sostenido por el de esta
Casación provincial Dr. Carlos Arturo Altuve, respecto
del veredicto absolutorio dictado a favor de Carlos
Alberto Carrascosa, y asumiendo competencia positiva,
condenar al nombrado imputado a la pena de prisión
perpetua, con accesorias legales y las costas del
proceso, por resultar coautor penalmente responsable
del delito de homicidio calificado por el vínculo.

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Fiscal de Juicio” y
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s/ Recurso de Casación”
IV.- Rechazar, conforme los fundamentos dados, el
recurso de casación interpuesto por los defensores
particulares, Dres. Hernán Diego Ferrari y Alberto
Néstor Cafetzóglus, en favor de Carlos Alberto
Carrascosa, con costas.
Arts. 45 y 80 inc. 1° del CP, 20 inc. 1°, 210, 335
in fine, 373, 421, 448, 451, 452 inc. 1°, 454 inc. 1°,
456, 460, 530, 531 y 532 del CPP.
V.- Remitir copia de la presente a la Unidad
Funcional de Instrucción pertinente para que –en caso
que a la fecha no se encuentre en curso- se investigue
la eventual participación y coautoría funcional de al
menos otras dos personas en el hecho investigado y
materia de acusación principal.
VI.- Regular los honorarios profesionales a los
letrados intervinientes, Dr. Hernán Diego Ferrari (T°
XXIV F° 353 C.A.S.I.) en la cantidad de cincuenta (50)
unidades Jus y al Dr. Alberto Néstor Cafetzóglus (T. II
F. 195 C.A.S.I.) en la cantidad de cincuenta (50)
unidades Jus, por la labor desplegada en esta sede, con
más los aportes de ley.
Arts. 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16,
31, 33 y 51 de la ley 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley

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“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación int.
Fiscal de Juicio” y
“CARRASCOSA, Carlos Alberto
s/ Recurso de Casación”
N° 8455 y artículo 534 del CPP -ley N° 11.922- debiendo
procederse como lo determina el artículo 22 de la ley
N° 6716, modificado por el artículo 12 de la ley N°
10.268.
VII.- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese al
Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 del Departamento
Judicial San Isidro lo aquí resuelto, con copia de la
presente. Oportunamente remítase.
Carlos Ángel Natiello
Horacio Daniel Piombo Benjamín Ramón Sal Llargués
Ante mí:
Carlos Marucci
Hdlc/Gec