El marco jurídico que regula el empleo de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno está amparado por la Constitución ecuatoriana de 2008 y las leyes derivadas. Si bien la responsabilidad primaria de la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional, las tendencias políticas desde el siglo XXI consideran el uso de las Fuerzas Armadas en diferentes aspectos de seguridad.