1) El documento habla sobre nociones generales de derecho administrativo, incluyendo el principio de legalidad y la sumisión de los poderes públicos a la ley. 2) Define los conceptos de hecho jurídico y acto jurídico, y explica que los actos de la administración pueden ser de policía o prestacionales. 3) Explica que la actividad de policía implica limitar ciertos derechos para asegurar el orden público, mientras que la actividad prestacional se refiere al manejo de servicios públicos.

1. DERECHO ADMI NISTRATIVO III – UNIDAD I
Nociones Generales del Tema
En materia administrativa, el débil jurídico es el administrado, pero el Estado
tiene privilegios, porque el Estado tutela el interés general, por eso existe una serie de
normas que el Estado puede imponer a los particulares de manera legal amparándose
en el bien común, es decir, que salvo los derechos estrictamente individuales, una gran
gama de los derechos que consagra la Constitución, deben ceder ante el interés
general. El Estado moderno, se caracteriza por su sumisión al Derecho, por lo que se
puede decir que “vivimos en un Estado de Derecho”. Tal y como lo señala la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su Artículo 2, al
señalar que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia (…)”, lo cual significa que tanto los ciudadanos como los Poderes Públicos,
se hayan sometidos al cumplimiento del Derecho, de tal forma que si no cumplen las
Leyes se les podrán exigir responsabilidades.
Si bien desde siempre no planteó duda la necesidad de someter a los
ciudadanos particulares al cumplimiento de la Ley del Derecho, no siempre se
interpretó de la misma manera el sometimiento de la Administración a la
legalidad. Históricamente, las maneras de someter al Estado a la legalidad han sido
varias, en primer término cabe analizar si se puede o debe someter total o
parcialmente la actividad de los poderes públicos a la legalidad; actualmente, en la
práctica se puede decir, que la totalidad de la actuación de los Poderes Públicos, debe
encontrarse sometida a los parámetros de la Ley, mientras que antiguamente se
aplicaba la sumisión parcial, es decir, que sólo ciertas actuaciones del Poder Público se
sometían a la legalidad.
El Principio de Legalidad o Primacía de la Ley, es un principio fundamental del
Derecho Público conforme al cual todo ejercicio del Poder Público debería estar
sometido a la voluntad de la Ley y no a la voluntad de las personas, por lo cual se dice
que el mismo establece la seguridad jurídica. El Principio de Legalidad es la regla
fundamental del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir
que un Estado es un Estado de Derecho, pues es la más acabada garantía establecida
en el Estado de Derecho, en beneficio de los administrados “contra las posibles
arbitrariedades de la autoridad ejecutiva”, para lo cual, el ordenamiento jurídico debe
establecer el marco legal de la misma.
Significa entonces el Principio de Legalidad, la supremacía absoluta o
predominio de la Ley opuesto a la influencia del poder arbitrario, en este sentido, el
imperio de la Ley se opone a todos los sistemas de gobierno por personas investidas
de poderes amplios, arbitrarios o discrecionales. Dicho principio se formula sobre la
base de que ningún órgano del Estado puede adoptar una decisión individual que no
sea conforme a una disposición por vía general anteriormente dictada, esto es, que
una decisión individual no puede ser jamás adoptada sino dentro de los límites
determinados por una Ley material anterior. En íntima conexión con este principio, se
encuentra la institución de la Reserva de Ley, la cual obliga a regular la materia
concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente aquellas materias que
tienen que ver la intervención del Poder Público en la esfera de derechos del individuo,
por lo tanto, son materias vedadas al Reglamento, y a la normativa emanada del Poder
Ejecutivo (Decretos). La Reserva de Ley, al resguardar la afectación de derechos al
Poder Legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.

2. Este principio, encuentra su asidero constitucional en el Articulo 137. Ejusdem,
el cual es del tenor siguiente: “Artículo 137.- Esta Constitución y la ley definen las
atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse
las actividades que realicen”. La Constitución tiene dos partes fundamentales, la
primera, es la que crea el ente llamado Estado, que tiene por tarea administrar la vida
en sociedad y que en Venezuela está dividido en cinco poderes (Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Ciudadano y Electoral) siguiendo la teoría de Montesquieu; se puede observar,
que el Estado es dividido para debilitarlo; pero si se sigue analizando el modelo y se
escudriña cada poder por separado, se nota que cada uno de ellos, esta dividido en
una gran cantidad de órganos de acuerdo con lo establecido en las Leyes respectivas.
El Articulo arriba descrito, señala que el Estado con todas las funciones y
facultades que tiene, desde el mismo momento en que crea la norma es el primero que
se obliga a cumplirla, lo que indica que el Estado está tan obligado como los
ciudadanos a cumplir las normas, es decir, la Constitución y la Ley o lo que es lo
mismo, el Estado de Derecho, pues, si se quebranta este principio no habría estado de
derecho, con lo que se puede decir, que el rasgo que mejor tipifica y caracteriza al
Estado de Derecho, es la sujeción de todos sus actos a la Ley, asegurándose así, el
imperio de ésta. El paradigma del orden constitucional que rige el Estado Social de
Derecho, ayuda a comprender que el ejercicio del Poder Público debe ser practicado
conforme a los estrictos principios y normas derivadas del imperio de la Ley, no
existiendo por tanto, actividad pública o funcionario que tenga plena libertad para
ejercer sus funciones, las cuales se hallan debidamente regladas en las normativas
respectivas.
Hecho y Acto Juridico
Todo suceso o acontecimiento, ya sea producido por la naturaleza o por el
hombre son hechos; en el primer caso serán hechos naturales (la lluvia, el terremoto,
el eclipse), en el segundo, serán hechos humanos (pintar una casa, tomar un medio de
transporte, conducir un automóvil), los cuales pueden no tener ninguna consecuencia
jurídica, y en ese caso se denominan Hechos Simples, sin embargo, cuando producen
ese tipo de efectos, por crear, modificar o extinguir un derecho, toman el nombre de
Hechos Jurídicos, en cuyo caso se trata de hechos como fuente de derecho y no de un
hecho como objeto de prestación.
Todos los hechos humanos voluntarios, se llaman Actos, los cuales pueden ser
lícitos o ilícitos, según sean o no realizados de acuerdo a la Ley; cuando una persona
realiza un hecho voluntario lícito, que tiene por finalidad crear, modificar, conservar,
transferir o extinguir algún derecho, como finalidad inmediata, se dice que se trata de
un Acto Jurídico. Entre Hecho Jurídico y Acto Jurídico existe una relación de género a
especie, por cuanto todo acto jurídico es un hecho jurídico pero no todo hecho jurídico
es un acto jurídico, ya que el primero de estos comprende, además de los actos
jurídicos, a los actos meramente lícitos, a los actos ilícitos, a los actos involuntarios,
sean estos conformes o contrarios con el ordenamiento jurídico, y también a los
hechos naturales o externos que inciden en la vida de relación social del ser humano;
mientras que el segundo, es el acto humano, lícito, con manifestación de voluntad
destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.
El acto jurídico da vida a una regulación de intereses; está destinado a tener
una eficacia constitutiva o modificativa o extintiva de relaciones jurídicas y presenta los

3. siguientes caracteres: 1) Es un hecho o acto humano; 2) Es un acto voluntario; 3) Es
un acto lícito; 4) Tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos. En toda norma que
regula un acto jurídico se encuentra previsto hipotéticamente un supuesto de hecho
complejo integrado por un comportamiento humano (acción u omisión), voluntario,
lícito, y que el agente haya querido el acto y haya querido sus efectos, a este supuesto
la norma le atribuye, mediante un vínculo de deber ser, el efecto consistente en crear
una relación jurídica o en regularla, modificarla o extinguirla; la sola voluntariedad del
acto no es suficiente, como sucede en los actos meramente lícitos, para que se
produzca el efecto jurídico, sino es innecesario que el sujeto haya querido también los
efectos del acto. La manifestación sea como simple declaración o como
comportamiento tiene carácter preceptivo, esto es, no es una simple revelación de la
voluntad psicológica, sino que mediante ella se dictan reglas de conducta para sí
mismo y para los demás.
Hecho y Acto de la Administración (Actividad de la Administración)
A fines de dotar de contenido a la función administrativa, es necesario definir
cuáles son las actividades que la Administración Pública desempeña en mérito a dicha
función, dado que la misma no es en absoluto homogénea. En este sentido, las
actividades funciones de la Administración Pública deben configurarse como
obligaciones, al amparo del principio de legalidad y teniendo en cuenta la competencia
de cada uno de los entes que la conforman; asimismo, ninguna de dichas actividades
puede considerarse propia de la función de cada uno de los poderes públicos:
1) Actividad de Policía: Que implica la obligación de la Administración de
fiscalizar, controlar y asegurar la seguridad y el orden, a fin de obtener la
adecuación del comportamiento particular al interés público, restringiendo la
libertad o ciertos derechos de los particulares, pero sin sustituir la actuación
de los mismos, ello si se toma en cuenta que por la naturaleza de su función
la Administración está autorizada a limitar ciertos derechos o intereses de
los particulares, siendo en uso de esta actividad limitativa que la
Administración Pública puede otorgar autorizaciones, licencias y permisos a
fin que los particulares desempeñen determinadas actividades.
2) Actividad Prestacional: Referida al manejo de los servicios públicos; en
general, se entiende por servicio público aquel cuya prestación debe
necesariamente asegurarse, por ser la misma de interés público o interés
común, es decir, un servicio público es la prestación obligatoria,
individualizada y concreta de bienes y servicios, para satisfacer necesidades
primordiales de la comunidad.
3) Actividad de Fomento: Consistente en la realización de determinadas
acciones por parte de la Administración a fines de promover o estimular la
realización de ciertas actividades por parte de los particulares, las cuales
son consideradas de interés público. Esta actividad, es desempeñada
fundamentalmente a través de las subvenciones y los subsidios.
4) Actividad Normativa: La cual radica en la emisión de normas jurídicas de
rango secundario, denominadas en forma genérica Reglamentos, los mismos
que en principio sirven para complementar o hacer operativas las Leyes, y
que incluyen los llamados reglamentos autónomos, los mismos que no
requieren de una Ley a la cual reglamentar. Es necesario señalar que esta
función no implica una intromisión en la función legislativa otorgada
originariamente a la Asamblea Nacional, puesto que la actividad normativa
de la Administración siempre va a implicar la emisión de normas de rango
inferior a la Ley y subordinadas a ésta.

4. 5) Actividad Sancionadora: Goza actualmente de especial singularidad, puesto
que permite a la Administración sancionar a los particulares por la comisión
de determinadas infracciones, las mismas que no poseen la calificación de
delitos. Esta actividad de la Administración, posee ciertos principios que
tienen por finalidad proteger al particular de posibles actos arbitrarios;
asimismo, esta actividad no implica impartición de justicia, toda vez que la
Administración no penaliza delitos, ni puede aplicar penas privativas de
libertad.
6) Actividad Cuasijurisdiccional: A través de la cual la Administración Pública se
encarga de resolver controversias entre particulares o entre estos y otras
entidades del Estado, a través del empleo de determinados procedimientos
administrativos.
En muchas oportunidades la actividad de la Administración exige una operación
material de carácter administrativo que sirve para la ejecución de un determinado
acto; esta ejecución material, comporta un Hecho Administrativo, constituido por
aquellos aquellos fenómenos, acontecimientos o situaciones que se producen
independientemente de la voluntad de la Administración, pero que producen o no
efectos jurídicos respecto de ella; los hechos administrativos son realizados por la
Administración con objeto de obtener un determinado resultado, en algunos supuestos,
los hechos administrativos traen apareados para la Administración resultados que no
han tenido a la vista cuando se realizó.
Se dice entonces que el Hecho de la Administración, es un comportamiento,
dentro del cual se incluyen los Hechos No Jurídicos, como todas las actuaciones
materiales de la Administración y los Hechos Jurídicos, que producen determinados
efectos jurídicos; a diferencia de los Actos de la Administración, los cuales implican una
declaración de voluntad que puede o no producir efectos jurídicos directos,
distinguiéndose así los Actos No Jurídicos, que son aquellas decisiones de la
Administración que no producen efecto jurídico alguno y los Actos Jurídicos, como las
decisiones o declaraciones que producen un efecto jurídico, esto es, que producen el
nacimiento, modificación o extinción de un derecho o un deber; siendo en esta última
clasificación donde surgen los Actos Administrativos, como toda declaración unilateral
de voluntad realizada en el ejercicio de la Función Administrativa que produce efectos
jurídicos individuales de forma inmediata.