TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE DEFENSA PENAL JUVENIL DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Junto con saludar quisiera a nombre de nuestra asociación de funcionarios, Afudep, de la Asociación de Defensores, representada por su Presidente, y de la representante del Programa RPA, agradecer la oportunidad de presentar ante esta comisión, nuestro planteamiento sobre el problema de los trabajadores del programa de responsabilidad penal adolescente de la Defensoría Penal Pública.
Jornada convierte una obligacion en una oportunidad. Incentivos para la contr...ELOY MARTINEZ PARRA
El empleo es un elemento básico para garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las personas y contribuye a su integración social y desarrollo personal. En esto es de destacar que el colectivo de personas con discapacidad presenta unos altos niveles de desempleo, muy por encima de la media nacional.
Durante los últimos años, se han establecido diferentes medidas para la integración de los trabajadores con discapacidad tanto en el sistema ordinario de trabajo o a través de fórmulas especiales de trabajo protegido. Es importante que las empresas conozcan la normativa para la contratación de personas con discapacidad y los beneficios que aporta.
Se consideran personas con discapacidad aquellas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% así como a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.
En la jornada “Convierte una obligación en una oportunidad. Incentivos para la contratación de personas con discapacidad” se revisará toda la normativa que en materia laboral afecta a las personas con discapacidad. Se explicarán los incentivos que están en vigor para la contratación de este colectivo y los instrumentos existentes para que a las empresas les sea fácil cumplir con la obligación de contratación de personas con discapacidad.
La jornada finalizará con la experiencia de dos empresas que han incorporado de personal discapacitado en sus plantillas laborales.
Programa
1.Aspectos jurídico laborales de la obligación de contratar a Personas con Discapacidad.
Ponente: Eloy Martínez. Técnico de integración laboral de Upapsa Laboral. Agencia de colocación especializada en el colectivo con discapacidad.
2.Subvenciones, bonificaciones e incentivos fiscales por la contratación de Personas con Discapacidad.
Ponente: Eloy Martínez. Técnico de integración laboral de Upapsa Laboral. Agencia de colocación especializada en el colectivo con discapacidad.
3.Herramientas a disposición de las empresas para el cumplimiento de la normativa vigente. Los servicios de mediación laboral y de empleo con apoyo.
Ponente: David Saez. Técnico de integración laboral de Upapsa Laboral. Agencia de colocación especializada en el colectivo con discapacidad.
Jornada convierte una obligacion en una oportunidad. Incentivos para la contr...ELOY MARTINEZ PARRA
El empleo es un elemento básico para garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las personas y contribuye a su integración social y desarrollo personal. En esto es de destacar que el colectivo de personas con discapacidad presenta unos altos niveles de desempleo, muy por encima de la media nacional.
Durante los últimos años, se han establecido diferentes medidas para la integración de los trabajadores con discapacidad tanto en el sistema ordinario de trabajo o a través de fórmulas especiales de trabajo protegido. Es importante que las empresas conozcan la normativa para la contratación de personas con discapacidad y los beneficios que aporta.
Se consideran personas con discapacidad aquellas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% así como a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.
En la jornada “Convierte una obligación en una oportunidad. Incentivos para la contratación de personas con discapacidad” se revisará toda la normativa que en materia laboral afecta a las personas con discapacidad. Se explicarán los incentivos que están en vigor para la contratación de este colectivo y los instrumentos existentes para que a las empresas les sea fácil cumplir con la obligación de contratación de personas con discapacidad.
La jornada finalizará con la experiencia de dos empresas que han incorporado de personal discapacitado en sus plantillas laborales.
Programa
1.Aspectos jurídico laborales de la obligación de contratar a Personas con Discapacidad.
Ponente: Eloy Martínez. Técnico de integración laboral de Upapsa Laboral. Agencia de colocación especializada en el colectivo con discapacidad.
2.Subvenciones, bonificaciones e incentivos fiscales por la contratación de Personas con Discapacidad.
Ponente: Eloy Martínez. Técnico de integración laboral de Upapsa Laboral. Agencia de colocación especializada en el colectivo con discapacidad.
3.Herramientas a disposición de las empresas para el cumplimiento de la normativa vigente. Los servicios de mediación laboral y de empleo con apoyo.
Ponente: David Saez. Técnico de integración laboral de Upapsa Laboral. Agencia de colocación especializada en el colectivo con discapacidad.
Taller de Afro
A raíz de las herramientas desarrollada en los años 30 por la antropóloga y coreógrafa afroamericana Katherine Dunham, cuyo terreno predilecto de estudios fue Haití iremos explorando unas referencias simbólicas traducidas en los movimientos de la barra Dunham (como en las ondulaciones del dios serpiente Yanvalou), yendo al trasfondo de la cultura africana como matriz suministradora de esencias para las nuevas culturas nacidas en el Caribe y en las “Américas Negras”.
Taller de Afro
A raíz de las herramientas desarrollada en los años 30 por la antropóloga y coreógrafa afroamericana Katherine Dunham, cuyo terreno predilecto de estudios fue Haití iremos explorando unas referencias simbólicas traducidas en los movimientos de la barra Dunham (como en las ondulaciones del dios serpiente Yanvalou), yendo al trasfondo de la cultura africana como matriz suministradora de esencias para las nuevas culturas nacidas en el Caribe y en las “Américas Negras”.
De la retórica al presupesto.
Presentación de Fundación Tierra de Esperanza en Panel sobre Gestión en Seminario del Ministerio de Justicia sobre Nueva Institucionalidad en Materia de Infancia.
Francisco Estrada Vásquez
Director Metropolitano
Investigación penal en seguridad_IAFJSRMauri Rojas
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
Somos una institución de Educación de Adultos, que germina legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación de los futuros profesionales en el derecho en su fase incipiente, preparándolo para entender, comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión y mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que ya estén en su ejercicio profesional.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela
www.iafjsr.com.ve
Eficacia de los mecanismos de protección del derecho a la información en El...FUSADES
El 28 de septiembre de cada año, se celebra el “Día
Internacional del Derecho a Saber”, festejo que nos recuerda
que el acceso a la información es un derecho inherente a
la persona humana. Sin información es imposible resolver
los retos de cada día. Necesitamos información para todo lo
que hacemos en nuestras vidas personales y profesionales.
Cada decisión que tomamos: ¿Qué ruta tomo para ir al
trabajo? ¿Cómo hago para aplicar a una beca? ¿Subirá
o bajará mañana el precio de la gasolina, compro hoy o
compro mañana? ¿Dónde exactamente pasará la nueva
carretera cerca de mi propiedad? ¿Para qué quiere el
Gobierno aumentar el número de empleados públicos?
El ejercicio y la protección del “derecho a saber” o derecho
humano a obtener información se concreta de forma
distinta en el ámbito de cada país. En El Salvador, desde la
aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), su ejercicio se concreta en el derecho a obtener
información en poder de la Administración Pública y de los
entes privados que manejen fondos públicos. Por tratarse
de un derecho fundamental, el Estado tiene la obligación
de respetarlo y crear las garantías para su defensa.
Los mecanismos de protección son de variada naturaleza.
La LAIP establece varias acciones para hacer efectivo el
derecho: la vía administrativa directa y los recursos ante
el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En
forma complementaria, también regula la vía judicial,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), como un mecanismo de uso
exclusivo de los particulares y la protección reforzada
que ofrece la vía judicial ante la Sala de lo Constitucional
de la CSJ, regulada en la Constitución y en la Ley de
Procedimientos Constitucionales.
En la vía administrativa, el IAIP impone multas por
violaciones al derecho, ordena que se entregue la
información y/o desclasifica información denegada por
haber sido clasificada como reservada o confidencial por
alguna institución pública. En sede judicial, la Sala de lo
Constitucional declara la violación al derecho de acceso
a la información o de un derecho conexo, así como la
existencia de responsabilidad por parte del funcionario
infractor, pero no cuantifica el monto debido, siendo
necesario acudir posteriormente a un proceso judicial de
daños y perjuicios para hacer efectivo el resarcimiento
patrimonial. Hasta la fecha de cierre de este análisis,
la Sala de lo Contencioso no ha admitido casos en
que los demandantes sean particulares, por lo que su
funcionamiento no se incluye.
En este análisis, se examina el funcionamiento actual de los
mecanismos legales y constitucionales de protección, con
el propósito de establecer si el sistema de garantías para
tan importante derecho está funcionando adecuadamente
o si hay mejoras posibles que deben im
COMENTARIOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1401 - DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA EL RÉGIMEN ESPECIAL QUE REGULA LAS MODALIDADES FORMATIVAS DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Índigo Energía e Industria No. 16 |Tradicionalmente, las estaciones de servicio han sido vistas sólo como puntos de suministro de combustible para vehículos. Sin embargo, en la actualidad, estos espacios experimentan una transformación significativa hacia la sostenibilidad y la incorporación de tecnologías verdes.
En este ejemplar también encontrarás:
#Entrevistas
Ignacio Contreras Andrade, director del área oil and gas de Vicer
Carlos León Martín, presidente de Onexpo Puebla
Oscar Del Cueto, presidente de CPKC México.
José Luis del Corral, vp ejecutivo de STRACON y director de operaciones en Dumas.
#Opinión
Dra. Alicia Zazueta Payán, presidenta de la AMPES
Dr. Leonardo Ramos, subgerente operativo de anteproyectos hidroeléctricos de la CFE
Por Julio Zugasti, asociado senior de Hogan Lovells
Coberturas
BYD SHARK: potente, eficiente y amigable con el medio ambiente
IV Foro de Biogás fomentan el uso de Biometano
Takeda celebra 60 años de presencia en México con inauguración del ICC
AMID presenta decálogo para mejorar la salud y la economía de México
#Noticias
CFE adquiere crédito para desarrollar la primera central solar flotante de Latam
Sempra Infraestructura dona 7 mdp a la Cruz Roja Mexicana
Histórica multa de COFECE a gasolineras
Mantenimiento garantiza el óptimo funcionamiento de estaciones de servicio: Petrogas
Destacada participación de AMPES en UNITI Expo 2024
Gilbarco mostrará equipos y soluciones en los GVR Tech Days
El Poder Público Estadal y el Poder Público Municipal en Venezuela.pptx
TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE DEFENSA PENAL JUVENIL DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
1. TRABAJADORES DEL
PROGRAMA DE DEFENSA PENAL JUVENIL
DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Junto con saludar quisiera a nombre de nuestra asociación de
funcionarios, Afudep, de la Asociación de Defensores, representada
por su Presidente, y de la representante del Programa RPA,
agradecer la oportunidad de presentar ante esta comisión, nuestro
planteamiento sobre el problema de los trabajadores del programa
de responsabilidad penal adolescente de la Defensoría Penal
Pública.
El Sr. presidente ya conoce nuestro relato, por cuanto hemos tenido
la instancia de exponer este tema con anterioridad.
Tal como lo expusimos en octubre pasado, nuestra asociación
mantiene varias demandas laborales, las cuales están viendo una luz,
por el compromiso del Ministerio de establecer mesas de trabajo
para avanzar en materias como:
• Respeto por la carrera funcionaria, en lo que dice relación con
los concursos de ingreso a la planta y promoción.
• Reconocimiento a la labor de que realizan los funcionarias y
funcionarios que se encuentran subcontratos en la planta de
auxiliares y técnicos cumpliendo funciones de administrativos
o profesionales.
• Sistema de Alta Dirección Publica, con relación a la
incorporación de los Defensores Regionales y la
compatibilidad con los cargos de planta.
Contexto sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
La Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los
adolescentes por infracciones a la ley penal, impuso una serie de
obligaciones y desafíos para la Defensoría Penal Pública.
En los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño,
considerando la condición de personas en desarrollo de los niños y los
fines de reinserción social del sistema.
Desde el año 2006, se implemento un programa piloto, con trabajadores
a honorarios para atender la demanda de defensa penal juvenil.
Ya desde el presupuesto exploratorio del año 2010, la Institución y
2. posteriormente el Ministerio de Justicia solicitaron al Ministerio de
Hacienda la incorporación a la dotación de los funcionarios del programa
de responsabilidad penal adolescente. Finalmente dicha cartera resolvió
mantener el actual sistema de financiamiento, extendiendo, de este
modo, la desmedrada condición laboral de los trabajadores del referido
programa.
En la sesión de fecha 18 de octubre de 2011 la subsecretaria de la época.
Sra. Patricia Pérez, señala que está considerando en un futuro proyecto
de ley y en la sesión del 17 de octubre del año 2012, el ejecutivo señalo
que se contaba con un informe presupuestario que autorizaba el
incremento del gasto.
Actualmente trabajan para el programa 83 personas a nivel nacional,
entre profesionales -defensores penales y asistentes sociales- así como
personal administrativo.
Justificación del Modelo de Defensores Penales Juveniles a Contrata
La justificación de incorporar a los trabajadores y trabajadoras del
programa RPA a la dotación de la institución, se manifiesta en diversos
aspectos, como los siguientes:
a) Los defensores penales juveniles, a pesar de lo precario e
incierto de su situación laboral, se han constituido en la
columna vertebral de una cobertura especializada de la
demanda que integra - en las zonas en que estos no pueden
prestarla - a defensores locales y licitados. Así se han
convertido en la garantía de especialización de la defensa,
asumiendo cerca de un 75% de las causas de la LRPA y el
total de la asistencia durante el período de ejecución de las
condenas.
b) La implementación de la defensa especializada requiere
necesariamente contar con el apoyo de trabajadores
sociales o sicólogos, para ejecutarse en forma adecuada.
Junto con constituir un equipo de abogados especializados,
otro de los logros relevantes de este período fue perfilar la
función de apoyo a la defensa de adolescentes, de manera
tal que hoy es inimaginable contar con una defensa
especializada sin el apoyo de estos profesionales. Su
importancia también se aprecia en la coordinación con los
Programas de SENAME y otras instituciones, así como en la
búsqueda de alternativas para solucionar casos complejos
del sistema.
3. c) La especialización es un proceso acumulativo al que
concurren progresivamente horas de capacitación, tiempo
de experiencia, adquisición de habilidades y destrezas para
la defensa de adolescentes. La contratación permite
capitalizar lo que se invierte y ha invertido en los
trabajadores(as) del programa.
d) La contratación favorece una mayor estabilidad en la
función de los trabajadores(as). Esta ventaja está
directamente asociada con lo anterior, ya que desincentiva
y disminuye los costos producto de la rotación de defensores,
con la consiguiente pérdida de capital en el ámbito jurídico
especializado.
Solicitud
Solicitamos que se Oficie a SE, la Señora Presidenta de la República,
Doña Michelle Bachelet Jeria, con copia al Sr. Ministro de Justicia, Sr.
José Antonio Gómez Urrutia y a Sr. Ministro de Hacienda, Sr. Alberto
Arenas de Mesa, a fin que se sirva impartir las instrucciones para que se
ingrese a tramitación legislativa, el Proyecto de Ley que resuelve esta
materia.
Los trabajadores de este programa, representan la precariedad del
empleo, en el cual no cuentan con la estabilidad, las prestaciones de
seguridad social y los derechos de los funcionarios que están junto a
ellos día a día, en ocasiones incluso es difícil lograr el reemplazo
cuando una de las mujeres trabajadoras hace uso de sus derechos
maternales.
No es menor además, volver a recordar que existe el compromiso de
todos los actores, comenzando por el ejecutivo de resolver esta
precariedad de empleo desde hace algunos años, tal como ha
quedado registro en esta propia comisión los años 2011, 2012 y 2013.
Por lo tanto, la institucionalización requerida, se basa en los
profesionales y personal administrativo ya existentes, quienes se han
destacado con entrega y buena gestión en las labores de defensa
penal juvenil. Es por esto que se ha gozado de un prestigio bien
ganado ante los demás intervinientes y por otros organismos
circunscritos al sistema. Por lo anterior, y ante esta buena evaluación,
no resulta justo mantener a este personal a honorarios, muchos de los
cuales ya llevan varios años bajo esta modalidad.
4. A continuación, se resumen algunos de los compromisos en esta
materia:
1. En la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto, de fecha 18 de
octubre del 2011 (boletín N° 7.972-05), la entonces subsecretaria
de justicia, Sra. Patricia Perez señaló: “en orden a pasar a contrata a
los defensores que se dedican a la representación de adolescentes
infractores de ley que actualmente laboran bajo la modalidad de
honorarios, está expresamente considerado en un futuro proyecto
de ley..”
2. Un año después, en la misma instancia Parlamentaria, es decir en la
sesión de fecha 17 de octubre del 2012 (boletín N° 8.575-05), la
Ministra de Justicia, manifestó que: “…que concordaba con los
criterios expuestos y que por ello se había preparado un
anteproyecto de ley que ya cuenta con la visación de la DIPRES.
Esta última emitió un informe financiero autorizando $ 600 millones
para este efecto, y en estos momentos la iniciativa está en su último
proceso de revisión en el Ministerio Secretaria General de la
Presidencia.”
3. Por acuerdo unánime, la Tercera Subcomisión Mixta de
Presupuestos del Senado, envía el Oficio CM-2012 N° 122 del 31 de
octubre del 2012, a S.E. Sebastián Piñera Echeñique, en el cual le
solicita se impartan las instrucciones pertinentes para que ingrese a
tramitación legislativa la iniciativa de ley señalada por la Ministra de
Justicia, Sra. Patricia Pérez Goldberg de a fin de regularizar la figura
de los honorarios a quienes se desempeñan en el programa de
Responsabilidad Penal Adolescente en la Defensoría Penal Pública.
4. El día 20 de mayo del año 2013, el Sr. Subsecretario de Justicia
expresó estar de acuerdo con lo planteado por ambas
asociaciones y sostuvo que no existían razones para que esta
regularización se dilate más, agregando que todos los
intervinientes están alineados en este mismo sentido.
5. El día 27 de agosto del presente año expusieron ante la Comisión
de Hacienda el representante de la ADEF, Sr. Gonzalo Rodríguez
Herbach y el representante de la AFUDEP, Ignacio Ramírez Villegas,
quienes lograron que se aprobará por unanimidad el envío de un
oficio al Ministerio de Hacienda (CM-2013 N°221) solicitando el
ingreso del proyecto de ley de contratación del personal RPA antes
del 30 de septiembre de 2013, y en caso contrario, considerar la
pertinencia de la glosa en la partida.
6. El día 15 de octubre de 2013, el Senado de la República, aprobó
por unanimidad el despacho de un proyecto de ley que integre a
la dotación de la defensoría a los trabajadores RPA (Boletín S-1596-
5. 12). Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables Senadores
señores Chahuán, Bianchi, García Huidobro, Horvath, Larraín
Fernández y Sabag, con el que solicitan a S.E. el Presidente de la
República que remita una iniciativa legal para integrar a la
dotación de la Defensoría Penal Pública, en calidad de
funcionarios de planta o a contrata, a los profesionales que prestan
servicios a honorarios en la Unidad de Defensa Penal de dicho
organismo. En esta misma sesión, estuvo presente el subsecretario
de Justica, Sr. Juan Ignacio Piña, quien respondiendo ante la
consulta del Sr. Presidente de la comisión, señaló que en el más
breve plazo se ingresará el proyecto de ley.
7. Finalmente, el día 1 de octubre del año en curso, ambas
asociaciones de funcionarios expusieron ante la Tercera
Subcomisión Especial Mixta de presupuesto, para analizar la
situación de los trabajadores RPA, suscribiendo los Diputados
integrantes de la Comisión una indicación a la partida del Ministerio
de Justicia, solicitando el incremento de la glosa.
8. En esta misma reunión, el Senador, Sr. Jaime Orpis le hace presente
al Subsecretario de Justicia que el proyecto de ley de contratación
del personal RPA puede demorar su tramitación y que en el
intertanto solicita la incorporación de la glosa, moción que se
expresará en un oficio al Ministerio de Hacienda, situación
materializada a través del Oficio CM-2014 N°44.
9. La discusión en sala del año 2013, se encuentra en documento
anexo