La reforma al sistema de justicia penal en México se debió a que el antiguo sistema tenía problemas como la concentración excesiva de poder en manos del Ministerio Público, la etapa de averiguación previa que llevaba a la impunidad, y el proceso de preinstrucción con plazos cortos que forzaban a los jueces a basarse en las pruebas de la averiguación en lugar de realizar una investigación independiente.