El documento discute la relación entre el estado político y el estado económico. Argumenta que el poder político juega un papel clave en la intervención de la economía para asegurar el bienestar de la sociedad. El gobernante tiene la responsabilidad de orientar las políticas económicas para satisfacer las necesidades de todos los sectores y distribuir equitativamente los recursos. La economía y la política deben trabajar juntas para lograr el desarrollo social.