El documento resume las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador durante una visita a Coahuila, donde denunció los intentos del PRI de mantener el poder a través de nepotismo y llamó a no votar por el PRI o PAN. También presentó a Jesús González Shmall como candidato de Morena para gobernador, prometiendo un futuro mejor para Coahuila. López Obrador hizo un llamado a la unidad entre partidos de izquierda para lograr cambios en el estado.
1. No. 201 Fecha: 17 / enero /2011 e-mail: mamtrabajndo@yahoo.com.mx
AÑO 4
De visita en Coahuila, Andrés Manuel López Obrador denunció la pretensión del actual presidente electo del PRI,
Humberto Moreira Valdés, de dejar a su hermano como gobernador de ese estado, y señaló que su acción es una muestra
más de la inmoralidad que hay en la llamada sociedad política del país. López Obrador hizo un llamado al pueblo de
Coahuila a no votar ni por el PRI ni por el PAN en las próximas elecciones porque son los partidos que llevaron a la ruina al
pueblo de México; presentó a Jesús González Shmall como la propuesta del Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA) para abanderado quitarles el poder a los potentados, próximas elecciones. Dijo que González Shmall ofrece
Rechazó que sea difícil del PRD, PT y Convergencia en las porque si la gente se organiza y participa, se
dos lograrán los cambios queprofundo y sincero amor al pueblo, y honestidad el pueblo quiere”, recordó.
cosas fundamentales: un requiere el país, “los caciques duran hasta que en el cumplimiento de su cargo. López
Obrador agregó que si Jesús González Shmall es el candidato de las fuerzas progresista y de la izquierda en la entidad, los
coahuilenses tendrán un nuevo camino y un futuro mejor para sus hijos.
En la segunda semana de gira por que encabezaMéxico, apostado a que va a haber un despertar ciudadanohicieron un
Mencionó que el movimiento el Estado de le está López Obrador y el diputado Alejandro Encinas y va
llamado a la una insurgencia izquierdapacífica para lograr el renacimientoPT y Convergencia) para lograr una alianza y
a haber unidad entre la cívica y y los partidos progresistas (PRD, de México.
contar con la capacidad de organización necesaria para que las cosas cambien verdaderamente en esa entidad. Ante los
habitantes de los municipios que visitaron, firmaron 10 compromisos para mejorar la situación del pueblo del Estado de
México, entre ellos, la implementación de programas sociales como los que ya existen en el D.F.; apoyo a productores y
campesinos, ampliación y mejoramiento de las viviendas; introducción de agua potable, drenaje y pavimento en los
municipios, mejorar los servicios públicos y las carreteras y, por supuesto, brindar a los jóvenes espacios para estudiar y
oportunidades de trabajo. Por tratarse de la palabra de dos luchadores sociales íntegros y honestos, los mexiquenses no
pueden más que mantener viva la esperanza del anhelado cambio, lo que produce un intercambio de energía positiva en
cada plaza que se vuelca en gritos de apoyo y vivas a Encinas y a López Obrador. El pueblo de México sabe que los
gobiernos emanados del PRI y del PAN son los causantes de la actual situación económica, social, política, de inseguridad
y de violencia, por eso NO APOYA LA IDEA DE LAS ALIANZAS CON LOS TRAIDORES A LA PATRIA.
CON CALDERÓN MÉXICO ES MENOS DEMOCRÁTICO. Freedom House, organización dedicada a promover la libertad
alrededor del mundo, dio a conocer en un reporte llamado Libertad en el Mundo, que cuatro países sufrieron retrocesos
democráticos, siendo México el primer país donde cayó la democracia. Esto debido a la incapacidad del gobierno
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federal panista para proteger a los ciudadanos y detener la violencia.
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GUERRA CONTRA EL NARCO ALTERÓ LA “PAX NARCÓTICA”. La revista The Economist señaló que el incremento en
la violencia en México fue el resultado de una alteración de la "pax narcótica" provocada por la supuesta "guerra contra el
narco" de Felipe Calderón. En una nota titulada "Pateando el avispero", en la cual The Economist presenta un mapa
interactivo de Stratfor firmó el 30 de octubre; Gómez PRI Arturo Hernández Álvarez, diversos cárteles dede droga, la
El convenio se que muestra los territorios en México que son controlados por los quien fue director la
revista señala que el la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta abril de 2007, es el segundoMéxico, señala The
operaciones de poder en México es compartido de manera informal por el narco. La violencia en ex
Economist, se desató cuando el autoridades de Estados Unidos de participar en una intrincada red de corrupción por
funcionario imputado por gobierno federal alteró el balance entre los cárteles, haciendo que iniciaran una pelea
el control de las rutas de trasiego. Palazo al avispero, lo que siempre dijo López Obrador.
que involucra presuntamente a cuatro funcionarios de la paraestatal para favorecer a algunas empresas en
la asignación de contratos multimillonarios.
BASTA DE SANGRE. Ante la percepción de cada vez más mexicanos de que la violencia está fuera de control, la campaña
emprendida por los caricaturistas, “¡Basta de sangre!”, resume el clamor de quienes no piden que cese el combate al
crimen ni al narcotráfico, pero sí exigen modificar y ajustar la estrategia gubernamental que ha ensangrentado a buena
parte del país, y que la prioridad del gobierno no sea “acabar con la droga” — que, por lo demás, difícilmente se acabará —,
sino proteger a los ciudadanos y dar a la población la tranquilidad y la seguridad que exige y a la que tiene derecho.
(editado, Salvador García Soto)
EL PUEBLO DE MÉXICO EN ABSOLUTA Y TOTAL INDEFENSIÓN. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
informó que la Secretaría de Marina se negó a aceptar las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en el mes de
diciembre de 2010. Se trata de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza
pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las
lesiones provocadas por los proyectiles que los impactaron. Qué regresen los soldados a sus cuarteles.
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VALIENTE A.C.
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La oleada de violencia y asesinatos cometidos por el crimen organizado
en el país son muestra de la falta de rumbo del Estado, que a la fecha
adolece de una estrategia de seguridad participativa y democrática en la
que el respeto a la dignidad humana incluya la atención al desempleo, a
la salud, la pobreza e incluso a las catástrofes naturales, entre otros
factores que tienen que ver con una visión amplia de la seguridad y el
respeto a la integridad humana. Las propuestas emanadas del gobierno
federal o locales, como el endurecimiento de penas corporales o el
aumento de ellas, el reforzamiento de los cuerpos policiales con
armamento y equipo, y la intervención militar, entre otros, NO tendrán
efectos positivos si no se acompañan con la prevención y medida de
tipo económico, político y social. Luis Arriaga Valenzuela, Director del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las declaraciones reiteradas y los despliegues – aparatosos, pero sin resultados – de las fuerzas públicas
frente a escenas de barbarie y crueldad, son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la
inacción sociales ante esta catástrofe. Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente
administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son,
precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del
país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación
del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.
Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este
cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea
por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos
factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la
casi total impunidad de los criminales.
Adicionalmente, los datos – incluso los oficiales – permiten entrever que las diversas modalidades de la
delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una
recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico,
como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año
tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no
puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.
A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los
muertos de esta guerra han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una
garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en
rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran
inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.
La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo
semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente
mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de
peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional
más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.
La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las
garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es
priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país. (editado, Editorial La
Jornada, 10 / 01 / 11)