Cuando la Comisión Europea hizo público en marzo de 2015 el cuadro de indicadores de la Justicia, hizo notar que eficiencia, calidad e independencia de la justicia española puede mejorarse, en comparación con otros países europeos. Es también mejorable el uso que hace de las nuevas tecnologías. No obstante, la propia Comisión indica que en el diálogo que mantiene con los Estados Miembros, España ofrece en ocasiones datos insuficientes, y los intercambios de información y buenas prácticas no son todo lo satisfactorio que pudiera ser. Estos datos se tendrán en cuenta en los actuales análisis por país del semestre europeo de 2015, así como a la hora de decidir las prioridades de financiación al amparo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para las reformas de la Justicia. ¿Considera la Comisión que la omisión de datos afecta a la rendición de cuentas democrática? ¿Afecta una eventual omisión de datos para decidir las prioridades de financiación mediante fondos europeos? ¿Puede ejercer la Comisión alguna medida para paliar esta situación de datos insuficientes por parte de un Estado Miembro?