La marcha indígena de tierras bajas presentó 16 demandas al gobierno de Bolivia, incluyendo la paralización de la construcción de una carretera y actividades hidrocarburíferas que afectan sus territorios, el reconocimiento de los territorios indígenas en la nueva legislación agraria, y la asignación de recursos para la autonomía indígena, la universidad indígena y proyectos de vivienda e infraestructura.