2. René Ramírez Gallegos
Secretario Nacional de Planificación y
Desarrollo
Miguel Carvajal Aguirre
Ministro Coordinador de Seguridad
Katiuska King Mantilla
Ministro Coordinador de Política
Económica
Doris Soliz Carrión
Ministro Coordinador de la Política
Nathalie Cely Suárez
Ministra Coordinadora de la
Producción,
Empleo y Competitividad
Jeannette Sánchez Zurita
Ministra Coordinadora de Desarrollo
Social
María Fernanda Espinosa Garcés
Ministra Coordinadora de Patrimonio
Jorge Glas Espinel
Ministro Coordinador de Sectores
Estratégicos
Montgomery Sánchez Reyes
Representante del Consorcio de
Consejos
Provinciales del Ecuador
Paúl Granda López
Representante de la Asociación de
Municipalidades del Ecuador
Hugo Quiroz Vallejo
Representante del Consejo de
Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador
Carlos Díez Torres
Representante del Consejo de
Participación
Ciudadana y Control Social (observador)
Diego Martínez Vinueza
Secretario del Consejo
3. Constitución del Ecuador
Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo
es el instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos
públicos; la programación y ejecución
del presupuesto del Estado; y la inversión y
la asignación de los recursos públicos;
y coordinar las competencias exclusivas
entre el Estado central y los
gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio
para el sector público e indicativo para los
demás sectores.
4. La participación ciudadana es un derecho. Las y
los ciudadanos deben ser parte de la toma de decisiones,
de la planificación y la gestión de los
asuntos públicos, así como del control popular de
las instituciones del Estado. A la vez, la participación
de la población en la formulación de políticas
públicas es un elemento fundamental para la
realización de los derechos del Buen Vivir. En este
sentido, es una prioridad recoger la voz de aquellos
que en escasas ocasiones han tenido la oportunidad
de expresar sus sueños, aspiraciones y cosmovisiones;
pero también es un deber establecer
canales de diálogo con la ciudadanía organizada a
fin de fortalecer la democracia.
5. Se logró difundir a amplios sectores de la
sociedad los principales objetivos del
Plan Nacional para el Buen Vivir. Hubo
una amplia aceptación por parte de los
participantes, quienes, además, formularon
aportes sustantivos para mejorar y potenciar
el Plan.
6. Revolución ética, para garantizar la
transparencia,
la rendición de cuentas y el control
social, como pilares para la construcción de
relaciones sociales que posibiliten el
reconocimiento
mutuo entre las personas y la
confianza colectiva, elementos
imprescindibles
para impulsar este proceso de cambio
en el largo plazo.
7. Al ser el individuo un ser social, se propone retomar
a la sociedad como unidad de observación e
intervención y a la igualdad, inclusión y cohesión
social como valores que permiten promover el
espíritu cooperativo y solidario del ser humano.
Dado que se postula una justicia social como espacio
de mutuo reconocimiento entre ciudadanos
iguales, defendemos la idea de que no es suficiente
con dar más al que menos tiene –y peor aún dádivas–
sin pensar la distancia que separa a uno del
otro. En un espacio de reconocimiento de la desigualdad
y la diversidad, la forma de distribución de
los recursos tiene que dirigirse a reducir las brechas
sociales y económicas y a auspiciar la integración y
cohesión de los individuos en la sociedad.
8. Partimos de una máxima: el libre desarrollo de
todos y todas es la condición para el libre desarrollo
de cada uno. Por tal razón, la meta debe ser la
expansión de las capacidades de todos los individuos
para que puedan elegir autónomamente, de
manera individual o asociada, sus objetivos.
Asimismo, la atención no debe estar puesta exclusivamente
sobre el acceso al bien mínimo, a tener
lo elemental. El verdadero objetivo es el desarrollo
de capacidades fundamentales y la afirmación de
identidades que constituyen al ser. El referente
debe ser la vida digna y no la mera supervivencia.
9. El punto de partida del Plan Nacional para el
Buen Vivir, que se prefigura como un instrumento
para el cambio social, no puede únicamente constatar
los males del país en el presente. Debe
demostrar cómo las instituciones y estructuras
existentes, sus características específicas y sus
decisiones de política pública han incidido en
tales problemas y han perjudicado sistemáticamente
a la gran mayoría de la población.
