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LOS FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA, UNA HISTORIA INACABADA



En el curso de los años, y más concretamente desde octubre de 1.984 hasta hoy
en día, se ha venido presentando un fenómeno dentro del territorio colombiano,
fenómeno el cual involucra a miembros del Ejército Nacional, desde los más bajos
rangos hasta los más altos inclusive, respecto de civiles nacionales, a los cuales
se da de baja por parte de estos agentes en supuestos combates contra los
grupos al margen de la ley.

Son pues, estas ejecuciones de marcado carácter extrajudicial, puesto que,
responden solo a exigencias de resultados, es decir, son producto de presiones
por parte del Gobierno Nacional de brindar corolarios efectivos de la lucha contra
el crimen organizado del país, y especialmente los grupos armados ilegales.

Las mencionadas ejecuciones extrajudiciales han ido saliendo a la luz con ocasión
de las familias de estas víctimas, pues, exigen cada vez más, investigaciones
detalladas, ya que, cuando los presentan como bajas en combate, llegan con
impactos de fusil en sus cuerpos, pero los camuflados nunca parecen haber sido
atravesados por tales; las preocupaciones delos habitantes del país en general y
de la Comunidad Internacional en particular, han ido creciendo, pues, estos son
crímenes de lesa humanidad, y alguien tendrá que responder por los hechos
acaecidos, por las víctimas y las consecuencias de su falta.

Estos sucesos iban en crecimiento paulatino, es decir, la práctica de éstas ocurría
ocasionalmente, hasta que estuvo en el poder el Doctor Álvaro Uribe Vélez, tanto
así que, el período más pernicioso para la sociedad civil, específicamente la
población rural, fue en el período comprendido de 2.004 a 2.008–período bajo el
gobierno de éste-, tiempo en el cual varias entidades y cuerpos cuentan más de
3.000 víctimas, entidades como la Fiscalía General de la Nación, La Oficina Alta
Comisionada de Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos en Colombia
(O.A.C.N.U.D.H.), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Para
la Paz (Cinep/PPP), entre otras.

Así pues, la credibilidad en la fuerza pública y en el mismo Gobierno ha decrecido
considerablemente en los últimos años. Estos crímenes han sido denominados por
la población civil como ‘crímenes de Estado’. No es de olvidar que ellos (Ejército
Nacional) actúan por presión de Gobierno Nacional, y que realizar este tipo de
actuaciones les otorgaba reconocimientos, estudios en el exterior y vacaciones.
Una vez ello comenzó a salir a la luz pública, el Gobierno buscó la manera de,
como diría José Hilario López Rincón, darle rango constitucional a la impunidad de
los delitos que cometen los militares y policías, en las operaciones militares y
procedimientos policiales1, mediante la presentación de dos (2) reformas
constitucionales -1. Reforma a la Justicia y; 2. Justicia Tradicional- todo ello
evitaría las cortes marciales a los agentes que incurrieran en tales delitos, toda
vez que se justificarían en el estricto cumplimiento de un deber legal, ante la
justicia civil, y realmente ¿qué puede decir un juez o un fiscal frente al deber?

Esta historia quizá no termine nunca, siempre habrá gente, unos en el poder, otros
en los cuerpos armados del Estado, que se presten a estos hechos, es ahí donde
la sociedad deberá hacer frente y denunciar esta clase de crímenes y todos los
demás que ocurran con detrimento de la vida en sociedad; no es de olvidar que
aunque el ¡bum! de estos hechos es reciente, ya ha habido condenas a algunos
Coroneles y otros miembros del mencionado Ejército Nacional, esto es, un respiro
de justicia para la sociedad, especialmente la afectada, de tranquilidad y de dejar
atrás la zozobra de algo tan delicado como es la vida de un ciudadano nacional.



1
 LÓPEZ RINCÓN, José Hilario Fuero militar: Presunción de legalidad o certeza de
impunidad.[http://movimiento-social-colombiano.over-blog.es/article-fuero-militar-presuncion-de-
legalidad-o-certeza-de-impunidad-86583821.html]

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  • 1. LOS FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA, UNA HISTORIA INACABADA En el curso de los años, y más concretamente desde octubre de 1.984 hasta hoy en día, se ha venido presentando un fenómeno dentro del territorio colombiano, fenómeno el cual involucra a miembros del Ejército Nacional, desde los más bajos rangos hasta los más altos inclusive, respecto de civiles nacionales, a los cuales se da de baja por parte de estos agentes en supuestos combates contra los grupos al margen de la ley. Son pues, estas ejecuciones de marcado carácter extrajudicial, puesto que, responden solo a exigencias de resultados, es decir, son producto de presiones por parte del Gobierno Nacional de brindar corolarios efectivos de la lucha contra el crimen organizado del país, y especialmente los grupos armados ilegales. Las mencionadas ejecuciones extrajudiciales han ido saliendo a la luz con ocasión de las familias de estas víctimas, pues, exigen cada vez más, investigaciones detalladas, ya que, cuando los presentan como bajas en combate, llegan con impactos de fusil en sus cuerpos, pero los camuflados nunca parecen haber sido atravesados por tales; las preocupaciones delos habitantes del país en general y de la Comunidad Internacional en particular, han ido creciendo, pues, estos son crímenes de lesa humanidad, y alguien tendrá que responder por los hechos acaecidos, por las víctimas y las consecuencias de su falta. Estos sucesos iban en crecimiento paulatino, es decir, la práctica de éstas ocurría ocasionalmente, hasta que estuvo en el poder el Doctor Álvaro Uribe Vélez, tanto así que, el período más pernicioso para la sociedad civil, específicamente la población rural, fue en el período comprendido de 2.004 a 2.008–período bajo el gobierno de éste-, tiempo en el cual varias entidades y cuerpos cuentan más de 3.000 víctimas, entidades como la Fiscalía General de la Nación, La Oficina Alta Comisionada de Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos en Colombia (O.A.C.N.U.D.H.), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Para la Paz (Cinep/PPP), entre otras. Así pues, la credibilidad en la fuerza pública y en el mismo Gobierno ha decrecido considerablemente en los últimos años. Estos crímenes han sido denominados por la población civil como ‘crímenes de Estado’. No es de olvidar que ellos (Ejército Nacional) actúan por presión de Gobierno Nacional, y que realizar este tipo de actuaciones les otorgaba reconocimientos, estudios en el exterior y vacaciones.
  • 2. Una vez ello comenzó a salir a la luz pública, el Gobierno buscó la manera de, como diría José Hilario López Rincón, darle rango constitucional a la impunidad de los delitos que cometen los militares y policías, en las operaciones militares y procedimientos policiales1, mediante la presentación de dos (2) reformas constitucionales -1. Reforma a la Justicia y; 2. Justicia Tradicional- todo ello evitaría las cortes marciales a los agentes que incurrieran en tales delitos, toda vez que se justificarían en el estricto cumplimiento de un deber legal, ante la justicia civil, y realmente ¿qué puede decir un juez o un fiscal frente al deber? Esta historia quizá no termine nunca, siempre habrá gente, unos en el poder, otros en los cuerpos armados del Estado, que se presten a estos hechos, es ahí donde la sociedad deberá hacer frente y denunciar esta clase de crímenes y todos los demás que ocurran con detrimento de la vida en sociedad; no es de olvidar que aunque el ¡bum! de estos hechos es reciente, ya ha habido condenas a algunos Coroneles y otros miembros del mencionado Ejército Nacional, esto es, un respiro de justicia para la sociedad, especialmente la afectada, de tranquilidad y de dejar atrás la zozobra de algo tan delicado como es la vida de un ciudadano nacional. 1 LÓPEZ RINCÓN, José Hilario Fuero militar: Presunción de legalidad o certeza de impunidad.[http://movimiento-social-colombiano.over-blog.es/article-fuero-militar-presuncion-de- legalidad-o-certeza-de-impunidad-86583821.html]