1. Santoyo y paramilitarismo: un nudo por desenredar
Por: Guido Germán Hurtado Vera
Historiador y Politólogo
Es, por estos días, la gran noticia. Y es posible, parafraseando a Héctor Lavoe en su
canción “Periódico de ayer”, que sea una noticia extraordinaria que salió en la madrugada,
al mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Algo así como todo lo
que pasa en este país.
Mauricio Santoyo Velasco no fue un policía normal requerido por la justicia
norteamericana por auxiliar a los paramilitares, fue un alto oficial en el grado de General.
Al mismo tiempo, el ex jefe de Seguridad del ex Presidente Uribe. Un cargo muy
importante porque es la persona que vela por la integridad física del mandatario y la de su
familia. Es decir, alguien muy cercano y de toda confianza.
Y es que Santoyo Velasco conocía muy bien al expresidente Uribe, así éste lo niegue. A
partir de 1996, con el grado de Coronel, fue jefe del Gaula en Medellín. Al mismo tiempo,
Uribe era el Gobernador de Antioquia. No es fácil explicar quién era el maestro y quién el
alumno en el arte de interceptaciones ilegales, ya que a Santoyo la Procuraduría lo
inhabilitó para ejercer cargos públicos exactamente por chuzar teléfonos en esa época. Lo
mismo que ocurrió en el periodo presidencial de Uribe. ¡Qué coincidencia! Aun así,
inhabilitado el Coronel, es nombrado en el 2002, jefe de seguridad del expresidente. Más
tarde es ascendido a General y, como si fuera poco, termina su “noble” carrera militar en
Italia, como agregado policial. Todo un prócer.
Creo que el asunto no es sólo Santoyo. Estoy convencido que éste deberá aclararle al país
muchas situaciones, tendrá que confesar quiénes eran sus aliados, militares, exmilitares,
políticos, empresarios, ganaderos, entre otros. Pero creo que el asunto va más allá. Es
imperioso hoy volver sobre un tema que en Colombia sigue siendo para muchos un
fenómeno de poca monta y del pasado, incluso algunos patricios esperarían un alzhéimer
colectivo, pero volver sobre él nos puede ayudar a revelar este camino de crisis y violencia
política: el paramilitarismo.
Este fenómeno nace en Colombia en los primeros años de 1980 y sólo una década
después, con las investigaciones adelantadas desde la academia, se comienza a conocer
de la manifestación armada más violenta que ha tenido el país, aún mucho más cruenta
que otras, como las de las guerrillas. Los primeros investigadores enfrentarán un
problema de tipo semántico: el de cómo nombrar tal fenómeno. Para las autoridades
oficiales se trataba de “grupos de justicia privada”, para los militares, “grupos de
autodefensas” y para las primeras voces críticas, eran “paramilitares”.
El Magdalena Medio es la zona geográfica donde brotará la segunda generación del
paramilitarismo. La primera generación surgió como “grupos de autodefensas”
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2. legítimamente constituidas por el gobierno conservador de Guillermo León Valencia,
aparentemente defendiendo a los colombianos de los “facinerosos” que la Violencia
política de los cincuenta había dejado como herencia. La segunda, tiene como origen el
problema agrario, todavía hoy sin resolver en Colombia. Los analistas fijan allí su atención
y descubren un maridaje nefasto: latifundistas y narcos.
Estos últimos, bien o mal llamados “nuevos empresarios”, lavarán sus jugosas ganancias,
producto del comercio de cocaína, comprando miles de hectáreas de las mejores tierras
del Magdalena Medio, particularmente en la zona de Puerto Boyacá. “Capos” que
enfrentarán, al igual que agricultores y ganaderos, el boleteo, la vacuna y el secuestro de
los grupos guerrilleros allí ubicados. Tierra y comercio de cocaína robustecerán el
proyecto contrainsurgente alrededor de la Asociación Campesina de Agricultores del
Magdalena Medio (Acdegam), con el sustentáculo de miembros de las Fuerzas Militares y
de Policía.
Estas primeras pesquisas sobre el fenómeno paramilitar arrojaban un primer supuesto:
surge el paramilitarismo como parte de la táctica contraguerrillera del Estado y sus
Fuerzas Militares y evoluciona con la llegada de los narcos. Una década más tarde, con las
transformaciones del fenómeno paramilitar, producto de la penetración de los capos de la
droga, las investigaciones abordan las dinámicas particulares de ciertas regiones del país.
Allí se examinan aspectos como la organización de la táctica paramilitar, la resistencia
frente a procesos populares, las coaliciones con políticos locales y su crecimiento
geográfico, entre otros elementos. La mayoría de estas investigaciones destaca el aspecto
político del fenómeno. Con la Masacre de Mapiripán en 1997, cuando los paramilitares se
autoproclaman, en cabeza de Carlos Castaño, el tercer actor armado del conflicto
colombiano, surge un nuevo debate entre los analistas: si el fenómeno paramilitar es
efectivamente “autónomo” con respecto al Estado o si es un apéndice más en la lucha
contrainsurgente.
La mayoría de los analistas, del periodo de finales del siglo XX y principios del XIX, se
concentran en el papel del Estado frente al fenómeno, por esclarecer la verdadera fuerza
militar del Estado en la lucha contrainsurgente, en examinar el grado de involucramiento
estatal con el paramilitarismo en sus diferentes niveles y en escrutar el real origen y
subsistencia del fenómeno paramilitar.
Más tarde, en el 2003, con el proceso de desmovilización, durante el primer gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, permitió a los estudiosos del tema penetrase en aspectos pocos
conocidos sobre la relación entre paramilitarismo, narcotráfico y otras fuentes financieras.
Entre ellas, los estudios concentran las siguientes fuentes: aportes discrecionales y
obligados a propietarios, ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios, el
seguimiento y administración de recursos públicos de municipios y departamentos, la
extorsión, actividades ilegales y delincuenciales como el narcotráfico y el secuestro, la
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3. expropiación violenta de tierras a campesinos, contrabando terrestre, hurto de gasolina y
vehículos, el testaferrato y la imposición de vacunas a las trasnacionales.
Otras investigaciones evolucionan aquel juicio que ataba al paramilitarismo con la
concentración de la propiedad de la tierra. Los paramilitares no acumularon tierra como
un fin en sí mismo ni para proteger sus patrimonios individuales, sino que el control
territorial dependía de la edificación de un proyecto político que “refundaría” el Estado
colombiano.
Justamente, no creo que con Santoyo se descubra la real magnitud de este fenómeno y de
sus reales actores. Santoyo será uno más en la lista interminable de casos que todavía
están por conocerse sobre el paramilitarismo, dará pistas y será clave para esclarecer
algunas situaciones. Pero el paramilitarismo como fenómeno social y político es mucho
más obscuro y por ello la memoria de los colombianos tiene que servir de faro para poner
en claro este fenómeno de sangre, expoliación, desplazamiento y rapacidad de los
recursos públicos.
Santiago de Cali, 23 de agosto de 2012.
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