Diego Cortés Valencia, estudiante de Economía de la Universidad Nacional y Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas explica los reales alcances de la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales del País

1. Estampilla Por Universidad Nacional: Paños de agua tibia para
una fiebre de 40 grados
Diego Cortés Valencia, estudiante de Economía de la Universidad Nacional,
Representante Estudiantil Facultad de Ciencias Económicas.
La estampilla, tan defendida y anunciada con bombos y platillos por Juan
Manuel Santos, quien dijo que “el amor en la política se expresa con
presupuesto, por eso mi amor por la educación está ahí expresado”, no
resultó ser más que una broma de mal gusto, una rescate falso a las
universidades públicas, otra mentira más añadida al repertorio del
presidente que pretende ser reelegido este año.
La Universidad Nacional cerró el año 2013 con la aprobación de la Estampilla,
impuesto presentado como la salvación económica para las universidades
públicas y, específicamente, la Nacional. En el mes de octubre del año 2012 fue
radicado el proyecto de ley 192 en la Comisión Tercera del Senado, fue aprobado
en los distintos debates y, finalmente, fue sancionado por el presidente Santos el
20 de diciembre del año 2013 en el auditorio León de Greiff, día en el cual la
Universidad fue cerrada, impidiendo el ingreso para estudiantes, profesores y
administrativos.
La Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales del País
creó una contribución parafiscal impuesta a los contratos de obras suscritas por
entidades del orden nacional. El impuesto es diferenciado, siendo del 0.5%, 1% o
2%, dependiendo del tamaño del contrato establecido (0.5% para contratos entre 1
y 2000 SMMLV, 1% para contratos entre 2001 y 6000 SMMLV y 2% para
contratos mayores a 6001 SMMLV).
Esta estampilla tiene una vigencia de 20 años. En los primeros 5 años los recursos
serán repartidos en un 70% para la Universidad Nacional, y el 30% restante para
todas las universidades públicas a nivel nacional. Después del quinto año, y hasta
su caducidad, la proporción se revierte. Estos nuevos recursos serán destinados

2. principalmente para infraestructura, con $400 mil millones de pesos destinados
específicamente para el hospital universitario en Bogotá.
Es imposible calcular exactamente el monto total a recaudar por medio de esta
estampilla, pero los pronunciamientos del rector Ignacio Mantilla, la ministra María
Fernanda Campo, y en general los medios de información exageran radicalmente,
y contradicen, el alcance del nuevo tributo. Mantilla afirmó el 24 de octubre de
2013 que “se busca recaudar un billón de pesos en 10 años” (Agencia de Noticias
UN, No. 696). La Agencia de Noticias UN el 5 de noviembre expresó cómo “se
tiene previsto que durante los primeros 5 años, los recursos recaudados con dicha
estampilla sean de un billón de pesos” (Agencia de Noticias UN, No. 512). Y el
ministerio de educación afirmó que "durante los primeros 5 años, esta estampilla
recaudará más de $1.25 billones de pesos" (Ministerio de Educación, 2013).
Este artículo pretende esclarecer cómo se calcula el posible ingreso de esta
estampilla, demostrar lo lejos que están las afirmaciones del ministerio de
educación de la realidad, y la clara incapacidad del nuevo ingreso para subsanar
la crisis financiera que ha generado 20 años de asfixia presupuestal a las
universidades públicas por parte del Estado.
Para simular el potencial ingreso de la estampilla, se toman los rubros entregados
a ministerios y entidades públicas en el Presupuesto General de la Nación para el
año 2014, y se desagregan para tener en cuenta los recursos destinados a
mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura administrativa y
propia del sector. En total son 114 secciones, que van desde la Agencia Nacional
de Infraestructura ($2,1 billones de pesos) y el Instituto Nacional de Vías ($3
billones de pesos), hasta el Instituto Nacional para Sordos ($50 millones de
pesos).El presupuesto para 2014 en construcción, mantenimiento y mejoramiento
de infraestructura suma aproximadamente $8 billones de pesos.
Del presupuesto total invertido en infraestructura, se debe suponer el tamaño de
los contratos suscritos, con el fin de establecer el porcentaje a gravar. En un

3. escenario perfecto, en el cual todos los contratos a suscribir fueran mayores a
6001 SMMLV, se recaudaría $158 mil millones de pesos para 2014.
Lo llamo escenario perfecto debido a que los contratos no suelen, ni alcanzan a
ser de este tamaño, y el gobierno nacional nunca cumple con la totalidad de los
proyectos de construcción que promete, ejemplos de estos sobran, como en el
primer trimestre del año 2013, INVIAS apenas había ejecutado el 12.5% del
presupuesto (Acevedo, 2013, p. 10), o como las ilusorias 100 mil viviendas gratis
prometidas por Santos en 2013, y de las cuales apenas había construido poco
más de 10 mil al final del año (Vanguardia.com, 2013).
Teniendo en cuenta las proyecciones de inversión en infraestructura del mismo
gobierno (Acevedo, 2013, p. 20), para los primeros 5 años, y de nuevo calculando
en un escenario perfecto, el recaudo de la estampilla no superarán los $850 mil
millones de pesos. Las cifras no mienten, y el comportamiento de la construcción
permite especular que los recursos no van a llegar, ni acercarse, a este valor al
final del los primeros 5 años, debido a la desaceleración propia del sector
observada en los últimos años, y la no ejecución de los recursos.
De estos $850 mil millones, solo le corresponden a la Universidad Nacional $601
mil millones. De estos últimos, ya $400 mil millones tienen destinación específica,
el Hospital Universitario tan exigido y luchado por décadas. Y con el resto del
impuesto, $201 mil millones, es imposible cubrir una mínima parte de las
deficiencias infraestructurales que aquejan la universidad. Solo en la sede Bogotá
se requieren más de $2 billones para intervenir el 72% de las edificaciones del
campus, las cuales presentan fallas estructurales. Añadiendo el nuevo proyecto
de construcción de los edificios de Ciencias, Enfermería y Posgrados de Derecho
y Ciencias Económicas, además de una red de cafeterías en la sede Bogotá. “En
total, todas estas inversiones suman $1.4 billones de pesos” (Agencia de Noticias
UN, No. 879), sin contar los demás proyectos en las otras sedes.
La estampilla, tan defendida y anunciada con bombos y platillos por Juan Manuel
Santos, quien dijo que “el amor en la política se expresa con presupuesto, por eso

4. mi amor por la educación está ahí expresado” (Sistema Informativo del Gobierno,
2013), no resultó ser más que una broma de mal gusto, una rescate falso a las
universidades públicas, otra mentira más añadida al repertorio del presidente que
pretende ser reelegido este año.
El gobierno de Juan Manuel Santos se ha lavado las manos en cuanto a su
responsabilidad de financiar adecuadamente la universidad pública. La Nacional
se está cayendo a pedazos y Santos no ha sido capaz de responder la crisis
económica por la que atraviesa. Peor aún, en 2011 pretendió desprenderse de su
obligación con las universidades reformando la ley de educación superior y
privatizando las universidades de carácter público.
En el 2013 llega con la aprobación de esta estampilla. Si bien el ingreso de
cualquier nuevo recurso es importante para las universidades públicas, este
proyecto no fue iniciativa del presidente, ni soluciona los problemas estructurales
por los que atraviesa la educación superior en Colombia.
La universidad pública requiere una inyección de recursos directamente a su base
presupuestal, y la política del gobierno Santos ha sido clara en oponerse a tal fin.
Es hora de que los miembros de la comunidad universitaria, y todos los
colombianos, defendamos la universidad pública y bien financiada como deber
fundamental del Estado. Este año los colombianos debemos derrotar la
privatización del derecho a la educación en las urnas y en las calles, y construir
así una educación realmente científica, democrática y al servicio del país.
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