Pronunciamiento oficial de la Cancillería con respecto a la visita de una comitiva nacional a puertos chilenos

1. COMUNICADO
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
Plurinacional de Bolivia, lamenta la actitud de confrontación
y provocación del Gobierno Chileno que se refleja
continuamente en las declaraciones de sus autoridades, en
esta oportunidad en el comunicado de la cancillería chilena
de fecha 19 de julio del 2016.
Al respecto, se señala que la visita del Canciller David
Choquehuanca y su comitiva a los puertos de Antofagasta
y Arica se enmarcó en el espíritu de amistad y hermandad
que guía las relaciones del Gobierno de Bolivia con los
pueblos y naciones del mundo, tuvo como objetivo conocer
las dificultades y acercar soluciones a los distintos
problemas que enfrenta el Comercio Exterior Boliviano en
su tránsito por Chile. Durante la visita, la Comitiva
encabezada por el Canciller Choquehuanca pudo sentir en
el pueblo milenario Aymara de Putre, la ciudad de Arica y la
ciudad de Antofagasta, el mismo espíritu de hermandad e
integración, que motivó la visita de la comitiva boliviana.
El Gobierno de Chile falta una vez más a la verdad, al
señalar que la Comitiva encabezada por el Canciller
Choquehuanca se negó a realizar los trámites de
inmigración, tal como pudieron verificar los medios de
comunicación que se encontraban en Chungará, tanto el
canciller Choquehuanca como su comitiva, realizaron
pacientemente los trámites inmigratorios chilenos,
respetando las largas filas producto de la falta de personal
chileno para atender a los transportistas y turistas
bolivianos.
El trámite de inmigración fue realizado por la comitiva como
cualquier otro ciudadano del MERCOSUR, presentando su
pasaporte o cédula de identidad y obteniendo un sello y la
tarjeta migratoria emitida por la Policía de Investigaciones
de Chile – PDI.

2. Respecto a la afirmación de que la Comitiva boliviana
intentó negarse a cumplir con las normas de control
fitosanitario que impone el gobierno de Chile, se señala que
pese a lo establecido en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, Artículo 50
respecto a “franquicia aduanera y exención de inspección
aduanera” y lo establecido en el Artículo 31 parágrafo 4,
que indica “los locales consulares, sus muebles, los bienes
de la oficina consular y sus medios de transporte, no
podrán ser objeto de ninguna requisa, se permitió la
revisión del equipaje así como la revisión y el ingreso de
canes a los automóviles de la comitiva, en el caso del
vehículo que transportaba al canciller de Bolivia, él en
persona manifestó su sorpresa por el desconocimiento de
la normativa internacional a la funcionaria del SAG,
aclarándole que si deseaba realizar la inspección prosiga
pero comunicándole su disconformidad con este
desconocimiento.
Respecto a las afirmaciones del Comunicado de la
cancillería de Chile, respecto a que el Canciller de Bolivia
trató de forzar su entrada al puerto sin respetar la
reglamentación de éste y sin que se hubiese formulado
oportunamente la solicitud de ingreso correspondiente,
cabe señalar que en fecha 13 de julio, de manera oportuna
Bolivia comunicó a la cancillería de Chile que se realizaría
la referida visita, adicionalmente el 15 de julio ASP-B
notifico a la Empresa Portuaria de Arica – EPA, sobre la
realización de la visita a la Terminal Portuaria. El 18 de julio
de 2016, la comitiva se desplazó al puerto de Arica y como
varios medios de comunicación pudieron atestiguar, la
comitiva presidida por el canciller Choquehuanca no pudo
ingresar a esas instalaciones debido a que personal del
operador privado "Terminal Portuaria de Arica", manifestó
cumplir instrucciones de la cancillería chilena de no permitir
el ingreso de la delegación boliviana a la terminal portuaria.
Tal como pudieron comprobar los medios de comunicación
presentes en el puerto, tanto el Canciller como su Comitiva

3. aguardaron pacientemente por más de 6 horas, de pie y en
un espacio de 3 metros cuadrados, sin la mínima cortesía o
consideración por parte de los funcionarios del TPA.
Resulta obvio que la negativa al ingreso de la comitiva
boliviana, lejos de “no generar interferencia con las faenas
y que permitiese el desplazamiento seguro de las visitas”,
tuvo el objetivo de ganar tiempo para cubrir parte de la
soya que se encuentra a la intemperie, cancelar las más de
50 faenas solicitadas por ASP-B en horas de la tarde,
suspender los aforos a la carga de exportación boliviana y
de realizar reparaciones y arreglos de último momento en
la Terminal Portuaria.
El retraso para permitir el ingreso a la comitiva encabezada
por el canciller de Bolivia, revela la evidente intención del
gobierno de Chile, de no abordar y encubrir las graves
violaciones al derecho al más amplio y libre tránsito que
debería gozar Bolivia, consignado en el Tratado de 1904 y
acuerdos posteriores.
Respecto a los argumentos para justificar los atropellos al
comercio exterior boliviano en el Comunicado de la
cancillería de Chile se señala lo siguiente:
- La Declaración de Arica de 1953 establece que
“cualquiera que sea el recinto en el que se deposite la
carga boliviana, se considerará también recinto aduanero
boliviano”. Por tanto al ser considerados los depósitos y
almacenes ubicados en el puerto de Arica recinto aduanero
boliviano, las autoridades bolivianas tienen el derecho de
ingresar con total libertad, no siendo en absoluto aceptable
que una empresa privada por instrucciones de la cancillería
chilena impida el acceso.
- Por tanto, resulta insólito que el gobierno de Chile,
pretenda justificar su negativa a que autoridades bolivianas
ingresen a recintos aduaneros bolivianos con la justificación
de que esto no está expresamente señalado en el tratado
de 1904.
- Obstaculizar el ingreso de autoridades bolivianas para

4. verificar y visitar oficinas y recintos aduaneros bolivianos,
es un flagrante incumplimiento a los acuerdos suscritos con
Bolivia a la luz del Derecho Internacional.
- El Gobierno de Chile pretende desconocer los distintos
acuerdos arribados en el marco del Sistema Integrado de
Tránsito (SIT) entre Bolivia y Chile, entre ellos de acordar
las tarifas por servicios prestados a la carga boliviana, en
cumplimiento al Artículo 6 del Tratado de 1904 que indica
que “Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a
perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito
comercial por su territorio y puertos del Pacífico” además
que “Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la
reglamentación conveniente para asegurar” este propósito.
- El Gobierno de Chile disfraza de generosas concesiones
unilaterales las pobres compensaciones al brutal
cercenamiento de territorio del que fue víctima Bolivia,
obligaciones que sistemáticamente incumple.
- Se señala enfáticamente que Bolivia no renunciará a
ningún derecho y rechaza la imposición de nuevas tarifas
que no sean acordadas con Bolivia, para lo cual reitera su
propuesta de que tanto la CEPAL como ALADI, puedan
proponer un sistema automático de reajuste de tarifas, que
se base en variables económicas que inciden
efectivamente en los costos y no en criterios discrecionales
como pretende el Gobierno de Chile.
- Respecto al reclamo de pago por parte de ASP – B, se
señala que existen problemas sobreprecios en estas
facturas y una vez efectuadas las correcciones y
conciliaciones respectivas éstas se cancelarán. Cabe
aclarar que la deuda a la que hace referencia el
comunicado de Chile corresponde a facturas que han sido
entregadas en los últimos 60 días.
- Si bien las facilidades de almacenamiento a las que se
refiere Chile, no se encuentran consignadas en el Tratado
de 1904, estas se otorgaron con posterioridad a Bolivia
para poder operativizar los compromisos de libre tránsito
que emergen de ese Tratado y fueron comprometidas
mediante instrumentos de la misma jerarquía normativa

5. que el Tratado de 1904, por tanto son exigibles por Bolivia.
- El Artículo 12 de la Convención de Tráfico Comercial de
1912, claramente señala que “Las mercaderías en tránsito
a Bolivia que tengan que ingresar a los almacenes de
Aduana, quedan exoneradas del pago de almacenaje en
las aduanas chilenas, no pudiendo aquéllas permanecer en
almacenes un tiempo mayor de un año”.
- La excusa del gobierno chileno para incumplir este
compromiso son “las demoras de los usuarios”, siendo que
los usuarios tienen hasta un año según la Convención de
Tráfico Comercial para retirar sus mercancías.
- Chile tiene la obligación de realizar las inversiones
necesarias que aseguren el cumplimiento de sus
compromisos, estos compromisos internacionales fueron
transferidos a empresas privadas, estas empresas priorizan
sus ganancias antes de brindar servicios e inversiones que
abastezcan la demanda de Bolivia. La empresa TPA tiene
una rentabilidad financiera del 24%, es decir en un año sus
utilidades generaron lo equivalente a la cuarta parte de su
patrimonio.
- TPA generó utilidades que superan los treinta millones de
dólares según el Estado de Resultados de la gestión 2015,
siendo que el 90% de sus ingresos corresponden a pagos
por operar carga boliviana.
- Bolivia ha ofrecido realizar inversiones pero Chile lo
prohíbe, prefiriendo que una empresa privada lucre a costa
de la injusta situación de mediterraneidad a la que se
somete a Bolivia.
- El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y defiende la
vida en todas sus formas y establece obligaciones y
deberes del Estado y de la sociedad para garantizar el
respeto de estos derechos. La Ley de Derechos de la
Madre Tierra establece el Derecho a vivir libre de
contaminación, entendido como la preservación de la
Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus
componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos
generados por las actividades humanas.
- Respecto a los riesgos para la vida producto de manipular

6. minerales en un puerto que quedo en medio de la ciudad
de Antofagasta, se exige al Gobierno de Chile que otorgue
las condiciones adecuadas para que Bolivia pueda ejercer
su derecho al libre tránsito, a través de puertos que no
atenten contra la vida y la salud de las personas.
- Lastimosamente el Gobierno Chileno en los últimos años
solo se ha limitado a imponer condiciones a la carga
boliviana de manera discriminatoria e incumpliendo su
obligación de acordar con Bolivia las medidas que afecten
su derecho al libre tránsito, protegiendo las millonarias
ganancias de la empresa ATI, antes de otorgar a Bolivia un
puerto fuera de la ciudad para exportar sus minerales, tal
como lo hizo con varias empresas mineras.
- El Gobierno de Bolivia ofreció la posibilidad de invertir en
un puerto que no ponga en riesgo la salud de las personas,
sin embargo Chile no permite la inversión estatal boliviana,
otra vez privilegiando el lucro de algunas empresas
privadas antes de honrar sus compromisos internacionales.
- Cabe aclarar además que la carga boliviana solo
representa el 10% de lo que se exporta por el puerto de
Antofagasta y a diferencia de los minerales chilenos no
contiene arsénico que es la causa principal de la
contaminación en Antofagasta, por otra parte no se acopia
concentrados de plomo en el puerto.
- El gobierno de Chile afirma que “está plenamente
facultado bajo el Derecho Internacional para aplicar normas
de seguridad en el transporte por carretera a
transportistas”, al respecto se recuerda que Chile se
comprometió acordar cualquier medida que afecte el libre
tránsito a Bolivia en “Actos Especiales”, por tanto, la
imposición de “normas de seguridad en el transporte por
carretera” para el transporte de carga de ultramar boliviana,
debe ser obligatoriamente acordada con Bolivia.
- El arbitrario cierre de garajes y las condiciones a las que
se obliga a trabajar a los transportistas bolivianos,
significan una clara vulneración a los derechos humanos de
estas personas, que a su vez vulneran la propia
constitución política del estado Chileno que señala en su

7. Artículo 5 que “El ejercicio de la soberanía reconoce como
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana”.
- Mas deplorable aún es el accionar de las autoridades
chilenas, al haber comprobado en la visita al Puerto de
Arica que el cierre de garajes se dio de forma
discriminatoria, cerrando garajes de compatriotas
bolivianos y dejando abiertos otros garajes que se
encuentran en iguales o peores condiciones.
Tal como lo manifestó el Canciller de Bolivia, la visita al
puerto de Arica y al puerto de Antofagasta, no fue la
primera vez que se realizó por parte de autoridades
bolivianas. Muchos de los atropellos que se comprobaron
en esta última visita fueron presentados tanto en el Marco
del dialogo recomendado por el Comité de Representantes
de ALADI y a través del Consulado General de Chile en La
Paz, lastimosamente hasta la fecha el Gobierno de Chile no
aborda los problemas planteados y no emite respuestas
satisfactorias. La visita de la Comitiva permitió corroborar
las denuncias presentadas y sistematizar los varios
incumplimientos y atropellos contra Bolivia.
El anuncio del Gobierno de Chile de iniciar los trámites
previstos en la Constitución para denunciar el Acuerdo
entre Chile y Bolivia sobre exención del requisito de visa
para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales,
especiales y de servicios de 1995, se constituye en una
represalia contra Bolivia al haberse comprobado y revelado
a la opinión publica los abusos y atropellos que debe
enfrentar el comercio exterior y el pueblo boliviano por
parte del gobierno de Chile.
Este accionar demuestra una vez más el burdo uso político
y mediático que realiza el gobierno de Chile en sus
relaciones con Bolivia, esta clase de agresiones solo
revelan la falta de voluntad del gobierno chileno de buscar
soluciones y cumplir sus compromisos.

8. Pese a que el referido acuerdo establece condiciones
reciprocas de otorgación de visas diplomáticas, recogiendo
los sentimientos de hermandad y deseos de mayor
integración de nuestros pueblos, el gobierno boliviano tal
como anuncio el presidente Morales, decidió
soberanamente no exigir visa diplomática a autoridades y
funcionarios públicos de la República de Chile para su
ingreso a Bolivia, absteniéndose Bolivia de emprender
acciones como las anunciadas por Chile que solo ponen
más obstáculos y alejan las posibilidades de profundizar el
diálogo, la integración, la confianza mutua y estrechar los
lazos que unen a dos pueblos hermanos.
El Gobierno de Bolivia lamenta que el Gobierno de Chile,
en vez de edificar la paz y construir puentes con Bolivia
conspire contra todo intento boliviano por abordar y dar
solución a los graves problemas que enfrenta el Comercio
Exterior en su tránsito por Chile y que afecta el derecho al
desarrollo que goza nuestro pueblo.
La Paz, 22 de julio de 2016