Este documento analiza los costos salariales en la industria comparados internacionalmente. Explica que los salarios industriales en Argentina, medidos en dólares, son más altos que en países asiáticos y otros socios regionales más industrializados. Esto dificulta la competitividad de la industria argentina. También señala que durante el gobierno kirchnerista hubo un fuerte crecimiento de los salarios reales en Argentina, pero que esto ahora presenta dificultades para los dirigentes mantener ese esquema.

1. 1
Buenos
Aires,
febrero
de
2016
ANÁLISIS
DE
LOS
COSTOS
SALARIALES
INTERNACIONALES
EN
LA
INDUSTRIA
Mariano
Kestelboim
Introducción
La
mejora
de
los
términos
de
intercambio
para
los
países
de
América
del
Sur,
registrada
esencialmente
entre
la
segunda
mitad
de
la
década
pasada
y
la
primera
de
la
actual,
no
sólo
implicó
que
escalaran
sus
precios
de
exportación,
sino
también
que
los
bienes
industriales
se
abarataran.
En
ese
escenario,
la
relocalización
de
industrias
desde
los
países
centrales
hacia
el
continente
asiático
implicó
una
creciente
competencia
con
industrias
competitivamente
mucho
más
agresivas
que
las
de
los
países
desarrollados
de
occidente.
La
consolidación
fuertes
estructuras
industriales
en
China,
India,
Vietnam,
Bangladesh,
Camboya,
entre
otras,
con
elevadas
escalas
de
producción,
muy
bajos
costos
de
mano
de
obra
y,
en
los
casos
más
destacados,
una
potente
asistencia
estatal
al
desarrollo
industrial
dificultó
el
proceso
de
recuperación
industrial
de
la
Argentina.
Así,
nuestro
país,
a
pesar
de
la
recuperación
de
su
entramado
productivo,
se
mantuvo
aun
muy
lejos
de
cerrar
la
brecha
tecnológica
con
los
países
más
industrializados.
Acortar
esa
distancia
de
productividad
requiere
del
diseño
e
implementación
de
muchas
más
políticas
de
estímulo
a
la
industria,
sobre
todo
de
aquellas
más
sofisticadas
que
demandan
recursos
económicos
y
conocer
en
detalle
las
características
particulares
de
cada
cadena
de
valor.
Eso
precisa
generar
una
articulación
mucho
más
dinámica
entre
el
sector
público
y
el
privado.
Ella
debería
permitir
evaluar
los
niveles
de
competitividad
de
cada
rubro
específico
de
la
producción,
identificar
sus
principales
atributos
y
cuellos
de
botella,
conocer
la
trayectoria
de
las
principales
empresas
de
cada
rama
productiva
para
poder
identificar
dónde
y
cómo
debe
intervenir
el
Estado.
Y,
de
esa
forma,
evitar
que
los
grupos
de
poder
más
fuertes
de
cada
mercado
se
enriquezcan
sin
invertir,
captando
rentas
a
costa
de
quienes
tienen
menos
capacidad
de
negociación.
Dejar
al
mercado
operar
libremente
erosionará
aun
más
las
posibilidades
de
desarrollo.
Los
recursos
se
destinarán
mayormente
a
las
áreas
más
competitivas
en
la
actualidad
(actividades
primarias
extractivas)
y
protegidas
(básicamente
servicios
no
transables)
y,
como
veremos
en
este
informe,
la
industria,
con
salarios,
medidos
en
dólares,
mucho
más
elevados
que
en
los
países
asiáticos
y
que
en
nuestros
socios
regionales
más
industrializados,
tendrá
un
panorama
muy
complejo
para
poder
subsistir.
Librado
a
la
acción
de
las
fuerzas
del
mercado,
el
salario
será
la
principal
variable
de
ajuste.
Además,
la
pérdida
de
poder
adquisitivo
implicará,
asimismo,
una
contracción
del
mercado
interno,
mayor
destino
de
la
producción
de
la
industria
nacional.
Nuevamente,
el
pensamiento
neoclásico
ortodoxo
ha
tomado
el
control
de
la
economía
nacional.
Éste
siempre
apoyó
los
intereses
de
los
grupos
económicos
más
hostiles
a
una
gestión
equilibradora
del
Estado.
Estos
sectores,
como
señala
Ricardo
Aronskind
(2008),
"rechazan
la
participación
de
los
trabajadores
en
la
configuración
de
la
vida
social
y
todo
intento
de
modificar
el
lugar
que
ocupan
los
países
periféricos
en
la
división
internacional
del
trabajo".
Costos
laborales
industriales
comparados
"A
la
gente
les
dejo
un
país
cómodo,
no
a
los
dirigentes",
fue
la
frase
con
la
que
la
ex
Presidenta
de
la
Nación,
Cristina
Fernández
de
Kirchner,
había
condensado
su
legado
y
cerrado
en
el
Congreso
de
la
Nación
el
1
de
marzo
de
2015
su
último
discurso
de
inauguración
de
las
sesiones
legislativas.
Los
derechos
sociales
conseguidos
en
la
última
década
y,
en
particular,
el
avance
de
los
trabajadores
en
la
distribución
del
ingreso
nacional
y
las
dificultades
de
los
dirigentes
para
sostener
ese
esquema
se
evidencian
de
forma
cruda,
al
menos
en
parte,
al
comparar
la
evolución
de
los
costos
laborales
industriales
locales,
por
ejemplo,
respecto
a
los
de
los
países
de
la
región
de
mayor
capacidad
productiva,
Brasil
y
México.
Efectivamente,
durante
el
período
de
gobierno
kirchnerista
el
país
alcanzó
el
proceso
de
crecimiento
de
los
salarios
reales
más
significativo
de
su
historia.
De
acuerdo
al
análisis
de
Fabián
Amico
(2015),
"en
la
década
2004-­‐2013
es
el
período
más
largo
de
la
historia
económica
argentina
mostrando
aumentos
persistentes
del
salario
real".
El
autor
también
destaca
la
velocidad
del
crecimiento:
"en
el
lapso
2003-­‐2013
el
salario
real
crece
a
un
ritmo
del
4,6%
anual,
mientras
el
PIB
por
ocupado
lo
hace
al
2,9%
anual
en
promedio.
Este
ritmo
de
aumento
del
salario
real
solo
es
comparable
con
el
vigente
en
la
etapa
1960-­‐1974
cuando
alcanzó
al
3,8%
anual".

2. 2
Si
bien
históricamente
un
trabajador
manufacturero
en
la
Argentina
ha
tenido
mejores
ingresos
en
relación
al
resto
de
los
países
de
Latinoamérica,
la
diferencia
se
fue
agrandando
notablemente
en
los
últimos
años.
Mientras
que
en
2010
el
costo
salarial
promedio
de
un
empleado
industrial
en
nuestro
país,
medido
en
dólares,
era
un
38%
mayor
que
en
Brasil
y
un
103%
más
alto
que
en
México,
en
noviembre
del
año
pasado,
antes
de
la
abrupta
devaluación,
las
distancias
llegaron
a
extenderse
hasta
un
167%
y
un
240%,
respectivamente.
Costo
salarial
industrial
por
hora
en
Brasil,
México
y
Argentina
(En
dólares)
Fuente:
CEU-­‐UIA,
en
base
a
The
Conference
Board;
INEGI
(México);
IBGE
(Brasil)
y
Ministerio
de
Trabajo
(Argentina).
Bajo
un
esquema
liberal
de
acumulación,
efectivamente,
también
a
nivel
global,
los
costos
laborales
industriales
están
desalineados
respecto
a
economías
con
características
productivas
similares
o
aun
más
desarrolladas
o
más
competitivas
por
poseer
mayores
economías
de
escala.
Costo
laboral
manufacturero
por
hora
en
dólares
(2013)
Fuente:
CEU-­‐UIA,
en
base
a
datos
de
The
Conference
Board.
Nuestro
país
fue
de
los
que
más
aumentó
su
costo
laboral
industrial.
En
1997,
el
costo
laboral
por
hora
por
era
de
7,55
dólares
y,
en
2012,
llegó
a
los
18,87
dólares
con
una
remuneración
promedio
por
todo
concepto
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3. 3
en
el
sector
privado
industrial
registrado
de
1.863
dólares.
La
suba
fue
del
150%,
mientras
que
en
Brasil
mejoró
59%
y
en
México,
83%,
según
las
estadísticas
del
Departamento
de
Trabajo
del
Gobierno
de
Estados
Unidos.
Varios
factores
importantes
contribuyen
a
explicar
el
fenómeno.
Entre
ellos,
vale
destacar
la
mayor
fuerza
de
negociación
de
los
trabajadores
en
la
Argentina
para
reclamar
una
distribución
más
justa
de
la
riqueza
con
un
gobierno
que
los
apoyaba
en
los
conflictos
con
la
patronal
y
no
reprimía;
la
creciente
tensión
distributiva
y
la
falta
de
planes
de
desarrollo
para
destrabar
cuellos
de
botella
en
sectores
estratégicos,
que
agudizaban
el
problema
inflacionario,
y
el
intensivo
uso
del
tipo
de
cambio
como
ancla
principal
de
precios.
A
la
vez,
en
el
frente
externo,
las
devaluaciones
de
nuestros
socios
comerciales
(especialmente
la
de
Brasil),
iniciadas
en
2012
y
profundizadas
en
el
último
año,
también
incidieron
en
la
ampliación
de
la
brecha
de
costos
laborales.
La
reciente
escalada
del
precio
del
dólar
en
la
Argentina
a
$13,63
(promedio
de
enero
de
2016)
apenas
permitió
recortar
una
porción
de
la
diferencia
de
costos
registrada
entre
2010
y
2015.
El
costo
laboral
local
en
la
industria
todavía
duplica
al
de
Brasil
y
es
un
160%
más
alto
que
el
de
México;
es
decir
que
en
relación
a
los
registros
de
2010
es
casi
tres
veces
mayor
respecto
a
Brasil
y
un
56%
más
elevado
que
el
de
México.
Computando
la
quita
de
retenciones
a
la
industria
dispuesta
por
el
actual
gobierno
y,
hasta
ahora,
sin
ninguna
otra
política
específica
de
promoción
que
equilibre
la
relación
de
competitividad
con
nuestro
mayor
socio
comercial,
el
tipo
de
cambio
que
restablecería
la
paridad
de
2010
debería
ser
de
$18,84.
Los
límites
del
modelo
ortodoxo
La
necesidad
de
recuperación
del
poder
adquisitivo
del
salario
después
de
la
aceleración
inflacionaria
derivada
de
la
devaluación,
de
la
quita
de
retenciones
y
de
subsidios
a
las
tarifas
de
energía
hace
que
sea
muy
complicado
que
las
paritarias
de
este
año
se
cierren
con
un
piso
inferior
al
30%.
Por
lo
tanto,
el
tipo
de
cambio
para
restablecer
los
niveles
de
competitividad-­‐precio
de
hace
unos
pocos
años
debería
ser
aún
más
elevado,
con
el
agravamiento
de
los
conflictos
distributivos
y
de
caída
del
consumo
que
otra
gran
devaluación
implicaría.
Este
problema
de
competitividad-­‐precio,
sin
un
fuerte
deterioro
de
las
condiciones
de
vida
de
los
trabajadores,
no
parece
poder
resolverse
de
otra
forma
bajo
el
paraguas
neoclásico
ortodoxo.
El
escenario
económico
actual
también
perjudica
particularmente
a
las
pymes
industriales.
Ellas
poseen
un
menor
poder
de
negociación
ante
el
cambio
de
precios
relativos
post
devaluación
y
deben
afrontar
grandes
dificultades
de
financiamiento,
tras
la
suba
de
tasas
de
interés
y
la
reducción
de
programas
de
acceso
al
crédito
decidida
por
el
gabinete
económico
en
el
inicio
de
su
gestión.
Y
recuperar
la
competitividad-­‐precio
reduciendo
el
costo
laboral
también
implica
la
contracción
del
mercado
interno,
fuente
de
demanda
más
importante
para
las
pymes.
El
país
requiere
políticas
redistributivas
mucho
más
audaces
que
impliquen
transferencias
de
ingresos
desde
los
sectores
que
más
ganaron
en
los
últimos
años
y
no
compiten
internacionalmente
(grandes
intermediarios
comerciales,
bancos,
empresas
de
telefonía
celular,
de
seguros,
transporte,
titulares
de
inmuebles
de
uso
comercial,
entre
otros
rubros)
hacia
la
actividad
productiva
industrial
pyme
para
estimular
sus
inversiones
y
la
generación
de
empleos.
Lejos
de
un
esquema
de
esas
características
que
permita
sostener
el
poder
adquisitivo
de
los
trabajadores,
se
perfilan
grandes
cambios
en
el
modelo
económico
nacional
y,
en
consecuencia,
el
surgimiento
de
un
nuevo
esquema
de
acumulación.
Los
principales
cambios
son
el
alejamiento
de
la
regulación
estatal
de
los
mercados
y
el
abandono
de
políticas
públicas
enfocadas
en
motorizar
el
crecimiento
del
consumo
interno.
Ese
modelo
fue
muy
exitoso
hasta
el
año
2011;
pero,
en
los
últimos
años,
mostró
signos
de
agotamiento
que
fueron
capitalizados
por
grupos
económicos
con
intereses
vinculados
a
sectores
orientados
a
una
explotación
mucho
más
intensiva
de
los
recursos
naturales,
de
insumos
básicos
industriales
y
al
negocio
financiero.
Entre
los
costos
no
transables,
el
sector
más
atomizado
y
con
menos
capacidad
de
negociación
en
estos
contextos
históricamente
es
el
del
trabajo
y
el
de
los
sectores
pasivos
con
ingresos
fijos
(jubilados,
pensionados
y
quienes
perciben
alguna
contribución
social).
En
un
contexto
de
devaluación
y
contracción
del
mercado
interno,
en
general,
sus
aumentos
quedan
retrasados
y,
por
lo
tanto,
pierden
poder
de
compra.
Además
de
no
ser
transable,
la
fuerza
de
trabajo
tiene
mayor
incidencia
sobre
el
resto
de
los
costos
no
transables
que
sobre
los
transables
con
capacidad
de
exportación
(básicamente,
productos
agrícolas,
minerales
e
insumos
básicos
de
uso
difundido
(acero,
aluminio,
cuero
curtido,
químicos
y
petroquímicos,
entre
otros).
Por
ello,
desde
el
interés
de
los
sectores
exportadores
que
no
dependen
del
dinamismo
del

4. 4
mercado
interno,
el
costo
salarial
es
una
barrera
muy
importante
para
recuperar
competitividad.
Tampoco
le
interesa
que
mejoren
porque,
en
su
esquema
de
negocios,
el
salario
solo
es
un
costo
(en
cambio,
para
las
actividades
que
sí
dependen
del
mercado
interno,
los
salarios
también
son
fuente
de
demanda).
Ahora
bien,
para
que
el
modelo
exportador
agrícola
y
de
insumos
industriales,
acompañado
de
valorización
financiera
se
pueda
llevar
adelante,
se
requieren
políticas
que
permitan
una
fuerte
transferencia
de
ingresos
a
su
favor.
La
quita
de
retenciones,
la
liberalización
a
las
exportaciones
y
la
devaluación
van
en
ese
sentido.
En
todos
los
casos,
se
produce
una
transferencia
de
recursos
a
esos
sectores
y
en
detrimento
de
los
trabajadores
y
las
pymes
que
más
dependen
del
mercado
interno.
El
límite
es
la
conflictividad
social
que
pueden
generar
esas
políticas.
Por
eso,
también
irán
acompañadas
de
medidas
para
satisfacer
a
sectores
de
ingresos
medios,
como
la
reducción
del
impuesto
a
las
ganancias
y,
a
la
vez,
buscarán
moderar
el
impacto
negativo
sobre
los
sectores
de
más
bajos
recursos
con
subsidios
paliativos.
La
apuesta
de
los
que
sinceramente
creen
en
ese
modelo
como
puntal
del
crecimiento
es
que
la
transferencia
de
ingresos
motorice
inversiones
que
generen
más
actividad
y
empleo
en
el
país.
El
perimido
efecto
derrame
que
carece
de
respaldo
empírico
y
también
de
sustento
teórico
desde
la
visión
clásica,
al
menos.
Como
señala
Fabián
Amico
(2015):
"En
los
economistas
clásicos
y
Marx,
los
cambios
en
el
nivel
de
empleo
pueden
afectar
la
capacidad
de
negociación
de
los
trabajadores
y,
por
tanto,
el
nivel
del
salario,
pero
una
caída
en
los
salarios
causados
por
el
aumento
del
desempleo
no
es
visto
como
una
tendencia
favorable
para
el
aumento
del
empleo".
Para
la
industria
pyme
local
que
depende
básicamente
del
mercado
interno,
el
gran
peligro
de
ese
modelo
es
que
su
implementación
exitosa
(al
menos
temporalmente)
debe
estar
acompañada
de
la
liberalización
comercial.
No
solamente
porque
los
acuerdos
de
financiamiento
que
se
firmen
estarán
condicionados
a
abrir
la
economía
y
a
cumplir
a
rajatabla
con
las
normas
de
la
OMC,
si
no
también
porque,
en
caso
que
no
se
produzca
una
apertura
importadora
el
modelo
se
volvería
explosivo.
Todas
las
medidas
anunciadas
implican
aceleración
inflacionaria
(devaluación,
liberalización
de
exportaciones
y
quita
de
retenciones
y
subsidios).
Las
únicas
barreras
para
evitar
una
espiralización
inflacionaria
son
aumentar
la
tasa
de
interés,
contraer
el
gasto
público,
fijar
un
techo
a
los
aumentos
salariales
por
paritarias
y
la
apertura
comercial.
Las
tres
primeras
contribuyen
a
reducir
la
demanda
y
la
cuarta
estimula
la
oferta,
a
costa
de
producción
interna,
desde
ya.
De
otra
forma,
la
suba
de
tasas,
la
reducción
del
gasto
público
y
del
poder
adquisitivo
de
los
trabajadores
deberían
ser
excesivamente
elevadas
y
la
conflictividad
social
que
generarían
sería
insostenible.
En
definitiva,
el
modelo
requiere
una
dosis
de
cada
una
de
ellas
para
no
volcar
antes
de
arrancar.
La
gran
incógnita
es
si
existe
una
combinación
socialmente
tolerable.
Reflexiones
finales
El
impacto
que
los
intentos
de
mejoras
distributivas
tienen
en
una
economía
abierta
y
extranjerizada,
casi
en
pleno
empleo,
muy
dolarizada
y
con
restricción
externa
(escasez
de
divisas),
como
la
nuestra,
debe
ocupar
un
espacio
central
en
el
análisis
de
las
políticas
públicas.
Sin
planes
específicos
de
desarrollo
del
sector
industrial,
la
participación
en
el
PBI
de
los
bienes
manufacturados
se
achica
y,
en
consecuencia,
el
proceso
de
mejoras
salariales,
medidas
en
dólares,
pierde
sustento.
La
industria
que
es
el
sector
con
más
margen
para
aumentar
su
productividad
de
forma
sistemática.
El
panorama
se
complejiza
más
cuando
apreciamos
que
Argentina
tiene
costos
medios
de
mano
de
obra
industrial
mucho
más
elevados
que
en
el
resto
de
Latinoamérica.
En
el
fondo
de
esta
cuestión
está
el
proyecto
de
especialización
productiva
deseado
para
el
país.
Si
buscamos
ser
proveedores
de
recursos
naturales
e
insumos
industriales
de
uso
difundido
o
productos
de
poca
diferenciación
y
servicios
básicos,
convendrá
un
mayor
aprovechamiento
de
las
capacidades
físicas
de
los
trabajadores
y
los
salarios
deberían
ser
un
costo
a
reducir.
Así
fue
después
de
la
devaluación
de
2002;
los
salarios
industriales
eran,
en
promedio,
de
330
dólares
y
hasta
2004
se
mantuvieron
por
debajo
de
los
500
dólares.
Si,
en
cambio,
pretendemos
progresar
como
sociedad
mediante
la
construcción
de
una
matriz
productiva
más
compleja,
habrá
que
incentivar
tanto
el
desarrollo
de
las
aptitudes
de
los
trabajadores
para
operar
tecnologías
progresivamente
más
sofisticadas
como
su
potencial
creativo.
Para
eso,
debemos
avanzar
gradualmente
en
un
sistema
con
mejores
condiciones
laborales
que
dinamicen
el
mercado
interno
y
estén
en
sintonía
con
el
nivel
de
desarrollo
productivo
que
la
economía
vaya
alcanzando.
En
ningún
país
con
una
industria
desarrollada
en
sectores
de
tecnología
de
avanzada
se
pagan
bajos
salarios.
No
se
hace
por
caridad;
es
porque
se
requieren
trabajadores
con
ingresos
suficientes
para
poder
acceder
a
buenas
condiciones
de
salud,
educación,
alimentación
y
esparcimiento,
entre
otras
necesidades.

5. 5
Es
por
este
motivo
que
es
crucial
que
la
deuda
que
tome
el
país
desde
ahora,
además
de
mitigar
temporalmente
la
restricción
externa,
se
oriente
estratégicamente
a
mejorar
las
condiciones
de
infraestructura
(energética
y
de
transporte
y
logística,
especialmente)
y
de
capacidades
de
producción
para
hacer
sustentable
un
nuevo
sendero
de
crecimiento
y
ganar
autonomía
en
términos
tecnológicos
y
de
proyección
internacional.
El
endeudamiento
no
debe
actuar
como
simple
elemento
compensador
del
equilibrio
cambiario
y
de
auxilio
a
los
desequilibrios
fiscales;
debe
ponerse
al
servicio
de
la
transformación
estructural
de
la
economía.
De
esa
forma,
el
país
podría
dar
un
salto
cualitativo
en
su
desarrollo
industrial
y
alcanzar
una
mayor
capacidad
de
repago
de
sus
compromisos
a
través
de
la
generación
genuina
de
divisas,
por
un
mayor
superávit
comercial.
Las
necesidades
financieras
nunca
más
deberán
ser
destinadas
al
enriquecimiento
de
unos
pocos
y
al
desmantelamiento
del
tejido
productivo,
a
costa
de
mayor
dependencia
y
vulnerabilidad
de
nuestro
país.
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