Casuística en materia de derechos de protección al consumidor

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (ACODECO)
DEPARTAMENTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO

CASUÍSTICA EN MATERIA DE DERECHOS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Iván Allonca
Abogado Defensor de Oficio

Panamá, 15 de marzo de 2012.

TEMARIO

I. CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO
II. LEGITIMACIÓN PROCESAL
III. RELACIÓN DE CONSUMO
IV. JURISDICCIÓN
1.
Nivel Distrital
2.
Nivel Circuital
3.
Nivel Municipal
V. COMPETENCIA
1.
Tribunal Superior
2.
Juzgados de Circuito
3.
Juzgados Municipales
VI. ANÁLISIS DE CASOS:
A. CLÁUSULAS ABUSIVAS
1.
Cláusula de arbitraje
2.
Aumento del precio de venta por incremento de los costos
3.
Retención de los dineros abonados por el consumidor frente a un eventual incumplimiento
4.
Término de garantía por vicios de construcción
B. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
1.
Contratos de Prestación de Servicios o Suministros de Bienes.
2.
Construcciones Nuevas.
C. INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA
D. VICIOS OCULTOS
E. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN
E. PUBLICIDAD ENGAÑOSA

I. CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO
El Departamento de Defensoría de Oficio debe su creación tras la promulgación del
Decreto Ley 9 de 20 de febrero de 2006, mediante el cual se crea la Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, otrora denominada
Comisión de Libre Competencia y Asuntos de Consumidor creada por medio de la
Ley 29 de 1 de febrero de 1996.
Hoy por hoy, el Departamento de Defensoría de Oficio ve reivindicada su existencia
jurídica, gracias a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, específicamente al numeral 7
del artículo 100 de la misma.
En el referido numeral se advierte que entre las funciones específicas del Director
Nacional de Protección al Consumidor están por ejemplo: “Brindar asesoría
gratuita, así como representar libre de costos los intereses de los consumidores
mediante el ejercicio de las acciones, los recursos, los trámites o las gestiones que
procedan. Para estos fines, se podrá establecer una unidad encargada de realizar
defensoría de oficio.”

II. LEGITIMACIÓN PROCESAL
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa
de la Competencia, conforme lo dispuesto por el
artículo 125 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, está
legitimada para ejercer acciones legales dentro de la
jurisdicción especializada en los derechos de protección
al consumidor y defensa de la competencia:
 Demandando en nombre y representación de los
consumidores en materia de derechos de protección al
consumidor.
 Demandando en defensa e interés de la ley en
materia de restricciones a la libre la competencia.

III. RELACIÓN DE CONSUMO
Si es identificada correctamente marca la diferencia entre encontrar el amparo de una legislación especial u
otra de carácter general.
Nuestra legislación no la define a pesar que a ella se alude en el artículo 2-A de la Ley 45 de 2007, adicionado
por el artículo 92 de la Ley 31 de 2010, que establece el Régimen de Propiedad Horizontal.
 Es una falencia que la ley no defina la relación de consumo, pero no impide su precisión con razonable
certeza jurídica. Pues, su identificación es posible en la medida que confrontemos los artículos 2, 2-A , 32 y 33
de la Ley 45 de 2007. (ámbito de aplicación de la ley, inteligencia de los conceptos proveedor y consumidor.)
 Por tanto, tras tal ejercicio concluiremos que la relación de consumo está caracterizada por la satisfacción de
una necesidad a cambio del pago de un precio, protagonizada por el consumidor que demanda un bien o servicio
para agotarlo o disfrutarlo por medio de su consumo y el proveedor, que ofrece uno u otro por un precio que
recibirá del consumidor.
 En consecuencia, no serán considerados consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieran o
utilicen bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o
prestación de servicios a terceros; según han reiterado los tribunales de justicia tras invocar los artículos
advertidos y el Decreto Ejecutivo No. 46 de 23 de junio de 2009 que reglamenta el Título II de la Ley 45 de 31
de octubre de 2007. (Cfr. Auto No. 579 de 18 de julio de 2011 del Juzgado Octavo de Circuito de Panamá, Ramo
Civil.)

1. NIVEL DISTRITAL: (Artículo 126 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007)

 Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.
2. NIVEL CIRCUITAL: (Artículo 124 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007)
 Provincia de Panamá está conformada por los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de
Panamá, Ramo Civil.
 Provincia de Colón por un Juzgado de Circuito, Ramo Civil.
 Provincia de Coclé, Chiriquí y Los Santos por el Juzgado Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil; Juzgado Cuarto
de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil y el Juzgado Segundo de Circuito de Los Santos, Ramo Civil.
 En el resto de las provincias del país, la jurisdicción la conforman los Juzgados de Circuito competentes para conocer
de las causas civiles.
3. NIVEL MUNICIPAL: (artículo 127 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007)


En la Ciudad de Panamá habrán dos Juzgados Municipales del Ramo Civil y uno en la Ciudad de Colón.


En el resto de las ciudades cabeceras de provincias, la jurisdicción la conforman los respectivos Juzgado
Municipales. Mientras que en las circunscripciones territoriales del Primer Distrito Judicial de Panamá
(Panamá, Colón, Darién y Kuna Yala), Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y
Bocas Del Toro) y el Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos) la conforman los Juzgados Municipales Civiles o
Mixtos.

1. TRIBUNAL SUPERIOR

El Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de
Panamá, Ramo Civil, conoce de todos los recursos de
apelación que se interpongan contra las sentencias o autos
que emitan los Juzgados de Circuito, conforme lo dispuesto
por el artículo 126 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

2. JUZGADOS DE CIRCUITOS
Los Juzgados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley 45 de 31 de
octubre de 2007, conocerán de los procesos siguientes:
 Prácticas monopolísticas.
 Protección al consumidor.
 Propiedad intelectual.
 Agencia, representación y distribución.
 Competencia desleal.
 Reparación de daños colectivos o reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo.
 Autorización judicial.
 Imponer sanciones por violaciones de la ley y decretar la suspensión de los actos infractores.
 Decretar medidas cautelares.

3. JUZGADOS MUNICIPALES
Los Juzgados Municipales, conforme lo dispuesto por el artículo 127 del la
Ley 45 de 31 de octubre de 2007, conocerán de los procesos siguientes:
A.Preventiva:
Conocerá a prevención con la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia de las demandas o reclamaciones presentadas por
los cuya cuantía no exceda de los B/.2,500.00.

B. Privativa:
 Demandas por cuantía superior a B/.2,500.01 e inferiores a B/.10,000.00.
 Demandas por incumplimiento de contratos o promesas de compraventa de
vivienda de interés social (B/.40,000.00). (Cfr. Ley 22 de 29 de julio de
1991, modificada por la Ley 61 de 31 de julio de 1996)
 Demandas por incumplimiento de contratos de compraventa de vehículos
automotores cuyo valor no exceda de B/.15,000.00

 Los proveedores se sirven de los contratos de adhesión para insertar cláusulas que vistas bajo el
prisma de los artículos 74 y 75 de la Ley 45 de 2007, además de calificar como abusivas, corresponde
sancionar con la nulidad absoluta o relativa respectivamente.
 Se sancionan con la nulidad absoluta:
1.
Si restringen derechos del consumidor.
2.
Limitan o extingan lo obligación del proveedor.
3.
Favorezcan excesivamente al proveedor.
4.
Exoneren o limitan la responsabilidad del proveedor por daños, incumplimientos o mora.
5. Permitan al proveedor resolver, modificar o suspender el contrato unilateralmente , salvo que
obedezca al incumplimiento del consumidor.
6.
Supongan la renuncia anticipada de un derecho fundado en el contrato.
7.
Impliquen la renuncia de acciones procesales, términos o notificaciones personales .
8.
Sean ilegibles.
9.
Si están redactadas en otro idioma.

 Se sancionan con la nulidad relativa:
1.
Si ofrecen al proveedor plazos desproporcionados o imprecisos para la aceptación o rechazo de una
propuesta o la ejecución de una prestación.
2.
Confieren al proveedor un plazo de mora desproporcionados o imprecisos para la ejecución de la
prestación.
3.
Si establecen indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados en perjuicio del
consumidor.
 Los contratos de adhesión deben interpretarse a favor de los consumidores en caso de ambigüedad u
oscuridad. La negociación en cuanto a una o varias de sus cláusulas no desnaturaliza el contrato de
adhesión. (Cfr. artículo 76 de la Ley 45 de 2007)

Sentencia No. 35 de 31 de octubre de 2007, proferida por el
Juzgado Octavo de Circuito de Panamá, Ramo Civil.
1. Cláusula de arbitraje.
Los agentes económicos, tras la promulgación del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de
1999, mediante el cual se establece el régimen general de arbitraje de la conciliación y de la
mediación; insertaron cláusulas de arbitraje en los contratos, contraviniendo lo dispuesto por
el numeral 1 del artículo 2 del Decreto Ley 5 de 1999, que prohíbe someter a arbitraje las
controversias que surjan de materias que no sean de la libre disposición de las
partes, entendiendo por tales, entre otras, las que deriven de funciones de protección o tutela
de personas o que están reguladas por normas imperativas de derecho.
Nuestro ordenamiento en materia de protección de los derechos del consumidor, estableció el
arbitraje de consumo mediante la promulgación del Decreto Ley No. 9 de 20 de febrero de
2006, específicamente en virtud de su artículo 113, replicado ahora por el artículo 114 de la
Ley 45 de 31 de octubre de 2007. No obstante, hoy por hoy, su funcionamiento no está
reglamentada a pesar de la promulgación del Decreto Ejecutivo No 46 de 2009, que
reglamenta el Título II de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.
El tribunal al analizar la misma, sencillamente acotó que:
“La controversia generada en la relación de consumo (…) es un típico asunto de protección al
consumidor y no una cuestión común de derecho civil y mucho menos comercial; por
ende, no es susceptibles de ser sujeta a una cláusula compromisoria que, además, fue
impuesta a la consumidora.”

Sentencia No. 12 de 5 de febrero de 2009, proferida por el Juzgado
Octavo de Circuito de Panamá, Ramo Civil.
2.

Aumento del precio de venta por incrementos de los costos.

Sobre el particular acotó el tribunal que:
“La demandada predisponente debió, al menos, hacer referencia o mención de que para el caso de
que se diera aumento de los costos de los materiales de construcción se acudiría a la ACODECO,
autoridad reguladora y designada por el Estado para velar por los derechos de los consumidores, a
fin de que ésta, conforme lo dispone la ley, estableciera los parámetros y procedimientos técnicos
para verificar los ajustes que se requirieran en el precio y no asignarse o atribuirse ese cálculo como
de su sola incumbencia, más aun cuando tampoco fijó obligación a su cargo de presentar a la
consumidora las pruebas que acreditaran, no sólo los aumentos sino también el impacto que estos
hubieren tenido en el precio de compra pactado.”
Luego concluye que:
“Cuando de partida no fue contemplado un mecanismo objetivo para la verificación de los ajustes
dentro del periodo determinado en la cláusula octava (como por ejemplo, la opción de acudir a la
ACODECO para que ésta estableciera los parámetros y procedimientos técnicos a seguir para
verificar el ajuste o, la inclusión de obligación a cargo del proveedor en el sentido de ofrecerle
pruebas al consumidor de los aumentos y su real impacto en el precio de venta), resulta escaso e
insuficiente, en pos de compensar las cargas desequilibradas dentro de la relación de consumo, la
puesta a disposición de la consumidora de las alternativas de aceptar el pago del aumento que
unilateralmente y a su entero arbitrio le comunicara y quisiera aplicar la proveedora o de desistir de
la compra y solicitar la devolución de todos los dineros depositados en concepto de abono inicial.”

3.
Retención de los dineros abonados por el
consumidor frente a un eventual incumplimiento.
En este sentido, rememorando un precedente, el tribunal
concluyó que:
“Al declarar la proveedora que podrá retener la totalidad
de la cuantía que haya recibido bajo cualquier
concepto, sin reembolso para el consumidor, a su
criterio y decisión, sólo toma en cuenta sus intereses, al
punto de que los sobreprotege, circunstancia que viene a
favorecer, de manera excesiva y desproporcionada, su
posición contractual y a restringir los derechos de la
consumidora, lo que prohíbe la ley...”

4.

Término de garantía por vicios de construcción.

El tribunal luego de advertir que existe diferencia entre los vicios ocultos o vicios
redhibitorios y los vicios de construcción o vicios ruinógenos concluye que:
“es lógico pensar que los defectos de construcción exijan la presencia de una garantía más
amplia y reforzada para el adquirente; el legislador ha considerado que ese respaldo lo ofrece
el régimen de responsabilidad profesional de carácter decenal (por 10 años), que establece
dentro de la regulación del contrato de obra por ajuste o precio alzado y que, en principio,
puede ser exigida al contratista (constructor), o al arquitecto que dirigió la obra si la ruina se
debiere a vicios del suelo o de la dirección . Al ser esta responsabilidad de naturaleza
impositiva y no dispositiva, por ser de origen legal, no es viables(por el contrario, es
inaceptable) que un proveedor predisponga variaciones en el tiempo dentro del cual dicha
responsabilidad puede ser exigida; no es posible dejar sin efecto un sistema de responsabilidad
que ha sido concebido por el ordenamiento jurídico como una previsión frente a la posibilidad
de que se den vicios ruinógenos; lo contrario trastocaría el orden público.”
Por último, apunta el tribunal que el hechos que:
“se le dispense a los vicios ruinógenos el mismo tratamiento que se le da a los vicios ocultos
(entre los cuales podrían contarse los defectos no estructurales en cerraduras, acabados de
pintura, azulejos, mosaicos, bombillos, por ejemplo), definitivamente es contrario a los
intereses de la consumidora (…) y se constituye en un peligro para el patrimonio de ésta,
favorece de manera desproporcionada la posición contractual de la predisponente u otorgante
e importa renuncia y restricción de los derechos del adherente o consumidor.”

B. INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

1. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS O SUMINISTROS DE BIENES
Artículo 77. Contratos de prestación de servicios o suministro
de bienes. En los contratos de prestación de servicios o
suministro de bienes se prohíben las cláusulas que establezcan
plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u
obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato
en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de
sanción o carga onerosa o desproporcionada, tales como la
pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de
cantidades por servicios no prestados efectivamente, la
ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran
fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que
no correspondan con los daños efectivamente causados.

Sentencia No. 2 de 25 de abril de 2007, proferida por el Juzgado
Séptimo Municipal del Distrito de Panamá , Ramo Civil
El tribunal en este caso señaló que:
“las partes tienen que estar en una posición en que ambas se beneficien de las contraprestaciones
realizadas por la otra. Equilibrio este que, aunado a la buena fe en la celebración de los contratos, sugiere
el goce de derechos y obligaciones, según corresponda a cada cual.
Los artículos 976, 1107, 1109 y 1129 del Código Civil establecen que las obligaciones que nacen de los
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos; y el
cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes; que desde su
perfeccionamiento los contratos obligan al cumplimiento de lo pactado y de las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley.
El ordenamiento aplicable a este tipo de proceso indica entre las obligaciones del proveedor frente al
consumidor, es el apegarse a la ley, los buenos usos mercantiles y a la equidad, en su relación con los
consumidores. (…)
Luego de una revisión exhaustiva del contrato y los recibo de pagos que reposan en el expediente, no
tiene dudas este Tribunal y así queda probado que en total (la demandada) ha recibido del demandante la
suma de B/510.00.
No obra en el expediente constancia alguna, de que la parte demandada haya cumplido con su
obligación, es decir, haber prestado el respectivo servicio al cual se comprometió como contraprestación
en pro del consumidor (…).
De lo expuesto podemos concluir que del incumplimiento de una obligación recíproca, se deriva la
extinción de los efectos del contrato.”

2. CONSTRUCCIONES NUEVAS
Artículo 79. Construcciones nuevas. El proveedor de construcciones residenciales nuevas, de lotes de terrenos
servidos o no, urbanos o rurales, así como de bienes inmuebles en general deberá establecer, de manera clara y por
escrito, los términos y las condiciones de la garantía de la obra. En caso de que existan diferentes coberturas en la
garantía, estas deberán estar debidamente detalladas.
La publicidad de las construcciones residenciales nuevas formará parte integral del contrato de compraventa
suscrito entre el proveedor y el consumidor. Los anuncios que se publiciten en volantes, panfletos, libros o por
cualquier otro medio que el proveedor distribuya son vinculantes para este y exigibles por el consumidor.

En los contratos de promesa de compraventa y de compraventa de construcciones nuevas, de lotes de terrenos
servidos o no, urbanos o rurales, así como de bienes muebles en general, debe constar la fecha cierta o
determinable de entrega. En caso de incumplimiento por causa no imputable al proveedor, deberán dejarse por
escrito las causas por las cuales no se hizo la entrega del inmueble en el plazo establecido. En caso de
incumplimiento del plazo de entrega, el consumidor tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la
correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización.
Los contratos deben expresar el total de las sumas a pagar, así como los casos en que se podrán adoptar ajustes en
el precio. En caso de aumento de los costos de materiales de construcción, la Autoridad establecerá los parámetros
y los procedimientos técnicos para verificar dichos ajustes.
El consumidor podrá exigir rebajas proporcionales en el precio de las construcciones nuevas, cuando sus
condiciones o especificaciones finales hayan variado sustancialmente de las establecidas previamente en el
contrato.

Sentencia No. 24 de 9 de septiembre de 2010, proferida por el
Juzgado Séptimo Municipal del Distrito de Panamá
El tribunal en cuanto al incumplimiento en la fecha de entrega del inmueble consideró lo
siguiente:
“El contrato de promesa de compraventa objeto de examen por parte del tribunal
, describe el lote objeto del contrato y las mejoras, vivienda unifamiliar (…), el precio
(…), así como el plazo (entrega de la vivienda en noviembre de 2009, salvo por razones
de caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso el promitente vendedor advierte que
podrá prorrogar la fecha de entrega de la vivienda hasta un máximo de diez (10) meses
adicionales), por lo que dicha información , forma parte de la relación de consumo que
vinculó a la empresa proveedora y a la consumidora.”
“En virtud de lo antes expuestos, le asiste razón a la consumidora-demandante, por el
incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, toda vez que no se le ha
realizado la entrega de la vivienda en el plazo establecido en dicho contrato atípico, será
reconocida su pretensión, en el sentido de declarar el incumplimiento del contrato de
promesa de compraventa suscrito entre la consumidora-demandante y la empresademandada. Esta decisión de resolución del contrato de promesa, trae de suyo la
restitución de las sumas pagadas, por ello, toda la suma de dinero abonadas por la
consumidora, deberá ser devuelta por la sociedad demandada.”

C. INCUMPLIMIENTO DE
GARANTÍA

Artículo 46. Obligaciones del proveedor en la garantía. Si dentro
del periodo de garantía estipulado para equipos o productos
mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos, mobiliarios,
vehículos de motor y otros bienes de naturaleza análoga, estos no
funcionaran adecuadamente, o no pudieran ser usados
normalmente, por defecto del producto o causa imputable al
fabricante, importador o proveedor, este último estará obligado a la
reparación de dichos bienes o a su reemplazo, dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que se presente la respectiva
reclamación.
Si no fuera posible la reparación, el proveedor estará obligado a
reemplazar el bien por otro igual o a devolver las sumas pagadas.
Cuando se trate de vehículos de motor o equipos de tecnología
sofisticada, el término para su reparación o reemplazo será de hasta
seis meses, siempre que en la garantía se pacte, libremente entre
proveedor y consumidor, la responsabilidad del primero en caso de
no poder reparar el bien dentro de los primeros treinta días.

Artículo 47. Vehículos de motor. Los proveedores de vehículos de motor nuevos
están obligados a extender una garantía mínima de un año o treinta mil
kilómetros, lo que ocurra primero.
Cuando la garantía del fabricante sea más favorable al consumidor que los términos
mínimos establecidos en este artículo, será de obligatorio cumplimiento para el
proveedor ofrecer la garantía del fabricante. El proveedor está obligado a
proporcionarle al consumidor la garantía de fábrica por escrito.
En el caso de los vehículos de motor usados, los proveedores no podrán importar al
territorio nacional vehículos usados cuyo modelo de fabricación sea de más de cinco
años, según el Número de Identificación del Vehículo, y la garantía mínima, a que se
refiere el primer párrafo, para estos vehículos será de seis meses o quince mil
kilómetros, lo que ocurra primero. Se exceptúan de esta prohibición los siguientes
vehículos:
1. Los de colección.
2. Los de carrera deportiva.
3. Los fúnebres.
4. Las ambulancias.
5. Las limusinas.
6. Los que tengan modificaciones especiales para personas con discapacidad.

Sentencia No. 15 de 20 de noviembre de 2007, proferida por el
Juzgado Séptimo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil.
El tribunal en cuanto a la reparación de la cosa dentro del periodo de garantía
señaló lo siguiente:

“que las obligaciones de garantía, previstas de antemano por la ley en aras de
los intereses de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, no pueden
ser evadidos por ningún proveedor.
La obligación de reparar el bien, que forma parte de la garantía de
funcionamiento pertenece al género de las obligaciones de resultado, el
proveedor sólo cumple con ella cuando satisface, de manera completa, íntegra,
el interés del consumidor cuando el bien vuelva a su estado óptimo, no es
suficiente el mejor esfuerzo. De este modo, es inadmisible que un proveedor,
insista en que la consumidora acepte una lógica y posible reparación del
vehículo que hasta ahora no ha sido lograda.
La empresa demandada deberá asumir la responsabilidad del reemplazo del bien
mueble o la devolución de todas la sumas que fueron pagadas por la
consumidora.”

Según el artículo 48 de la Ley 45 de 31 de octubre de
2007:
“Artículo 48. Vicios ocultos. Cuando los bienes
presenten defectos o vicios ocultos que hagan
imposible el uso para el que son destinados, o que
disminuyan de tal modo su calidad o la
posibilidad de su uso, y que de haberlos conocido el
consumidor
no
los
hubiera
adquirido
o
hubiera dado un menor precio por ellos, el proveedor
estará obligado a recibirlos y a devolver
las sumas pagadas por el consumidor, según lo
establece
el
Código
de
Comercio.
No
obstante, el consumidor podrá optar por recibir una
rebaja en el precio, sin derecho a reclamo
posterior.”

Sentencia No. 17 de 21 de junio de 2010, proferida por el Juzgado
Séptimo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil
El tribunal en cuanto a los vicios ocultos acreditados en un automóvil sostuvo lo siguiente:
“La consumidora no está compelida a conformarse con un arreglo a medias; en este
sentido, observa esta sede judicial que el vehículo vendido a la demandante presenta defectos
que disminuyeron tanto la calidad del bien como la posibilidad de usarlo normalmente. Lo
anterior se colige de los múltiples ingresos del vehículo en cuestión al taller de la empresa
demandada motivado por los desperfectos, a saber; inspecciones mecánicas, cambios de
aceite, cambios de filtro de aire, limpieza de evaporador, reemplazar evaporador, sellar ducto
de aire acondicionado, pintura de tablero, reparación del tablero completo, instalar y desmontar
tablero para pintura, alineamiento de ruedas, revisión y limpieza de frenos, lo que ha
dificultado el adecuado funcionamiento del bien objeto de este litigio.
La empresa demandada tiene la obligación de reparar el bien dentro de los treinta (30) días
siguiente a la fecha en que fue presentado el reclamo por primera vez, de conformidad con lo
que establece el artículo 40 de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 (ahora artículo 46 de la Ley
No. 45 de 2007); no obstante, no se ha obtenido el resultado que se esperaba <<la
reparación>>.
La obligaciones de resultado (…) implica el garantizar el buen uso del automóvil adquirido por
la consumidora o en su defecto reemplazarlo por otro igual y si no fuese posible la reparación
está la obligación de devolver las sumas pagadas por la consumidora.”

Según el artículo 1343 del Código Civil:

“Artículo 1343. El contratista de un edificio que se
arruinase por vicios de la construcción, responde de
los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro
de diez años, contados desde que concluyó la
construcción, igual responsabilidad, y por el mismo
tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se
debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las
condiciones del contrato, la acción de indemnización
durará quince años.”

Sentencia No. 74 de 17 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado
Noveno de Circuito de Panamá, Ramo Civil.

El tribunal sobre los defectos de construcción en esta ocasión acotó, tras
comprenderlo dentro de la figura de los vicios ocultos, que:

“en la diligencia de ratificación de informe pericial, tanto el perito de la parte
actora como el del tribunal se ratificaron de su informe, resaltando el del
tribunal que no es normal que una vivienda presente daños como los descritos
en tan poco tiempo de construida y el de la parte actora que los desperfectos
que presenta la vivienda deben corregirse estructuralmente, pues represen
daños y vicios constructivos que empeoran la condición actual de la
residencia.
Por otra parte, los daños consignados por los peritos en su informe, tienen la
categoría de vicios ocultos al tenor de lo establecido en el artículo 48 de la
Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007, toda vez que los mismos hacen
imposible el uso normal de la residencia y disminuyen su calidad, aunado al
hecho de que si el consumidor los hubiese conocido, no habría adquirido
dicho bien.”

Artículo 58. Veracidad en la publicidad. Todo anuncio o aviso publicitario referente a las
transacciones de que trata este Título deberá ajustarse a la verdad, cuidando el anunciante de
que no se tergiversen los hechos y que el anuncio o la publicación no induzca a error o
confusión. Las afirmaciones que se refieran a la naturaleza, a la composición, al origen, a las
cualidades sustanciales o a las propiedades de los productos o servicios deberán ser siempre
exactas
y
susceptibles
de
comprobación
en
cualquier
momento.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por publicidad engañosa aquella que refiere
características o información relacionada con algún bien, producto o servicio, que inducen a
error o confusión por la forma inexacta, limitada, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o
tendenciosa
en
que
se
presenta.

Artículo 59. Publicidad. La publicidad deberá indicar, claramente, las condiciones de las
ofertas, promociones, rebajas, descuentos, condiciones especiales o circunstancias análogas
que se ofrecen. Todo anunciante está obligado a cumplir lo ofrecido en los términos
contenidos en el aviso publicitario. No se permitirán anuncios de artículos que den a entender
que el producto tiene cualidades, características o beneficios de los que carece. Los
consumidores afectados por publicidad engañosa tendrán derecho a resolver el contrato de
venta, cada parte devolviendo lo que hubiera recibido.

Sentencia No. 3 de 6 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado
Séptimo Municipal del Distrito de Panamá
En esta sentencia se sostuvo en materia de publicidad engañosa que:
“…está íntimamente relacionada con el derecho a la información que tienen
los consumidores, lo cual tiene como propósito garantizar la posibilidad del
consumidor de constar con los datos suficientes sobre las características de
los productos que se le ofrecen y las condiciones de adquisición para que, de
esta manera, puedan tomar decisiones bien fundadas y que en forma alguna
afecten
sus
intereses
legítimos.”
Más adelante concluye que la publicidad:
“…tiene como finalidad estimular o persuadir el consumo, mostrando un
producto o servicio de la manera más persuasiva, respetando los principios
de igualdad, veracidad y autenticidad…” Mientras que la información:
“…está dirigida a racionalizar las opciones del consumidor para tomar la
decisión, en este sentido las características del bien o servicio debe
suministrarse de manera veraz, detallada, eficaz y suficiente…”

Sentencia No. 11 de 31 de marzo de 2010, proferida por el Juzgado
Séptimo Municipal del Distrito de Panamá.

El tribunal sobre la publicidad como parte del contrato
señaló que la demandada:
“no cumplió lo que dispone el artículo 59 de la Ley No.
45 de 31 de octubre de 2007, en cuanto a que todo
anunciante está obligado a cumplir lo ofrecido en los
términos contenidos en el aviso publicitario, en el caso
que nos ocupa, la empresa demandada ofreció a la
demandante una Maestría de Enseñanza de Educación
Especial y luego de ser admitida al programa, la
sociedad demandada le notificó que no puede continuar
el programa por asuntos presupuestarios, incumpliendo
lo ofrecido en el aviso publicitario.”

Casuística en materia de derechos de protección al consumidor

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