El documento resume la crisis energética en Argentina, explicando que las tarifas de gas y electricidad fueron congeladas desde 2002 a pesar del aumento de los costos, impidiendo que las empresas inviertan. Esto llevó a una escasez de combustible para las plantas eléctricas. Además, se necesitan nuevas inversiones en 2 años para satisfacer la demanda creciente, pero con los precios y tarifas actuales, nadie invertirá. La verdadera causa de la crisis es no reconocer que los servicios cuestan más de lo que la gente

1. Algo más sobre el costo de la crisis energética
Por Gustavo Matta y Trejo (Publicado en Julio de 2004 en periódico Infobae)
En la edición del domingo 11 de julio, el señor Mauricio Llaver dedicó su habitual columna al
tema de la crisis energética. Con oportuna perspicacia, el periodista se pregunta si la crisis se
ha superado realmente y cita entonces la opinión de un estudioso mendocino cuyo nombre se
reserva.
El anónimo estudioso da su punto de vista sobre algunas cuestiones, algunas discutibles pero
que no voy a debatir aquí, para luego ir al fondo del problema y enumerar las que él entiende
son las causas de la crisis estructural que tenemos: falta de planificación, la forma en que se
privatizó, la forma en que se controla desde el Estado, falta de inversión y falta de una
perspectiva clara de futuro.
Llama poderosamente la atención que el anónimo estudioso no considere el hecho de que las
tarifas de gas y electricidad fueron congeladas en enero de 2002. Ante aumentos del índice de
precios mayoristas del 120% y del índice de precios al consumidor del 45%, las tarifas se
mantuvieron congeladas. Ante una devaluación del 200%, que afecta los costos de las
empresas y, por supuesto, el costo de las nuevas inversiones, las tarifas se mantuvieron sin
aumentos. Ante el incremento del costo laboral por efecto de los sucesivos decretos que fijaron
asignaciones no remunerativas, las tarifas no se incrementaron. Sólo en febrero de este año,
después de más de dos años desde la explosión de la crisis, se aumentaron las tarifas de los
grandes clientes, pero se mantuvieron sin variantes las tarifas del grueso de los usuarios. En
otras palabras, mientras las empresas que exportan o venden localmente sin controles
pudieron incrementar sus precios, las empresas que suministran servicios esenciales a la
población se vieron obligadas a congelar sus ingresos. Todo ello acompañado por información
destinada a confundir a la población, la que hoy cree que no se invirtió durante la década del
90 y que las excesivas ganancias del pasado justifican esta medida del presente.
Decimos que llama la atención esta omisión del tema tarifario porque un sencillo razonamiento
revelaría que una empresa que no recibe ingresos suficientes para cubrir sus costos, no puede
invertir. ¿Qué hubiese ocurrido si se hubiera impuesto control de precios a la leche o la carne?
¿Cree la población que hubiese podido adquirir estos bienes de todos modos? ¿O cree más bien
que hubiesen desaparecido del mercado, como enseña la experiencia de todos los países, en
todos los tiempos, o, también, la más elemental teoría económica? No nos dejemos engañar
con argumentos complejos y supuestamente válidos. La causa de nuestra crisis radica en que
se le ha hecho creer a nuestra población que puede pagar por los servicios públicos menos de
lo que cuesta producirlos y que puede seguir obteniéndolos indefinidamente, sin mayores
problemas.
Pues bien, los problemas han llegado por no haber tomado a tiempo las decisiones necesarias.
Duras, pero necesarias. Cabe también agregar que los problemas recién han comenzado,
porque la crisis será mayor aún si no se revierte ya mismo el curso actual de los
acontecimientos. Pero antes de explicar porqué la crisis recién empieza, creo necesario aportar
mayor información a la población.
Actualmente, cuando un usuario paga una factura eléctrica está pagando varios conceptos: la
energía producida en las usinas, el costo de transportarla hasta las ciudades, el costo de
distribuirla hasta cada casa, y el costo de los impuestos. Si nos concentramos solamente en el
costo de la energía producida, surge claramente la magnitud del problema actual: un usuario
residencial paga por la energía un precio de aproximadamente 16 pesos por megavatio-hora,
mientras que el precio de esa energía es de unos 30 pesos en promedio. Es decir, los
productores de energía no cobran casi la mitad de lo que producen para esos usuarios. Pero la
situación es peor aún: como el costo de producción de algunas máquinas puede alcanzar los
300 pesos, se le paga menos aún a los productores más eficientes, que invirtieron para
producir más barato, porque hay que pagar el mayor costo de esas máquinas más caras.
Parece increíble, pero es cierto.
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2. Las inversiones durante la década del 90 fueron importantes y se prolongaron hasta la
antesala de la crisis, en el año 2001. No es verdad que se invirtió poco en el sector energético
ni tampoco es verdad que las inversiones se detuvieron en 1997. El lector puede consultar la
información en el sitio de CAMMESA, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico,
para observar el aumento de la capacidad de producción de energía a lo largo de esos años,
que alcanzó el 68%. Puede consultar también el informe que hizo público la Cámara de
Inversores en el Sector Eléctrico, que da cuenta de inversiones en el orden de US$12.500
millones, 60% de los cuales correspondió a instalaciones nuevas, no privatizadas sino
construidas por inversores privados que creyeron en las instituciones de nuestro país.
Esas inversiones fueron aún superiores a lo que se necesitaba en aquellos momentos, pues las
empresas planificaron a largo plazo, contrariamente a lo que se quiere hacer creer a nuestra
gente. Esto puede probarse observando dos hechos. El primero es que el precio de la energía
eléctrica se redujo en un 55% hasta el año 2001, cuando aún regía la convertibilidad.
Concretamente, el precio de la energía se redujo desde un valor de 45 dólares por megavatio-
hora hasta un valor de menos de 20. Si consideramos la inflación del período, podemos
concluir que el precio de la energía se redujo en un 63% en términos reales. Es decir, el precio
bajó tanto porque se invirtió, aumentando la oferta, más de lo que la demanda requería en ese
momento. Hoy, después de la devaluación, el precio se mantiene artificialmente en unos 10
dólares por megavatio-hora, mientras que en los países vecinos está entre dos y cuatro veces
más alto.
El segundo hecho que prueba claramente las inversiones realizadas es que hoy no hay falta de
usinas eléctricas, a pesar de que no se ha aumentado la capacidad con nuevas usinas desde la
crisis de devaluación y pesificación. Es decir, el exceso de inversión del pasado alcanzó para
cubrir la demanda y su aumento durante 2003 y 2004. En efecto, el problema actual no es de
falta de usinas (máquinas) que produzcan electricidad. El problema actual es la falta del
combustible necesario para que esas máquinas funcionen. Falta el gas natural porque también
se congeló su precio y, con ello, se frenó la inversión en nuevos pozos. En otras palabras, es
como haber invertido en un auto y después no poder hacerlo andar por falta de nafta…
Hoy se ha “resuelto” el problema de la falta de combustible importando fuel-oil de Venezuela a
precios internacionales, gas desde Bolivia a un precio tres veces más alto que el que rige en
Argentina, y electricidad desde Brasil, a precios cuatro veces más altos que el que reciben los
productores que invirtieron y dan empleo en nuestro país.
La tan mentada rentabilidad “excesiva” no fue tal. Quizá algunos sectores hayan gozado de
rentabilidades interesantes, pero el sector de generación de electricidad obtuvo en la década
pasada una rentabilidad del 2,9%, según los cálculos de FLACSO, entidad no precisamente
inclinada a favorecer a las empresas privadas. Para que se entienda bien: las empresas de
generación eléctrica obtuvieron menos que lo que rendía un plazo fijo a 30 días. Para que se
entienda mejor: un plazo fijo podía retirarse totalmente (hasta que sobrevino el corralito) a los
30 días, en tanto estas empresas invirtieron en instalaciones que no pueden ser retiradas sino
que deberán permanecer por décadas.
Con la información anterior puede entonces entenderse la crisis que se avecina. Para atender
el crecimiento de la demanda de electricidad harán falta nuevas usinas, las que deberían estar
operando dentro de dos años si se quieren evitar los cortes de suministro. Pero debe
rescatarse lo siguiente: una usina nueva tarda entre tres y cuatro años en instalarse,
considerando los tiempos de obtención del financiamiento necesario, los tiempos de fabricación
de las turbinas, los tiempos de traslado, y los tiempos de construcción y montaje. La cuenta
resultante la dejamos para el lector.
Con el panorama de precios y tarifas antes descripto, cabe preguntarse entonces quién
invertirá en nuevas usinas. Estas son las verdaderas causas de la crisis estructural del sector
energético, tan esencial para el país. La población debe saberlo.
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