Las ciudades inteligentes facilitan la integración de procesos en la administración pública, generan procedimientos para optimizar la asignación de recursos, y permiten una mayor participación de la sociedad civil y producción de indicadores en áreas como la gobernanza, planificación urbana, gestión pública, tecnología, medioambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía.