La candidata al concejo, Leonor Consuelo Gómez, explica su propuesta y estrategia para mejorar los servicios públicos en la ciudad de Santa Marta

1. Propuesta en Servicios Públicos
Nuestra ciudad vive una situación de desabastecimiento de agua potable a pesar de contar con 17 pozos profundos
que generan 340 litros por segundo al sistema de acueducto. El principal problema son los muy bajos caudales de
los ríos que abastecen el sistema de acueducto debido a la grave sequía que golpea a nuestra Región. Nuestra
población debe enfrentar día a día el cruel desabastecimiento y todo lo que ello conlleva para las familias y pese a la
inexistencia de la prestación de este servicio la empresa que administra este Servicio como lo es Metroagua, genera
facturas de cobro a la población sin haber brindado a la comunidad un servicio eficiente.
Según informes de la Defensoría de Pueblo el proceso contractual para la perforación de pozos de agua subterránea
para resolver la escasez, no se ha iniciado por cuenta de Metroagua y la Alcaldía del Distrito, el cual ha contado con
vigencias de los años 2012, 2013 y 2014 y los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso y no los ha
ejecutado. (Defensoría del Pueblo, 2014)
Por otra parte la situación que se vive con la prestación del servicio de energía dirigido por la empresa Electricaribe
ha generado muchos reclamos de la población y la situación se ha hecho más compleja porque es una empresa que
provee energía eléctrica a siete departamentos de la Región Caribe. La gente demanda energía y menos cortes. Y
ante esta situación de pésima prestación del servicio no resulta coherente una facturación injustificada como la
generada a la comunidad samaria y a toda la Región Caribe por esta empresa.
Desde el año 2004 la Defensoría del Pueblo viene haciendo seguimiento y poniendo en conocimiento de todos, la
situación de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe. En este informe se identifican fallas
en la prestación del servicio como interrupciones en la continuidad, baja calidad del servicio, cortes por supuestos
mantenimientos y reparaciones, instalación de medidores sin el debido concurso de los usuarios y suscriptores, alzas
desmedidas en las tarifas, corte injustificado del servicio, violación al debido proceso en los trámites interpuestos
por los usuarios, ausencia de compensaciones por fallas en el servicio, entre otros aspectos. (Defensoría del Pueblo,
2004)
Por todo lo anterior, me permitiré ser una defensora vehemente de una comunidad que reclama una prestación de
calidad de estos servicios públicos, los cuales son un derecho colectivo y un medio para lograr un nivel de vida
adecuado que nos permita como ciudadanos nuestro desarrollo y progreso. No puede ser posible que los servicios
públicos sean hoy un negocio y una actividad comercial que genere ganancia a empresas privadas. Por ende
acudiremos a mecanismos de control de legalidad con el fin de buscar la protección de los derechos de los usuarios
y no permitir más estancamiento de nuestra ciudad en diversos frentes.