1. La Paz no es solo La Habana
Profesor Guido Germán Hurtado Vera
Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico
Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente
En Colombia durante el segundo semestre de 2013 se registraron importantes
acciones y movilizaciones sociales que el polarizado ambiente electoral invisibilizó
y no fueron tema del debate. Tales reclamos ciudadanos deben ser considerados
como un argumento más para entender por qué el fin del conflicto armado es hoy
un asunto vital.
Para los meses de julio y agosto el país conoció de algunas acciones y
movilizaciones colectivas: el paro minero, la huelga de los trabajadores de la
Drummond, la participación ciudadana en el caso de Piedras (Tolima) y el Paro
Nacional Agrario, entre otras.
El paro minero se concentró en los departamentos productores y las
movilizaciones exigían al Gobierno acompañamiento en el proceso de legalización
e inclusión en la economía minera. Las exigencias de los trabajadores de la firma
Drummond eran la de mejoras salariales y aumento de seguridad industrial. El
municipio de Piedras fue el escenario de un inusual proceso de participación
ciudadana, el 96% de sus habitantes decidieron que no quieren que en su territorio
se adelanten proyectos de minería a gran escala. Y el Paro Agrario tenía como eje
de la movilización el abandono del campo y la crisis agraria que enfrenta el país.
Es evidente que para el segundo semestre de 2013 las acciones y movilizaciones
colectivas aumentaron vertiginosamente. Los casos anteriores son una prueba
indiscutible para afirmar lo anterior.
El escenario electoral se centró en la mesa de La Habana pero dejó por fuera dos
argumentos importantes que son esenciales en el debate por la paz.
El primero, la discusión sobre la política minera. Para esta discusión existen dos
enfoques que señalan los beneficios y daños que trae para el país. Unos expertos
aseguran que la locomotora minera produce cegueras que impide ver los costos
sociales y ambientales que trae. Advierten que no sólo está causando daños
irreparables a los ecosistemas, sino que además las cifras del crecimiento
económico no armonizan con el desarrollo humano. Otros expertos plantean el
concepto de minería sostenible. Manifiestan que el asunto no se queda
exclusivamente en la explotación y exportación, que al mismo tiempo los
beneficios económicos para el país podrían generar valor agregado para el medio
ambiente.
El segundo, la discusión sobre la movilización social. Es preciso indicar que ésta
no es nueva en Colombia. Hace parte de la historia de la construcción del Estado-

2. Nación. Las movilizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros, sindicatos
y estudiantes que demandan o presionan soluciones ante el Estado, por
injusticias, exclusiones o desigualdades, han estado presentes durante todo el
siglo XX y de lo que va corrido del XXI. La democracia colombiana ha sido tan
frágil que explica como la protesta social es un rasgo tan íntimo en su vida política.
Por ello, la protesta no se tramita por las vías institucionales porque las demandas
sociales nunca son tenidas en cuenta por los gobiernos. Al contrario, han sido las
vías de hecho el principal recurso que han encontrado los actores sociales para
demandar la satisfacción de sus necesidades y los gobiernos han respondido con
violencia y criminalización.
En el actual debate electoral presidencial no se habló de política minera y social. Y
como no hay política minera y social, hay protesta y movilización. La protesta
social es una expresión de esta débil democracia. Pero cuando hay movilización
social, se criminaliza. Así que el asunto es mucho más complejo, porque los
gobiernos han señalado persistentemente que detrás de esa movilización social
están siempre las Farc.
Sí se firma un cese al fuego y el inicio de un proceso de paz, las movilizaciones en
Colombia no deberán entenderse entonces como unas acciones de guerrilleros y
criminales. El asunto deberá entenderse como acciones de ciudadanos que exigen
y demandan el ensanchamiento de la democracia.
En suma, uno de los grandes desafíos que tendrán que enfrentar los gobernantes
en Colombia es el de superar la idea que la democracia se agota única y
exclusivamente en el fin de un conflicto armado o en los mecanismos electorales y
de representación institucional. La democracia y la paz son mucho más que eso.
Son verdaderas reformas políticas, económicas y sociales que garanticen los
derechos a sus ciudadanos para que las vías de hecho desparezcan como
argumento de presión social.