España enfrenta una encrucijada económica marcada por un creciente déficit público y un aumento de la deuda, a pesar de tener una renta agregada elevada en comparación global. Las advertencias de Bruselas sobre la desaceleración y la presión inflacionaria complican la situación, mientras el país sigue paralizado políticamente ante la necesidad de reformas. Aunque se prevé un crecimiento por encima de la media europea, la ineficacia en la ejecución de fondos de recuperación y el alto desempleo juvenil agravan la vulnerabilidad económica.

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VUELTA AL EQUILIBRIO FISCAL.
Manfred Nolte
Llevamos semanas, por no decir meses, inmovilizados por el debate político, en la
disyuntiva ahora de la amnistía y el referéndum que conduzcan a un nuevo gobierno
espectral de Sánchez o la eventualidad de una nuevas elecciones igualmente estériles,
porque padecemos una sociedad polarizada e irreconciliable Son semanas y meses que
han secuestrado cualquier reflexión seria acerca del resto de temas económicos, estando
como estamos en una previsible encrucijada de pros y de contras, de obligaciones
antagónicas con resultados impredecibles.
No puede negarse que la renta agregada de la economía española ocupa un puesto
excelente, el 16, si nos referimos al colectivo de los casi 200 países censados en el
planeta.
Pero esa nota de optimismo moderado tiene que ir acompañada de una serie de datos
que le agregan una densa sordina, porque es obligación de todos, no solamente de los
gobiernos, esforzarse por mejorar y escalar posiciones. Y es que ese citado lugar 16, era
el 7 antes de la gran crisis de 2008. En la última década, el PIB de España creció un
promedio del 0,8% mientras que el de la Unión Europea fue de 1,4% y el PIB per cápita
ha progresado en nada, un cero por ciento. Cerró en 2022 con 33.600 dólares, siendo el
número 34 del mundo y el 15 de la Unión europea. Pero en 2002 representaba el 85%
de la media europea cuando quince años antes suponía el 105% de la misma. El
incremento de nuestra productividad en el plazo señalado ha sido famélico. Somos el
número 23 en competitividad, pero el primero en paro, duplicando la tasa oficial de la
Unión europea, y un paro juvenil del 27%. Nuestro puesto es el 16 de deuda pública viva
y tenemos -entre otros más- un enorme problema con una población que envejece día
a día invirtiendo desenfrenadamente la pirámide de edad.

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Ahora, tras sucesivos avisos, Bruselas, el Banco de España y la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), nos anticipan una desaceleración del crecimiento
económico para lo que resta de año y una pérdida de dinamismo laboral, mientras la
inflación se ceba con la cesta de la compra, el campo está al límite, los visados de obra, la
compraventa de viviendas y las hipotecas caen en número, el Euribor cotiza más allá del
4% alejando el acceso a la vivienda de jóvenes y adultos y el Tesoro tiene que pagar el 4%
para endeudarse en el mercado de bonos soberanos cuando todavía hace unos meses
dominaban los tipos nulos o incluso negativos.
Todos estos, y algunos más son problemas que no se debaten con seriedad porque España
está paralizada para casi todo, menos para una negociación quimérica con formaciones
que declaran sin remilgos ser ajenas al desarrollo del país y a su cohesión democrática.
La advertencia más reciente viene de Bruselas y se refiere a nuestra contención fiscal, a la
magnitud de nuestro déficit público que está a niveles del 4,8% cuando el umbral
requerido es del 3%. Ardua tarea porque el intento coincide en una coyuntura bajista de
nuestra economía y quien mande en este país tendrá que recortar 13.000 millones para
cumplir con Europa. Es cierto que este año y el siguiente España crecerá por encima de la
media europea. Y que la oleada de fondos de recuperación europeos, de haber sido
debidamente aprovechados, nos situaría en una posición confortable. Pero no ha sido el
caso. Sánchez vaticinó en 2020 que los fondos europeos aportarían nada menos que un
crecimiento del 2,5% al PIB cada año. Un desatino en el cálculo añadido a la ineficacia
de ejecución y la falta de acceso del dinero a la economía real.
Déficit y Deuda contienen una información similar. La Autoridad Fiscal (AIReF), prevé que
en los próximos años el PIB se estabilice ligeramente por encima del 100% desde su 113%
actual. Aun así, un nivel de esa magnitud deja al país en una situación de vulnerabilidad
ante una eventual crisis y el servicio de la deuda es gravoso en exceso. Por ello, el
organismo y también el Banco de España pide que se corten las rebajas de impuestos,
bonificaciones y abonos sobre la luz, el gas o el transporte, que expiran a final de año, o
sea, limitar el llamado ‘escudo social’ para volver a la disciplina fiscal europea.
A nadie se les escapa que la propuesta además de atizar la inflación sitúa a determinados
estratos sociales en una posición vulnerable, en una encrucijada. Las subvenciones
suplen a las rentas personales y no puede cuestionarse su bondad durante la crisis. Quizá
en su falta de selectividad. Pero han permitido reparar el tejido productivo y preservar
el empleo. El importe de las ayudas concedidas desde 2020 asciende a 205.374 millones
de euros. Solamente las ayudas Covid en España alcanzaron los 123.000 millones de
euros. Bienvenidas hayan sido.
Como consecuencia de lo que antecede, el Gobierno (¿Gobierno?) deberá hilar muy fino
en una coyuntura que aún tiene abiertas las heridas de dos shocks descomunales, que
nos cogieron enteramente por sorpresa.

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