Cap: XI

1. Cespedes del Castillo.
Capitulo XI: Guerras y reformas coloniales.
La segunda mitad del siglo xviii se caracteriza,pues, en lo que a la América española se refiere, por
la elaboración y aplicación de un ambicioso y vasto plan de reformas cuyos principios esenciales
quedaron fijados en 1743. Algunas medidas aisladas empiezan a tomarse a partir de 1750,
comenzando por la supresión definitiva de la venta de oficios públicos y la abolición (1756) de
privilegios y exenciones otorgados a las compañías de comercio establecidas durante la primera
mitad del siglo. Debe subrayarse que el plan significaba, en su conjunto, aplicar y adaptar a la
Monarquía española lo que se ha llamado el «mercantilismo». Las reformas tienen como meta
desarrollar la producción y el comercio, configurar una sólida economía nacional y protegerla de la
competencia extranjera; el único medio de lograrlo es fortaleciendo el Estado, central izándolo y
haciendo eficaz la administración pública y, mediante la intervención estatalen todos los aspectos
de la economía. Dentro de este objetivo, a la España peninsular le corresponderá a la larga el papel
de metrópoli. El papel de metrópoli; a los Reinos de las Indias, ahora simples Provincias de
Ultramar en una Monarquía centralizada y unificada, les corresponderá a la larga el papel de
colonias, cuya producción se intensificará en tanto no compita con la de la metrópoli, pero cuyo
destino a largo plazo será elde mercado consumidor de las manufacturas nacionales, una vez que el
Estado desarrolle la casi inexistente industria metropolitana.
Los reformadores sabían que el mercantilismo sólo había triunfado y alcanzado su madurez en los
pocos países europeos donde existió una industria manufacturera desarrollada, un mercado extenso
susceptible de unificarse a escala nacional y una burguesía activa, emprendedora y dinámica. los
reformadores se lanzaron a la tarea de industrializar España, de crear una burguesía y de establecer
un mercado de dimensión nacional en el que se integrasen en armoniosa subordinación la totalidad
de las Provincias de Ultramar. Contaban los reformadores para alcanzarlas con el prestigio y la
indiscutida autoridad del rey. Bien administrados, los territorios de la Monarquía saldrían de su
atraso y se enriquecerían.
Los reformadores infravaloraron, sin duda, el tremendo obstáculo que iban a encontrar en el
conservadurismo tradicional y en los intereses creados,tanto en la sociedad peninsular como en la
criolla.
Equilibrio de poderes y comercio colonial
La historia de las relaciones internacionales durante todo el siglo xviii está presidida por la rivalidad
y al antagonismo constantes entre Francia e Inglaterra. Desde su primer gran choque en la guerra de
Sucesión a la Corona española, se creyó que los conflictos que venían ensangrentando a Europa
desde el último tercio del siglo xvii eran debidos a las aspiraciones hegemónicas del Estado que
llegaba a ser más fuerte que los otros. En consecuencia, las estipulaciones del tratado de Utrecht
tratan de consolidar la paz sobre el principio de un equilibrio de poderes; desde entonces hasta
1740, la diplomacia europea trabajó incansablemente por crear,mantener y modificar una serie de
alianzas y coaliciones que agrupasen a los Estados europeos en dos bandos de poder militar y
recursos exactamente iguales, incapaces de vencerse eluno al otro y, por consiguiente, forzados a
mantener la paz.
En lo que al Nuevo Mundo se refiere, el sistema de equilibrio era viable al mediar el siglo xviii, por
el hecho de que sólo cuatro potencias entraban en el juego: España y Portugal, por la extensión de
sus colonias; Inglaterra y Francia, por su poder militar y económico; las pequeñas colonias de
Holanda y otros países, carecen de importancia en el conjunto. Francia e Inglaterra eran rivales y
competidores en tres aspectos: primero, en la colonización de América del Norte y en la pesca en
los bancos de Terranova; segundo, en las Pequeñas Antillas, las ricas islas del azúcar y otros
cultivos tropicales; tercero y principal, en el comercio con los territorios españoles, que constituyen
el mercado comprador de manufacturas más grande y rico de América y la fuente máxima de

2. metales preciosos, sobre todo de la plata que tanto Inglaterra como Francia necesitan para su
comercio con Asia. El difícil objetivo de España consistía en defender sus territorios y en recuperar
el comercio de sus colonias, arrebatándoselo nada menos que a franceses e ingleses, sus verdaderos
usufructuarios. Portugal desempeñó desde el comienzo el único papel que le cabía representar, el de
satélite de Inglaterra; a partir del tratado de Methuen (1703), Inglaterra admitió en su mercado
metropolitano los vinos y otros productos lusitanos, a cambio de invadir Portugal con manufacturas
británicas, que desde allí se reexportaban en gran parte al Brasil; la importancia de Sacramento
consistía en servir de base al comercio directo de portugueses y de ingleses con los territorios
españoles del Plata y del Alto Perú.
Inglaterra y Portugal se alinearon, pues, frente a Francia y España, vinculadas por los dos primeros
Pactos de Familia. De tan amarga experiencia nacería en 1748 una decidida política de neutralidad,
que iba a proporcionar a España el período más largo de paz que disfrutó desde el reinado de los
Reyes Católicos.
La neutralidad no significó aislacionismo, y fue acompañada de una actividad diplomática de
resultados en general satisfactorios. El gesto más ambicioso en ese terreno consistiría en un intento
de aproximación a Portugal para resolver de manera pacífica el crónico problema de Sacramento,
que condujo a la firma del tratado de límites del Brasil (1750); según sus estipulaciones, España
recobraría la colonia de Sacramento y toda la «banda oriental» en la desembocadura del Plata —el
futuro Uruguay— a cambio de generosas concesiones al Brasil en la cuenca del Amazonas y en las
regiones mineras del Matto Grosso, que desde luego estaban muy al oeste de la línea establecida en
el tratado de Tordesillas en 1494. La implementación del tratado de 1750 ofreció imprevistas
dificultades de demarcación sobre territorios mal conocidos y, lo que es peor, originó un
insospechado y doloroso conflicto. La delimitación seguía una parte del curso del río Uruguay,
implicando ceder alBrasil siete pueblos guaraníes de las misiones jesuíticas del Paraguay ; ni los
guaraníes estuvieron dispuestos a quedar en manos de sus enemigos portugueses, pues aún
recordaban la conducta de los bandeirantes, ni los jesuitas toleraron que se arruinase su modélica
labor misional. La resistencia contra las tropas lusoespañolas fue larga (1754-1756). Los jesuitas se
habían enfrentado con los reyes de España y Portugal, actuando como organización poderosa e
independiente; en 1759 serían expulsados de todos los dominios de Portugal, y en 1767 de los de
España. En el año 1761 quedaría anulado el tratado de límites; los lusitanos no querían perder
Sacramento, ni Carlos III deseaba hacer unas concesiones territoriales que le parecieron enormes y
excesivas.
La neutralidad de Fernando VI no quedaría afectada por el comienzo de la guerra de los Siete Años
(1756-1763), tremendo duelo franco-inglés con teatros de operaciones en cuatro continentes, lo que
la convierte en la primera guerra mundial. En 1760 la guerra terminaba en América con la victoria
total de Inglaterra, y en 1761 se firmaba el tercer Pacto de Familia.
El desastre de 1763 actuó como fuerte revulsivo en la Corte española. No resulta sorprendente que
el plan general de reformas coloniales quedase terminado en 1765. Su aplicación gradual, aunque
apresurada, se inicia acto seguido, para culminar en 1776-1779. Pero, una vez más, las
circunstancias internacionales impidieron a los reformadores disponer del tiempo que sus planes
requerían para convertirse en realidades. Aquel mismo año, las Trece Colonias inglesas de
Norteamérica empezaban la revolución armada contra su metrópoli, declarando su independencia
—en ese instante ilusoria— en 1776.
Las dificultades de Inglaterra coincidieron con un ataque portugués en el sur del Brasil; a los pocos
meses,para llegar al tratado de San Ildefonso con Portugal (1777). A cambio de mostrarse muy
generosa en la fijación de límites con Brasil, España lograba tres objetivos importantes: primero,
acabar definitivamente con la pesadilla de Sacramento, al que Portugal renuncia; segundo, en el
inmediato tratado de El Pardo (1778), obtener algunas garantías comerciales y separar a Portugalde
Inglaterra durante los próximos y críticos años; tercero,adquirir las islas de Fernando Poo y
Annobón, primeras posesiones españolas en el golfo de Guinea, que serían de eventual utilidad en
el futuro de la trata de negros.

3. La postura de Francia, decidida sin conocimiento de España, colocó a esta ante un dilema nada
fácil: adoptar una neutralidad vigilante o situarse aliado de Francia. Vuelve a ser muy tentador
especular sobre las posibilidades que la coyuntura ofrecía a España,mas limitándonos a los hechos,
comprendamos que ver a la enemiga Inglaterra metida en un mal paso, en guerra con Francia y
aislada diplomáticamente, resultase un estímulo casi irresistible para el revanchismo del gobierno
español, que optó por intervenir contra Inglaterra (1779). Más importante que las operaciones sería
el resultado diplomático del conflicto en el tratado de Versalles (1783).
El saldo positivo de la paz se limitó, en Europa, a la recuperación de Menorca; en América, con la
cesión inglesa de las Floridas oriental y occidental, toda la costa del golfo de México quedaba en
manos de España; los cortadores de palo ingleses fueron eliminados de la costa de los Mosquitos
(Honduras y Nicaragua). A esto quedaban reducidos los sueños de revancha. En 1793, el tono
general es de absoluto desaliento; los reformadores saben que su sueño de hacer de España una gran
metrópoli comercial es irrealizable, que han fracasado, que el tráfico de las colonias depende de
estas y de la iniciativa de la burocracia colonial que las rige, pero que se encuentra ya en manos de
los comerciantes ingleses. En efecto, las Provincias de Ultramar realizarán su propio y floreciente
comercio con colonias extranjeras en América (1795), y con diversos países en buques bajo
pabellón neutral (1797); la absoluta —aunque no oficial— libertad de comercio es, desde estos
años, tan completa como lo permiten los, omnipresentes buques y comerciantes ingleses. Los
puertos peninsulares quedan reducidos a lugares muy secundarios de partida y de arribada en el
tráfico americano, y sólo en los contados años en que lo permite el bloqueo inglés, durante las
inacabables guerras a que en su lugar nos referiremos.
El saldo negativo de la guerra de 1779-1783 no quedaría completado sin mencionar la consecuencia
más importante de aquel conflicto: la aparición de los Estados Unidos como nueva nación, tan
vigorosa, voraz y expansiva como Inglaterra, pero todavía más peligrosa para España y sus
provincias de Ultramar. tanto a corto como a largo plazo. La voracidad británica se cebaba en
«Gibraltares», mercados y tráficos; la de Estados Unidos se cebaría en todas esas cosas, y además,
en territorios, como tendremos oportunidad de exponer. Como ejemplo, modelo y precedente, la
mera existencia de la nueva nación iba a tener consecuencias transcendentales,no sólo en América,
sino en todo el mundo.
Estrategia colonial y reformas militares
Dada la indefensión militar de las Indias (supra, cap. VIII.2),el hecho de que estas superasen
intactas la guerra de Sucesión española sólo se explica porque sus principales enemigos, los
ingleses, prefirieron lucrarse con el comercio exterior de aquellas. Las colonias extranjeras se
establecieron en su mayor parte en islas o costas no ocupadas por los españoles.
Cuando, por fin, en el reinado de Felipe V se concibe e inicia un proyecto de reconstrucción de la
marina española, esta se emplea sobre todo en Europa, primero al servicio de empresas dinásticas,
luego en apoyo de intereses nacionales, pero especialmente en el Mediterráneo; en Indias, ya
expusimos que la actuación de los guardacostas contra el comercio ilícito extranjero supone, por
primera vez, una política naval efectiva, aunque tardía. El esfuerzo más sostenido y fecundo por
convertir a España en verdadera potencia naval lo llevó a efecto el marqués de la Ensenada entre
1743 y 1754; fruto de sus desvelos sería la construcción de una escuadra moderna y eficiente.
España dispondría solamente de cincuenta y cuatro en 1774. La ventaja de Inglaterra radicó en el
fuerte apoyo que los grupos de presión mercantiles y marítimos ofrecieron a una política colonial,
comercial y naval muy agresiva; una bien orquestada «opinión pública» en Londres y en las
ciudades portuarias ejerció eficaces presiones sobre el Parlamento, siempre reacio a votar fondos
para el ejército, pero dispuesto o forzado a aprobar gastos para la marina; el Almirantazgo se
cuidaría de organizarla y de prestigiarla con éxitos espectaculares donde más fácil resultaba
obtenerlos: en América. La talasocracia británica iría, de esa manera,llenando los mares de buques
y el mundo de «Gibraltares», redondeando el imperio con la adquisición de un mínimo de territorios
cuya administración le ocasionó más problemas que ventajas reales.

4. Resultaba imposible para España competir con los británicos, a causa de una inferioridad estructural
ya irremediable en el siglo xviii. La calidad de las tripulaciones y su costoso mantenimiento
constituiría un problema insoluble, por insuficiencia de recursos humanos y económicos. A falta de
una burguesía mercantil numerosa y fuerte como la inglesa, la política naval española corrió a cargo
del Estado, al cual faltó el estímulo y la presión de la iniciativa privada.
Volviendo al aspecto estrictamente militar, la inferioridad estratégica de España en el Nuevo
Mundo era también irremediable. las dilatadísimas y accesibles costas indianas eran casi
indefendibles sin un triple dispositivo de buques, fortificaciones y guarniciones terrestres,
infinitamente más extenso y costoso que el inglés.
La forzosa dispersión de efectivos navales impuesta por la desfavorable situación estratégica situó a
la Monarquía española en circunstancias tácticas de inferioridad.
Sin la posibilidad de una defensa naval suficiente, esta debía suplementarse con fortificaciones y
tropas en aquellos lugares de alto valor estratégico. Sin embargo, con la excepción de puertos y
bases navales clave, la defensa más barata y eficaz solía consistir en una defensa en profundidad a
cargo de fuerzas terrestres; estas se retiraban hacia elinterior, para contraatacar en elmomento
oportuno o tras recibir refuerzos.
Las existentes milicias urbanas se disolvieron y volvieron a crearse con mandos e instructores
profesionales y dotadas de buen armamento, otorgándoseles el papel de fuerzas auxiliares y reserva
general. Se aspiraba a que las tropas regulares cubrieran en tiempo de paz la totalidad de los
servicios de guarnición y de instrucción de las milicias. En tiempos de guerra, se confió en que
tropas regulares y milicias disciplinadas pudieran actuar como verdaderos ejércitos de operaciones,
capaces de acudir con rapidez al lugar donde se requiriera su presencia,con efectivos útiles de hasta
veinte mil hombres en cada territorio o provincia principal.
Las colonias en la Monarquía nacional
Para explicarnos la mentalidad y propósitos de los reformadores en lo que a Ultramar se refiere, nos
parece indispensable aludir al doble origen del reformismo, en el que convergen una larga tradición
castellana y un intento de adaptación de modelos franceses. Aquella tradición tiene, a su vez, una
doble base. De un lado, la doctrina jurídica sobre teoría y estructura del Estado, que en lo
concerniente a las Indias alcanzó su más completa formulación en la Política Indiana de Juan de
Solórzano.
Después de la guerra de Sucesión, a la Monarquía nada le quedaba de universal, y tras los llamados
Decretos de Nueva Planta (1705-1716) quedó claro que una rígida centralización político-
administrativa iba a imponerse en la medida de lo posible; no menos cabía esperar de un rey
imbuido —como francés— delespíritu racionalista y uniformador galo, así como de la idea del
origen divino de la Monarquía y del poder supremo e ilimitado de su titular; los antiguos fueros se
respetaron sólo para algunas regiones y en la medida en que fueron compatibles con la autoridad del
monarca. Durante la primera mitad del siglo xviii, la nueva política de uniformidad y centralización
fue arraigando en los territorios o dominios peninsulares, mientras que los ultramarinos conservaron
de hecho sus tradiciones políticas y administrativas.
Queda de ese modo configurada la nueva Monarquía nacional centralizada, cuya administración se
dirige de manera efectiva desde la Corte; en esta,el poder se concentra cada vez más en el ya
preponderante Consejo de Castilla, cuyo presidente llegó a ser —tras la reorganización de 1766 la
autoridad más alta después del rey. la subsiguiente división de la Secretaría de Indias en dos —una
para asuntos de guerra y hacienda, otra para gracia y justicia— y la creación de la Junta de Estado,
que reuniría a todos los ministros al menos una vez por semana y cuya meta fue unificar y
racionalizar al máximo la acción de gobierno. La posterior supresión de las Secretarías de Indias
(1790) y distribución de los asuntos coloniales entre las secretarías o ministerios que tienen a su
cargo los metropolitanos (Estado, Hacienda, Guerra, Gracia y Justicia) no parece implicar un
cambio de política, sino un refuerzo de la misma. Lo que sí está claro es que, después de 1787, los

5. documentos internos de gobierno se refieren a los dominios americanos como colonias, en el
sentido más preciso y riguroso del término.
La conquista del Nuevo Mundo, como vimos, en nada esencialse distingue de otros fenómenos de
conquista y colonización fronteriza ocurridos en Europa durante la Edad Media; la sociedad indiana
que surge en Ultramar, resultado del trasplante y adaptación de una sociedad estamental,
mediterránea y tradicional, fue —a lo sumo— protocolonial, en la medida en que explotó
económicamente a nativos y a esclavos africanos; dentro del marco político de la Monarquía
Universal, los reinos de las Indias evolucionaron hacia sociedades pre-nacionales sustancialmente
europeo-mediterráneas, agrupadas bajo una Monarquía que en el siglo xvi aún tiene un cierto
contenido patrimonial; el rey, como señor, obtiene los recursos que en sus reinos de las Indias le
corresponden, y sin duda procura incrementarlos; aunque impone restricciones ocasionalmente y
concede privilegios a grupos de presión (nobles, mercaderes,etc.),no se interfiere en el desarrollo
de cuerpos políticos intermedios si las aspiraciones de estos pueden acomodarse dentro del sistema.
Ni los españoles ni sus monarcas dejaron de ser colonialistas por especial virtud, sino por
incapacidad de serlo. Condición previa al colonialismo moderno era la existencia en la posible
metrópoli de un cierto grado de desarrollo económico y social (capitalismo comercial avanzado,
burguesía mercantil, pre-industrialización) que España no alcanzó. El verdadero colonialismo
moderno se inicia en América,como vimos, ya entrado el siglo xvii, por holandeses, franceses e
ingleses; son ellos quienes lo inventan (pacto colonial, mercantilismo), lo implantan en sus colonias
y, ya desde comienzos del siglo xviii, lo ejercen en las Indias españolas a través de su comercio
directo con ellas.
La nueva Monarquía Nacional española de 1768-1775 no es más que una reacción defensiva para
enfrentar esos peligros; un esfuerzo por fortalecer el gobierno, su autoridad y su eficacia; por
instaurar el mercantilismo que había proporcionado a los países extranjeros rivales su riqueza, su
capacidad de modernización, su poderío militar. La tragedia de los reformadores y de la nueva
Monarquía consistió en que los obstáculos internos y externos resultaron más fuertes que ellos. El
régimen político tradicional no podía ser desmantelado de la noche a la mañana; los cuerpos
políticos intermedios representaban un obstáculo en el camino de la centralización, racionalización
y eficacia operativa del gobierno, y faltaba tiempo para acomodarlos, mediante transacciones
inevitablemente graduales y lentas, dentro del nuevo sistema.
El proyecto de administración colonial
La reforma administrativa de las Provincias de Ultramar, tal como fue concebida y planeada,
asombra por lo audaz, drástica y revolucionaria; en términos comparativos, representa elmás serio
esfuerzo realizado por cualquiera de los imperios europeos del siglo xviii con objeto de modernizar
y hacer efectivo el gobierno de sus colonias. El proyecto general se basaba en cuatro principios
fundamentales. Según el primero, la administración pública correría directamente por cuenta del
Estado; todos los oficios públicos enajenados a beneficio de particulares, bien fuese temporalmente,
a perpetuidad o con carácter hereditario serían rescatados por la Corona y ejercidos en adelante por
funcionarios públicos asalariados; las delegaciones de servicios en personas o instituciones privadas
—arrendadores de impuestos, titulares de asientos, contratistas, etc.— serían abolidas, y el Estado
asumiría esos servicios en gestión directa.
El segundo principio consistiría en que todas las funciones de la administración pública quedasen a
cargo de verdaderos profesionales, nombrados en razón de su preparación y competencia,
responsables ante sus superiores jerárquicos, que ascenderían en función de sus méritos y estarían
bien remunerados, pero que serían también destituidos y castigados en el caso de mostrarse
incapaces, indisciplinados o deshonestos. Iban a desaparecer,como puertas de acceso a cargos
públicos, la herencia, la compra, el nepotismo y la corrupción en todas sus formas; sólo contarían la
preparación y los méritos personales.
El tercer principio básico del sistema iba a consistir en una completa modernización de las técnicas
administrativas, que sería posible dada la competencia profesional de los nuevos funcionarios

6. públicos; todos ellos recibirían instrucciones claras y precisas, informarían con frecuente y
periódica regularidad a su superior, y estarían constantemente fiscalizados por su jefe, fiscalizando
a su vez a sus subordinados.
El cuarto y más importante principio reformador, quizá también el más revolucionario, fue el de la
observancia de la ley. La meta reformadora consistió en sustituir esa fórmula por la que podríamos
frasear así: «obedezco, cumplo e informo de haberlo hecho, con rapidez y exactitud». No se trataba
sólo de cambiar de arriba a abajo un sistema sino, además, de clarificarlo y de empezar un juego
nuevo con una nueva baraja.
Era preciso, asimismo, un flujo de comunicación lo bastante intenso y rápido para que las leyes
pudieran sujetarse a los requisitos antes mencionados; la creación y buen funcionamiento del
servicio de correos y la laboriosidad de los burócratas a ambos lados del Atlántico —de la que se
dio en la Corte buen ejemplo— hicieron factible el ritmo de comunicación necesario. Hacía falta
autoridad, decisión, firmeza y alta moral en la cúspide; Carlos III tuvo un elevadísimo concepto de
la autoridad real.
La implantación de las reformas administrativas se debió en buena medida al impulso de José de
Gálvez, el único secretario de Indias (1775-1787) que, como visitador general de Nueva España
(1765-1771), había adquirido experiencia administrativa directa, intensa y de alto nivel en Ultramar.
Gracias a ello y a su personal audacia y energía, Gálvez pudo organizar e implantar la innovación
administrativa de mayor alcance concebida para Ultramar: el sistema de intendencias. De origen
francés e inicialmente aplicadas a la administración militar, las intendencias se extendieron a la civil
—tanto en la metrópoli como en las colonias galas— y, durante la primera mitad del siglo xviii, se
fueron copiando y adaptando hasta quedar implantadas en la España peninsular, con arreglo a la
Ordenanza de 1749. Tres años antes se había pensado en aplicar el sistema en Indias, pero la idea no
tuvo consecuencia alguna, aparte de un tímido ensayo en Cuba (1764). Fue Gálvez quien las
implantó, primero en Caracas (1776), luego en el nuevo virreinato del Plata (1777) y finalmente en
todos los dominios de Ultramar, incluidas las Filipinas y con la única excepción del virreinato de
Nueva Granada, donde no llegaron a existir. Fueron creadas un total de 44 intendencias en
Ultramar, que se regularon mediante las ordenanzas de 1782 y 1786, ya que las posteriores de 1803
no alcanzaron a tener vigencia.
Los nuevos intendentes, elegidos bajo el reinado de Carlos III con el mayor cuidado, constituyen el
tipo de funcionario más representativo de las reformas: gobernadores de carrera,bien remunerados,
bien preparados y de moderna personalidad burguesa o aburguesada, están tan lejos de los
aristocráticos virreyes como de los pobres diablos solicitadores de cargos entre quienes se venía
reclutando la mayor parte de los corregidores. Las atribuciones del intendente eran muy amplias,
incluyendo todas las ramas tradicionales del gobierno secular —hacienda, justicia, guerra y
gobierno civil—, más una importante atribución en el gobierno eclesiástico: ejercer el vicepatronato
de la Iglesia, facultad esta que jamás sería otorgada a los intendentes de la Península. Como jefe y
responsable de la totalidad de los funcionarios de hacienda de su distrito, además titular de la
jurisdicción contenciosa en todo lo relacionado con el tesoro público, sobre el intendente recaería la
tarea de fiscalizar la recaudación, administración y contabilidad de todos los impuestos; debía velar
por que se cumpliesen todas las reformas hacendísticas, recibiendo autoridad para gobernar el ramo
de forma que aumentasen los ingresos todo lo posible, con arreglo a las leyes, y se minimizasen los
gastos de gestión y administración. En materias de justicia, el intendente actuaría como juez de
primera instancia, así en lo civil como en lo criminal y contencioso, asistido por su teniente letrado,
profesional del derecho a quien se elige con cuidado y que sustituye al intendente en caso de
enfermedad o ausencia. En materias de guerra,el intendente actuaría como pagador militar, estando
encargado de proporcionar a las tropas en su distrito alojamientos, suministros, dinero y facilidades
logísticas, sobre todo en caso de guerra exterior o de desorden interno. Como gobernador regional,
el intendente desempeñaría, además de las funciones normales, la de policía, que incluye no sólo
mantener el orden público, sino también fomentar la economía, acometer obras públicas de todas
clases,planes de urbanización y desarrollo. Por si todo esto era poco, el intendente debía visitar con

7. frecuencia todo el territorio de su jurisdicción, con idénticos fines que otrora cumplían los oidores
en sus visitas de la tierra: remediar todo lo malo que encontrasen y fomentar todo lo bueno que
brillara por su ausencia.
El sistema de intendencias suponía el establecimiento de un inexistente, pero muy necesario,
escalón administrativo regional entre virreyes por arriba y corregidores por abajo, salvando el
abismo que entre estos dos escalones existía. Las intendencias supusieron, de un lado, una
moderada descentralización, ya que el virrey quedaría desembarazado de todos los problemas que
un buen intendente debía resolver, pero también, de otro lado, la presencia directa de la burocracia
real en aquellas zonas provinciales donde no había existido hasta entonces; de ese modo, la habitual
desorganización y anarquía iban a ser sustituidas por un control efectivo de las gentes y de sus
actividades: se creaba un aparato indispensable para implantar el revolucionario principio de
observancia de la ley. A diferencia de la Península, donde los intendentes se insertaron por encima
de los corregidores y coexistieron con ellos, en América se consideró que el gobierno provincial
estaba tan corrompido que debía suprimirse; al ser implantadas las intendencias desaparecieron los
corregidores y alcaldes mayores, que serían reemplazados por subdelegados del intendente, en
principio nombrados por este,mas pronto por el virrey dentro de una terna que el intendente
proponía. A este quedaban subordinados rígidamente los nuevos subdelegados, lo que convertía a
los intendentes en verdaderos y poderosos gobernadores regionales. A la cabeza de los intendentes
de cada virreinato se instituía, como su superior directo, un superintendente general, jefe supremo
de la hacienda pública del virreinato, que dependería directamente del monarca y sustituiría al
virrey como ordenador general de pagos y en todas sus funciones hacendísticas. Se esperaba del
superintendente que unificase la administración de la totalidad de los fondos públicos, lograse su
efectivo control —haciendo eficientes los hasta entonces inoperantes tribunales de cuentas— e
implantase las numerosísimas reformas fiscales: administración directa de todos sus ramos;
renovación técnica de las casas de moneda como instrumento de las reformas monetarias; creación
de aduanas para recaudar los impuestos sobre el comercio interior y exterior; organización de
administraciones de rentas,donde con el mínimo personal se manejara el máximo número de
impuestos; creación o renovación de administraciones separadas para los monopolios estatales
nuevos.
Por añadidura, el superintendente habría de modernizar las antiguas cajas reales,implantando en
ellas la contabilidad por partida doble y acabando con los tradicionales alcances de cuentas. Para
terminar, mencionadas ya las reformas militares, aludiremos a las implantadas en las audiencias; se
instituyeron algunas nuevas —como resultado de la reorganización territorial que vamos a estudiar
seguidamente— en Caracas (1776) y Buenos Aires (1785); la de Cuzco se estableció (1787) como
consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru; la de Santo Domingo, al perderse esta colonia, fue
trasladada a Cuba (Puerto Príncipe, 1799). Las audiencias conservaron su estructura,aunque desde
1776 contarían con un regente encargado de programar su trabajo y fiscalizar al personal; esto fue
sólo parte de un esfuerzo por concentrar a los oidores en sus tareas de jueces y limitar
progresivamente las comisiones administrativas y políticas que, en número casi infinito, se les
habían venido adjudicando.