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Renuncia de Avilés es por falta de
resultados: S-22
Analizará magisterio todos los pendientes y promesas del Gobierno del
Estado
por Yadira Sosa el Sábado 15 de abril de 2017 - 07:46:09
La Sección 22 del magisterio oaxaqueño no descartó que la renuncia de Alejandro Avilés como secretario
general de Gobierno forme parte de una estrategia política, ante la ausencia de resultados mientras se mantuvo
en el cargo.
El vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Wilbert
Santiago Valdivieso, confió en que el ahora extitular no sea asignado a otras funciones donde pueda manejar y
manipular los recursos públicos.
El exsecretario general renunció la noche del jueves, luego ser exhibido en redes sociales por haber utilizado
para uso personal un helicóptero propiedad del Gobierno del Estado.
La dirigencia de la Sección 22, de acuerdo al secretario de Prensa y propaganda, analizará de manera precisa
todos los pendientes y promesas que se obtuvieron con la Secretaría General de Gobierno, mientras estuvo al
frente el militante priista.
"No es nuevo que este tipo de funcionarios utilicen recursos públicos; los políticos saben que al hacer uso de
ellos podría generarse una renuncia", cuestionó el profesor.
Expuso que desde que iniciaron las mesas de diálogo y negociación con la nueva administración estatal, los
trabajadores de la educación no han obtenido solución a sus principales demandas, de carácter educativo,
económico, social y político.
AsImismo, precisó que se mantendrán atentos a la actuación de Carmelita Ricárdez Vela como encargada de la
Secretaría General de Gobierno, de quien advirtieron no podrá dar solución a las demandas sociales por la línea
política que posee.
"Como Sección 22 exigimos alguien que resuelva y no obstaculice", insistió Santiago Valdivieso, al dejar en
claro que el magisterio se mantiene en alerta para continuar sus movilizaciones aún en temporada vacacional.
México tercer país más peligroso para
periodistas, le siguen Siria y Afganistán
AGENCIA
REFORMA
Marzo fue un mes negro para el periodismo en México.
Agence France-Presse
Marzo, mes fatídico
"Has tenido que enterrar colegas, ver a otros compañeros salir del país, pero cuando te toca a ti
entras en pánico", asegura el reportero Noé Zavaleta, uno de los cientos de amenazados en
México, el tercer lugar más peligroso del mundo para los periodistas.
Marzo fue un mes negro para el periodismo en México. Tres reporteros fueron asesinados y un
cuarto sigue hospitalizado tras ser baleado. Un diario regional cerró denunciando la falta de
seguridad para ejercer un "periodismo crítico".
El año pasado, el país registró un triste récord: más de 400 agresiones contra la prensa y 11
periodistas asesinados, según datos de la ONG Artículo 19.
Aun así, profesionales como Zavaleta, de 36 años, siguen escribiendo sobre vínculos entre
políticos y organizaciones criminales, corrupción, desaparecidos y los cientos de cadáveres
descubiertos en fosas comunes clandestinas.
"Cada vez te llegan más temas, más injusticias, más tela de dónde cortar", explica a la AFP al
calor de la tarde en Xalapa, su ciudad natal y capital del estado de Veracruz, en el este, donde
ocurrieron dos de los cuatro ataques a periodistas en marzo.
El tercero más peligroso
Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, México es el tercer país más peligroso para ser
periodista luego de Siria y Afganistán, con 102 asesinados desde 2000. Y Veracruz, el estado
mexicano con más informadores muertos: 20.
Como corresponsal de la revista mexicana Proceso, reconocida por sus investigaciones, Zavaleta
aceptó transitar por una ruta en la que colegas y amigos dejaron la vida.
Bajo amenaza del estado
Llegó a la publicación en 2012 para cubrir el puesto dejado por Regina Martínez, que también
denunció corrupción y abusos del gobierno estatal, y cuyo violenta muerte sigue sin resolverse.
Y trabajó con el fotógrafo Rubén Espinosa, quien abandonó Veracruz denunciando amenazas de
autoridades estatales y terminó asesinado en julio de 2015 en un escabroso incidente en Ciudad
de México.
Desde hace una década, denuncia Artículo 19, más de la mitad de amenazas a periodistas en
México proceden de funcionarios, a lo que se suma una impunidad casi total: 99,75% de casos
sin resolver.
Hasta enero, Zavaleta vivía permanentemente acompañado por dos escoltas armados, a raíz de las
amenazas recibidas tras la publicación en junio del libro "El infierno de Javier Duarte", sobre un
exgobernador actualmente prófugo a quien la justicia imputa graves cargos de corrupción.
Comenzó recibiendo mensajes con insultos y amenazas a los que siguieron correos anónimos a la
prensa y las autoridades acusándolo de ser "un reportero cooptado por el narco".
Hombres desconocidos aparecieron merodeando su oficina, su casa y la de su novia. Como
resultado, hizo las maletas y huyó a la capital donde denunció su caso a las autoridades federales.
"Nadie te da garantías"
Otros de sus compañeros, denuncia, no pudieron beneficiar de la misma protección que él debido
a restricciones presupuestales.
Y más aún, uno de sus antiguos escoltas murió a fines de marzo, al recibir un disparo mientras
protegía a otro periodista: "siempre se quejaron de que necesitaban chalecos antibalas y que
necesitaban un mejor vehículo y en los seis meses nunca les autorizaron esto por un tema de
insuficiencia presupuestal".
"Aquí en México nadie te da garantías. Uno decide regresar porque es testarudo, es aferrado, es
apasionado a esto", dice vehemente.
Redacción del Piñero | @elpinero | 14, Abril 2017
Criminales emboscan a periodista y
a su esposa en La Paz, BCS; ella
vive, a él lo matan de 15 disparos
El Colectivo Pericú, medio para el que Maximino Rodríguez colaboraba, detalló que
sujetos desconocidos dispararon contra el periodista y su esposa, desde una camioneta
pick up color blanca, que circulaba sobre el bulevar Forjadores. La mujer resultó ilesa,
mientras que el cuerpo del reportero quedó inerte al interior del vehículo.
El pasado 28 de marzo, un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada
en el domicilio del reportero Julio Omar Gómez Sánchez, en Cabo San Lucas, donde el
escolta asignado a la seguridad del periodista los enfrentó y perdió la vida.
Tijuana/Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El reportero Maximino Rodríguez
Palacios, de 73 años de edad y colaborador del portal Colectivo Pericú, fue asesinado
al medio día de este viernes, en el estacionamiento de una tienda departamental de La
Paz, Baja California Sur, cuando iba en compañía de su esposa, quien resultó ilesa.
De acuerdo con información de Colectivo Pericú, sujetos a bordo de una camioneta pick
up color blanca, que circulaba sobre el bulevar Forjadores, frente a la tienda City Club,
dispararon contra el periodista y su esposa cuando ser encontraban en su vehículo.
La mujer resultó ilesa, mientras que el cuerpo del reportero, quien recibió al menos 15
disparos, quedó inerte al interior del automóvil
Rodríguez Palacios arribó a la zona de estacionamiento a bordo de su vehículo, un
Honda sedán de color azul, cuando recibió los disparos, al parecer con rifles de alto
poder. Según Colectivo Pericú, el reportero se acababa de estacionar en la zona de
discapacitados, donde solicitaría una silla de ruedas para su esposa, quien tiene
problemas de movilidad.
Rodríguez Palacios fungió como vocero del Tribunal Superior de Justicia local y de la
Procuraduría General de Justicia del estado , además trabajó como corresponsal de los
diarios El Heraldo y Excélsior.
En la actualidad, Max, como le decían sus conocidos, escribía una columna sobre
temas de seguridad y política.
El pasado 28 de marzo, un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada
en el domicilio del reportero Julio Omar Gómez Sánchez, en Cabo San Lucas, donde el
escolta asignado a la seguridad del periodista los enfrentó y perdió la vida.
Julio Omar Gómez cuenta con protección debido a que ha denunciado ante la
Procuraduría General de la República (PGR) dos atentados previos que ha sufrido en
su contra, por lo que se sometió al Programa de Protección a Periodistas.
Este día, antes de darse a conocer el asesinato de Maximino Rodríguez, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que llevará a cabo un reunión con
los fiscales y unidades especializadas para diseñar y homologar un protocolo para la
protección de periodistas en riesgo.
“[La CNDH convocará a] un encuentro que permita conocer e intercambiar buenas
prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el
objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración
de justicia”, detalló el organismo en un comunicado.
-Con información de Zeta y Colectivo Pericú.
Periodista Maximinio Rodríguez. Foto: Especial
PGR abre investigación por el asesinato del reportero
Maximinio Rodríguez
POR PATRICIA DÁVILA , 15 ABRIL, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República
(PGR ) inició una carpeta de investigación por el homicidio del periodista Maximino
Rodríguez, registrado la tarde de este viernes 14, en el estado de Baja California.
La PGR indicó, en un comunicado, que una célula ministerial integrada por peritos de varias
especialidades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad
de Expresión se traslada a ese estado para iniciar la investigación, con el fin de recabar indicios
de prueba.
La investigación se realizará a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparo, en su delegación estatal en Baja California Sur.
Según PGR, inmediatamente que se tuvo conocimiento de los hechos, la representación del
Ministerio Público de la Federación (MPF) dio inicio a las indagatorias y se conformó una célula
de investigación por agentes del mismo MPF, elementos de la Policía Federal Ministerial y
peritos en las especialidades de Criminalística de Campo, Química, Balística, Fotografía Forense,
Dactiloscopia, Medicina Forense, Psicología, Genética, Valuación y Tránsito, entre otros.
Según reportes, el asesinato del reportero fue tras recibir varios impactos de bala de rifles de alto
poder, mientras se encontraba en el estacionamiento de la tienda City Club en La Paz, Baja
California Sur, en compañía de su esposa, cuando sicarios se emparejaron al vehículo del
comunicador y abrieron fuego contra él.
Rodríguez Palacio, de 73 años, era periodista de Colectivo Pericú.
CNDH busca capacitar a investigadores de agresiones a
comunicadores
DE LA REDACCIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que en los próximos días
convocará a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión de los gobiernos
estatales a un encuentro para conocer e intercambiar buenas prácticas para abatir la impunidad en
las agresiones contra periodistas.
En un comunicado, el organismo informó que dicha labor se realizará junto con la
Procuraduría General de la República, y entre sus principales objetivos se encuentra diseñar un
protocolo de actuación rápida para que quienes investigan agresiones a periodistas cuenten con
mejores herramientas.
De igual manera, se busca que las fiscalías o unidades especializadas trabajen en la detección
de riesgos, tomando en cuenta el contexto en que desarrollan su labor profesional los
comunicadores, además de que impulsen campañas de denuncia para que los periodistas
agraviados recurran a las autoridades.
Empeora huelga de urbaneros, pararía 60% de los choferes
El desacuerdo entre las partes alargará aún más el paro parcial que cumplió ayer 23
días.
GIOVANNA
MARTÍNEZ
Los choferes quieren conservar el empleo pero bajo mejores condiciones laborales.
<
>
Juan Zavala
Sindicato rechaza oferta de la empresa; Sevitra: la mayoría no circula
La representación sindical de los trabajadores en huelga de Choferes del Sur y Transportes
Urbanos de la Ciudad de Oaxaca (Tucdosa) rechazaron la propuesta de liquidación y terminación
de la relación laboral propuesta por la parte patronal para terminar con el conflicto sindical.
El desacuerdo entre las partes alargará aún más el paro parcial que cumplió ayer 23 días y pondrá
en una situación complicada a las empresas del transporte público urbano de la capital del estado
y municipios conurbados, quienes tendrán que parar el 60 por ciento de las unidades e integrarlas
a la huelga.
El secretario general del Sindicato de Choferes del Sur y Tucdosa, Alejandro González Forastieri,
explicó que la presidenta del Consejo de Administración de ambas empresas, Alejandra Gómez
Candiani, ofreció liquidar a los trabajadores sobre la base de 80 pesos diarios lo que es menor al
salario con el que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual
es de 86 pesos, y mucho menor al sueldo que establece la Comisión Nacional de Salarios, que
para los choferes debe ser de 113 pesos.
Los patrones fueron quienes pusieron sobre la mesa la terminación de la relación laboral con los
trabajadores en huelga y proceder a su liquidación. Sin embargo, la propuesta del sindicato con
base a sus cálculos es que debe pagarse a más de 350 trabajadores una cantidad superior a los 241
millones de pesos. Entre 77 mil y 600 mil pesos por trabajador, según su antigüedad en el trabajo.
“Ellos están ofreciendo una liquidación que no es legal y sobre un salario que ni siquiera es el
que está en el seguro social ni el que le corresponde a los trabajadores”.
González Forastieri, además, sostuvo que la postura del sindicato es que los choferes conserven
el empleo pero bajo mejores condiciones laborales. Con la huelga que inició el pasado 20 de
marzo, los trabajadores denunciaron jornadas de 14 horas de trabajo diarias, multas por faltar los
días domingo o conmemorativos, cobros por seguros de daños, entre otras situaciones que
atentaban contra sus derechos laborales.
Tras el estancamiento en las mesas de negociación, el procedimiento legal continuará y el
sindicato ha interpuesto un juicio de responsabilidad contra Gómez Candiani, que de perderlo
tendría que obligar a la empresa a liquidar a los trabajadores con base al planteamiento que ya
hizo el sindicato.
A esto se suma, que la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) aceptó girar el oficio para
revisar el número de unidades con las que cuentan las empresas como ordenó la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje (JLCyA), para posteriormente parar el 60 por ciento de los vehículos de
Choferes del Sur e integrarlos a la huelga. Esto, según determinó la autoridad laboral, se
realizaría el próximo lunes 17 de abril.
Hasta ayer, continuaban en circulación la mayoría de los camiones urbanos y que según González
Forastieri, es por la arbitrariedad de las empresas. Asimismo, informó que Gómez Candiani ha
sacado a circulación camiones viejos para reemplazar a los que están en paro; pero también para
sustituirlos por modelos más nuevos ante el temor de un embargo de los vehículos a favor de los
trabajadores.
“Porque hay un trabajador que ganó por años de antigüedad, hace dos meses, y ese costo tiene
dos millones 800 mil pesos. La empresa lo que ha hecho es cambiar el número y la razón social
de la empresa, y cambiarlos por camiones viejos para que no se los embargue el trabajador”,
aseguró.
El líder sindical, González Forastieri, dijo que también solicitaron al gobierno del estado que ante
la postura de la parte patronal, que sea la JLCyA el árbitro legal entre las partes y que determiné
si las empresas están cumpliendo con la ley o no.
A partir de mayo cobrará Tuxtepec $45 por
basura al mes
A partir de ahora los usuarios del servicio de basura deberán pagar por la
recolección
Fernando Soler
TUXTEPEC, OAX.-A partir de este mes habitantes de las colonias y fracccionamientos que
existen en esta ciudad, deberán pagar 45 pesos mensuales por el la recolección de la basura.
La disposición les fue informada a los representantes de los recién nombrados comités de vecinos
por parte de la dirección de gobernación municipal a través del área de servicios públicos, ya que
con ello, "se intenta que pueda generarse una cultura de concientización (sic)" fue el argumento
de Gaudencio López Solís, responsable del departamento de gobernación.
El gobierno municipal busca que en este caso los usuarios saquen la basura de sus hogares poco
antes de la hora en que las unidades recolectoras pasen por el lugar, así como en unos días más al
momento de escuchar la campana de los camiones.
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Argumentó que necesario que la población pague por la recolección de la basura, aunque de este
cobro estarán exentos quienes ya pagaron todo el año cuando efectuaron el pago de los impuestos
municipales como el predial y el agua potables; el resto tendrán que pagar los 45 pesos que se les
cobrará mensualmente.
El municipio dispone de 17 unidades y por el cual el gobierno municipal se gasta alrededor de un
millón de pesos por unidad recolectora, es decir entre los 16 y 17 millones de pesos por año en el
pago a trabajadores, combustible y mantenimiento de los camiones.
Y para contribuir a que la basura no se convierta en un grave problema social como el que se
advierte ante la falta de un nuevo relleno sanitario, es necesario cambiar la cultura de la
población.
Dinero
Siempre cae un pez gordo en elecciones
Que lo manden a EU, aquí lo soltarían
Papa caliente, tiene mucha información
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
E
l ex gobernador priísta de Tamaulipas Tomás Yarrington fue apresado en Italia. Hay dos fichas
rojas solicitadas a la Interpol, una por México, por delitos contra la salud, y otra por Estados
Unidos, por importación y distribución de drogas y lavado de dinero. Preguntamos en la encuesta
su opinión sobre el suceso. Estos son los resultados.
Metodología
Enviamos la pregunta a los usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook, abierta a quien
quiso responder. También a los miembros de El Foro México. Participaron 2 mil 971 personas,
de las cuales 968 corresponden a El Foro, 198 a Facebook y mil 781 a Twitter. A continuación,
algunos comentarios.
Twitter
Que lo entreguen a Estados Unidos, porque si lo traen acá al rato hasta de senador lo tendremos,
como Moreira, que lo atrapan en España y lo sueltan aquí.
Carmen Olvera @carmen_olvera
Hace un mes agarraron a un capo de la mafia italiana, ¿coincidencia que agarraran a
Yarrington en Italia?
Alberto F. Flores @bebeto2016
Lo que se ve no se juzga, dice el dicho. La PGR no movió un dedo para capturarlo. Así o más
claro.
MrShrek @srmojarro
El narco y lavado de dinero son delitos menores cuando se goza de la franquicia
correspondiente. Al rato lo sueltan, pura faramalla.
José Luis Morales @Don_Guajo
Más que dinero, lo que tiene es información. En casos como éste, eso es lo valioso. ¿A quién
le dio y cuánto? Por eso más de uno tiembla.
Ángel Verdugo @AngelVerdugoB
Y la foto donde aparece Peña Nieto de chofer de Yarrington, ¿no cuenta como sospecha?
Digo, porque si hubiera sido el Peje... uuuf.
Compa Estudiante @Juvenal777
Atole con el dedo. Es miembro distinguido de la mafia política. Se está prestando al circo,
sabe que gozará de impunidad eterna.
Andrés Rodríguez@AndresVirgen21
El Foro México
Habría que ver su pasaporte, para saber con qué alias transitaba y ¿quién se lo expidió? Se me
ocurre...
Roberto Maldonado/Ciudad de México
Solo no trabajó en sus raterías. Que cante y se vayan todos a la cárcel.
Malena García/Nezahualcóyotl
Esto es sólo un acto de campaña.
Víctor Aguilar/Puebla
Triste, pero cierto: si lo juzgan en EU hay alguna posibilidad de que sea castigado. Si lo
regresan a México, lo soltarán pronto.
Laura Esquivel/Aguascalientes
Siempre que vienen elecciones agarran al chivo expiatorio para que la población crea en el
PRI, los demás gobernadores fugitivos, ¿cuándo? ¿Quién será el siguiente para 2018?
Elena Maya/Ciudad de México
Políticos priístas mexicanos harán lo posible para que Italia lo extradite a México para
encubrirlo como a tantos, y con mayor razón en época de elecciones.
Klaudia M. Gómez/Cuautitlán
El PRI (Alibabá y sus 40 ladrones) ni se inmuta. Mientras, los ciudadanos cada vez tenemos
que cargar con la vergüenza y pena que esto ocasiona ante el mundo.
Eduardo Zavala/Nezahualcóyotl
Qué cínicos, pero si esto es sólo un ardid electorero.
Cuitláhuac Navarro/Tequixquiac
Otra burla más de la mafia del poder a esta nación.
Agustín Chávez/Coacoalco
Dice el PRI que lo expulsó, pero hasta traía guardias pagados por el gobierno, ¿entonces?
Luis Felipe Ortega/Puebla
Facebook
Es lamentable que vivamos en un país de total impunidad, y que otros países hagan lo que
tendríamos que hacer nosotros.
Jesús Fernández/Córdoba
Ni con las dos posibles cadenas perpetuas paga este ex gobernador el daño que hizo al pueblo
tamaulipeco, ojalá y le agreguen una cadena más.
Armando Balleza/Ciudad de México
La debilidad del aparato gubernamental es tan grave que ya no protege ni a sus propios
cómplices.
Alberto Estrada/México
Nuestros gobernantes tienen mucha cola que les pisen, a tal grado que será lo que diga el
patroncito Estados Unidos.
Enrique Hernández/Veracruz
Que se lo quede Italia o que se lo den a Estados Unidos, para que venga a ser juzgado a
México y tenga todo tipo de privilegios... uuuf.
Ana Jessica Pérez/Morelia
Lo más lamentable es que no hay ninguna garantía de que regrese lo que se robó ni que pague
una justa condena.
Lupita Flores/Monterrey
Nuestro gobierno no se preocupó demasiado por capturarlo, al igual que a otros ex
gobernadores.
Noé Hernández/Poza Rica
La procuración de la justicia siempre caerá en contra de los que menos tienen. En el sistema
de México, siempre los políticos y los pudientes la librarán.
Gregorio Sánchez/Ciudad de México
Si pisa México es hombre libre.
Alejandro Villa/Cocula
En México no existe el estado de derecho.
Juan Antonio Desiderio/Acayucan
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
galvanochoa@gmail.com • Foro:http://elforomexico.com/encuestas/
México SA
Gasolinas: vienen más alzas
Consumidores silenciosos
Lozoya: ¿tolerancia cero?
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
T
ras el brutal aumento de precios de los combustibles con el que arrancó 2017 (de hasta 24 por
ciento, según la zona de consumo) desde febrero pasado el gobierno federal ha jugado
condescuentos diarios de uno o dos centavos y/o aumentos de la misma proporción, para dar la
idea de que las reglas del mercado son las meras efectivas en este renglón.
De hecho, ninguno de los genios que armaron esta perversa estrategia ha explicado por qué
México –importador neto de gasolina, del vecino del norte el mayor volumen– mantiene precios
hasta 36 por ciento superiores a los que pagan los consumidores en Estados Unidos, con todo y
que –versión oficial– las sacrosantas reglas del mercado son las reinas de la fiesta (a la hora de
los abultados impuestos que Hacienda carga al precio final, tales luminarias fingen demencia).
Pero finalmente hay que reconocer que el juego gubernamental de los centavitos resultó
efectivo, porque los consumidores se fueron con la finta y terminaron las protestas por
elmegagasolinazo de enero, por mucho que actualmente aquí se paga el equivalente a 95 centavos
de dólar por litro de Premium, en promedio, mientras en Estados Unidos la erogación por el
mismo producto y volumen ronda 70 centavos de billete verde, diferencia de 36 por ciento en
detrimento de los silenciosos compradores de este lado de la frontera.
Pero todo indica que en breve la cosa se va poner peor. La Administración de Información
Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) anuncia que para la temporada de
abril a septiembre de 2017, se pronostica que los precios al menudeo de la gasolina regular en
aquel país (impuestos incluidos) promediarán 2.46 dólares por galón, en comparación con 2.23
dólares por galón del verano pasado. La mayor previsión es principalmente el resultado de los
precios más altos pronosticados del petróleo crudo. Para todo 2017, el precio promedio previsto
para la gasolina regular es 2.39 dólares por galón, lo que, de realizarse, daría como resultado que
el promedio de los hogares estadunidenses gastaría alrededor de 200 dólares más en combustible
para motores en 2017 comparado con 2016 (el galón equivale a 3.7854 litros).
Si se concretan los pronósticos de la EIA del verano del 2016 al de 2017 el precio promedio
de la gasolina en el vecino del norte se incrementaría poco más de 10 por ciento (en México, de
un solo golpe, aumentó hasta 24 por ciento), lo que de nueva cuenta impactaría los bolsillos de
los consumidores mexicanos, quienes deberán pagar más por las reglas del mercado, en espera de
laliberación plena del mercado nacional de combustibles (esa es la versión gubernamental), pero
sobre todo porque el sistema nacional de refinación está colapsado.
La EIA detalla que para este verano se espera que, en promedio, los precios petroleros
aumenten ocho dólares, por lo que el precio mensual –también promedio– al por menor de la
gasolina que se vende en el vecino del norte pase de 2.43 dólares por galón en abril a 2.51 en
julio, aunque a partir de septiembre de 2017 podrían retomar el nivel de 2.43 dólares por galón.
Con base en esos pronósticos, y sin olvidar que el grueso de la gasolina importada por
México proviene de Estados Unidos, la ecuación se resuelve de inmediato: los consumidores
nacionales ya no sentirán lo duro, sino lo tupido, y el gobierno peñanietista debe estar con el
copete de punta, porque el probable movimiento alcista se registraría, justo, en plena temporada
electoral en tres entidades de la República, aunque en realidad la única que le importa es el del
estado de México.
Entonces, agárrense silenciosos consumidores mexicanos, que apenas comienza la fiesta
de las reglas del mercado. En vía de mientras, la citada agencia del gobierno estadunidense señala
que debido a que los impuestos sobre la gasolina y los costos de distribución al por menor son
generalmente estables, los movimientos en los precios de la gasolina y el gasóleo son
principalmente resultado de los cambios en la cotización del crudo y los márgenes mayoristas.
Detalla que en Estados Unidos al comienzo de la temporada (1 de abril), las reservas totales
de gasolina fueron de 238.7 millones de barriles, 4.7 millones de barriles menos que hace un año,
pero 10.4 millones por encima del promedio de los últimos cinco años. Se proyecta que los
inventarios totales de gasolina terminen el verano en 226.8 millones de barriles, casi igual al nivel
del año pasado en ese momento.
Por lo que respecta al diésel, la EIA detalla que el consumo previsible en Estados
Unidos promediará 3.9 millones de barriles en este verano, un nivel 120 mil barriles (3.2 por
ciento) mayor al reportado en 2016, cuando disminuyó 3.4 por ciento en comparación con el
registro de 2015. Este incremento se debe principalmente a una combinación de crecimiento
económico, producción industrial y actividad comercial internacional, que contribuyen a una
mayor actividad de camiones.
El pronóstico de la Administración de Información Energética de Estados Unidos considera
que durante el próximo mes de mayo el precio por galón de diésel ronde los 2.31 dólares, para
cerrar 2017 en un nivel cercano a 2.94 dólares por galón. Y sin ánimo de martirizar a los lectores,
debe mencionarse que su pronóstico alcista también considera los precios del gas natural y las
tarifas eléctricas –con extensión a 2018–, aunque en proporciones ni lejanamente comparables
con los mandarriazospropinados por el bierno peñanietista.
Las rebanadas del pastel
Por más que aquí lo encubran, tarde que temprano saldrían a la luz pública los oscuros negocios
que se concretaron durante el paso del destroyer Emilio Lozoya Austin por Petróleos Mexicanos,
otrora protegido del ahora aprendizLuis Videgaray: el escándalo sobre sobornos que la
constructora brasileña Odebrecht realizó en México alcanzó al ex director de Pemex, para quien,
de acuerdo con una investigación judicial en Brasil, se gestionó en la firma el pago de 5 millones
de dólares como contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora
brasileña (La Jornada). Lo mejor del caso es que en uno de sus primeros discursos
como cabeza visible de la ex paraestatal se aventó la siguiente perla: “esta gran empresa del
Estado debe de ser transparente, contar con un sistema real y permanente de rendición de
cuentas… Mi administración tendrá una tolerancia cero ante cualquier comportamiento fuera del
marco legal, ya sea de privados o dentro de esta empresa”.
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
‘Narconexos’ de servidores, marca de cuatro sexenios
Un caso que llamó la atención ocurrió en 2014, cuando se dijo que José Luis Abarca y su
esposa eran líderes de ‘Guerreros Unidos’.
El ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en SanDiego. (David Maung/EFE)
RUBÉN MOSSO15/04/2017 04:17 AM
México
En los últimos cuatro sexenios, ninguna de las administraciones se ha salvado de
escándalos relacionados con el narco, luego de que en diez casos servidores públicos de
los distintos niveles han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado.
En la presente administración son cinco los asuntos que han llamado más la atención:
Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados por México y EU,
respectivamente, de dar protección al cártel del Golfo y a Los Zetas.
El caso de Iván Reyes, La Reina, ex director de área de la División Antidrogas de la Policía
Federal que se entregó en EU, acusado de reunirse varias veces con el extinto capo Arturo
Beltrán Leyva, El Barbas, para entregar información recabada por México y la DEA.
La detención en San Diego, California, del titular de la fiscalía de Nayarit, Édgar Veytia, a
quien se vincula con el cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con una orden de
aprehensión librada por una juez de la ciudad de Nueva York.
Sin embargo, el caso que mayor atención ha despertado a escala mundial ocurrió en 2014,
cuando se dijo que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los
Ángeles Pineda, junto con Sidronio Casarrubias, eran los líderes del grupo
criminal Guerreros Unidos y ordenaron a policías de su localidad y de Cocula entregar a 43
normalistas de Ayotizapa a un grupo de sicarios para matarlos.
MÁS CASOS
El sexenio de Zedillo estuvo marcado por dos casos: el del titular del Instituto Nacional para
el Combate a las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo; y el del gobernador de
Quintana Roo, Mario Villanueva.
Gutiérrez fue detenido el 2 de febrero de 1997 en las instalaciones de la Defensa Nacional.
Dentro de sus logros destaca la captura de Amado Carrillo, El señor de los cielos, en
Culiacán, Sinaloa, en 1989, y de Héctor El GüeroPalma, en Jalisco, en 1995.
Oficialmente se dijo que la captura del general derivó porque algunos de sus colaboradores
y testigos protegidos declararon que protegía las actividades del cártel de Juárez que
lideraba Carrillo y solo atacaba a grupos contrarios.
Al final, los testigos se retractaron y dijeron que fueron presionados.
Asimismo, a fines de la gestión de Zedillo también se ordenó la captura del gobernador de
Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de reunirse en varias ocasiones con Carrillo y su
operador Alcides Magaña, El Metro.
PANISTAS
Uno de los casos que generó mayor impacto ocurrió el 21 de octubre de 2002, durante el
sexenio de Vicente Fox, cuando se descubrió una red de contrainteligencia que operaba en
las áreas más sensibles de la Sedena, en la Procuraduría General de la República y en la
entonces Secretaría de Seguridad Pública.
Rafael Macedo de la Concha, entonces titular de la PGR, dio a conocer que la red estaba
conformada por servidores y ex servidores públicos que proporcionaban información
privilegiada de investigaciones a operadores de diferentes cárteles del narcotráfico.
Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, El Capitán Tornez, ex agente de
la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal, fue señalado como uno
de los responsables de la recopilación y procesamiento de información sustantiva,
generada por las células infiltradas en las diferentes dependencias federales.
PRESIDENCIA
En 2005 surgió un nuevo escándalo, cuando el procurador Macedo anunció la detención de
Nahúm Acosta, ex director de área de la coordinación de giras del presidente Fox, a quien
se vinculó con el cártel de los Beltrán Leyva.
Macedo informó que investigaban cómo fue que Acosta se “incrustó” en la residencia oficial
de Los Pinos, y si fue ahí donde hizo contacto con el narcotráfico o si ya tenía vínculos
antes de llegar.
No obstante, un juez federal dejó en libertad a Nahúm por falta de elementos, ya que la
PGR no pudo demostrar que el ex coordinador tuviera nexos con el narco.
En 2008, cuando Felipe Calderón era presidente, la procuraduría se vio sumergida en otro
caso que llamó la atención nacional, con la denominada Operación Limpieza, la cual
provocó la detención de funcionarios de diversas dependencias, que supuestamente
servían a diferentes cárteles. Al final, fueron exonerados por jueces federales.
El cártel del PRI
Por Ricardo Ravelo
SinEmbargo
abril 14, 2017
Tomás Yarrington encarna al verdadero narcopolítico y perteneció al PRI. Foto: Cuartoscuro
Después del escándalo de corrupción política y criminal que a finales de los
noventa hundió a Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo,
el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba pasó a ser el más emblemático de los
últimos tiempos por la dimensión de su expediente criminal.
El político detenido en Florencia, Italia, el pasado 9 de abril, tiene un amplio
historial mafioso en México y Estados Unidos: se le acusa de favorecer la
exportación de cocaína desde Tamaulipas, brindar protección a dos
organizaciones criminales –el Cártel del Golfo y Los Zetas –, poseer una
cuantiosa fortuna y tener en su haber decenas de propiedades a nombre de una
veintena de testaferros –todos ellos socios suyos — con antecedentes de
corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Aunque la mayoría de los políticos en México siempre han tenido algún
vínculo mafioso, lo cierto es que la nueva generación de priistas y no priistas
ha resultado ser todo un cártel: Ahí están Javier y César Duarte, ex
gobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente; Humberto Moreira,
ex Gobernador de Coahuila, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y
España, quien está urgido de fuero para arroparse en la impunidad. Ni se diga
Roberto Borge, todo un capo de la corrupción institucional. El PRD y el PAN
también tienen su lista de mafiosos, además de los gobernadores que pasarán
a la picota. Graco Ramírez, el cacique de Morelos, es un fuerte candidato.
Con un voluminoso expediente criminal, Tomás Yarrington encarna al
verdadero narcopolítico y perteneció al PRI. Igualito que Mario Villanueva,
“El Chueco”, quien como Gobernador de Quintana Roo enloqueció en el
poder: se enredó con los mafiosos del Cártel de Juárez y hasta solía prestar el
hangar del gobierno del estado para que descendieran aviones cargados con
cocaína que, después, era trasladada en patrullas de la policía estatal.
Así le pasó a Yarrington. Se saturó de poder. Tuvo en sus manos el poder
político y el de la mafia. Nadie soporta tanto sin caer en una borrachera de
poderío que, como ocurrió, terminó arrastrándolo por la pendiente de la ruina
moral.
Como Gobernador de Tamaulipas se le inflamó el pecho de soberbia, de
ambición desmedida y cayó en desgracia. Hizo de Tamaulipas un territorio
paradisíaco para la mafia y los cobijó a todos a cambio de dinero. Y llegó a
ser tan descomunal el flujo de dinero sucio que hasta tuvo que utilizar los
programas sociales para blanquear los pagos del narco.
Durante su periodo como gobernador (1999-2004) Yarrington permitió todo:
el Cártel del Golfo, bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas, se posicionó en el
estado y Los Zetas extendieron su poder como nunca antes un brazo armado
lo había hecho, hasta convertirse en el tercer cártel más poderoso de América
Latina. Tamaulipas se afianzó como territorio del narco, del crimen, de la
muerte. Y hasta la fecha lo es. Nada ha cambiado.
La mayoría de los presidentes municipales de Tamaulipas, priistas y no
priistas, fueron financiados por el narcotráfico y Tomás Yarrington, a través
de Francisco Cayuela –exdirector de la Policía Ministeriaol y exprocurador
del estado –recogía maletas de dólares en todas las regiones del estado donde
operaban tanto el Cártel del Golfo como Los Zetas. La recolección de dinero,
se decía entonces, era para pagar la campaña de Tomás Yarrington, pues en el
2006 fue un fuerte aspirante a la presidencia de la República. A menos en su
afiebrada imaginación tenía cabida es proyecto.
La historia de Tomás Yarrington –documentada en expedientes integrados en
México y Estados Unidos — indica que sus vínculos con el narcotráfico
comenzaron a detectarse desde principios de los años noventa, cuando fungió
como presidente municipal de Matamoros.
Fue heredero de una amplia madeja de complicidades tejidas por su antecesor,
Manuel Cavazos Lerma –actual senador de la República –quien como
gobernador permitió que el Cártel del Golfo, entonces encabezado por Juan
García Ábrego, sentara sus reales en el estado. Eran los tiempos del salinismo
y en Tamaulipas todavía mandaba Juan N. Guerra, fundador de ese grupo
criminal –tío de García Ábrego — un viejo bragado que comenzó en el
mundo del hampa como traficante de licor, fue dueño de El Piedras
Negras, un restaurante que tenía muy mala fama porque ahí recalaban
políticos, madrinas, comandantes, capos, distribuidores de droga y mujeres
del bajo mundo. El viejo Nepomuceno Guerra vivió muchos años y siempre
como mafioso. Tenía todo controlado y nadie se metía con él. Entrón, el capo
vivió como murió: impune.
El viejo era longevo, de esos que tienen el cuero muy duro, tanto, que por un
pelo le gana la partida a la muerte: vivió 86 años. En Junio de 2001 falleció
de insuficiencia respiratoria en su rancho El Tahuachal, ubicado en
Matamoros. Cuando murió, la noticia se propagó por todas partes. El máximo
honor que recibió fueron siete palabras, difundidas por la prensa, casi a
manera de epitafio: “Murió el fundador del cártel del Golfo”. La mafia estaba
de luto, pero les duró muy poco: transcurridos unos días volvieron las
matanzas y balaceras en ese territorio sin ley.
Durante su paso por la alcaldía de Matamoros, Yarrington comenzó a
implementar el esquema que mejor dominó: el registro de sus propiedades a
nombre de amigos y compadres, sus testaferros. Un ejemplo de ello fueron
algunas propiedades –un departamento construido en 2001, una residencia
ubicada en McAllen, Texas, un avión privado y una cuenta bancaria
aperturada en Las Bermudas –que puso a nombre de Cindy Chapa, quien fue
su secretaria cuando fungió como presidente municipal de la ciudad de
Matamoros.
Hacia el año 2004, convertido el estado de Tamaulipas en un campo de guerra
del narcotráfico y territorio paradisiaco para el lavado de dinero, comenzó a
llamar la atención la impunidad que reinaba en esa entidad. Entre los años
1999 y 2004, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa protagonizaron verdaderas
batallas: balaceras de día y de noche, muertes, decapitados, desaparecidos,
secuestrados, policías asesinados… Hasta la fecha todos estos casos siguen
impunes.
Y es que en Tamaulipas la mayoría de los presidentes municipales formaban
parte de la estructura del Cártel del Golfo; las policías tanto municipales
como estatales fungían como escudo protector y brazo armado del narco, en
tanto que desde el gobierno del estado Yarrington daba rienda suelta para que
el narcotráfico operara con absoluta impunidad, en tanto que sus socios y
testaferros como Fernando Alejandro Cano Matínez y José Antonio Peña
Arguelles, se enriquecieran mediante la obtención de multimillonarios
contratos de obra pública y utilizaban la industria inmobiliaria para lavar
dinero del narcotráfico. Así gobernaba la mafia.
En el último año de gobierno de Tomás Yarrington (2004) la Procuraduría
General de la República (PGR) comenzó a investigarlo formalmente, pues el
escándalo nacional e internacional imponía que al menos la PGR integrara
una acta circunstanciada para el caso. En abril de ese año, acudí a platicar con
el entonces titular de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, quien soltó el
dato como un dardo:
–Ya estamos investigando a Yarrington –dijo, suave la voz, firme el tono.
Era la segunda ocasión que la PGR decidía investigar a un gobernador y
hacerlo público. Se entendía porque esa era la orden de Vicente Fox, el
primer presidente panista, pero también se entendía porque Tamaulipas con
Yarrington se convirtió en un narcoestado, territorio de mafiosos impunes
arropados en el poder. Igual que ahora.
Y enseguida comenzó a explicar que la investigación tenía avances y se
encontraba “a la mitad” de su ruta, concretamente en la fase que tenía que ver
con la red policiaca estatal y ministerial, así como a sus mandos altos y
medios que protegen o protegieron a Osiel Cárdenas Guillén, por varios años
jefe del Cártel del Golfo, quien ya había sido detenido y se encontraba
recluido en el penal de La Palma, desde donde seguía operando.
Mientras la PGR trabajaba en la investigación, en Estados Unidos el Buró
Federal de Investigaciones armaba el expediente, clave 92C-H0-26953 (0-21).
Se trataba de varios reportes que vinculaban a Yarrington con el cártel del
Golfo. Ya desde entonces era considerado no sólo un protector del
narcotráfico, sino un capo.
Vasconcelos amplió los detalles de la indagación:
“La ruta que seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la
policía y los altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como
ocurrió en Chihuahua (en el sexenio de Patricio Martínez), hasta llegar a la
cabeza, es decir, el gobernador. En el caso de Tamaulipas, el gobernador no
tiene aún el carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene
amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo en el
caso de Mario Villanueva”, quien resultó ser el principal protector del cártel
de Juárez en el Caribe mexicano.
Los vínculos de Yarrington con el narcotráfico era un tema del dominio
público. Dentro y fuera de Tamaulipas todo el mundo sabía cómo se protegía
al narcotráfico, quien lavaba el dinero de los narcos y qué empresarios
estaban relacionados con esas actividades. Lo cierto es que a Ernesto
Zedillo, Vicente Fox y a Felipe Calderón les tembló la mano para investigar
a Tomás Yarrington y encarcelarlo. Con todo y su guerra, Calderón, por
ejemplo, no combatió el peor lastre del país: Lanarcopolítica que, sin duda,
también fue un mal de su gobierno. En ese tiempo la PGR, como ya se dijo,
investigó a Yarrington, pero todo indica que descuidó la investigación. Fue
por ello que la indagación de Estados Unidos es ahora la más robusta que
existe.
En este entramado de complicidades la voz de un preso –Rubén Hernández
López, acusado del asesinato del empresario regiomontano José Antonio
Cervantes Espeleta –puso a temblar al entonces procurador de Tamaulipas,
Francisco Cayuela, y a buena parte de la clase empresarial ligada al lavado de
dinero.
El presidiaro declaró que durante algún tiempo fungió como chofer de
Cayuela y que el entonces procurador era el responsable de recolectar el
dinero que pagaba el cártel del Golfo para operar con libertad en todas las
zonas del estado. Los fondos, dijo Hernández en 2004, eran para financiar la
campaña presidencial de Yarrington. Pocas semanas después de que se dio a
conocer esta declaración, Hernández López fue asesinado dentro de la prisión
donde se encontraba, aparentemente como consecuencia de una riña entre
presos. Su muerte nunca se aclaró.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a integrar sus expedientes, de
manera formal, en el 2012. En ese año salieron a flote datos y evidencias de
que Yarrington tenía propiedades en Estados Unidos, registradas a nombre de
su principal testaferro: Fernando Cano Martínez. A él se le atribuía, por
ejemplo, ser dueño de residencias y departamentos en la Isla del Padre y San
Antonio, Texas, respectivamente.
En agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó un
departamento localizado en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del
Padre, que estaba registrado a nombre de Napoleón Rodríguez de la Garza, un
empresario ferretero. Ante las autoridades estadunidenses, este personaje
aceptó ser prestanombres de Yarrington.
Un testigo clave en las investigaciones estadunidenses contra Yarrington fue
José Antonio Peña Argüeyes, registrado con la claveÁngeles. Este personaje
era un empresario, testaferro de Tomás Yarrington al igual que Cano
Martínez, y lavador de dinero del narco.
Un día recibió una llamada telefónica que por poco lo mata de un infarto. Le
dijeron: “Dile a tu hermano que devuelva los cinco millones de dólares que se
robó o le vamos a partir la madre”.
No le dio tiempo avisarle a su hermano de la amenaza. Ese mismo día lo
ejecutaron. Sobre su cuerpo los sicarios dejaron un mensaje: “Esto te pasó por
rata”. Sigues tu, José Antonio”.
Peña Argüeyes salió huyendo de Tamaulipas y se refugió en Estados Unidos.
Se presentó ante la DEA y se entregó a la justicia. Ahí se sentía a salvo.
Luego aceptó ser testigo colaborador y contó lo que sabía sobre la relación de
Yarrington y sus testaferros con el narcotráfico. Lo que detalla Peña en
realidad permite considerar que Tomás Yarrington encabezaba un cártel en
Tamaulipas, cuyos dominios fueron transexenales, porque incluso tuvo una
fuerte influencia en el gobierno de Eugenio Hernández Flores, quien es
investigado en Estados Unidos por lavado de dinero. En México la PGR
declaró el no ejercicio de la acción penal en su contra. El favor se lo hizo
Jesús Murillo Karam por instrucciones del presidente, según se pudo
confirmar.
Declaró:
Que en una ocasión existió el plan de pactar una tregua entre el cártel de
Sinaloa y del Golfo, y que para ello dichos grupos delictivos sostuvieron una
reunión al parecer en el estado de Puebla. Esto me lo comentó Miguel
Treviño Morales, quien me citó en el restaurante Suntory, en el centro de la
Ciudad de México; en esa ocasión Treviño Morales llegó vestido de traje y
comenzó que lo habían designado encargado de los estados de Nuevo León,
Coahuila, Veracruz y la plaza de Nuevo Laredo.
Sabe que Miguel Treviño Morales controla la gerencia de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Nuevo Laredo y
que en dicha dependencia labora gente de su confianza y él es quien
determina el manejo de los recursos obtenidos por concepto del pago de
dicho servicio. Esta gerencia fue ocupada por Arturo Paz Santos y Carlos
Montiel, en la gerencia comercial está Alejandro Ortiz y también está
relacionado Elías Ramos García, quien fuera comandante de la Policía
Federal. Todos ellos ligados a Miguel Treviño Morales ya sea como
prestanombres o como facilitadores de mil cosas o como miembros del cártel
a su servicio.
En general, es Miguel Treviño Morales el que decide quien ocupa los
puestos administrativos en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Otros
prestadores de nombres de Miguel Treviño Morales son Enrique Santos,
regidor del actual ayuntamiento y encargado de la obra pública de Nuevo
Laredo…
En todo este entramado de personajes y cómplices aparece Fernando
Cano Martínez, dueño de la empresa constructora Villa de Aguayo, una de las
más beneficiadas por Tomás Yarrington y quien al igual que su socio tiene
sendos expedientes abiertos en Estados Unidos por presunto lavado de dinero
y vínculos con el narcotráfico.
Refiere Ángeles:
Al señor Eugenio Hernández Flores (sucesor de Yarrington) lo conocí a
principios del año 2003, cuando era presidente municipal de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, y fui invitado por el entonces gobernador Tomás
Yarrington a subirme al autobús que estaba a su servicio. Fue allí, en esa
gira conocí a Eugenio Hernández. Yo los acompañé del aeropuerto a un
restaurante. Iba el entonces secretario del trabajo, el señor Abascal…Como
en abril o mayo de 2003 conocí a Fernando Cano Martínez, quien es dueño
de la constructora Villa Aguayo.
En esa ocasión él me fue a visitar a Nuevo Laredo, creo que a
sugerencia de Tomás Yarrington, ya que son amigos desde hace muchos
años, para ver los cambios en la sucesión del gobierno del estado. Me dijo
que el gobernador (Yarrington) le había comentado acerca de la toma del
cambio del gobernador, que iban a empezar las inquietudes políticas, ya que
estaba por finalizar el gobierno de Tomás Yarrington.
Y me comentó que su corazoncito estaba con Eugenio Javier
Hernández Flores, ya que Fernando Cano me dijo que él fue quien introdujo
a Eugenio con el entonces gobernador Tomás Yarrington, que es de todos
conocidos que la carrera política de Eugenio fue promocionada por
Yarrington y Fernando Cano, el testaferro consentido.
También dijo: Que respecto de los amarres que hacía el declarante entre
Miguel Treviño y Eugenio Hernández Flores, aspirante a candidato a
gobernador, era que respetara al señor Eugenio Hernández como posible
candidato a ese cargo, es importante señalar que de parte de Miguel Treviño
sí hubo un ofrecimiento de dinero hacia Eugenio Hernández para gastos de
su campaña, pero le dije que no era necesario, entonces Miguel Treviño me
dijo que qué se necesitaba y yo le contesté que nada, que era cosa de
hombres, en ese sentido fue el amarre entre ellos, que Miguel Treviño no
estropeara las posibilidades de Eugenio Hernández de buscar la candidatura
a gobernador y que éste no hiciera cosas que no le compitieran, es decir, no
meterse con ellos. Las veces que nos reunimos fueron como unas cinco,
dichas reuniones fueron a finales del 2003 y 2004, las cuales se llevaron a
cabo en la Plaza Longoria, en Paseo Colón y Reforma, enfrente de la
catedral del Espíritu Santo y a veces Miguel Treviño se hacía acompañar de
su hermano Omar Treviño, siempre iban custodiados por su séquito,
alrededor de unas veinte personas, quienes a veces usaban trajes de la AFI,
otras veces de militar y siempre andaban fuertemente armados y utilizaban
automóviles tipo Cherokee blindados…
Detenido Yarrington en una de las ciudades renacentistas más bellas de
Europa –Florencia, Italia – ahora lo que viene es el juicio de extradición. Si el
gobierno mexicano lo requiere para medio recomponer la maltrecha imagen
oficial de cara a las próximas elecciones, pues peleará su extradición y los
abogados del exmandatario buscarán que sea traído a México, donde le
esperarían unos veinte años de prisión con la opción de que la pena se
reduzca.
Pero si su captura está desligada del tema político, entonces el gobierno
mexicano lo abandonará a su suerte y dejará que Estados Unidos se lo lleve y
le imponga las dos cadenas perpetuas que le esperan. Yarrington, incluso,
tiene el derecho de elegir en qué país quiere enfrentar a la justicia. Al parecer,
pretende extender su estancia en Italia.
Por lo pronto, el procurador Raúl Cervantes negó que la PGR haya
renunciado a la solicitud de extradición del exmandatario tamaulipeco, pese a
que una filtración de la Seido indicó que la PGR no tiene interés en traer a
Yarrington y que lo cederán a Estados Unidos para que lo enjuicie.
Atención, políticos mexicanos (y
otros por allí): Odebrecht tenía
registro de TODOS los sobornos
SinEmbargo
abril 15, 2017
Los pagos estaban detallados en hojas de cálculo guardadas, de
acuerdo con un testimonio judicial. En dichas hojas contables, los
políticos que recibían pagos y los intermediarios que los
entregaban eran mencionados con apodos. “Había una regla: o le
damos a todos o a ninguno”, explicó Emilio Odebrecht,
presidente de la junta de la empresa, en referencia a los pagos
que hacían a los políticos.
Por Sarah DiLorenzo y Mauricio Savarese
SAO PAULO (AP) — Usaron un sistema secreto de comunicaciones para
discutir y arreglar el pago de sobornos. Una detallada hoja de cálculo indicaba
quién recibió qué, todo bajo un sistema de nombres clave. Y para supervisar
todo, había un departamento entero en la gigantesca constructora brasileña
Odebrecht, cuyo propósito era asegurar que los pagos se hicieran sin
contratiempos.
Aunque los acuerdos frecuentemente se cerraban entre cenas y cafés, no había
nada al azar en una amplia red de corrupción que los fiscales investigan en
Brasil y que involucró sobornos a cientos de políticos a cambio de conseguir
contratos estatales, legislación benéfica y otros favores.
La Corte Suprema abrió investigaciones a 100 políticos esta semana con base
en testimonios de ejecutivos actuales y pasados de Odebrecht. En sus
testimonios describen cómo la corrupción simplemente era parte del negocio.
“Había una regla: o le damos a todos o a ninguno”, explicó Emilio Odebrecht,
presidente de la junta de la empresa, en referencia a los pagos que hacían a los
políticos.
Al parecer, Odebrecht se decantó por la primera opción. Documentos
judiciales dados a conocer esta semana y declaraciones de los fiscales ofrecen
un vistazo a la forma sumamente organizada como la empresa manejaba
millones de dólares en coimas.
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Emilio Lozoya pidió 5 millones de dólares a Odebrecht,
revelan en Brasil; aquí congelan expediente
La trama era supervisada por la llamada División de Operaciones
Estructuradas, el “departamento de sobornos”, como le dicen los
investigadores. Esta división tenía su propia jerarquía y contadores. También
usó el sistema secreto de comunicaciones Drousys para reportar los pagos
internos y externos.
Los pagos estaban detallados en hojas de cálculo guardadas en el sistema
Drousys, de acuerdo con un testimonio judicial. En dichas hojas contables, los
políticos que recibían pagos y los intermediarios que los entregaban eran
mencionados con apodos.
Eliseu Padilha, hoy jefe de personal del presidente Michel Temer, era el
“primo”. El ex Alcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes era “el pequeño
nervioso”. Otros eran “decrépito”, “Viagra”, “pequeño niño en el bosque” y
“Drácula”.
Un congresista incluso protestó en su página en Facebook cuando su apodo
—”totalmente feo”— fue reportado en la prensa local el año pasado.
Los empleados en Odebrecht posiblemente se divertían con los sobrenombres,
pero sus revelaciones muestran hasta ahora que se tomaban la corrupción en
serio.
Los fiscales investigan el testimonio y están decidiendo si presentan cargos.
Los políticos niegan haber actuado mal y muchos han manifestado que lo que
recibieron de la constructora fueron contribuciones legítimas de campaña.
EL TSUNAMI ODEBRECHT EN CASA
La Corte Suprema de Brasil inició una pesquisa por corrupción contra ocho
ministros del gobierno y decenas de otros políticos de alto nivel en un extenso
fallo que afecta a la tercera parte del gabinete del presidente Michel Temer y
a muchos de sus principales aliados, anunció el martes el máximo tribunal.
En total se investigará a 108 personas tras la decisión del magistrado Edson
Fachin, la cual es producto de más de 74 pesquisas en las que se incluyen
acuerdos de culpabilidad y testimonios de ejecutivos y exejecutivos del
gigante de la construcción Odebrecht, que se encuentra en el centro de una
extensa investigación de sobornos y contratos inflados a compañías estatales.
La lista de los nombres de las personas investigadas fue publicada el martes
en la noche en el sitio web de la Corte Suprema. El listado incluye al jefe de
gabinete Eilseu Padilha, al presidente de la cámara baja Rodrigo Maia, al
presidente del Senado Eunicio Oliveira, al ministro del Exterior Aloysio
Nunes, al ministro de Agricultura Blairo Maggi, al ministro de la Industria
Marcos Pereira y al ex Alcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes, entre otros.
También se indagará a los jefes de los dos principales partidos en la coalición
de Temer.
La investigación provocará “un tsunami” en la política brasileña, dijo Claudio
Couto, un profesor en ciencias políticas en la Fundación Getulio Vargas, una
universidad y centro de estudios con sede en Sao Paulo.
“Ahí hay personas de todos los partidos y todos los estados. Los máximos
líderes del Congreso de ambas cámaras están involucrados. Esto demuestra
que la corrupción en Brasil es sistémica y existe un enorme potencial de que
esto desorganice a todo el gobierno a partir de mañana”, dijo Couto a The
Associated Press.
Todos los políticos han rechazado haber cometido cualquier irregularidad.
Temer cuenta con inmunidad temporal a cualquier proceso penal debido a que
los presidentes del país solo pueden ser acusados por los delitos que
cometieron durante su mandato.
Peñafiel, “el refresco de Peña”, le
saldrá caro a Edomex: chupará el
agua de millones de ciudadanos
Por Dulce Olvera
SinEmbargo
abril 14, 2017
Alrededor 80 de los 125 municipios del Estado de México cuentan
con sistemas ciudadanos y autónomos de administración de agua.
Los mexiquenses que se suministran del sistema de Tecámac
corren el riesgo de quedarse sin el líquido por la reciente
instalación de la planta de Grupo Peñafiel –”el refresco del
Presidente Peña Nieto”, como él mismo bromeó–, que absorberá
millones de litros diarios. Esto, además de violar convenios
internacionales sobre dar prioridad al uso doméstico, es “el
reflejo del autoritarismo en la entidad en aras de negocios
personales”, acusó José Antonio Lara Duque, coordinador
general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– “Peñafiel es el refresco del
Presidente Peña Nieto”, bromeó el mandatario en la inauguración de una
planta con una inversión por mil millones de pesos de este grupo refresquero
en Tecámac, Estado de México. En esta zona justamente la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) dictaminó una veda por sobreexplotación del
acuífero Cuautitlán-Pachuca, reconoce el mismo municipio administrado por
el priista Aron Urbina Bedolla, quien ha acosado al poblado que ha defendido
su agua por 12 años, acusaron organizaciones civiles.
“Es otro de los reflejos de la política autoritaria e impositiva que se desarrolla
en el Estado de México desde el siglo pasado. En aras de los negocios
personales y no del desarrollo comunitario se han lastimado no solo las
reservas acuíferas, sino también el medio ambiente. Esa sinrazón al que han
incurrido los gobiernos municipal, estatal y federal en imponer una planta de
refrescos es evidenciar también su total abandono a políticas ecológicas para
la región”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque, coordinador general del
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Para la producción de un litro de refresco se necesitan dos litros de agua, por
lo que “la cantidad que van a estar extrayendo del acuífero Cuautitlán-
Pachuca es una descomunal de millones de litros diarios para poder generar
su producción industrial”, dijo.
La capacidad de extracción de la refresquera es mucho mayor a la del sistema
de agua potable autónomo de Tecámac, lo cual viola una observación del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). El uso primordial del agua tiene que ser
doméstico y personal por encima del industrial, refiere.
Ante ello, la comunidad del sistema autónomo de Tecámac ya está
preparando acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación en contra
de este inicio de actividades porque dentro de la entidad “no hay condiciones
de parcialidad”, adelantó el abogado Lara Duque. Una vez finalice la Semana
Santa entrará un recurso.
Al menos 80 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con
sistemas ciudadanos y autónomos de administración de agua. El artículo 2
constitucional reconoce el acceso preferente de los pueblos originarios a los
recursos naturales y su manejo.
Sin embargo, han enfrentado intentos de privatización del agua para instalar
megaproyectos “de urbanización desmedida” encaminados a “garantizar el
lucro a costa de la destrucción de la cuenca del Valle de México”, afirmó la
organización Agua para Todos, conformada por pueblos originarios,
organizaciones sociales, sistemas comunitario de gestión del agua e
investigadores.
“El gobierno mexiquense ha instaurado aparatos represivos que incluye la
captura de autoridades comunitarias a través de corrupción, despensas o uso
de la fuerza para intimidar y reprimir a quienes desde las comunidades
intentan luchar contra la imposición de megaproyectos”, aseguró en entrevista
David Silva Carmona, de la Red de Antropología Populares del Sur. “Para las
comunidades estos proyectos no aportan nada porque son privados y, al
contrario, generan el rompimiento del tejido social y despojo de recursos
naturales”.
En abril de 2015, el Diputado priista Amador Monroy Estrada presentó ante
el Congreso del Estado de México la iniciativa para modificar la Ley de Agua
estatal con la que pretende municipalizar a los sistemas comunitarios de agua
potable de la entidad “porque dice que no cuentan con la asesoría y capacidad
suficiente para cumplir con la demanda de la población”, dijo en entrevista
Efrén Santana, habitante de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de
Lerma.
“El Estado toma la administración del agua mediante un aparato de despojo
de manantiales y ríos cambiando las leyes, pero se la entrega directamente a
la industria, minería y fracking. Para eso quieren el control del agua. La
ponen como una mercancía al mejor postor, y la mayor cantidad está en los
territorios indígenas”, aseguró Santana.
“En Tecámac estaban luchando en contra de la imposición de la refresquera
Peñafiel. Ya fue inaugurada cuando sabemos que los pozos en el Valle de
México están severamente sobrexplotados”, determinó.
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El Presidente tiene su propio refresco, según EPN, y
Eruviel dice ser “Peña-fiel” (VIDEO)
Grupo Peñafiel ahora tiene dos plantas en la entidad. La primera se instaló en
la industrial de Xalostoc, en Ecatepec de Morelos. En esta recién inaugurada
se podrán producir más de 200 millones de botellas al año, con los que
abastecerá a los más de 400 mil puntos de venta que tienen a lo largo del
territorio nacional, destacó Fernando Cortés Gómez, Vicepresidente
Corporativo de Cadena de Suministro.
La mayoría de los casos de imposición de proyectos en la entidad han
quedado impunes por la “asociación a través de la corrupción” entre la clase
política y las empresas, dijo David Silva Carmona, también académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
“La constante en el Estado de México es la imposición a través de la fuerza;
hay poca voluntad para respetar los derechos específicos de pueblos
indígenas. Obedecen a un sistema neoliberal que privilegia la participación de
industrias a través de inversión privada. En el despojo del Estado de México a
la población la están marginando a círculos de pobreza y los bosques que han
cuidado durante años han quedado para zonas residenciales o campos de
golf”, determinó.
ACOSO CONTRA EL SISTEMA AUTÓNOMO DE TECÁMAC
El Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable de Tecámac
(SAPTEMAC) suministra agua en ese poblado a cuatro mil personas desde
1976, sin embargo, ha sido víctima de acoso y hostigamiento, ha
documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Esta semana finalmente se logró establecer Grupo Peñafiel, el cual en
septiembre de 2015 perforó un pozo “presumiblemente de manera clandestina
en la zona”.
Justamente hace un año, el día 12 de abril de 2016, el presidente del Sistema
de Agua Potable de Tecámac, Mateo Martínez Urbina, y la secretaria general
del sistema, María del Carmen Balleza Ortegón, fueron agredidos con
botellazos de agua por un grupo de personas ajenas a la colonia. Acudían a
una reunión para solucionar el problema de desabasto de agua que hay en esa
área. Martínez Urbina también ha recibido amenazas.
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Edomex encarcela a indígenas de Coyotepec por defender
su agua; finca “delitos contra el Estado”
Desde 2005 el pueblo ha defendido su sistema autónomo de agua porque el
Presidente Municipal, Aaron Urbina, intentó municipalizar la administración
del agua, pero hubo resistencia social.
“Durante estos 12 años han habido una serie de acosos y hostigamientos. El
presidente del sistema de agua potable y la secretaria han sido agredidos
físicamente por personas afines al Presidente Municipal, Aaron Urbina”,
determinó José Antonio Lara, director del centro de derechos humanos. “Su
labor corre riesgo”, añadió.
Esta planta de la compañía refresquera en la cabecera municipal de Tecámac
“continuará sobreexplotando un acuífero ya declarado en veda desde 1954 y
considerado por la Comisión Nacional del Agua como gravemente abatido”,
dice el centro Zeferino Ladrillero.
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, destacó que la
industria refresquera nacional ha logrado, en lo que va de la administración
del Presidente Enrique Peña Nieto, crecer más de 12 veces y media lo que en
promedio está creciendo la industria nacional.
En 1951, el pueblo de Tecámac inició la construcción de su primer pozo de
agua con trabajo voluntario. A través de cooperaciones económicas estableció
la infraestructura para autoabastecerse sin el apoyo directo de ningún nivel de
gobierno.
Pero ha enfrentado los intentos gubernamentales por hacerse del control del
líquido mediante el intento de “desligitimar” a los liderazgos de la comunidad
para justificar una posible agresión o incluso hacer un uso indebido del
sistema de justicia penal, “lo cual es por demás preocupante, pero sistemático
en el Estado de México”, evaluó el centro Zeferino Ladrillero.
Entre las principales batallas del municipio se encuentra la oposición al
Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua
(PROMAGUA), al proyecto “Ciudades Bicentenario” y, en su momento, la
instalación de la embotelladora de refrescos.
La organización Agua para Todos ha exigido que se respeten los derechos
humanos de los defensores del agua, de los integrantes y autonomía de los
sistemas comunitarios; demanda que se promueva el derecho a la consulta
previa, informada, ante cualquier instalación de proyectos, y pide que cese a
la división y confrontación, fomentada por el gobierno y sus partidos aliados,
entre los pobladores del pueblo de Tecámac.
Ley de biodiversidad legaliza el
saqueo
SILVIA RIBEIRO*
L
a propuesta de Ley General de Biodiversidad presentada en octubre de 2016 por una senadora del
Partido Verde Ecologista de México plantea un mecanismo de privatización de los recursos
genéticos del país y de los conocimientos indígenas asociados a éstos. Según la propuesta, el
gobierno tendría la potestad de autorizar la privatización, incluso sin consentimiento real de los
pueblos indígenas, o con opiniones contrarias de otras instituciones, ya que éstas quedan
reducidas a meras opiniones. Elconsentimiento fundamentado previoque se cita en dicha
propuesta de ley es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra una
persona o una sola comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato, aunque se trate de recursos
y conocimientos colectivos de pueblos enteros, que en muchos casos están en varios países.
La propuesta se está discutiendo en el Senado y ha sido criticada por muchas organizaciones,
principalmente ambientalistas y conservacionistas, porque además de no haber sido consultada,
deja muchos huecos en otros temas relativos a la biodiversidad, como bosques, áreas naturales
protegidas, conservación de especies amenazadas, incluso violando convenciones internacionales
de las que México es firmante.
Esto porque pretende convertirse en una superley, que abroga y/o subsume varias otras:
elimina la Ley General de Vida Silvestre y estipula que las leyes General de Desarrollo Forestal
Sustentable, General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la de Desarrollo Rural Sustentable, se
deben atener a ésta, al tiempo que deroga una parte de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente ytodas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente ley.
Greenpeace México llamó a esta propuesta un monstruo creado con parches de otras leyes
que sólo logra contradicciones, incongruencias, lagunas jurídicas y confusiones, que de ser
aprobada será un retroceso en la conservación de la biodiversidad (…) algo que sólo se puede
entender si se considera que uno de los autores de dicha ley es un ex funcionario que fue
denunciado por el propio Partido Verde por tráfico de especies.” (http://tinyurl.com/k6abqhl)
El único tema nuevo de esta propuesta, es que se propone legislar sobre el uso, acceso y
reparto de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, para incorporar en una ley
nacional el contenido del Protocolo de Nagoya, del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).
El Protocolo de Nagoya es, entre otras cosas, un canal para legalizar la biopiratería. Para éste,
la privatización de un recurso o conocimiento colectivo sólo se considera biopiratería si no está
legalizada. Biopiratería es lo que las trasnacionales farmacéuticas, agrícolas, cosméticas y otras
instituciones han hecho por décadas, con las semillas, plantas, hierbas medicinales, microbios,
hongos. Pero exactamente el mismo acto se convertiría en legal si existe un contrato con
supuestos dueños de esos recursos o conocimientos, con alguna mínima compensación. Así las
empresas puede asegurar legalmente su monopolio e impedir el acceso a todos los demás. Esa
privatización de bienes colectivos, no la objeta el Protocolo de Nagoya ni esta propuesta.
El capítulo III de la propuesta de ley afirma: El acceso a los recursos genéticos para su uso
sustentable estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la nación, otorgado a través
de una autorización por la Secretaría [Semarnat] considerando las opiniones de otras autoridades
competentes y de la Comisión [Conabio], así como del consentimiento fundamentado previo y
participación de los propietarios o poseedores legítimos de los predios o instalaciones en los que
se realice el acceso...
Esto significa que la Semarnat será la que autorice el acceso, mientras todo lo demás son
opiniones, que pueden o no ser tomadas en cuenta. Además, legaliza que el propietario o
poseedor de un solo predio (!) puede firmar un contrato que da el monopolio a una trasnacional
sobre recursos genéticos que son colectivos y ancestrales de pueblos indígenas y comunidades
campesinas, incluso que pueden estar en varios países.
Igualmente, en el capítulo IV, sobre acceso de conocimientos tradicionales asociados a
recursos genéticos, afirma que este acceso estará sujeto alconsentimiento fundamentado previode
pueblos indígenas y comunidades locales, pero admite que si varias comunidades tienen el mismo
conocimiento (que es lo que suceden en casi todos los casos), la Semarnat solamente
debe procurar la inclusión de éstas, pero si no lo consigue, podrá autorizar el acceso con la
participación de una sola comunidad o a quien designe como propietario.
En la COP 13 del CBD, realizada en México en diciembre 2016, las y los delegados de
pueblos indígenas allí presentes reclamaron la inclusión deconsentimiento previo, libre [de
coerciones] y fundamentado y laparticipación y aprobación de los pueblos indígenas –no de
comunidades o individuos–, tanto sobre los recursos genéticos como los conocimientos asociados
a éstos. La propuesta del PVEM los limita seriamente y elimina el concepto de efectiva
aprobación o negación al acceso de parte de los pueblos.
Tanto Costa Rica como Guatemala negaron la aplicación del Protocolo de Nagoya en leyes
nacionales, debido a la denuncia de organizaciones indígenas y civiles sobre estos temas y a la
falta de consulta. (http://tinyurl.com/kv7j3m9). Este monstruo de propuesta de ley debería ser
descartado en totalidad.
*Investigadora del Grupo ETC
La constructora acepta que tenía una oficina dedicada a comprarpartidos y políticos
Ligan con sobornos de Odebrecht a decenas de políticos
brasileños
Ningún funcionario está exento, según declaraciones del empresario; lista detallada de
pagos
La Cámara de Diputados de Brasil, después de la información dada a conocer el pasado miércoles por la Corte Suprema
acerca de la investigación por corrupción a casi una centena de políticosFoto Ap
AFP Y AP
Río de Janeiro.
En días recientes, los brasileños viven pegados a una hipnotizante nueva versión de
telerrealidad: los videos emitidos casi sin interrupción de poderosos ex ejecutivos encarcelados
acusando de corrupción al presidente, Michel Temer, y a casi todos los políticos relevantes del
país.
Por encima de las tórridas telenovelas y del BBB, como se conoce al Gran Hermano en
Brasil, un drama mucho más grande y serio domina ahora la televisión.
Las novelas cuentan con sus romances melodramáticos y el BBB con sus telegénicos
exhibicionistas. Pero las estrellas de este show, que aparecen sin descanso en todas las cadenas,
son en su mayoría grises hombres de mediana edad. Su historia, sin embargo, es la más explosiva
que ha vivido Brasil en décadas.
Son los 77 ex ejecutivos de Odebrecht, la constructora más importante de América Latina,
que se han declarado culpables de haber participado en la mayor red de sobornos de la historia
del país.
Con la esperanza de reducir sus sentencias, los ex directivos se abrieron a los fiscales,
explicándoles cómo la empresa gestionaba un departamento especial para comprar a cada partido
y a la mayoría de los políticos más influyentes del gigante sudamericano.
Durante meses, todos esos testimonios –en forma de declaraciones grabadas y documentos
escritos– permanecieron bajo secreto.
Pero en la noche del martes, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin autorizó investigar a
alrededor de cien políticos basándose en sus relatos. Poco después, las delaciones premiadas se
hicieron públicas. Sin molestarse en maquillar sus temores, los legisladores vaciaron el Congreso
tras conocer la esperada lista. El jueves, víspera del feriado de Viernes Santo, no había señales de
regreso.
Aunque lejos de Brasilia, los políticos no podrán evitar que las televisiones sigan emitiendo
los testimonios, ahora que la corrupción se ha convertido en un espectáculo casi en vivo.
Departamento de sobornos
Los responsables de la más grande constructora en América Latina usaron un sistema secreto de
comunicaciones para discutir y arreglar el pago de sobornos.
Una detallada hoja de cálculo indicaba quién recibió qué, todo bajo un sistema de nombres
clave. Y para supervisar, había un departamento entero en la gigantesca constructora brasileña
Odebrecht, cuyo propósito era asegurar que los pagos se hicieran sin contratiempos.
Aunque los acuerdos frecuentemente se cerraban entre cenas y cafés, no había nada al azar en
una amplia red de corrupción que los fiscales investigan en Brasil y que involucró sobornos a
cientos de políticos a cambio de conseguir contratos estatales, legislación benéfica y otros
favores.
La Corte Suprema abrió investigaciones a 100 políticos esta semana con base en
declaraciones de ejecutivos actuales y pasados de Odebrecht. En sus testimonios describen cómo
la corrupción simplemente era parte del negocio.
Había una regla: o le damos a todos o a ninguno, explicó Emilio Odebrecht, presidente de la
junta de la empresa, en referencia a los pagos que hacían a los políticos.
Al parecer, Odebrecht se decantó por la primera opción. Documentos judiciales dados a
conocer esta semana y declaraciones de los fiscales ofrecen un vistazo a la forma sumamente
organizada en que la empresa manejaba millones de dólares en coimas (sobornos).
La trama era supervisada por la llamada División de Operaciones Estructuradas,
el departamento de sobornos, como le dicen los investigadores. Esta división tenía su propia
jerarquía y contadores. También usó el sistema secreto de comunicaciones Drousys para reportar
los pagos internos y externos.
Los pagos estaban detallados en hojas de cálculo guardadas en el sistema Drousys, de acuerdo
con un testimonio judicial. En dichas hojas contables, los políticos que recibían pagos y los
intermediarios que los entregaban eran mencionados con apodos.
Eliseu Padilha, hoy jefe de personal del presidente Michel Temer, era elprimo. El ex alcalde
de Río de Janeiro, Eduardo Paes, era el pequeño nervioso. Otros eran decrépito,Viagra, pequeño
niño en el bosque yDrácula.
Un congresista incluso protestó en su página en Facebook cuando su apodo –totalmente feo–
fue reportado en la prensa local el año pasado.
Los empleados en Odebrecht posiblemente se divertían con los sobrenombres, pero sus
revelaciones muestran hasta ahora que se tomaban la corrupción en serio.
Los fiscales investigan el testimonio y están decidiendo si presentan cargos. Los políticos
niegan haber actuado mal y muchos han manifestado que lo que recibieron de la constructora
fueron contribuciones legítimas de campaña.
Videos revelan trama
El máximo protagonista de las grabaciones es Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía
familiar y uno de los empresarios más prestigiosos de Brasil, hasta su arresto en 2015 en el marco
de la megaoperación anticorrupción conocida como Lava Jato (Lavadero de autos).
Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en 2016. En los videos, no obstante, aparece
vistiendo camisa y a veces una chaqueta de traje, trasmitiendo todavía la imagen de un ejecutivo
seguro de sí mismo, al tiempo que enumera sus delitos –y a sus supuestos socios políticos– al
detalle.
Al ex presidente ejecutivo de la poderosa constructora se le escucha decir que suministró
ilegalmente unos 144 millones de dólares a los políticos investigados.
Odebrecht y sus antiguos colegas señalan a todos los grandes líderes brasileños, incluyendo al
presidente Michel Temer y todos los ex mandatarios vivos desde el retorno de la democracia a
mediados de los años 80.
La mayoría de los pagos de la empresa fueron en forma de donaciones sin declarar a partidos
políticos –la llamada caja dos– que, según los fiscales, era una forma de soborno generalizado
para comprar influencias en todo el espectro político.
Todo el mundo cometió ese delito electoral, afirma Odebrecht en las grabaciones. “No
conozco ningún político en Brasil que haya conseguido hacer cualquier elección sin caja dos”,
añade.
Y aún va más lejos: “El tipo puede decirte que no lo sabía, pero recibió dinero del partido que
era de caja dos”.
A Temer lo salva el fuero
Uno de los pocos grandes nombres de la política que no aparece en la lista es el de Michel Temer.
Como presidente en ejercicio, la Constitución estipula que no puede ser investigado por presuntas
ilegalidades cometidas previamente a su llegada al poder.
Aunque el alivio inicial en Planalto pronto se vio opacado por el video en el que ex ejecutivo
Marcio Faria le cuenta a los fiscales que Odebrecht sobornó al Partido Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB) de Temer en 2010 durante un encuentro presidido por el ahora mandatario.
El acuerdo, supuestamente sellado en la oficina del entonces candidato a la vicepresidencia en
Sao Paulo, estipulaba que la constructora pagaría 40 millones de dólares a la formación a cambio
de la adjudicación de un contrato con la estatal Petrobras.
Estaba claro que hablábamos de un soborno, dijo Faria.
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Sintesis informativa 15 de abril de 2017

  • 1. Renuncia de Avilés es por falta de resultados: S-22 Analizará magisterio todos los pendientes y promesas del Gobierno del Estado por Yadira Sosa el Sábado 15 de abril de 2017 - 07:46:09 La Sección 22 del magisterio oaxaqueño no descartó que la renuncia de Alejandro Avilés como secretario general de Gobierno forme parte de una estrategia política, ante la ausencia de resultados mientras se mantuvo en el cargo.
  • 2. El vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Wilbert Santiago Valdivieso, confió en que el ahora extitular no sea asignado a otras funciones donde pueda manejar y manipular los recursos públicos. El exsecretario general renunció la noche del jueves, luego ser exhibido en redes sociales por haber utilizado para uso personal un helicóptero propiedad del Gobierno del Estado. La dirigencia de la Sección 22, de acuerdo al secretario de Prensa y propaganda, analizará de manera precisa todos los pendientes y promesas que se obtuvieron con la Secretaría General de Gobierno, mientras estuvo al frente el militante priista. "No es nuevo que este tipo de funcionarios utilicen recursos públicos; los políticos saben que al hacer uso de ellos podría generarse una renuncia", cuestionó el profesor. Expuso que desde que iniciaron las mesas de diálogo y negociación con la nueva administración estatal, los trabajadores de la educación no han obtenido solución a sus principales demandas, de carácter educativo, económico, social y político. AsImismo, precisó que se mantendrán atentos a la actuación de Carmelita Ricárdez Vela como encargada de la Secretaría General de Gobierno, de quien advirtieron no podrá dar solución a las demandas sociales por la línea política que posee. "Como Sección 22 exigimos alguien que resuelva y no obstaculice", insistió Santiago Valdivieso, al dejar en claro que el magisterio se mantiene en alerta para continuar sus movilizaciones aún en temporada vacacional. México tercer país más peligroso para periodistas, le siguen Siria y Afganistán AGENCIA REFORMA Marzo fue un mes negro para el periodismo en México. Agence France-Presse Marzo, mes fatídico "Has tenido que enterrar colegas, ver a otros compañeros salir del país, pero cuando te toca a ti entras en pánico", asegura el reportero Noé Zavaleta, uno de los cientos de amenazados en México, el tercer lugar más peligroso del mundo para los periodistas. Marzo fue un mes negro para el periodismo en México. Tres reporteros fueron asesinados y un cuarto sigue hospitalizado tras ser baleado. Un diario regional cerró denunciando la falta de seguridad para ejercer un "periodismo crítico".
  • 3. El año pasado, el país registró un triste récord: más de 400 agresiones contra la prensa y 11 periodistas asesinados, según datos de la ONG Artículo 19. Aun así, profesionales como Zavaleta, de 36 años, siguen escribiendo sobre vínculos entre políticos y organizaciones criminales, corrupción, desaparecidos y los cientos de cadáveres descubiertos en fosas comunes clandestinas. "Cada vez te llegan más temas, más injusticias, más tela de dónde cortar", explica a la AFP al calor de la tarde en Xalapa, su ciudad natal y capital del estado de Veracruz, en el este, donde ocurrieron dos de los cuatro ataques a periodistas en marzo. El tercero más peligroso Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, México es el tercer país más peligroso para ser periodista luego de Siria y Afganistán, con 102 asesinados desde 2000. Y Veracruz, el estado mexicano con más informadores muertos: 20. Como corresponsal de la revista mexicana Proceso, reconocida por sus investigaciones, Zavaleta aceptó transitar por una ruta en la que colegas y amigos dejaron la vida. Bajo amenaza del estado Llegó a la publicación en 2012 para cubrir el puesto dejado por Regina Martínez, que también denunció corrupción y abusos del gobierno estatal, y cuyo violenta muerte sigue sin resolverse. Y trabajó con el fotógrafo Rubén Espinosa, quien abandonó Veracruz denunciando amenazas de autoridades estatales y terminó asesinado en julio de 2015 en un escabroso incidente en Ciudad de México. Desde hace una década, denuncia Artículo 19, más de la mitad de amenazas a periodistas en México proceden de funcionarios, a lo que se suma una impunidad casi total: 99,75% de casos sin resolver. Hasta enero, Zavaleta vivía permanentemente acompañado por dos escoltas armados, a raíz de las amenazas recibidas tras la publicación en junio del libro "El infierno de Javier Duarte", sobre un exgobernador actualmente prófugo a quien la justicia imputa graves cargos de corrupción. Comenzó recibiendo mensajes con insultos y amenazas a los que siguieron correos anónimos a la prensa y las autoridades acusándolo de ser "un reportero cooptado por el narco". Hombres desconocidos aparecieron merodeando su oficina, su casa y la de su novia. Como resultado, hizo las maletas y huyó a la capital donde denunció su caso a las autoridades federales. "Nadie te da garantías" Otros de sus compañeros, denuncia, no pudieron beneficiar de la misma protección que él debido a restricciones presupuestales. Y más aún, uno de sus antiguos escoltas murió a fines de marzo, al recibir un disparo mientras protegía a otro periodista: "siempre se quejaron de que necesitaban chalecos antibalas y que necesitaban un mejor vehículo y en los seis meses nunca les autorizaron esto por un tema de insuficiencia presupuestal". "Aquí en México nadie te da garantías. Uno decide regresar porque es testarudo, es aferrado, es apasionado a esto", dice vehemente.
  • 4. Redacción del Piñero | @elpinero | 14, Abril 2017 Criminales emboscan a periodista y a su esposa en La Paz, BCS; ella vive, a él lo matan de 15 disparos El Colectivo Pericú, medio para el que Maximino Rodríguez colaboraba, detalló que sujetos desconocidos dispararon contra el periodista y su esposa, desde una camioneta pick up color blanca, que circulaba sobre el bulevar Forjadores. La mujer resultó ilesa, mientras que el cuerpo del reportero quedó inerte al interior del vehículo. El pasado 28 de marzo, un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada en el domicilio del reportero Julio Omar Gómez Sánchez, en Cabo San Lucas, donde el escolta asignado a la seguridad del periodista los enfrentó y perdió la vida. Tijuana/Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El reportero Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años de edad y colaborador del portal Colectivo Pericú, fue asesinado al medio día de este viernes, en el estacionamiento de una tienda departamental de La Paz, Baja California Sur, cuando iba en compañía de su esposa, quien resultó ilesa. De acuerdo con información de Colectivo Pericú, sujetos a bordo de una camioneta pick up color blanca, que circulaba sobre el bulevar Forjadores, frente a la tienda City Club, dispararon contra el periodista y su esposa cuando ser encontraban en su vehículo. La mujer resultó ilesa, mientras que el cuerpo del reportero, quien recibió al menos 15 disparos, quedó inerte al interior del automóvil Rodríguez Palacios arribó a la zona de estacionamiento a bordo de su vehículo, un Honda sedán de color azul, cuando recibió los disparos, al parecer con rifles de alto poder. Según Colectivo Pericú, el reportero se acababa de estacionar en la zona de discapacitados, donde solicitaría una silla de ruedas para su esposa, quien tiene problemas de movilidad. Rodríguez Palacios fungió como vocero del Tribunal Superior de Justicia local y de la Procuraduría General de Justicia del estado , además trabajó como corresponsal de los diarios El Heraldo y Excélsior.
  • 5. En la actualidad, Max, como le decían sus conocidos, escribía una columna sobre temas de seguridad y política. El pasado 28 de marzo, un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada en el domicilio del reportero Julio Omar Gómez Sánchez, en Cabo San Lucas, donde el escolta asignado a la seguridad del periodista los enfrentó y perdió la vida. Julio Omar Gómez cuenta con protección debido a que ha denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) dos atentados previos que ha sufrido en su contra, por lo que se sometió al Programa de Protección a Periodistas. Este día, antes de darse a conocer el asesinato de Maximino Rodríguez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que llevará a cabo un reunión con los fiscales y unidades especializadas para diseñar y homologar un protocolo para la protección de periodistas en riesgo. “[La CNDH convocará a] un encuentro que permita conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de justicia”, detalló el organismo en un comunicado. -Con información de Zeta y Colectivo Pericú. Periodista Maximinio Rodríguez. Foto: Especial PGR abre investigación por el asesinato del reportero Maximinio Rodríguez POR PATRICIA DÁVILA , 15 ABRIL, 2017NACIONAL CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR ) inició una carpeta de investigación por el homicidio del periodista Maximino Rodríguez, registrado la tarde de este viernes 14, en el estado de Baja California. La PGR indicó, en un comunicado, que una célula ministerial integrada por peritos de varias especialidades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión se traslada a ese estado para iniciar la investigación, con el fin de recabar indicios de prueba.
  • 6. La investigación se realizará a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación estatal en Baja California Sur. Según PGR, inmediatamente que se tuvo conocimiento de los hechos, la representación del Ministerio Público de la Federación (MPF) dio inicio a las indagatorias y se conformó una célula de investigación por agentes del mismo MPF, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos en las especialidades de Criminalística de Campo, Química, Balística, Fotografía Forense, Dactiloscopia, Medicina Forense, Psicología, Genética, Valuación y Tránsito, entre otros. Según reportes, el asesinato del reportero fue tras recibir varios impactos de bala de rifles de alto poder, mientras se encontraba en el estacionamiento de la tienda City Club en La Paz, Baja California Sur, en compañía de su esposa, cuando sicarios se emparejaron al vehículo del comunicador y abrieron fuego contra él. Rodríguez Palacio, de 73 años, era periodista de Colectivo Pericú. CNDH busca capacitar a investigadores de agresiones a comunicadores DE LA REDACCIÓN La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que en los próximos días convocará a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión de los gobiernos estatales a un encuentro para conocer e intercambiar buenas prácticas para abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas. En un comunicado, el organismo informó que dicha labor se realizará junto con la Procuraduría General de la República, y entre sus principales objetivos se encuentra diseñar un protocolo de actuación rápida para que quienes investigan agresiones a periodistas cuenten con mejores herramientas. De igual manera, se busca que las fiscalías o unidades especializadas trabajen en la detección de riesgos, tomando en cuenta el contexto en que desarrollan su labor profesional los comunicadores, además de que impulsen campañas de denuncia para que los periodistas agraviados recurran a las autoridades. Empeora huelga de urbaneros, pararía 60% de los choferes El desacuerdo entre las partes alargará aún más el paro parcial que cumplió ayer 23 días.
  • 7. GIOVANNA MARTÍNEZ Los choferes quieren conservar el empleo pero bajo mejores condiciones laborales. < > Juan Zavala Sindicato rechaza oferta de la empresa; Sevitra: la mayoría no circula La representación sindical de los trabajadores en huelga de Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca (Tucdosa) rechazaron la propuesta de liquidación y terminación de la relación laboral propuesta por la parte patronal para terminar con el conflicto sindical. El desacuerdo entre las partes alargará aún más el paro parcial que cumplió ayer 23 días y pondrá en una situación complicada a las empresas del transporte público urbano de la capital del estado y municipios conurbados, quienes tendrán que parar el 60 por ciento de las unidades e integrarlas a la huelga. El secretario general del Sindicato de Choferes del Sur y Tucdosa, Alejandro González Forastieri, explicó que la presidenta del Consejo de Administración de ambas empresas, Alejandra Gómez Candiani, ofreció liquidar a los trabajadores sobre la base de 80 pesos diarios lo que es menor al salario con el que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual es de 86 pesos, y mucho menor al sueldo que establece la Comisión Nacional de Salarios, que para los choferes debe ser de 113 pesos. Los patrones fueron quienes pusieron sobre la mesa la terminación de la relación laboral con los trabajadores en huelga y proceder a su liquidación. Sin embargo, la propuesta del sindicato con base a sus cálculos es que debe pagarse a más de 350 trabajadores una cantidad superior a los 241 millones de pesos. Entre 77 mil y 600 mil pesos por trabajador, según su antigüedad en el trabajo. “Ellos están ofreciendo una liquidación que no es legal y sobre un salario que ni siquiera es el que está en el seguro social ni el que le corresponde a los trabajadores”. González Forastieri, además, sostuvo que la postura del sindicato es que los choferes conserven el empleo pero bajo mejores condiciones laborales. Con la huelga que inició el pasado 20 de marzo, los trabajadores denunciaron jornadas de 14 horas de trabajo diarias, multas por faltar los días domingo o conmemorativos, cobros por seguros de daños, entre otras situaciones que atentaban contra sus derechos laborales. Tras el estancamiento en las mesas de negociación, el procedimiento legal continuará y el sindicato ha interpuesto un juicio de responsabilidad contra Gómez Candiani, que de perderlo tendría que obligar a la empresa a liquidar a los trabajadores con base al planteamiento que ya hizo el sindicato. A esto se suma, que la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) aceptó girar el oficio para revisar el número de unidades con las que cuentan las empresas como ordenó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), para posteriormente parar el 60 por ciento de los vehículos de
  • 8. Choferes del Sur e integrarlos a la huelga. Esto, según determinó la autoridad laboral, se realizaría el próximo lunes 17 de abril. Hasta ayer, continuaban en circulación la mayoría de los camiones urbanos y que según González Forastieri, es por la arbitrariedad de las empresas. Asimismo, informó que Gómez Candiani ha sacado a circulación camiones viejos para reemplazar a los que están en paro; pero también para sustituirlos por modelos más nuevos ante el temor de un embargo de los vehículos a favor de los trabajadores. “Porque hay un trabajador que ganó por años de antigüedad, hace dos meses, y ese costo tiene dos millones 800 mil pesos. La empresa lo que ha hecho es cambiar el número y la razón social de la empresa, y cambiarlos por camiones viejos para que no se los embargue el trabajador”, aseguró. El líder sindical, González Forastieri, dijo que también solicitaron al gobierno del estado que ante la postura de la parte patronal, que sea la JLCyA el árbitro legal entre las partes y que determiné si las empresas están cumpliendo con la ley o no. A partir de mayo cobrará Tuxtepec $45 por basura al mes A partir de ahora los usuarios del servicio de basura deberán pagar por la recolección Fernando Soler TUXTEPEC, OAX.-A partir de este mes habitantes de las colonias y fracccionamientos que existen en esta ciudad, deberán pagar 45 pesos mensuales por el la recolección de la basura. La disposición les fue informada a los representantes de los recién nombrados comités de vecinos por parte de la dirección de gobernación municipal a través del área de servicios públicos, ya que con ello, "se intenta que pueda generarse una cultura de concientización (sic)" fue el argumento de Gaudencio López Solís, responsable del departamento de gobernación. El gobierno municipal busca que en este caso los usuarios saquen la basura de sus hogares poco antes de la hora en que las unidades recolectoras pasen por el lugar, así como en unos días más al momento de escuchar la campana de los camiones. TAMBIEN PUEDE INTERESARTE Argumentó que necesario que la población pague por la recolección de la basura, aunque de este cobro estarán exentos quienes ya pagaron todo el año cuando efectuaron el pago de los impuestos municipales como el predial y el agua potables; el resto tendrán que pagar los 45 pesos que se les cobrará mensualmente.
  • 9. El municipio dispone de 17 unidades y por el cual el gobierno municipal se gasta alrededor de un millón de pesos por unidad recolectora, es decir entre los 16 y 17 millones de pesos por año en el pago a trabajadores, combustible y mantenimiento de los camiones. Y para contribuir a que la basura no se convierta en un grave problema social como el que se advierte ante la falta de un nuevo relleno sanitario, es necesario cambiar la cultura de la población. Dinero Siempre cae un pez gordo en elecciones Que lo manden a EU, aquí lo soltarían Papa caliente, tiene mucha información ENRIQUE GALVÁN OCHOA E l ex gobernador priísta de Tamaulipas Tomás Yarrington fue apresado en Italia. Hay dos fichas rojas solicitadas a la Interpol, una por México, por delitos contra la salud, y otra por Estados Unidos, por importación y distribución de drogas y lavado de dinero. Preguntamos en la encuesta su opinión sobre el suceso. Estos son los resultados. Metodología Enviamos la pregunta a los usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook, abierta a quien quiso responder. También a los miembros de El Foro México. Participaron 2 mil 971 personas, de las cuales 968 corresponden a El Foro, 198 a Facebook y mil 781 a Twitter. A continuación, algunos comentarios. Twitter Que lo entreguen a Estados Unidos, porque si lo traen acá al rato hasta de senador lo tendremos, como Moreira, que lo atrapan en España y lo sueltan aquí. Carmen Olvera @carmen_olvera Hace un mes agarraron a un capo de la mafia italiana, ¿coincidencia que agarraran a Yarrington en Italia? Alberto F. Flores @bebeto2016 Lo que se ve no se juzga, dice el dicho. La PGR no movió un dedo para capturarlo. Así o más claro. MrShrek @srmojarro El narco y lavado de dinero son delitos menores cuando se goza de la franquicia correspondiente. Al rato lo sueltan, pura faramalla. José Luis Morales @Don_Guajo Más que dinero, lo que tiene es información. En casos como éste, eso es lo valioso. ¿A quién le dio y cuánto? Por eso más de uno tiembla. Ángel Verdugo @AngelVerdugoB
  • 10. Y la foto donde aparece Peña Nieto de chofer de Yarrington, ¿no cuenta como sospecha? Digo, porque si hubiera sido el Peje... uuuf. Compa Estudiante @Juvenal777 Atole con el dedo. Es miembro distinguido de la mafia política. Se está prestando al circo, sabe que gozará de impunidad eterna. Andrés Rodríguez@AndresVirgen21 El Foro México Habría que ver su pasaporte, para saber con qué alias transitaba y ¿quién se lo expidió? Se me ocurre... Roberto Maldonado/Ciudad de México Solo no trabajó en sus raterías. Que cante y se vayan todos a la cárcel. Malena García/Nezahualcóyotl Esto es sólo un acto de campaña. Víctor Aguilar/Puebla Triste, pero cierto: si lo juzgan en EU hay alguna posibilidad de que sea castigado. Si lo regresan a México, lo soltarán pronto. Laura Esquivel/Aguascalientes Siempre que vienen elecciones agarran al chivo expiatorio para que la población crea en el PRI, los demás gobernadores fugitivos, ¿cuándo? ¿Quién será el siguiente para 2018? Elena Maya/Ciudad de México Políticos priístas mexicanos harán lo posible para que Italia lo extradite a México para encubrirlo como a tantos, y con mayor razón en época de elecciones. Klaudia M. Gómez/Cuautitlán El PRI (Alibabá y sus 40 ladrones) ni se inmuta. Mientras, los ciudadanos cada vez tenemos que cargar con la vergüenza y pena que esto ocasiona ante el mundo. Eduardo Zavala/Nezahualcóyotl Qué cínicos, pero si esto es sólo un ardid electorero. Cuitláhuac Navarro/Tequixquiac Otra burla más de la mafia del poder a esta nación. Agustín Chávez/Coacoalco
  • 11. Dice el PRI que lo expulsó, pero hasta traía guardias pagados por el gobierno, ¿entonces? Luis Felipe Ortega/Puebla Facebook Es lamentable que vivamos en un país de total impunidad, y que otros países hagan lo que tendríamos que hacer nosotros. Jesús Fernández/Córdoba Ni con las dos posibles cadenas perpetuas paga este ex gobernador el daño que hizo al pueblo tamaulipeco, ojalá y le agreguen una cadena más. Armando Balleza/Ciudad de México La debilidad del aparato gubernamental es tan grave que ya no protege ni a sus propios cómplices. Alberto Estrada/México Nuestros gobernantes tienen mucha cola que les pisen, a tal grado que será lo que diga el patroncito Estados Unidos. Enrique Hernández/Veracruz Que se lo quede Italia o que se lo den a Estados Unidos, para que venga a ser juzgado a México y tenga todo tipo de privilegios... uuuf. Ana Jessica Pérez/Morelia Lo más lamentable es que no hay ninguna garantía de que regrese lo que se robó ni que pague una justa condena. Lupita Flores/Monterrey Nuestro gobierno no se preocupó demasiado por capturarlo, al igual que a otros ex gobernadores. Noé Hernández/Poza Rica La procuración de la justicia siempre caerá en contra de los que menos tienen. En el sistema de México, siempre los políticos y los pudientes la librarán. Gregorio Sánchez/Ciudad de México Si pisa México es hombre libre. Alejandro Villa/Cocula En México no existe el estado de derecho. Juan Antonio Desiderio/Acayucan Twitter: @galvanochoa Facebook: @galvanochoa galvanochoa@gmail.com • Foro:http://elforomexico.com/encuestas/
  • 12. México SA Gasolinas: vienen más alzas Consumidores silenciosos Lozoya: ¿tolerancia cero? CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA T ras el brutal aumento de precios de los combustibles con el que arrancó 2017 (de hasta 24 por ciento, según la zona de consumo) desde febrero pasado el gobierno federal ha jugado condescuentos diarios de uno o dos centavos y/o aumentos de la misma proporción, para dar la idea de que las reglas del mercado son las meras efectivas en este renglón. De hecho, ninguno de los genios que armaron esta perversa estrategia ha explicado por qué México –importador neto de gasolina, del vecino del norte el mayor volumen– mantiene precios hasta 36 por ciento superiores a los que pagan los consumidores en Estados Unidos, con todo y que –versión oficial– las sacrosantas reglas del mercado son las reinas de la fiesta (a la hora de los abultados impuestos que Hacienda carga al precio final, tales luminarias fingen demencia). Pero finalmente hay que reconocer que el juego gubernamental de los centavitos resultó efectivo, porque los consumidores se fueron con la finta y terminaron las protestas por elmegagasolinazo de enero, por mucho que actualmente aquí se paga el equivalente a 95 centavos de dólar por litro de Premium, en promedio, mientras en Estados Unidos la erogación por el mismo producto y volumen ronda 70 centavos de billete verde, diferencia de 36 por ciento en detrimento de los silenciosos compradores de este lado de la frontera. Pero todo indica que en breve la cosa se va poner peor. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) anuncia que para la temporada de abril a septiembre de 2017, se pronostica que los precios al menudeo de la gasolina regular en aquel país (impuestos incluidos) promediarán 2.46 dólares por galón, en comparación con 2.23 dólares por galón del verano pasado. La mayor previsión es principalmente el resultado de los precios más altos pronosticados del petróleo crudo. Para todo 2017, el precio promedio previsto para la gasolina regular es 2.39 dólares por galón, lo que, de realizarse, daría como resultado que el promedio de los hogares estadunidenses gastaría alrededor de 200 dólares más en combustible para motores en 2017 comparado con 2016 (el galón equivale a 3.7854 litros). Si se concretan los pronósticos de la EIA del verano del 2016 al de 2017 el precio promedio de la gasolina en el vecino del norte se incrementaría poco más de 10 por ciento (en México, de un solo golpe, aumentó hasta 24 por ciento), lo que de nueva cuenta impactaría los bolsillos de los consumidores mexicanos, quienes deberán pagar más por las reglas del mercado, en espera de laliberación plena del mercado nacional de combustibles (esa es la versión gubernamental), pero sobre todo porque el sistema nacional de refinación está colapsado. La EIA detalla que para este verano se espera que, en promedio, los precios petroleros aumenten ocho dólares, por lo que el precio mensual –también promedio– al por menor de la gasolina que se vende en el vecino del norte pase de 2.43 dólares por galón en abril a 2.51 en julio, aunque a partir de septiembre de 2017 podrían retomar el nivel de 2.43 dólares por galón. Con base en esos pronósticos, y sin olvidar que el grueso de la gasolina importada por México proviene de Estados Unidos, la ecuación se resuelve de inmediato: los consumidores nacionales ya no sentirán lo duro, sino lo tupido, y el gobierno peñanietista debe estar con el copete de punta, porque el probable movimiento alcista se registraría, justo, en plena temporada electoral en tres entidades de la República, aunque en realidad la única que le importa es el del estado de México.
  • 13. Entonces, agárrense silenciosos consumidores mexicanos, que apenas comienza la fiesta de las reglas del mercado. En vía de mientras, la citada agencia del gobierno estadunidense señala que debido a que los impuestos sobre la gasolina y los costos de distribución al por menor son generalmente estables, los movimientos en los precios de la gasolina y el gasóleo son principalmente resultado de los cambios en la cotización del crudo y los márgenes mayoristas. Detalla que en Estados Unidos al comienzo de la temporada (1 de abril), las reservas totales de gasolina fueron de 238.7 millones de barriles, 4.7 millones de barriles menos que hace un año, pero 10.4 millones por encima del promedio de los últimos cinco años. Se proyecta que los inventarios totales de gasolina terminen el verano en 226.8 millones de barriles, casi igual al nivel del año pasado en ese momento. Por lo que respecta al diésel, la EIA detalla que el consumo previsible en Estados Unidos promediará 3.9 millones de barriles en este verano, un nivel 120 mil barriles (3.2 por ciento) mayor al reportado en 2016, cuando disminuyó 3.4 por ciento en comparación con el registro de 2015. Este incremento se debe principalmente a una combinación de crecimiento económico, producción industrial y actividad comercial internacional, que contribuyen a una mayor actividad de camiones. El pronóstico de la Administración de Información Energética de Estados Unidos considera que durante el próximo mes de mayo el precio por galón de diésel ronde los 2.31 dólares, para cerrar 2017 en un nivel cercano a 2.94 dólares por galón. Y sin ánimo de martirizar a los lectores, debe mencionarse que su pronóstico alcista también considera los precios del gas natural y las tarifas eléctricas –con extensión a 2018–, aunque en proporciones ni lejanamente comparables con los mandarriazospropinados por el bierno peñanietista. Las rebanadas del pastel Por más que aquí lo encubran, tarde que temprano saldrían a la luz pública los oscuros negocios que se concretaron durante el paso del destroyer Emilio Lozoya Austin por Petróleos Mexicanos, otrora protegido del ahora aprendizLuis Videgaray: el escándalo sobre sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó en México alcanzó al ex director de Pemex, para quien, de acuerdo con una investigación judicial en Brasil, se gestionó en la firma el pago de 5 millones de dólares como contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora brasileña (La Jornada). Lo mejor del caso es que en uno de sus primeros discursos como cabeza visible de la ex paraestatal se aventó la siguiente perla: “esta gran empresa del Estado debe de ser transparente, contar con un sistema real y permanente de rendición de cuentas… Mi administración tendrá una tolerancia cero ante cualquier comportamiento fuera del marco legal, ya sea de privados o dentro de esta empresa”. Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com ‘Narconexos’ de servidores, marca de cuatro sexenios Un caso que llamó la atención ocurrió en 2014, cuando se dijo que José Luis Abarca y su esposa eran líderes de ‘Guerreros Unidos’. El ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en SanDiego. (David Maung/EFE) RUBÉN MOSSO15/04/2017 04:17 AM
  • 14. México En los últimos cuatro sexenios, ninguna de las administraciones se ha salvado de escándalos relacionados con el narco, luego de que en diez casos servidores públicos de los distintos niveles han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado. En la presente administración son cinco los asuntos que han llamado más la atención: Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados por México y EU, respectivamente, de dar protección al cártel del Golfo y a Los Zetas. El caso de Iván Reyes, La Reina, ex director de área de la División Antidrogas de la Policía Federal que se entregó en EU, acusado de reunirse varias veces con el extinto capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, para entregar información recabada por México y la DEA. La detención en San Diego, California, del titular de la fiscalía de Nayarit, Édgar Veytia, a quien se vincula con el cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con una orden de aprehensión librada por una juez de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el caso que mayor atención ha despertado a escala mundial ocurrió en 2014, cuando se dijo que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, junto con Sidronio Casarrubias, eran los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y ordenaron a policías de su localidad y de Cocula entregar a 43 normalistas de Ayotizapa a un grupo de sicarios para matarlos. MÁS CASOS El sexenio de Zedillo estuvo marcado por dos casos: el del titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo; y el del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Gutiérrez fue detenido el 2 de febrero de 1997 en las instalaciones de la Defensa Nacional. Dentro de sus logros destaca la captura de Amado Carrillo, El señor de los cielos, en Culiacán, Sinaloa, en 1989, y de Héctor El GüeroPalma, en Jalisco, en 1995. Oficialmente se dijo que la captura del general derivó porque algunos de sus colaboradores y testigos protegidos declararon que protegía las actividades del cártel de Juárez que lideraba Carrillo y solo atacaba a grupos contrarios. Al final, los testigos se retractaron y dijeron que fueron presionados. Asimismo, a fines de la gestión de Zedillo también se ordenó la captura del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de reunirse en varias ocasiones con Carrillo y su operador Alcides Magaña, El Metro. PANISTAS Uno de los casos que generó mayor impacto ocurrió el 21 de octubre de 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando se descubrió una red de contrainteligencia que operaba en las áreas más sensibles de la Sedena, en la Procuraduría General de la República y en la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Rafael Macedo de la Concha, entonces titular de la PGR, dio a conocer que la red estaba conformada por servidores y ex servidores públicos que proporcionaban información privilegiada de investigaciones a operadores de diferentes cárteles del narcotráfico. Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, El Capitán Tornez, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal, fue señalado como uno de los responsables de la recopilación y procesamiento de información sustantiva, generada por las células infiltradas en las diferentes dependencias federales. PRESIDENCIA En 2005 surgió un nuevo escándalo, cuando el procurador Macedo anunció la detención de Nahúm Acosta, ex director de área de la coordinación de giras del presidente Fox, a quien se vinculó con el cártel de los Beltrán Leyva. Macedo informó que investigaban cómo fue que Acosta se “incrustó” en la residencia oficial de Los Pinos, y si fue ahí donde hizo contacto con el narcotráfico o si ya tenía vínculos antes de llegar. No obstante, un juez federal dejó en libertad a Nahúm por falta de elementos, ya que la PGR no pudo demostrar que el ex coordinador tuviera nexos con el narco. En 2008, cuando Felipe Calderón era presidente, la procuraduría se vio sumergida en otro caso que llamó la atención nacional, con la denominada Operación Limpieza, la cual provocó la detención de funcionarios de diversas dependencias, que supuestamente servían a diferentes cárteles. Al final, fueron exonerados por jueces federales.
  • 15. El cártel del PRI Por Ricardo Ravelo SinEmbargo abril 14, 2017 Tomás Yarrington encarna al verdadero narcopolítico y perteneció al PRI. Foto: Cuartoscuro Después del escándalo de corrupción política y criminal que a finales de los noventa hundió a Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba pasó a ser el más emblemático de los últimos tiempos por la dimensión de su expediente criminal. El político detenido en Florencia, Italia, el pasado 9 de abril, tiene un amplio historial mafioso en México y Estados Unidos: se le acusa de favorecer la exportación de cocaína desde Tamaulipas, brindar protección a dos organizaciones criminales –el Cártel del Golfo y Los Zetas –, poseer una cuantiosa fortuna y tener en su haber decenas de propiedades a nombre de una veintena de testaferros –todos ellos socios suyos — con antecedentes de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Aunque la mayoría de los políticos en México siempre han tenido algún vínculo mafioso, lo cierto es que la nueva generación de priistas y no priistas ha resultado ser todo un cártel: Ahí están Javier y César Duarte, ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente; Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y España, quien está urgido de fuero para arroparse en la impunidad. Ni se diga Roberto Borge, todo un capo de la corrupción institucional. El PRD y el PAN también tienen su lista de mafiosos, además de los gobernadores que pasarán a la picota. Graco Ramírez, el cacique de Morelos, es un fuerte candidato. Con un voluminoso expediente criminal, Tomás Yarrington encarna al verdadero narcopolítico y perteneció al PRI. Igualito que Mario Villanueva, “El Chueco”, quien como Gobernador de Quintana Roo enloqueció en el poder: se enredó con los mafiosos del Cártel de Juárez y hasta solía prestar el
  • 16. hangar del gobierno del estado para que descendieran aviones cargados con cocaína que, después, era trasladada en patrullas de la policía estatal. Así le pasó a Yarrington. Se saturó de poder. Tuvo en sus manos el poder político y el de la mafia. Nadie soporta tanto sin caer en una borrachera de poderío que, como ocurrió, terminó arrastrándolo por la pendiente de la ruina moral. Como Gobernador de Tamaulipas se le inflamó el pecho de soberbia, de ambición desmedida y cayó en desgracia. Hizo de Tamaulipas un territorio paradisíaco para la mafia y los cobijó a todos a cambio de dinero. Y llegó a ser tan descomunal el flujo de dinero sucio que hasta tuvo que utilizar los programas sociales para blanquear los pagos del narco. Durante su periodo como gobernador (1999-2004) Yarrington permitió todo: el Cártel del Golfo, bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas, se posicionó en el estado y Los Zetas extendieron su poder como nunca antes un brazo armado lo había hecho, hasta convertirse en el tercer cártel más poderoso de América Latina. Tamaulipas se afianzó como territorio del narco, del crimen, de la muerte. Y hasta la fecha lo es. Nada ha cambiado. La mayoría de los presidentes municipales de Tamaulipas, priistas y no priistas, fueron financiados por el narcotráfico y Tomás Yarrington, a través de Francisco Cayuela –exdirector de la Policía Ministeriaol y exprocurador del estado –recogía maletas de dólares en todas las regiones del estado donde operaban tanto el Cártel del Golfo como Los Zetas. La recolección de dinero, se decía entonces, era para pagar la campaña de Tomás Yarrington, pues en el 2006 fue un fuerte aspirante a la presidencia de la República. A menos en su afiebrada imaginación tenía cabida es proyecto. La historia de Tomás Yarrington –documentada en expedientes integrados en México y Estados Unidos — indica que sus vínculos con el narcotráfico comenzaron a detectarse desde principios de los años noventa, cuando fungió como presidente municipal de Matamoros. Fue heredero de una amplia madeja de complicidades tejidas por su antecesor, Manuel Cavazos Lerma –actual senador de la República –quien como gobernador permitió que el Cártel del Golfo, entonces encabezado por Juan García Ábrego, sentara sus reales en el estado. Eran los tiempos del salinismo y en Tamaulipas todavía mandaba Juan N. Guerra, fundador de ese grupo criminal –tío de García Ábrego — un viejo bragado que comenzó en el mundo del hampa como traficante de licor, fue dueño de El Piedras Negras, un restaurante que tenía muy mala fama porque ahí recalaban políticos, madrinas, comandantes, capos, distribuidores de droga y mujeres del bajo mundo. El viejo Nepomuceno Guerra vivió muchos años y siempre como mafioso. Tenía todo controlado y nadie se metía con él. Entrón, el capo vivió como murió: impune.
  • 17. El viejo era longevo, de esos que tienen el cuero muy duro, tanto, que por un pelo le gana la partida a la muerte: vivió 86 años. En Junio de 2001 falleció de insuficiencia respiratoria en su rancho El Tahuachal, ubicado en Matamoros. Cuando murió, la noticia se propagó por todas partes. El máximo honor que recibió fueron siete palabras, difundidas por la prensa, casi a manera de epitafio: “Murió el fundador del cártel del Golfo”. La mafia estaba de luto, pero les duró muy poco: transcurridos unos días volvieron las matanzas y balaceras en ese territorio sin ley. Durante su paso por la alcaldía de Matamoros, Yarrington comenzó a implementar el esquema que mejor dominó: el registro de sus propiedades a nombre de amigos y compadres, sus testaferros. Un ejemplo de ello fueron algunas propiedades –un departamento construido en 2001, una residencia ubicada en McAllen, Texas, un avión privado y una cuenta bancaria aperturada en Las Bermudas –que puso a nombre de Cindy Chapa, quien fue su secretaria cuando fungió como presidente municipal de la ciudad de Matamoros. Hacia el año 2004, convertido el estado de Tamaulipas en un campo de guerra del narcotráfico y territorio paradisiaco para el lavado de dinero, comenzó a llamar la atención la impunidad que reinaba en esa entidad. Entre los años 1999 y 2004, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa protagonizaron verdaderas batallas: balaceras de día y de noche, muertes, decapitados, desaparecidos, secuestrados, policías asesinados… Hasta la fecha todos estos casos siguen impunes. Y es que en Tamaulipas la mayoría de los presidentes municipales formaban parte de la estructura del Cártel del Golfo; las policías tanto municipales como estatales fungían como escudo protector y brazo armado del narco, en tanto que desde el gobierno del estado Yarrington daba rienda suelta para que el narcotráfico operara con absoluta impunidad, en tanto que sus socios y testaferros como Fernando Alejandro Cano Matínez y José Antonio Peña Arguelles, se enriquecieran mediante la obtención de multimillonarios contratos de obra pública y utilizaban la industria inmobiliaria para lavar dinero del narcotráfico. Así gobernaba la mafia. En el último año de gobierno de Tomás Yarrington (2004) la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigarlo formalmente, pues el escándalo nacional e internacional imponía que al menos la PGR integrara una acta circunstanciada para el caso. En abril de ese año, acudí a platicar con el entonces titular de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, quien soltó el dato como un dardo: –Ya estamos investigando a Yarrington –dijo, suave la voz, firme el tono. Era la segunda ocasión que la PGR decidía investigar a un gobernador y hacerlo público. Se entendía porque esa era la orden de Vicente Fox, el primer presidente panista, pero también se entendía porque Tamaulipas con
  • 18. Yarrington se convirtió en un narcoestado, territorio de mafiosos impunes arropados en el poder. Igual que ahora. Y enseguida comenzó a explicar que la investigación tenía avances y se encontraba “a la mitad” de su ruta, concretamente en la fase que tenía que ver con la red policiaca estatal y ministerial, así como a sus mandos altos y medios que protegen o protegieron a Osiel Cárdenas Guillén, por varios años jefe del Cártel del Golfo, quien ya había sido detenido y se encontraba recluido en el penal de La Palma, desde donde seguía operando. Mientras la PGR trabajaba en la investigación, en Estados Unidos el Buró Federal de Investigaciones armaba el expediente, clave 92C-H0-26953 (0-21). Se trataba de varios reportes que vinculaban a Yarrington con el cártel del Golfo. Ya desde entonces era considerado no sólo un protector del narcotráfico, sino un capo. Vasconcelos amplió los detalles de la indagación: “La ruta que seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como ocurrió en Chihuahua (en el sexenio de Patricio Martínez), hasta llegar a la cabeza, es decir, el gobernador. En el caso de Tamaulipas, el gobernador no tiene aún el carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo en el caso de Mario Villanueva”, quien resultó ser el principal protector del cártel de Juárez en el Caribe mexicano. Los vínculos de Yarrington con el narcotráfico era un tema del dominio público. Dentro y fuera de Tamaulipas todo el mundo sabía cómo se protegía al narcotráfico, quien lavaba el dinero de los narcos y qué empresarios estaban relacionados con esas actividades. Lo cierto es que a Ernesto Zedillo, Vicente Fox y a Felipe Calderón les tembló la mano para investigar a Tomás Yarrington y encarcelarlo. Con todo y su guerra, Calderón, por ejemplo, no combatió el peor lastre del país: Lanarcopolítica que, sin duda, también fue un mal de su gobierno. En ese tiempo la PGR, como ya se dijo, investigó a Yarrington, pero todo indica que descuidó la investigación. Fue por ello que la indagación de Estados Unidos es ahora la más robusta que existe. En este entramado de complicidades la voz de un preso –Rubén Hernández López, acusado del asesinato del empresario regiomontano José Antonio Cervantes Espeleta –puso a temblar al entonces procurador de Tamaulipas, Francisco Cayuela, y a buena parte de la clase empresarial ligada al lavado de dinero. El presidiaro declaró que durante algún tiempo fungió como chofer de Cayuela y que el entonces procurador era el responsable de recolectar el dinero que pagaba el cártel del Golfo para operar con libertad en todas las
  • 19. zonas del estado. Los fondos, dijo Hernández en 2004, eran para financiar la campaña presidencial de Yarrington. Pocas semanas después de que se dio a conocer esta declaración, Hernández López fue asesinado dentro de la prisión donde se encontraba, aparentemente como consecuencia de una riña entre presos. Su muerte nunca se aclaró. El gobierno de Estados Unidos comenzó a integrar sus expedientes, de manera formal, en el 2012. En ese año salieron a flote datos y evidencias de que Yarrington tenía propiedades en Estados Unidos, registradas a nombre de su principal testaferro: Fernando Cano Martínez. A él se le atribuía, por ejemplo, ser dueño de residencias y departamentos en la Isla del Padre y San Antonio, Texas, respectivamente. En agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó un departamento localizado en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que estaba registrado a nombre de Napoleón Rodríguez de la Garza, un empresario ferretero. Ante las autoridades estadunidenses, este personaje aceptó ser prestanombres de Yarrington. Un testigo clave en las investigaciones estadunidenses contra Yarrington fue José Antonio Peña Argüeyes, registrado con la claveÁngeles. Este personaje era un empresario, testaferro de Tomás Yarrington al igual que Cano Martínez, y lavador de dinero del narco. Un día recibió una llamada telefónica que por poco lo mata de un infarto. Le dijeron: “Dile a tu hermano que devuelva los cinco millones de dólares que se robó o le vamos a partir la madre”. No le dio tiempo avisarle a su hermano de la amenaza. Ese mismo día lo ejecutaron. Sobre su cuerpo los sicarios dejaron un mensaje: “Esto te pasó por rata”. Sigues tu, José Antonio”. Peña Argüeyes salió huyendo de Tamaulipas y se refugió en Estados Unidos. Se presentó ante la DEA y se entregó a la justicia. Ahí se sentía a salvo. Luego aceptó ser testigo colaborador y contó lo que sabía sobre la relación de Yarrington y sus testaferros con el narcotráfico. Lo que detalla Peña en realidad permite considerar que Tomás Yarrington encabezaba un cártel en Tamaulipas, cuyos dominios fueron transexenales, porque incluso tuvo una fuerte influencia en el gobierno de Eugenio Hernández Flores, quien es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero. En México la PGR declaró el no ejercicio de la acción penal en su contra. El favor se lo hizo Jesús Murillo Karam por instrucciones del presidente, según se pudo confirmar. Declaró: Que en una ocasión existió el plan de pactar una tregua entre el cártel de Sinaloa y del Golfo, y que para ello dichos grupos delictivos sostuvieron una reunión al parecer en el estado de Puebla. Esto me lo comentó Miguel
  • 20. Treviño Morales, quien me citó en el restaurante Suntory, en el centro de la Ciudad de México; en esa ocasión Treviño Morales llegó vestido de traje y comenzó que lo habían designado encargado de los estados de Nuevo León, Coahuila, Veracruz y la plaza de Nuevo Laredo. Sabe que Miguel Treviño Morales controla la gerencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Nuevo Laredo y que en dicha dependencia labora gente de su confianza y él es quien determina el manejo de los recursos obtenidos por concepto del pago de dicho servicio. Esta gerencia fue ocupada por Arturo Paz Santos y Carlos Montiel, en la gerencia comercial está Alejandro Ortiz y también está relacionado Elías Ramos García, quien fuera comandante de la Policía Federal. Todos ellos ligados a Miguel Treviño Morales ya sea como prestanombres o como facilitadores de mil cosas o como miembros del cártel a su servicio. En general, es Miguel Treviño Morales el que decide quien ocupa los puestos administrativos en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Otros prestadores de nombres de Miguel Treviño Morales son Enrique Santos, regidor del actual ayuntamiento y encargado de la obra pública de Nuevo Laredo… En todo este entramado de personajes y cómplices aparece Fernando Cano Martínez, dueño de la empresa constructora Villa de Aguayo, una de las más beneficiadas por Tomás Yarrington y quien al igual que su socio tiene sendos expedientes abiertos en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Refiere Ángeles: Al señor Eugenio Hernández Flores (sucesor de Yarrington) lo conocí a principios del año 2003, cuando era presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y fui invitado por el entonces gobernador Tomás Yarrington a subirme al autobús que estaba a su servicio. Fue allí, en esa gira conocí a Eugenio Hernández. Yo los acompañé del aeropuerto a un restaurante. Iba el entonces secretario del trabajo, el señor Abascal…Como en abril o mayo de 2003 conocí a Fernando Cano Martínez, quien es dueño de la constructora Villa Aguayo. En esa ocasión él me fue a visitar a Nuevo Laredo, creo que a sugerencia de Tomás Yarrington, ya que son amigos desde hace muchos años, para ver los cambios en la sucesión del gobierno del estado. Me dijo que el gobernador (Yarrington) le había comentado acerca de la toma del cambio del gobernador, que iban a empezar las inquietudes políticas, ya que estaba por finalizar el gobierno de Tomás Yarrington. Y me comentó que su corazoncito estaba con Eugenio Javier Hernández Flores, ya que Fernando Cano me dijo que él fue quien introdujo
  • 21. a Eugenio con el entonces gobernador Tomás Yarrington, que es de todos conocidos que la carrera política de Eugenio fue promocionada por Yarrington y Fernando Cano, el testaferro consentido. También dijo: Que respecto de los amarres que hacía el declarante entre Miguel Treviño y Eugenio Hernández Flores, aspirante a candidato a gobernador, era que respetara al señor Eugenio Hernández como posible candidato a ese cargo, es importante señalar que de parte de Miguel Treviño sí hubo un ofrecimiento de dinero hacia Eugenio Hernández para gastos de su campaña, pero le dije que no era necesario, entonces Miguel Treviño me dijo que qué se necesitaba y yo le contesté que nada, que era cosa de hombres, en ese sentido fue el amarre entre ellos, que Miguel Treviño no estropeara las posibilidades de Eugenio Hernández de buscar la candidatura a gobernador y que éste no hiciera cosas que no le compitieran, es decir, no meterse con ellos. Las veces que nos reunimos fueron como unas cinco, dichas reuniones fueron a finales del 2003 y 2004, las cuales se llevaron a cabo en la Plaza Longoria, en Paseo Colón y Reforma, enfrente de la catedral del Espíritu Santo y a veces Miguel Treviño se hacía acompañar de su hermano Omar Treviño, siempre iban custodiados por su séquito, alrededor de unas veinte personas, quienes a veces usaban trajes de la AFI, otras veces de militar y siempre andaban fuertemente armados y utilizaban automóviles tipo Cherokee blindados… Detenido Yarrington en una de las ciudades renacentistas más bellas de Europa –Florencia, Italia – ahora lo que viene es el juicio de extradición. Si el gobierno mexicano lo requiere para medio recomponer la maltrecha imagen oficial de cara a las próximas elecciones, pues peleará su extradición y los abogados del exmandatario buscarán que sea traído a México, donde le esperarían unos veinte años de prisión con la opción de que la pena se reduzca. Pero si su captura está desligada del tema político, entonces el gobierno mexicano lo abandonará a su suerte y dejará que Estados Unidos se lo lleve y le imponga las dos cadenas perpetuas que le esperan. Yarrington, incluso, tiene el derecho de elegir en qué país quiere enfrentar a la justicia. Al parecer, pretende extender su estancia en Italia. Por lo pronto, el procurador Raúl Cervantes negó que la PGR haya renunciado a la solicitud de extradición del exmandatario tamaulipeco, pese a que una filtración de la Seido indicó que la PGR no tiene interés en traer a Yarrington y que lo cederán a Estados Unidos para que lo enjuicie.
  • 22. Atención, políticos mexicanos (y otros por allí): Odebrecht tenía registro de TODOS los sobornos SinEmbargo abril 15, 2017 Los pagos estaban detallados en hojas de cálculo guardadas, de acuerdo con un testimonio judicial. En dichas hojas contables, los políticos que recibían pagos y los intermediarios que los entregaban eran mencionados con apodos. “Había una regla: o le damos a todos o a ninguno”, explicó Emilio Odebrecht, presidente de la junta de la empresa, en referencia a los pagos que hacían a los políticos. Por Sarah DiLorenzo y Mauricio Savarese SAO PAULO (AP) — Usaron un sistema secreto de comunicaciones para discutir y arreglar el pago de sobornos. Una detallada hoja de cálculo indicaba quién recibió qué, todo bajo un sistema de nombres clave. Y para supervisar todo, había un departamento entero en la gigantesca constructora brasileña Odebrecht, cuyo propósito era asegurar que los pagos se hicieran sin contratiempos. Aunque los acuerdos frecuentemente se cerraban entre cenas y cafés, no había nada al azar en una amplia red de corrupción que los fiscales investigan en Brasil y que involucró sobornos a cientos de políticos a cambio de conseguir contratos estatales, legislación benéfica y otros favores. La Corte Suprema abrió investigaciones a 100 políticos esta semana con base en testimonios de ejecutivos actuales y pasados de Odebrecht. En sus testimonios describen cómo la corrupción simplemente era parte del negocio. “Había una regla: o le damos a todos o a ninguno”, explicó Emilio Odebrecht, presidente de la junta de la empresa, en referencia a los pagos que hacían a los políticos. Al parecer, Odebrecht se decantó por la primera opción. Documentos judiciales dados a conocer esta semana y declaraciones de los fiscales ofrecen un vistazo a la forma sumamente organizada como la empresa manejaba millones de dólares en coimas.
  • 23. ADEMÁS Emilio Lozoya pidió 5 millones de dólares a Odebrecht, revelan en Brasil; aquí congelan expediente La trama era supervisada por la llamada División de Operaciones Estructuradas, el “departamento de sobornos”, como le dicen los investigadores. Esta división tenía su propia jerarquía y contadores. También usó el sistema secreto de comunicaciones Drousys para reportar los pagos internos y externos. Los pagos estaban detallados en hojas de cálculo guardadas en el sistema Drousys, de acuerdo con un testimonio judicial. En dichas hojas contables, los políticos que recibían pagos y los intermediarios que los entregaban eran mencionados con apodos. Eliseu Padilha, hoy jefe de personal del presidente Michel Temer, era el “primo”. El ex Alcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes era “el pequeño nervioso”. Otros eran “decrépito”, “Viagra”, “pequeño niño en el bosque” y “Drácula”. Un congresista incluso protestó en su página en Facebook cuando su apodo —”totalmente feo”— fue reportado en la prensa local el año pasado. Los empleados en Odebrecht posiblemente se divertían con los sobrenombres, pero sus revelaciones muestran hasta ahora que se tomaban la corrupción en serio. Los fiscales investigan el testimonio y están decidiendo si presentan cargos. Los políticos niegan haber actuado mal y muchos han manifestado que lo que recibieron de la constructora fueron contribuciones legítimas de campaña. EL TSUNAMI ODEBRECHT EN CASA La Corte Suprema de Brasil inició una pesquisa por corrupción contra ocho ministros del gobierno y decenas de otros políticos de alto nivel en un extenso fallo que afecta a la tercera parte del gabinete del presidente Michel Temer y a muchos de sus principales aliados, anunció el martes el máximo tribunal.
  • 24. En total se investigará a 108 personas tras la decisión del magistrado Edson Fachin, la cual es producto de más de 74 pesquisas en las que se incluyen acuerdos de culpabilidad y testimonios de ejecutivos y exejecutivos del gigante de la construcción Odebrecht, que se encuentra en el centro de una extensa investigación de sobornos y contratos inflados a compañías estatales. La lista de los nombres de las personas investigadas fue publicada el martes en la noche en el sitio web de la Corte Suprema. El listado incluye al jefe de gabinete Eilseu Padilha, al presidente de la cámara baja Rodrigo Maia, al presidente del Senado Eunicio Oliveira, al ministro del Exterior Aloysio Nunes, al ministro de Agricultura Blairo Maggi, al ministro de la Industria Marcos Pereira y al ex Alcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes, entre otros. También se indagará a los jefes de los dos principales partidos en la coalición de Temer. La investigación provocará “un tsunami” en la política brasileña, dijo Claudio Couto, un profesor en ciencias políticas en la Fundación Getulio Vargas, una universidad y centro de estudios con sede en Sao Paulo. “Ahí hay personas de todos los partidos y todos los estados. Los máximos líderes del Congreso de ambas cámaras están involucrados. Esto demuestra que la corrupción en Brasil es sistémica y existe un enorme potencial de que esto desorganice a todo el gobierno a partir de mañana”, dijo Couto a The Associated Press. Todos los políticos han rechazado haber cometido cualquier irregularidad. Temer cuenta con inmunidad temporal a cualquier proceso penal debido a que los presidentes del país solo pueden ser acusados por los delitos que cometieron durante su mandato. Peñafiel, “el refresco de Peña”, le saldrá caro a Edomex: chupará el agua de millones de ciudadanos Por Dulce Olvera SinEmbargo abril 14, 2017 Alrededor 80 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con sistemas ciudadanos y autónomos de administración de agua. Los mexiquenses que se suministran del sistema de Tecámac corren el riesgo de quedarse sin el líquido por la reciente instalación de la planta de Grupo Peñafiel –”el refresco del Presidente Peña Nieto”, como él mismo bromeó–, que absorberá millones de litros diarios. Esto, además de violar convenios internacionales sobre dar prioridad al uso doméstico, es “el reflejo del autoritarismo en la entidad en aras de negocios
  • 25. personales”, acusó José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– “Peñafiel es el refresco del Presidente Peña Nieto”, bromeó el mandatario en la inauguración de una planta con una inversión por mil millones de pesos de este grupo refresquero en Tecámac, Estado de México. En esta zona justamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dictaminó una veda por sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca, reconoce el mismo municipio administrado por el priista Aron Urbina Bedolla, quien ha acosado al poblado que ha defendido su agua por 12 años, acusaron organizaciones civiles. “Es otro de los reflejos de la política autoritaria e impositiva que se desarrolla en el Estado de México desde el siglo pasado. En aras de los negocios personales y no del desarrollo comunitario se han lastimado no solo las reservas acuíferas, sino también el medio ambiente. Esa sinrazón al que han incurrido los gobiernos municipal, estatal y federal en imponer una planta de refrescos es evidenciar también su total abandono a políticas ecológicas para la región”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Para la producción de un litro de refresco se necesitan dos litros de agua, por lo que “la cantidad que van a estar extrayendo del acuífero Cuautitlán- Pachuca es una descomunal de millones de litros diarios para poder generar su producción industrial”, dijo. La capacidad de extracción de la refresquera es mucho mayor a la del sistema de agua potable autónomo de Tecámac, lo cual viola una observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El uso primordial del agua tiene que ser doméstico y personal por encima del industrial, refiere. Ante ello, la comunidad del sistema autónomo de Tecámac ya está preparando acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación en contra de este inicio de actividades porque dentro de la entidad “no hay condiciones de parcialidad”, adelantó el abogado Lara Duque. Una vez finalice la Semana Santa entrará un recurso. Al menos 80 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con sistemas ciudadanos y autónomos de administración de agua. El artículo 2 constitucional reconoce el acceso preferente de los pueblos originarios a los recursos naturales y su manejo. Sin embargo, han enfrentado intentos de privatización del agua para instalar megaproyectos “de urbanización desmedida” encaminados a “garantizar el lucro a costa de la destrucción de la cuenca del Valle de México”, afirmó la organización Agua para Todos, conformada por pueblos originarios, organizaciones sociales, sistemas comunitario de gestión del agua e investigadores.
  • 26. “El gobierno mexiquense ha instaurado aparatos represivos que incluye la captura de autoridades comunitarias a través de corrupción, despensas o uso de la fuerza para intimidar y reprimir a quienes desde las comunidades intentan luchar contra la imposición de megaproyectos”, aseguró en entrevista David Silva Carmona, de la Red de Antropología Populares del Sur. “Para las comunidades estos proyectos no aportan nada porque son privados y, al contrario, generan el rompimiento del tejido social y despojo de recursos naturales”. En abril de 2015, el Diputado priista Amador Monroy Estrada presentó ante el Congreso del Estado de México la iniciativa para modificar la Ley de Agua estatal con la que pretende municipalizar a los sistemas comunitarios de agua potable de la entidad “porque dice que no cuentan con la asesoría y capacidad suficiente para cumplir con la demanda de la población”, dijo en entrevista Efrén Santana, habitante de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma. “El Estado toma la administración del agua mediante un aparato de despojo de manantiales y ríos cambiando las leyes, pero se la entrega directamente a la industria, minería y fracking. Para eso quieren el control del agua. La ponen como una mercancía al mejor postor, y la mayor cantidad está en los territorios indígenas”, aseguró Santana. “En Tecámac estaban luchando en contra de la imposición de la refresquera Peñafiel. Ya fue inaugurada cuando sabemos que los pozos en el Valle de México están severamente sobrexplotados”, determinó. ADEMÁS El Presidente tiene su propio refresco, según EPN, y Eruviel dice ser “Peña-fiel” (VIDEO) Grupo Peñafiel ahora tiene dos plantas en la entidad. La primera se instaló en la industrial de Xalostoc, en Ecatepec de Morelos. En esta recién inaugurada se podrán producir más de 200 millones de botellas al año, con los que
  • 27. abastecerá a los más de 400 mil puntos de venta que tienen a lo largo del territorio nacional, destacó Fernando Cortés Gómez, Vicepresidente Corporativo de Cadena de Suministro. La mayoría de los casos de imposición de proyectos en la entidad han quedado impunes por la “asociación a través de la corrupción” entre la clase política y las empresas, dijo David Silva Carmona, también académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). “La constante en el Estado de México es la imposición a través de la fuerza; hay poca voluntad para respetar los derechos específicos de pueblos indígenas. Obedecen a un sistema neoliberal que privilegia la participación de industrias a través de inversión privada. En el despojo del Estado de México a la población la están marginando a círculos de pobreza y los bosques que han cuidado durante años han quedado para zonas residenciales o campos de golf”, determinó. ACOSO CONTRA EL SISTEMA AUTÓNOMO DE TECÁMAC El Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable de Tecámac (SAPTEMAC) suministra agua en ese poblado a cuatro mil personas desde 1976, sin embargo, ha sido víctima de acoso y hostigamiento, ha documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Esta semana finalmente se logró establecer Grupo Peñafiel, el cual en septiembre de 2015 perforó un pozo “presumiblemente de manera clandestina en la zona”. Justamente hace un año, el día 12 de abril de 2016, el presidente del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Mateo Martínez Urbina, y la secretaria general del sistema, María del Carmen Balleza Ortegón, fueron agredidos con botellazos de agua por un grupo de personas ajenas a la colonia. Acudían a una reunión para solucionar el problema de desabasto de agua que hay en esa área. Martínez Urbina también ha recibido amenazas. ADEMÁS
  • 28. Edomex encarcela a indígenas de Coyotepec por defender su agua; finca “delitos contra el Estado” Desde 2005 el pueblo ha defendido su sistema autónomo de agua porque el Presidente Municipal, Aaron Urbina, intentó municipalizar la administración del agua, pero hubo resistencia social. “Durante estos 12 años han habido una serie de acosos y hostigamientos. El presidente del sistema de agua potable y la secretaria han sido agredidos físicamente por personas afines al Presidente Municipal, Aaron Urbina”, determinó José Antonio Lara, director del centro de derechos humanos. “Su labor corre riesgo”, añadió. Esta planta de la compañía refresquera en la cabecera municipal de Tecámac “continuará sobreexplotando un acuífero ya declarado en veda desde 1954 y considerado por la Comisión Nacional del Agua como gravemente abatido”, dice el centro Zeferino Ladrillero. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, destacó que la industria refresquera nacional ha logrado, en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, crecer más de 12 veces y media lo que en promedio está creciendo la industria nacional. En 1951, el pueblo de Tecámac inició la construcción de su primer pozo de agua con trabajo voluntario. A través de cooperaciones económicas estableció la infraestructura para autoabastecerse sin el apoyo directo de ningún nivel de gobierno. Pero ha enfrentado los intentos gubernamentales por hacerse del control del líquido mediante el intento de “desligitimar” a los liderazgos de la comunidad para justificar una posible agresión o incluso hacer un uso indebido del sistema de justicia penal, “lo cual es por demás preocupante, pero sistemático en el Estado de México”, evaluó el centro Zeferino Ladrillero. Entre las principales batallas del municipio se encuentra la oposición al Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), al proyecto “Ciudades Bicentenario” y, en su momento, la instalación de la embotelladora de refrescos. La organización Agua para Todos ha exigido que se respeten los derechos humanos de los defensores del agua, de los integrantes y autonomía de los sistemas comunitarios; demanda que se promueva el derecho a la consulta previa, informada, ante cualquier instalación de proyectos, y pide que cese a la división y confrontación, fomentada por el gobierno y sus partidos aliados, entre los pobladores del pueblo de Tecámac.
  • 29. Ley de biodiversidad legaliza el saqueo SILVIA RIBEIRO* L a propuesta de Ley General de Biodiversidad presentada en octubre de 2016 por una senadora del Partido Verde Ecologista de México plantea un mecanismo de privatización de los recursos genéticos del país y de los conocimientos indígenas asociados a éstos. Según la propuesta, el gobierno tendría la potestad de autorizar la privatización, incluso sin consentimiento real de los pueblos indígenas, o con opiniones contrarias de otras instituciones, ya que éstas quedan reducidas a meras opiniones. Elconsentimiento fundamentado previoque se cita en dicha propuesta de ley es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra una persona o una sola comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato, aunque se trate de recursos y conocimientos colectivos de pueblos enteros, que en muchos casos están en varios países. La propuesta se está discutiendo en el Senado y ha sido criticada por muchas organizaciones, principalmente ambientalistas y conservacionistas, porque además de no haber sido consultada, deja muchos huecos en otros temas relativos a la biodiversidad, como bosques, áreas naturales protegidas, conservación de especies amenazadas, incluso violando convenciones internacionales de las que México es firmante. Esto porque pretende convertirse en una superley, que abroga y/o subsume varias otras: elimina la Ley General de Vida Silvestre y estipula que las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable, General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la de Desarrollo Rural Sustentable, se deben atener a ésta, al tiempo que deroga una parte de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ytodas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente ley. Greenpeace México llamó a esta propuesta un monstruo creado con parches de otras leyes que sólo logra contradicciones, incongruencias, lagunas jurídicas y confusiones, que de ser aprobada será un retroceso en la conservación de la biodiversidad (…) algo que sólo se puede entender si se considera que uno de los autores de dicha ley es un ex funcionario que fue denunciado por el propio Partido Verde por tráfico de especies.” (http://tinyurl.com/k6abqhl) El único tema nuevo de esta propuesta, es que se propone legislar sobre el uso, acceso y reparto de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, para incorporar en una ley nacional el contenido del Protocolo de Nagoya, del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). El Protocolo de Nagoya es, entre otras cosas, un canal para legalizar la biopiratería. Para éste, la privatización de un recurso o conocimiento colectivo sólo se considera biopiratería si no está legalizada. Biopiratería es lo que las trasnacionales farmacéuticas, agrícolas, cosméticas y otras instituciones han hecho por décadas, con las semillas, plantas, hierbas medicinales, microbios, hongos. Pero exactamente el mismo acto se convertiría en legal si existe un contrato con supuestos dueños de esos recursos o conocimientos, con alguna mínima compensación. Así las empresas puede asegurar legalmente su monopolio e impedir el acceso a todos los demás. Esa privatización de bienes colectivos, no la objeta el Protocolo de Nagoya ni esta propuesta. El capítulo III de la propuesta de ley afirma: El acceso a los recursos genéticos para su uso sustentable estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la nación, otorgado a través de una autorización por la Secretaría [Semarnat] considerando las opiniones de otras autoridades competentes y de la Comisión [Conabio], así como del consentimiento fundamentado previo y participación de los propietarios o poseedores legítimos de los predios o instalaciones en los que se realice el acceso...
  • 30. Esto significa que la Semarnat será la que autorice el acceso, mientras todo lo demás son opiniones, que pueden o no ser tomadas en cuenta. Además, legaliza que el propietario o poseedor de un solo predio (!) puede firmar un contrato que da el monopolio a una trasnacional sobre recursos genéticos que son colectivos y ancestrales de pueblos indígenas y comunidades campesinas, incluso que pueden estar en varios países. Igualmente, en el capítulo IV, sobre acceso de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, afirma que este acceso estará sujeto alconsentimiento fundamentado previode pueblos indígenas y comunidades locales, pero admite que si varias comunidades tienen el mismo conocimiento (que es lo que suceden en casi todos los casos), la Semarnat solamente debe procurar la inclusión de éstas, pero si no lo consigue, podrá autorizar el acceso con la participación de una sola comunidad o a quien designe como propietario. En la COP 13 del CBD, realizada en México en diciembre 2016, las y los delegados de pueblos indígenas allí presentes reclamaron la inclusión deconsentimiento previo, libre [de coerciones] y fundamentado y laparticipación y aprobación de los pueblos indígenas –no de comunidades o individuos–, tanto sobre los recursos genéticos como los conocimientos asociados a éstos. La propuesta del PVEM los limita seriamente y elimina el concepto de efectiva aprobación o negación al acceso de parte de los pueblos. Tanto Costa Rica como Guatemala negaron la aplicación del Protocolo de Nagoya en leyes nacionales, debido a la denuncia de organizaciones indígenas y civiles sobre estos temas y a la falta de consulta. (http://tinyurl.com/kv7j3m9). Este monstruo de propuesta de ley debería ser descartado en totalidad. *Investigadora del Grupo ETC La constructora acepta que tenía una oficina dedicada a comprarpartidos y políticos Ligan con sobornos de Odebrecht a decenas de políticos brasileños Ningún funcionario está exento, según declaraciones del empresario; lista detallada de pagos La Cámara de Diputados de Brasil, después de la información dada a conocer el pasado miércoles por la Corte Suprema acerca de la investigación por corrupción a casi una centena de políticosFoto Ap AFP Y AP Río de Janeiro. En días recientes, los brasileños viven pegados a una hipnotizante nueva versión de telerrealidad: los videos emitidos casi sin interrupción de poderosos ex ejecutivos encarcelados acusando de corrupción al presidente, Michel Temer, y a casi todos los políticos relevantes del país.
  • 31. Por encima de las tórridas telenovelas y del BBB, como se conoce al Gran Hermano en Brasil, un drama mucho más grande y serio domina ahora la televisión. Las novelas cuentan con sus romances melodramáticos y el BBB con sus telegénicos exhibicionistas. Pero las estrellas de este show, que aparecen sin descanso en todas las cadenas, son en su mayoría grises hombres de mediana edad. Su historia, sin embargo, es la más explosiva que ha vivido Brasil en décadas. Son los 77 ex ejecutivos de Odebrecht, la constructora más importante de América Latina, que se han declarado culpables de haber participado en la mayor red de sobornos de la historia del país. Con la esperanza de reducir sus sentencias, los ex directivos se abrieron a los fiscales, explicándoles cómo la empresa gestionaba un departamento especial para comprar a cada partido y a la mayoría de los políticos más influyentes del gigante sudamericano. Durante meses, todos esos testimonios –en forma de declaraciones grabadas y documentos escritos– permanecieron bajo secreto. Pero en la noche del martes, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin autorizó investigar a alrededor de cien políticos basándose en sus relatos. Poco después, las delaciones premiadas se hicieron públicas. Sin molestarse en maquillar sus temores, los legisladores vaciaron el Congreso tras conocer la esperada lista. El jueves, víspera del feriado de Viernes Santo, no había señales de regreso. Aunque lejos de Brasilia, los políticos no podrán evitar que las televisiones sigan emitiendo los testimonios, ahora que la corrupción se ha convertido en un espectáculo casi en vivo. Departamento de sobornos Los responsables de la más grande constructora en América Latina usaron un sistema secreto de comunicaciones para discutir y arreglar el pago de sobornos. Una detallada hoja de cálculo indicaba quién recibió qué, todo bajo un sistema de nombres clave. Y para supervisar, había un departamento entero en la gigantesca constructora brasileña Odebrecht, cuyo propósito era asegurar que los pagos se hicieran sin contratiempos. Aunque los acuerdos frecuentemente se cerraban entre cenas y cafés, no había nada al azar en una amplia red de corrupción que los fiscales investigan en Brasil y que involucró sobornos a cientos de políticos a cambio de conseguir contratos estatales, legislación benéfica y otros favores. La Corte Suprema abrió investigaciones a 100 políticos esta semana con base en declaraciones de ejecutivos actuales y pasados de Odebrecht. En sus testimonios describen cómo la corrupción simplemente era parte del negocio. Había una regla: o le damos a todos o a ninguno, explicó Emilio Odebrecht, presidente de la junta de la empresa, en referencia a los pagos que hacían a los políticos. Al parecer, Odebrecht se decantó por la primera opción. Documentos judiciales dados a conocer esta semana y declaraciones de los fiscales ofrecen un vistazo a la forma sumamente organizada en que la empresa manejaba millones de dólares en coimas (sobornos). La trama era supervisada por la llamada División de Operaciones Estructuradas, el departamento de sobornos, como le dicen los investigadores. Esta división tenía su propia jerarquía y contadores. También usó el sistema secreto de comunicaciones Drousys para reportar los pagos internos y externos. Los pagos estaban detallados en hojas de cálculo guardadas en el sistema Drousys, de acuerdo con un testimonio judicial. En dichas hojas contables, los políticos que recibían pagos y los intermediarios que los entregaban eran mencionados con apodos. Eliseu Padilha, hoy jefe de personal del presidente Michel Temer, era elprimo. El ex alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, era el pequeño nervioso. Otros eran decrépito,Viagra, pequeño niño en el bosque yDrácula. Un congresista incluso protestó en su página en Facebook cuando su apodo –totalmente feo– fue reportado en la prensa local el año pasado.
  • 32. Los empleados en Odebrecht posiblemente se divertían con los sobrenombres, pero sus revelaciones muestran hasta ahora que se tomaban la corrupción en serio. Los fiscales investigan el testimonio y están decidiendo si presentan cargos. Los políticos niegan haber actuado mal y muchos han manifestado que lo que recibieron de la constructora fueron contribuciones legítimas de campaña. Videos revelan trama El máximo protagonista de las grabaciones es Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía familiar y uno de los empresarios más prestigiosos de Brasil, hasta su arresto en 2015 en el marco de la megaoperación anticorrupción conocida como Lava Jato (Lavadero de autos). Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en 2016. En los videos, no obstante, aparece vistiendo camisa y a veces una chaqueta de traje, trasmitiendo todavía la imagen de un ejecutivo seguro de sí mismo, al tiempo que enumera sus delitos –y a sus supuestos socios políticos– al detalle. Al ex presidente ejecutivo de la poderosa constructora se le escucha decir que suministró ilegalmente unos 144 millones de dólares a los políticos investigados. Odebrecht y sus antiguos colegas señalan a todos los grandes líderes brasileños, incluyendo al presidente Michel Temer y todos los ex mandatarios vivos desde el retorno de la democracia a mediados de los años 80. La mayoría de los pagos de la empresa fueron en forma de donaciones sin declarar a partidos políticos –la llamada caja dos– que, según los fiscales, era una forma de soborno generalizado para comprar influencias en todo el espectro político. Todo el mundo cometió ese delito electoral, afirma Odebrecht en las grabaciones. “No conozco ningún político en Brasil que haya conseguido hacer cualquier elección sin caja dos”, añade. Y aún va más lejos: “El tipo puede decirte que no lo sabía, pero recibió dinero del partido que era de caja dos”. A Temer lo salva el fuero Uno de los pocos grandes nombres de la política que no aparece en la lista es el de Michel Temer. Como presidente en ejercicio, la Constitución estipula que no puede ser investigado por presuntas ilegalidades cometidas previamente a su llegada al poder. Aunque el alivio inicial en Planalto pronto se vio opacado por el video en el que ex ejecutivo Marcio Faria le cuenta a los fiscales que Odebrecht sobornó al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer en 2010 durante un encuentro presidido por el ahora mandatario. El acuerdo, supuestamente sellado en la oficina del entonces candidato a la vicepresidencia en Sao Paulo, estipulaba que la constructora pagaría 40 millones de dólares a la formación a cambio de la adjudicación de un contrato con la estatal Petrobras. Estaba claro que hablábamos de un soborno, dijo Faria.