El documento critica las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua, argumentando que serán una farsa para permitir que Daniel Ortega se mantenga en el poder de forma dictatorial. Señala que el gobierno de Ortega ha encarcelado a la oposición usando leyes represivas y cometió graves violaciones de derechos humanos en el pasado para mantener el control total sobre el estado. Concluye que las elecciones se realizarán bajo condiciones de coerción y miedo impuestas por el gobierno de Ortega para garantizar su re

1. Nicaragua:
¡No a la sangrienta elección presidencial del
Comandantíssimo Ortega!
Por Humberto Gómez Sequeira-HuGóS
15 de octubre de 2021
El Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó, el 7 de mayo de 2021, las elecciones generales en
que el electorado elegirá al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional (AN) y a los miembros
del Parlamento Centro Americano (PARLACEN). El CSE sigue siendo uno de los poderes que el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha usado para imponer la dictadura que empezó a
insertar en el Estado desde que tomó el poder el 19 de julio de 1979.
Antes de dicha convocatoria, el 18 de abril de 2018, el FSLN inauguró su campaña para reelegir al
déspota José Daniel Ortega Saavedra como el Jefe del Estado con una sangrienta represión de las
personas que entonces empezaron a ejercer su derecho humano a disentir con su política totalitaria,
cleptocrática y brutal. Los crímenes que el FSLN cometió en ese entonces fueron reportados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en parte, como sigue.
“A la fecha, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018,
ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, ha resultado en la muerte de 328 personas,
entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos
arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad. Dichas
violaciones permanecen en absoluta impunidad”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Organización de los Estados Americanos (OEA) - Comunicado de Prensa – 18 de abril de 2020
Las elecciones en cuestión serán otro espectáculo político que el FSLN presentará como su
“evidencia” de que el gobierno que ejerce —con el sello engañoso de Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional (GRUN)—, desde el 10 enero de 2007, no es una dictadura totalitaria, sino una “democracia
popular”. El protagonista será "el pueblo sandinista", cuyo predecesor fue "el pueblo somocista",
desposeído de su agencia política y excitado por su deseo prefabricado de reelegir a un mentiroso
como su mesías. Ese soldado enfermo de ambición agresiva continúa siendo el primitivo candidato
del FSLN para Presidente de la República. El corruptor de la revolución aun parece tener el poder de
complementar la insuficiencia de sus seguidores dando a su existencia seguridad con su violencia,
sentido con su ignorancia y valor con su mediocridad.
Si el Comandantíssimo Ortega no impone el estado de sitio oficialmente, la votación se realizará bajo
las condiciones que el FSLN impuso en previas elecciones en las que participó como el partido
gobernante —ley electoral, jueces, policías, turbas y violencia sandinista—, impulsado por su ambición
de perpetuarse como el poder del Estado. La imposición de esas restricciones en las elecciones
municipales del 5 de noviembre de 2017 produjo siete personas muertas y la ocupación del gobierno
de la mayoría de los municipios por el FSLN. Esas elecciones, teñidas con sangre humana, fueron
observadas por Haydée Castillo en su calidad de representante de Panorama Electoral. El siguiente es
un extracto de la entrevista entre France 24 y Haydée Castillo, realizada el 7 de noviembre de 2017.

2. 2 Humberto Gómez Sequeira-HuGóS
“El partido Frente Sandinista concentró el poder de todas las juntas receptoras de votos y las estructuras
electorales, jugó al ‘ratón loco’, lo que en Nicaragua significa mover a los votantes de una ciudad a otra
para que la gente no pueda ejercer su voto, escondió cedulas, usó vehículos y medios del estado, se
presionó a funcionarios públicos diciendo que a cambio de su trabajo debían votar por el frente
sandinista”. ELECCIONES MUNICIPALES EN NICARAGUA - Denuncian irregularidades y 4 muertes durante
las elecciones en Nicaragua - France 24
La “paz” de las elecciones —amarradas al gatillo del fusil de asalto del FSLN— ya está
“garantizada” por las personas que ha matado, encarcelado, torturado, violado, difamado y empujado
al exilio durante su guerra electoral sucia contra la oposición. La ofensiva total que el FSLN lanzó
contra el pueblo que se rebeló contra su dictadura, el 18 de abril de 2018, es la continuación de la
política histórica del FSLN de defender su derecho a gobernar como el ejército victorioso que se
enclavó en el Estado, el 19 de julio de 1979, y se enriqueció con el botín de guerra y la apropiación de
los bienes públicos que la Dinastía Somoza y sus secuaces habían robado.
Como el gobierno, juez y policía electoral, el FSLN aprobó, el 21 de diciembre de 2020, la
totalitaria Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz,
Ley N.º 1055, la cual usa como la pólvora rojinegra del fusil de asalto con que ha encarcelado a las
candidatas y los candidatos de la oposición para que no puedan “optar a cargos de elección popular”.
La ley sandinista dice que serán “Traidores a la Patria” quienes “lesionen los intereses supremos de la
nación”. "Lesionar" significa realmente oponerse a la dictadura del FSLN que ha reemplazado los
intereses de la nación por su ambición como una cleptocracia estúpida, brutal y vanidosa. Con la
mencionada ley, el FSLN ha despojado a la nación de su derecho a rebelarse contra su autoritarismo
como el ejercicio de su soberanía sobre el Estado y el partido político que lo administra.
Los jueces sandinistas están aplicando la “Ley Para la Paz” como un tribunal de guerra que es
parte del ejército sucio que está realizando la purga nacional, à la Stalin, como la condición sine qua non
para la reelección del déspota Ortega Saavedra como el Presidente de la República. La humanidad de
las personas que castiga, sin haber cometido ningún crimen, y la moralidad que debe de ser el
imperativo de sus juicios no son elementos de la conciencia de ese tribunal.
La Ley N.º 1055 es similar a la Ley N.º 1074, Ley sobre el mantenimiento del orden y seguridad pública, que
el Gobierno del FSLN, llamado Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), bajo la
dirección de Daniel Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Mercado, actuando como Presidente y
Vicepresidente, respectivamente, aprobó el 6 de julio de 1982. La similitud entre dichas leyes está en
que ambas fueron adoptadas por el FSLN como instrumentos “limpios” de su guerra sucia contra la
oposición que en 1979 actuó y actualmente actúa de acuerdo al Estatuto sobre derechos y garantías de los
nicaragüenses, Ley N.º 52, que la JGRN aprobó el 21 de agosto de 1979.
Los tribunales que hoy el FSLN usa como los escaparates de sus cárceles —donde exhibe las leyes
con que valida su dictadura— son las agencias sucesoras de la conciencia de los Tribunales populares
antisomocistas de 1979, los cuales fueron los poderes extrajudiciales que juzgaron y condenaron a las
personas que entonces el FSLN acusó de ser “enemigos de la revolución”. Esta acusación era parte
de la propaganda de la guerra sucia del FSLN para implantarse en el Estado como el poder total de la
revolución que usó para convertirse en la clase dominante que hoy parasita y corrompe al Estado.
La clase que fue engendrada por la ambición capitalista de los comandantes del FSLN estimuló su
desarrollo poniendo su sello de ejército vencedor en la conciencia del Estado, representada por la “Ley

3. Nicaragua: ¡No a la sangrienta elección presidencial del Comandantíssimo Ortega! 3
de transmisión de la propiedad de viviendas y otros inmuebles pertenecientes al Estado y sus instituciones”, Ley N.º 85,
de 29 de marzo de 1990. El FSLN capturó los bienes del Estado como parte de su botín de guerra
con su derecho de ejército victorioso, que convirtió en ley, armado con el Poder Legislativo del Estado
que controló de 1979 a 1990. La Ley N.º 85 fue ratificada por los gobiernos que sucedieron al régimen
del FSLN en el poder del Estado de 1990 a 2006. Con la aparente conformidad de sus enemigos
políticos, el FSLN ajustó la ética del Estado a su corrupción y la convirtió en la virtud social con que
construyó el poder arrasador de su dictadura actual.
Los tribunales de la dictadura del FSLN en 1979 estaban integrados por la Comisión Política del
FSLN (CP), la cual funcionaba como la “Cheka Sandinista”, la Oficina de Seguridad del Estado (OSE),
el Ejército Popular Sandinista (EPS) y los Comités de Defensa Sandinista (CDS). La CP y la OSE
ejercían los poderes de acusador e interrogador, respectivamente, de las personas “no alineadas” con
la infalibilidad ideológica y política del FSLN. La fuerza de propaganda política y choque que la CP
usaba para espiar, difamar e intimidar a las personas que eran acusadas del crimen de herejía política
eran los CDS. Estos grupos se convertían en turbas excitadas y agresivas en las calles cuando la CP
los incitaba. Su papel en la guerra sucia del FSLN contra la oposición era hacer manifestaciones, de
día y noche, enfrente de los hogares de las personas acusadas, gritando amenazas de muerte contra
ellos y alabanzas al FSLN.
El FSLN asumió el Poder Judicial del Estado, por medio de la JGRN en 1979, como parte de su
victoria militar y lo utilizó para consolidar su propio poder. Por consiguiente, la CP identificaba a las
personas que acusaba de herejía política y presentaba sus datos a la OSE, la cual respondía ordenando
al EPS que las arrestara. El método de arresto favorito de la OSE era la invasión de sus hogares por
los soldados del EPS a media noche para marcar la frente de sus familias con el terror de la cruz
rojinegra de la nueva doctrina de dominación llamada “sandinismo”. Después de que eran arrestadas,
a punta de fusil —sin una orden de arresto firmada por un juez—, las víctimas de la alabada
“Revolución Popular Sandinista” eran encarceladas, sin cargo ni juicio público, indefinidamente.
En Granada, el FSLN recluía a sus prisioneros políticos en la fortaleza y cárcel llamada “La
Pólvora” que la Dinastía Somoza había usado para torturar a sus opositores. Ahí, los soldados del
EPS, que actuaban como carceleros, los trataban como prisioneros de guerra, sin respeto por su
humanidad y derechos de acuerdo a ninguna declaración sobre los derechos humanos, incluida la de
la JGRN contenida en la Ley N.º 52. Los prisioneros políticos eran extraídos de sus celdas a media
noche por soldados del EPS para llevarlos a la OSE de Granada. En ese oscuro y terrible centro de
interrogaciones, los prisioneros políticos eran interrogados por el Juez del Crimen de Granada, Agustín
Cruz Pérez —quien era el encargado por el FSLN de aplicar la “justicia de la revolución”—, con un
interrogatorio escrito por la OSE para auscultar su conciencia y prescribir su pena.
En 1979, “Año de la Liberación” en el calendario sandinista de mitos y mentiras, el FSLN hizo una
guerra sucia de venganza contra sus enemigos y eliminación total de la oposición, respaldado por el
silencio de la JGRN. En esa Junta participaron Violeta Barrios Torres, viuda de Chamorro, y Luis
Alfonso Robelo Callejas como representantes de la burguesía democrática y sus partidos: Unión
Democrática de Liberación (UDEL) y Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN),
respectivamente. Asimismo, Sergio Ramírez Mercado y Ernesto Cardenal Martínez participaron en el
mismo Gobierno como representantes de la intelectualidad que adornó la brutalidad del FSLN.
Durante su cruzada para alinear a la oposición con el fusil de asalto de su doctrina de dominación,
el “sandinismo”, el FSLN hizo acusaciones falsas con las que persiguió, arrestó, encarceló, torturó y

4. 4 Humberto Gómez Sequeira-HuGóS
violó los derechos humanos de las personas acusadas de herejía política y de sus familiares. Asimismo,
soldados del EPS ejecutaron a prisioneros, extrajudicialmente, sin la oposición ni denuncia de los
miembros “democráticos” de la JGRN. En vez de enfrentarse al FLN —armados con el Estatuto de
Derechos y Garantías de los Nicaragüenses que ellos habían aprobado—, los representantes de la
UDEL y el MDN prefirieron renunciar a sus cargos políticos —que los comandantes sandinistas les
regalaron como prueba de buena fe de su conciencia de clase— para apoyar a los contrarrevolucionarios
que hacían la guerra contra el FSLN, en 1980, para tomar el poder del Estado.
Las violaciones que el Gobierno del FSLN y de la JGRN cometió y de las que es responsable
fueron investigadas, definidas y publicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en su Resolución 12/83 citada aquí, en parte, como sigue.
“El 1o de julio de 1983, la CIDH adoptó la Resolución 12/83 la cual en su parte resolutiva declaró que el
Gobierno de Nicaragua violó los Artículos 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 8
(Garantías Judiciales), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al ser responsable de las
ejecuciones ilegales de personas detenidas en la cárcel conocida como "La Pólvora" en la ciudad de
Granada”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - Organización de los Estados
Americanos (OEA)- Resolución Número 20/83 Caso “La Pólvora” Nicaragua – 4 de octubre de 1983
La guerra sucia que el FSLN hizo contra la oposición, en 1979, fue el modelo de la guerra sucia
que ha estado haciendo, al menos desde abril de 2018, contra la oposición como el prólogo sangriento
al día en que el FSLN quiere convertir a su Comandantíssimo Ortega en el cuerpo y la sangre del Estado,
y la hostia de la nación. Ese espectáculo político será la cortina de humo rojinegro en frente de las
cárceles donde el FSLN sigue recluyendo a las personas que acusa del crimen que el déspota y juez
Ortega Saavedra inventó, “Traidor a la patria”, y la Asamblea Sandinista aprobó.
De acuerdo a los reportes de Human Rights Watch y Presas y Presos Políticos Nicaragua, el FSLN
mantenía, aproximadamente, a 145 prisioneras y prisioneros políticos en sus cárceles en septiembre
de 2021. El siguiente es un extracto del reporte de Human Rights Watch.
“Además de las 36 detenciones llevadas a cabo desde fines de mayo de 2021, organizaciones de derechos
humanos nicaragüenses indican que otras 104 personas percibidas como críticos fueron detenidas
anteriormente y, hasta agosto, permanecían privadas de la libertad. Muchas llevan más de un año
detenidas y enfrentan condiciones abusivas de detención similares a las documentadas en esta
publicación”. Nicaragua: Acusaciones fabricadas contra críticos - Condiciones de detención abusivas,
violaciones al debido proceso y procesamientos arbitrarios - Human Rights Watch – 20/9/2021
Además de haberse concedido el poder represivo y selectivo de la Ley N.º 1055, el FSLN ha
fusionado el poder del Estado con la ambición totalitaria de su líder, elevándole por encima de la
soberanía nacional con el ficticio título de “El Pueblo Presidente”. De esa manera, sus seguidores
pretenden esconder el hecho que el dictador quiere ser el poder del Estado porque está afectado con
el síndrome de “hýbris” o adicción al poder y no porque “el pueblo” se lo haya mandado. Esa enfermedad
y sus manifestaciones extremas, corrupción y violencia, impulsaron al déspota Anastasio Somoza
Debayle y ahora impulsan al déspota José Daniel Ortega Saavedra a hacer una guerra total contra la
nación usando el Estado como el arma con que defiende los intereses de la cleptocracia rojinegra que
creó con la Ley N.º 85.
El Poder Electoral que determinará los resultados de las llamadas elecciones presidenciales sigue
siendo controlado por el FSLN, ahora, por medio de los magistrados Brenda Isabel Rocha Chacón y

5. Nicaragua: ¡No a la sangrienta elección presidencial del Comandantíssimo Ortega! 5
Cairo Melvin Amador, quienes son la Presidenta y el Vicepresidente, respectivamente, del nuevo
Consejo Supremo Electoral (CSE) o, mejor dicho, Consejo Sandinista Electoral (CSE). Dichos jueces
fueron designados por la mayoría de diputados sandinistas y sus compinches políticos de la Asamblea
Nacional y juramentados después de haber recitado la oración Gracias al comandante Daniel y su buen
gobierno, el 6 de mayo de 2021. Rocha Chacón y Amador son los representantes de la nueva generación
de la intelligentsia, los Birretes Rojinegros, que se graduaron de Guardianes del Poder del FSLN después
de que le entregaron su conciencia a cambio de que les permitiera gozar del placer de ser miembros
de la Cofradía del Comandantíssimo Ortega. Los mencionados juristas están unidos a la cleptocracia
sandinista por medio de su lema: La mentira puede ser la verdad y la corrupción puede ser la integridad. Este es
el mecanismo ético con que esa clase de juristas y políticos, que parasita y corrompe al Estado, lucha
para retener el poder del Estado como el fusil de asalto con que la policía sandinista defiende su
creencia de que se merece los privilegios de que goza.
El CSE sigue siendo un órgano dependiente del FSLN como la fuerza que domina el Estado y
crea la legislación con que apoya el valor de sus parlamentarios que venden cuotas de poder en la sala
oscura del Gobierno, donde el capital determina la utilidad de su política. Su papel histórico ha sido el
del juez que aplica la corrupción del Estado en forma de ley electoral, al menos desde que la Dinastía
Somoza lo eliminó como la conciencia del sistema electoral y garante de la honradez de su
funcionamiento y producto.
El Poder Electoral no existe como un agente moral de un electorado soberano. Antes de que el
FSLN encargara la aplicación de su Ley Electoral a Rocha Chacón, el Presidente del CSE fue Roberto
José Rivas Reyes. Este juez fue reelecto por el Gobierno de José Arnoldo “El Gordo” Alemán Lacayo,
presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el año 2000. La reelección de Rivas Reyes
fue uno de los efectos del Pacto Alemán-Ortega de 1999. De acuerdo a los términos de ese “Pacto
Gordo”, el gobernante PLC y el opositor FSLN dividieron entre ellos el Poder Legislativo y
reformaron la Ley Electoral para ajustarla a su insuficiencia moral y política para ganar una elección
presidencial o ganarla con la mayoría de los votos. Por ello, rebajaron el porcentaje de votos necesarios
para alcanzar la presidencia, del 45% al 35%. Esa reforma fue uno de los factores que determinaron
la victoria del déspota Ortega Saavedra en la elección para Presidente de la República del año 2006
con sólo el 38% de los votos, según los datos del CSE bajo la administración del juez Rivas Reyes.
El juez en cuestión renunció a su cargo el 31 de mayo de 2018, después de que fue acusado de
corrupción por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), entre otras entidades. El FAD interpuso
una formal denuncia en las oficinas del Ministerio Público en contra de Rivas Reyes y su patrón, el
déspota Ortega Saavedra, por Delitos Contra La Administración Pública y Delitos contra el
Patrimonio y el Orden Socioeconómico, el 28 de febrero de 2021. La “renuncia” del ex presidente del
CSE no exime al FSLN de los delitos de que se le acusa. El caso de Rivas Reyes es sólo una burbuja
de la ebullición de la corrupción que sigue siendo el valor con que los partidos políticos,
históricamente, han negociado el poder del Estado en la mesa de la ambición.
La convocatoria del CSE a elecciones generales no es el acto de un poder separado de la estrategia
sucia del FSLN para convertir los resultados de las elecciones en su victoria. Además, no es evidencia,
clara y convincente, de que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), controlado
por el FSLN, es una democracia libre y no la dictadura de una cleptocracia que esconde su bozal negro
y garrote rojo detrás del eslogan “buen gobierno”. La verdad es que el FSLN sólo puede gobernar
como el ejército que, el 19 de julio de 1979, convirtió su victoria militar en el derecho a poseer el
Estado y reordenarlo para convertirlo en la fortaleza desde la cual defiende su botín de guerra —el

6. 6 Humberto Gómez Sequeira-HuGóS
cual inmunizó contra enjuiciamiento con la Ley N.º 85— reprimiendo a quienquiera que sospeche de
querer quitarle “su recompensa” por haber “liberado a la nación” de la mala Dinastía Somoza.
El FSLN ya convirtió las anunciadas elecciones presidenciales en su medio para lograr su fin de
encubrir su ambición totalitaria, creando un espejismo con el calor que generan los fusiles de asalto
con que reprime a la oposición a su dictadura que sus publicistas maquillan con los vanos adjetivos
“cristiana, socialista y solidaria”. En esa ilusión, “el pueblo” votará “felizmente”, otra vez, por “el Buen
Gobierno del Presidente Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo”. “Buen” es el
adjetivo con que el FSLN se califica en su discurso propagandístico, mientras en sus cárceles sus
esbirros torturan a sus designados “enemigos”, o sospechados de serlo, “por su propio bien” y para
alinearlos con la lengua corrupta del déspota Ortega Saavedra debajo de la sombra de su conciencia.
En las elecciones en que el FSLN ha “ganado”, “el pueblo” que lo ha elegido, de hecho, ha
validado la ignorancia, ambición, corrupción, brutalidad y mediocridad que son sus atributos reales.
Votando en elecciones que el FSLN ha condicionado con su política de líder de la cleptocracia que
saquea el Estado, “el pueblo” se ha corrupto y perdido su soberanía. El aliciente de los votantes
intimidados por la pobreza —que el FSLN ha cultivado con su política “socialista” para el
enriquecimiento de sus patrocinadores capitalistas— ha sido el hambre, no el amor al “buen déspota”
que se confunde tratando de hablar como un buen samaritano.
Las elecciones presidenciales son un mecanismo de la democracia que es propiedad de la nación
que trabaja y paga tributo al Estado para mantenerla. Y el voto es un derecho de la nación que lo ejerce
para confirmar la primacía de su soberanía sobre el Estado y el partido político que lo administra. La
democracia no es el programa del partido político que administra el Estado, el cual es propiedad de la
nación. El Gobierno debe de ser el agente moral de una política que pertenece a la nación y debe de
servir sólo como el instrumento para la construcción de su bienestar y superación. El Gobierno no
debe de ser el partido político y la política pública no debe de ser la línea de tal partido.
El FSLN no entiende los mencionados principios democráticos porque no es una entidad
democrática ni sabe cómo gobernar a una sociedad civil sin su fusil de asalto y sus turbas; armado
solamente con la linterna de la verdad, la razón y la honestidad. La ley y política de su gobierno son
los reflejos de su instinto de ejército que lucha para vencer a su enemigo y retener el poder del Estado
que conquistó como el principal objetivo de su guerra contra la Dinastía Somoza en 1979. El poder
público ha sido convertido por el FSLN en la bala de honor que ha prendido al pecho de un falso
héroe para satisfacer su vanidad y complementar su insuficiencia para ganarse la vida trabajando como
un simio desnudo.
El conocimiento de gobierno que el presidente del FSLN posee es el producto de la suma de su
experiencia de guerra y admiración por el poder totalitario y el modo de vida, “revolucionario” y lujoso,
de la burocracia estalinista que le educó y vive del dominio de Cuba y su riqueza. Su conciencia es un
traumatizado resto de la guerra que hizo contra su enemigo, la Guardia Nacional (GN), matando para
no ser matado, guiado por el principio de “el fin justifica los medios”. Los comandantes sandinistas
aprendieron a gobernar a su ejército durante dicha guerra como miembros de una privilegiada
aristocracia con el cetro del “comandantismo”, es decir, el sistema piramidal descendiente, de orden y
obediencia, originado en la superioridad del comandante sobre el soldado.
La guerra electoral sucia que el FSLN está haciendo contra la oposición para imponer al déspota
Ortega Saavedra como el ganador de la próxima elección presidencial es el reflejo de su inseguridad

7. Nicaragua: ¡No a la sangrienta elección presidencial del Comandantíssimo Ortega! 7
moral y política de sí mismo. El aspirante al cetro de Comandante-Estado totalitario es un soldado
que está enfermo de guerra, ambición, vanidad y mediocridad. Su decadente apariencia de “hombre
fuerte” es una manufacturada “valentía” acorazada con los fusiles de asalto de sus esbirros. Tal guerra
es la expresión de su miedo al advenimiento inevitable de “el día de Somoza”, cuando ya no podrá
imponer sobre la nación su poder inmoral con su poder militar y su ilusión política desaparecerá.
El FSLN tomó el poder del Estado, el 19 de julio de 1979, actuando en su condición de ejército
victorioso con derecho a tomar posesión del botín de guerra y gobernar la nación. El primer gobierno
que estableció, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), fue producto de su
necesidad de articular el Estado con su propósito de convertirse en la clase dominante, los "hijos de
Sandino", que tiene sus raíces en el ejército "libertador" que fue el beneficiario del botín de guerra. El
funcionamiento de la JGRN fue subordinado por el FSLN al deseo del déspota Ortega Saavedra de
convertirse en la suma total del poder de las fuerzas armadas, el Estado y la nación.
La actual dictadura del FSLN es el deseo de dicho déspota convertido en la máquina económica,
legal, política y militar con que hace su guerra sucia contra la oposición para imponerse como la
encarnación total y totalitaria de la democracia.
La democracia no es el instrumento que se adecúa a la primitiva condición del FSLN de ejército
que gobierna con su mentalidad bélica para defender su posesión del poder del Estado como la joya
más valiosa de su botín de guerra. Además, el FSLN es una cleptocracia cuyo instinto de supervivencia
la impulsa hacia el totalitarismo y la guerra. Su único interés en el Gobierno es usarlo como el legislador
que convierte su corrupción en ley, el policía que arresta a sus enemigos y el juez que los condena.
La sangrienta elección presidencial del Comandantíssimo Ortega será realizada como parte de la
política del FSLN para la perpetuación de su dictadura a través de la sustitución del Gobierno y de la
democracia por un falso “Padre de la Patria”.
La elección presidencial que es parte del mecanismo de la democracia que la nación controla como
parte de su soberanía sobre el Estado no puede realizarse con el Pueblo encarcelado por el Gobierno
de un soldado delirante, mentiroso, ladrón y agresivo.